AUTO DE FORMAL PRISION. SOLO LAS PRUEBAS RENDIDAS DENTRO DEL TERMINO CONSTITUCIONAL PUEDEN EXAMINARSE.
AMPARO EN REVISION 474/92. GUILLERMO SOLIS ZAMORA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.- Son infundados los agravios hechos valer.
El defensor particular del recurrente, aduce que el Juez de Distrito no hace un estudio de las pruebas que aportó en el juicio constitucional con el objeto de desvirtuar la responsabilidad de Guillermo Solís Zamora, ya que el día en que sucedieron los hechos delictuosos que se le imputan se encontraba trabajando en la empresa denominada Cometra, con el horario de seis treinta horas a veintiuna cincuenta horas, y para justificar su dicho exhibió la constancia expedida por el gerente de la citada empresa.
Al caso, si bien es cierto como lo afirma el recurrente, que el juez Federal, no se ocupó del estudio de las pruebas que ofreció durante la tramitación del juicio de garantías, ello se debió a que no fueron ofrecidas ante la autoridad responsable antes de que emitiera el acto reclamado, trayendo como consecuencia que ésta no las hubiera podido examinar, y por ende, menos podía hacerlo el Juez de amparo, ya que su actuación debe ajustarse al contenido del artículo 78 primer párrafo de la Ley de Amparo, que dice: "En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada".
Es de citarse al efecto la tesis sustentada por este tribunal al fallar el veinticuatro de enero de mil novecientos ochenta y nueve, el amparo en revisión número 387/88, que dice: "AUTO DE FORMAL PRISION. SOLO LAS PRUEBAS RENDIDAS DENTRO DEL TERMINO CONSTITUCIONAL PUEDEN EXAMINARSE.- Las únicas probanzas que está obligado el Juez responsable a tomar en cuenta al resolver la situación jurídica de un indiciado son las que se hayan desahogado en el término, de tal manera que las rendidas con posterioridad, aun ofrecidas dentro de dicho término, no pueden examinarse en el juicio de amparo ya que el acto reclamado debe apreciarse en la forma como quedó probado ante la autoridad responsable dado lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo".
También refiere el inconforme que se dejó de analizar la documental expedida por el gerente de la empresa Cometra en su parte donde se hace constar que el día trece de mayo del año en curso, el hoy inconforme recibió una llamada telefónica, en la que le decían que su suegro había sufrido un accidente, y al salir de la empresa fue con lujo de violencia llevado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde lo tuvieron incomunicado por seis días.
En igual forma alega que no estudió la copia certificada del amparo 771/92 del Juzgado Primero de Distrito donde se promovió amparo en su nombre, y el actuario se constituyó en los separos de la Policía Judicial para que ratificara la demanda de amparo.
Al efecto, debe señalarse que con tales probanzas el recurrente trató de justificar que fue objeto de incomunicación por parte de sus captores, sin embargo y como quedó señalado con anterioridad si el juez de amparo no entró a su estudio, fue porque las referidas documentales no fueron exhibidas ante la autoridad responsable en el término constitucional, donde tuvo el hoy quejoso en todo caso la oportunidad de hacerlo. Ante ello el Juez de Distrito no podía entrar al estudio de las referidas probanzas, ya que éste debe apreciar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en cuenta las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha responsable, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, antes transcrito.
En otra parte de sus agravios se queja el peticionario de revisión que el Juez de Distrito no analizó las copias certificadas del proceso 110/92 del Juzgado Octavo de Defensa Social de esta ciudad, donde se encuentran los certificados médicos legistas practicados al quejoso y a otras dos personas, de fecha catorce de mayo de este año, y en el que se desprende que el inculpado estuvo incomunicado en los separos de la Policía Judicial del trece al dieciocho de mayo, donde por la sola detención prolongada e incomunicación existe coacción moral.
En principio debe señalarse que contrariamente a lo señalado por el quejoso, el dictamen médico emitido por el legista en turno de la Procuraduría General de Justicia del Estado de fecha catorce de mayo del año en curso, y que obra a foja 8, sí fue analizado por el juez de amparo, tan es así que consideró que de dicho dictamen médico no se desprendía que se hallaran huellas externas de violencia, y en cuanto a la confesión fue rendida bajo los efectos de la detención prolongada dijo que si la había habido, ello debería de ser motivo de responsabilidad en contra de quienes la produjeron, pero que eso no era motivo para invalidarla.
