Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
Vigencia verificada: 5 de noviembre de 2026, contra la fuente oficial — ver la publicación oficial
Artículo 64.- La Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia tiene las atribuciones siguientes:
I. Fungir como enlace operativo y de coordinación entre las autoridades locales y federales para el fortalecimiento y consolidación del Sistema de Justicia Penal, en términos de la normativa aplicable;
II. Implementar acciones de coordinación con las autoridades competentes de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios o de las alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el fortalecimiento del Sistema de Justicia;
III. Impulsar programas o estrategias que permitan obtener indicadores de desempeño en materia del Sistema de Justicia;
IV. Coordinar, con las instituciones responsables, la celebración de convenios y otros instrumentos jurídicos, así como el desarrollo de mecanismos que permitan fortalecer el Sistema de Justicia Penal, así como las acciones necesarias para su consolidación;
V. Establecer los mecanismos de evaluación, análisis y dictamen de viabilidad sobre la admisión de las solicitudes de revisión de casos que sean presentadas por los sujetos de procedimiento penal referidos en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales;
VI. Establecer criterios técnicos, jurídicos, de formación y difusión sobre el Sistema de Justicia Penal dirigido a los sujetos de procedimiento penal referidos en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el fortalecimiento y apoyo a la consolidación del Sistema de Justicia Penal;
VII. Coordinar la emisión de opiniones de las áreas a su cargo, con el objeto de unificar criterios en la atención de los asuntos sometidos a su consideración;
VIII. Someter a la consideración de la persona Titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración la creación de comisiones, consejos, comités y grupos de trabajo técnicos, para obtener la opinión de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y de expertos en la materia;
IX. Establecer acciones de coordinación con las instituciones de procuración e impartición de justicia, así como con las de seguridad pública, de los tres órdenes de gobierno que así lo soliciten, para el fortalecimiento de sus atribuciones en el marco del sistema de justicia penal;
X. Proponer, en coordinación y colaboración con las dependencias de la Administración Pública Federal competentes, mecanismos en materia de trabajo, educación, salud y deporte que permitan lograr la reinserción de las personas tras el cumplimiento de una sanción penal a través de servicios post-penales;
XI. Proponer a su superior jerárquico, las acciones que se deben realizar de manera conjunta con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus competencias, en materia del Sistema Justicia Penal, de reconciliación social a través de la reinserción y apoyo a las personas que hayan cumplido su sentencia y sean puestas en libertad;
XII. Establecer la adopción de normas mínimas sobre la reconciliación social, a través de la reinserción social de las personas que han cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad;
XIII. Representar a la persona Titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, conforme lo previsto en la normativa correspondiente, en comisiones, comités y grupos de trabajo cuando estén relacionados con la materia objeto de sus atribuciones, sin perjuicio de la representación legal que tenga la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación;
XIV. Proponer a su superior jerárquico, en términos de la legislación aplicable, la coordinación con las autoridades competentes para el establecimiento de centros de atención y redes de apoyo postpenal, a fin de prestar a las personas liberadas, externadas y a sus familiares el apoyo necesario para facilitar la reinserción social, procurar su vida digna y prevenir la reincidencia;
XV. Someter a consideración de la persona Titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, los proyectos de instrumentos jurídicos que generen obligaciones a la Secretaría, a celebrarse con instituciones del sector público y privado que prestan funciones relacionadas con los servicios postpenales;
XVI. Coordinar con las instancias competentes, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, el intercambio de información que permita el diseño y la elaboración de políticas, programas y acciones de apoyo a personas que hayan cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad;
XVII. Promover la elaboración de estudios comparativos sobre la legislación nacional e internacional, en materia del Sistema de Justicia Penal, de la reconciliación y apoyo a las personas que han cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad, y
XVIII. Coadyuvar con otras unidades administrativas de la Secretaría en la construcción de planes o programas en materia de reinserción social.
Fuente oficial: consultar publicación
Jurisprudencia y tesis sobre este artículo
- LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, SUS DISPOSICIONES SON APLICABLES PARA LOS PROCEDIMIENTOS O ACTOS PROCEDIMENTALES QUE SURJAN EN LA ETAPA DE EJECUCI (I.1o.P.77 P (10a.))
- LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO, EN REPRESENTACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAP (XI.P. J/7 (10a.))
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA CUANDO EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA INTERNO EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, DE UNA DIVERSA ENTIDAD (1a./J. 24/2021 (11a.))
- REVISIÓN. EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTER (I.6o.P.129 P)
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PENAL. LAS INCIDENCIAS Y SOLICITUDES RELACIONADAS CON ÉSTE, DEBEN RESOLVERSE CONFORME A LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SI ÉSTA ES LA VIGENTE. (XXII.P.A.39 P (10a.))
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