En efecto, lo aducido por el inconforme en cuanto a que fue objeto de prolongada incomunicación, hay que indicar que obran los certificados médicos aludidos de fecha catorce de mayo del año en curso (foja 8), además se advierte de otros elementos como son el informe rendido al Director de la Policía Judicial por el agente policiaco Ricardo Plascencia Gamboa de fecha dieciséis de mayo, en el que según ante él declararon tres personas entre ellos el hoy recurrente (foja 7); oficio de diecisiete de mayo suscrito por el Coordinador de la Policía Judicial dirigido al director de Averiguaciones Previas, en el cual pone a su disposición al hoy recurrente y dos personas más (foja 5); oficio de la misma fecha que la anterior, dirigido por el Director de Averiguaciones Previas a su similar de Servicios Periciales, donde le solicita designe médico legista para el efecto de realizar examen psicofisiológico a los indiciados entre ellos Guillermo Solís Zamora (foja 50); el examen médico realizado a Guillermo Solís Zamora y otros por el Legista Oficial de fecha dieciocho de mayo (foja 53); y, finalmente, en esa misma fecha la declaración de los inculpados entre ellos el hoy inconforme ante el subdirector de Averiguaciones Previas, quien consignó los hechos al día siguiente al Juez de Defensa Social.
Ahora bien, de lo anteriormente señalado se desprende que si bien pudo existir detención prolongada al hoy recurrente por parte de la Policía Judicial, lo que por supuesto es reprobable y deben evitarse ese tipo de violaciones, ya que atentan contra la dignidad humana en uno de sus derechos fundamentales que es la libertad, empero ello no da lugar a que se desestime su declaración vertida ante el Agente Ministerial, máxime que en ésta estuvo asistido según se desprende de su defensor particular Juan Delfino Rodríguez Pérez que el propio quejoso nombró (foja 204 vuelta), dándose de esta manera las formalidades exigidas por el artículo 70 fracciones III y IV del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que dice:
"Cuando el presunto responsable fuere aprehendido, se observarán las siguientes formalidades y se tomarán las providencias que a continuación se expresan: ... III.- Se le hará saber el derecho que tiene para nombrar defensor; IV.- Si el presunto responsable nombra defensor previa protesta otorgada ante los funcionarios del Ministerio Público o de la Policía Judicial, entrará al desempeño de su cometido, tomándose debida nota de las promociones que hiciere para que en su oportunidad, el juez que conozca del asunto resuelva aquellas que no hubieren podido resolver los funcionarios del Ministerio Público o de la Policía Judicial, por no ser de su incumbencia".
Al efecto es de citarse la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable a foja 339, en el tomo de precedentes que no han integrado jurisprudencia, correspondiente a 1969-1985, que es del tenor literal siguiente: "DETENCION, PROLONGACION INDEBIDA DE LA, NO REPARABLE EN AMPARO.- Si bien es cierto que conforme a la fracción XVIII del artículo 107 constitucional, el término para que un detenido sea puesto a disposición del juez es de veinticuatro horas, también lo es, que el hecho de que al acusado se le haya prolongado esa detención, por un término mayor, antes de ser consignado, en todo caso podría ser motivo de responsabilidad por parte de las personas que lo detuvieron, en los términos del aludido artículo 107 constitucional, mas no actos atribuibles a la autoridad judicial, que puedan ser reparados en el amparo".
Por otro lado, refiere el inconforme que la confesión rendida ante el subdirector de Averiguaciones Previas no fue en los términos legales, dada la prolongada detención de que fue objeto, ya que fue consignado siete días después de la fecha de su detención, lo que hace presumir que dicha declaración fue coaccionada moralmente, y al ser la única que sustenta el juez para dictar el auto de formal prisión ya que no existe otra probanza que robustezca la confesión, debe declararse que carece de todo valor; para apoyar su consideración cita la tesis que dice: "CONFESION, COACCION MORAL EN EL RENDIMIENTO DE LA. CONSIGNACION MUY POSTERIOR A LA DETENCION".
Sobre el particular hay que indicar que si bien es verdad que con el examen médico que se practicó al hoy recurrente el catorce de mayo del año en curso, existe el indicio de que estuvo en manos de la Policía Judicial, desde esa fecha hasta el diecisiete de mayo de este año, en que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público (foja 5), y al día siguiente rindió su correspondiente declaración, donde confesó haber tenido participación en los hechos delictuosos que se le imputan, lo cierto es que hasta el momento no se encuentra desvirtuada su declaración ante el agente ministerial; por lo que respecta a la tesis que cita, la misma no es aplicable, toda vez que ésta señala cuando el acusado está en contacto con la Policía Judicial nueve días, situación que no es el caso.
Contrariamente a lo referido por el inconforme no fue su confesión la única prueba que tomó en consideración el Juez del proceso para dictar el auto de formal prisión, pues lo que dijo el Juez de los autos en el punto tercero de su considerando, fue que en la probable responsabilidad de Guillermo Solís Zamora destaca su declaración rendida ante el agente del Ministerio Público, donde detalló su participación en el evento delictivo, la cual se encontraba apoyada por lo manifestado ante el agente ministerial por el entonces indiciado Jesús Barrera Licona, en donde dijo que Guillermo Solís Zamora puso un vehículo a su nombre los primeros días del año en curso siendo que su situación económica no era muy buena, razón por la cual presumió que éste participó en el robo; además también tomó en cuenta el papel donde se elaboró el croquis del lugar de los hechos, mismo que se encontró en el automóvil que sirvió de transporte a los autores del delito.
También se queja el recurrente que fue detenido con lujo de violencia el día trece de mayo del año en curso, permaneciendo desde entonces incomunicado con los ojos vendados, que fue golpeado e incluso trataron de violarlo, y después de seis días de estar incomunicado lo pusieron a disposición del subdirector de Averiguaciones Previas, donde también recibió presiones para que firmara una confesión donde se declaraba culpable del delito de robo que sufrió la Universidad de las Américas.
Al respecto debe indicarse en primer lugar que no hay prueba de la que se desprenda que el hoy recurrente estuvo desde el día trece de mayo en los separos de la Policía Judicial, sin embargo y como ya se mencionó con anterioridad sí hay indicios que suponen que estuvo detenido por sus captores más tiempo del legalmente permitido; empero, respecto a que fue objeto de presión física e inclusive dice que trataron de violarlo, de ello no hay prueba que así haya sido, pues tal y como lo señaló el Juez de amparo, de los certificados emitidos por los legistas oficiales de fechas catorce y dieciocho de mayo del año en curso, no se desprende que se hayan encontrado huellas externas de violencia, lo que es corroborado con la fe de lesiones que realizó el agente del Ministerio Público al hoy recurrente y coinculpado, el día dieciocho de mayo, donde se hizo constar que no se encontraron huellas de lesiones (foja 206 vuelta). En todo caso si hubiese sido objeto de presión física como lo indica, tuvo toda la oportunidad de expresarlas ante el agente ministerial al momento de rendir su declaración y de ello no hay constancia que así haya sucedido, sino, todo lo contrario, es precisamente ante tal autoridad donde declara su participación en el evento delictivo; y en cuanto a que fue presionado para rendir ésta en los términos que lo hizo, tampoco hay probanza que justifique su aseveración, hasta el momento.
En otra parte de sus agravios el solicitante de revisión, manifiesta que de los catorce puntos en que se basó el Juez de Distrito para negarle el amparo ninguno de ellos de su análisis se desprende que haya cometido el ilícito, excepto su confesión.
Tocante a ello, conviene precisar que el Juez de Distrito negó el amparo solicitado, en virtud de que de los datos que tomó en consideración el juez de la causa para dictar formal prisión en contra del inculpado, se desprendían elementos de fondo y forma exigidos por el artículo 19 constitucional, ahora si bien es verdad que no todos esos elementos lo incriminan existen indicios suficientes que hacen probable su responsabilidad en el injusto, como lo es principalmente su propia confesión rendida ante el agente del Ministerio Público, la cual no se encuentra hasta el momento desvirtuada con ningún otro elemento, donde entre otras cosas dijo: "...sin embargo al día siguiente nos encontramos en el domicilio de mi suegro JESUS BARRERA LICONA en el jardín del mismo lugar donde ya me dijo directamente LUIS EFREN CORTES CRUZ oye Memo creo que podría ser buen tiro asaltar la institución de la Universidad, pero para ello necesito que me elabores un croquis de cómo se encuentra ubicada esa oficina teniendo la información de la ubicación de los teléfonos, de los escritorios, de las cajas y el mostrador donde tenían el dinero prometiéndome, que después de realizar este trabajo con `unos amigos' le daría una parte del botín sin especificar la cantidad y ahí en el jardín había un papel color amarillo de papel manila que era parte de un sobre que estaba ahí tirado, utilizando una pluma atómica con tinta color azul haciendo un croquis en uno de los lados el cual me quedó muy pequeño y no podía poner todos los datos dibujando ya del otro lado un rectángulo que representa la habitación de la oficina de la tesorería de la Universidad de las Américas, haciendo las divisiones necesarias para ubicarlo y mostrándole dónde se encontraban los teléfonos para que pudiera evitar alguna llamada en el momento del asalto, así como el lugar que ocupa el mostrador donde habitualmente se resguarda el dinero para el pago de los empleados y después de esto, que todos estos datos los conocía y los conozco ya que en cuatro o cinco ocasiones aproximadamente por necesidades de COMETRA de llevar valores a la tesorería de la Universidad de las Américas..."
A su vez en la diligencia de inspección realizada por el agente del Ministerio Público de Cholula, Puebla, el día veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y uno, al vehículo que fue utilizado como medio para perpetrar el robo, entre otras cosas se encontró "bajo el asiento del lado derecho sobre el piso, un trozo de papel color amarillo, que tiene inscrito en ambos lados con tinta de color azul" (fojas 191 y 192). Y en comparecencia ante el subdirector de Averiguaciones José Manuel Blanco Aspuru funcionario de la Universidad de las Américas, reconoció el croquis que se le presentó en un pedazo de papel amarillo y dijo que le era familiar como al área de tesorería de la citada Universidad y, lo sabía porque había estado laborando desde hacía quince años en dicha institución (foja 202 vuelta).
De lo anterior se desprende que no sólo su confesión está en forma aislada, sino que está adminiculada con otros elementos como es ese croquis y la declaración de Jesús Barrera Licona a que se ha hecho referencia. Al caso es aplicable la jurisprudencia número 482, visible a foja 836 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, que dice: "CONFESION, VALOR DE LA.- Conforme a la técnica que rige la apreciación de las pruebas en el procedimiento penal, la confesión del imputado como reconocimiento de su propia culpabilidad derivada de hechos propios, tiene el valor de un indicio, y alcanza el rango de prueba plena cuando no está desvirtuada ni es inverosímil y sí corroborada por otros elementos de convicción".
En cuanto a que no hay testigos que lo señalen como el responsable del robo, ya que Leticia Meza Minutti sólo lo identificó como la persona que trabaja en la empresa Cometra que traslada valores de la Universidad de las Américas y Luis Efrén Cortés Cruz no aporta ningún elemento; lo cual efectivamente es cierto, sin embargo, no hay que perder de vista que, según la propia declaración del inculpado, su participación en el robo no fue en forma física sino más bien intelectual, de ahí que no fuera reconocido por los citados testigos. En cuanto a su coacusado Luis Efrén Cortés Cruz, efectivamente no señala al hoy quejoso como responsable del robo, pero de cualquier modo de los indicios que existen en el sumario hace por el momento presumir su probable responsabilidad en el ilícito de robo, pues para motivar el auto de formal prisión la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indubitable la responsabilidad del reo ya que solamente se requiere que los datos arrojados por la averiguación, sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado.
En las condiciones planteadas como la resolución recurrida está ajustada a derecho y en la especie no se advierte queja deficiente que suplir de conformidad con lo previsto por el artículo 76 bis fracción II de la Ley de Amparo, procede confirmar la sentencia que se revisa.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 90 y 91 de la Ley de Amparo y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.- Queda firme el segundo punto resolutivo de la sentencia que se revisa, que dice: "Se sobresee en el presente juicio de garantías respecto de los actos que se reclaman del C. Juez Octavo de Defensa Social de los de esta ciudad, por lo expuesto en el considerando que antecede".
TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a GUILLERMO SOLIS ZAMORA, contra los actos que por conducto de su defensor particular JUAN CARLOS ESQUIVEL LIMA, reclamó de la Juez de Defensa Social del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, mismos que precisados fueron en el resultando primero de este fallo.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria devuélvanse los autos al Juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el toca.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Enrique Dueñas Sarabia, presidente, Eric Roberto Santos Partido y Norma Fiallega Sánchez, ponente, quienes firman con el licenciado Marcos Antonio Arriaga Eugenio, secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1030-3e14e187/auto-de-formal-prision-solo-las-pruebas-rendidas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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