REVISION FISCAL. NO SE DAN LOS REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA CUANDO UN SERVIDOR PUBLICO INCUMPLE LA OBLIGACION DE PRESENTAR SU DECLARACION DE MODIFICACION PATRIMONIAL.
CONTRADICCION DE TESIS 33/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y tres.
VISTOS, para resolver el expediente Varios 33/92, formado con motivo de la contradicción de tesis denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y sustentada entre dicho Tribunal al resolver la Revisión Fiscal R.F. 642/92 y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver la tesis "REVISION FISCAL. SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA FEDERACION. PROCEDENCIA. DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE SITUACION PATRIMONIAL", publicada con el número 18, en las páginas 120 a 121 de la Tercera Parte, correspondiente a los Tribunales Colegiados de Circuito, del Informe de mil novecientos ochenta y nueve; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante resolución de fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y dos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó denunciar la probable contradicción entre la tesis sustentada por dicho Tribunal, al resolver la Revisión Fiscal R.F. 642/92 interpuesta en contra de la resolución dictada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación en el expediente de nulidad número 1894/91 promovido por Carlos Cárdenas Vega, y la tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la Revisión Fiscal R.F. 1133/89, interpuesta en contra de la resolución dictada por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación en el expediente de nulidad número 8722/87 promovido por Miguel Angel Meneses Maciel, ambas tesis relacionadas con la procedencia o improcedencia de la revisión fiscal y en la que se plantea la cuestión de que si la litis en el contencioso administrativo versa en torno de si un servidor público incurrió o no en responsabilidad administrativa que generó ilegalidad en el desempeño de sus labores, por haber omitido la presentación de su declaración de modificación patrimonial correspondiente, el asunto en sí mismo considerado es de importancia y trascendencia o no lo es.
SEGUNDO. Por acuerdo de ocho de septiembre de mil novecientos noventa y dos, la Presidenta de esta Segunda Sala solicitó al Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la remisión de copia certificada de la resolución pronunciada en la Revisión Fiscal 1133/89, interpuesta por el Director General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Posteriormente, la copia certificada aludida fue remitida y obra agregada a los presentes autos.
En diverso proveído de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, la citada Presidenta de la Segunda Sala acordó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y ordenó dar vista al Procurador General de la República.
Por acuerdo de trece de enero de mil novecientos noventa y tres, se turnaron los autos al ministro ponente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 25, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, por tratarse de la contradicción de tesis que en revisiones fiscales han sustentado los Tribunales Colegiados de Circuito referidos.
SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la Revisión Fiscal R.F. 642/92, interpuesta por el Director General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y otra autoridad, expresó en lo conducente lo siguiente: TERCERO. Se debe desechar el recurso que hace valer la Gerente de Personal de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, en virtud de que los argumentos que hizo valer, para determinar la importancia y la trascendencia del asunto son los mismos para ambos requisitos; es decir, no señala por qué, a su juicio, el asunto tiene importancia, y por qué otra razón estima que es trascendente. En estas condiciones, este tribunal no puede abordar el análisis de tales cuestiones puesto que, para efectos de la admisión del recurso de revisión previsto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación la autoridad recurrente estaba obligada a razonar ambas circunstancias (importancia y trascendencia) separadamente. Lo anterior porque si bien dichos términos expresan ideas semejantes, realmente son diferentes; tan es así que la importancia del asunto puede quedar desligada de la trascendencia del mismo. En efecto, la importancia se refiere a la entidad del negocio y la trascendencia a la gravedad de sus consecuencias; de ahí que la recurrente deba razonar tanto una como la otra. Sin embargo, como en el caso concreto dicha autoridad omitió expresar separadamente los razonamientos tendientes a demostrar la existencia de los requisitos mencionados, procede desechar el recurso de revisión, y, por tanto, dejar firme la sentencia recurrida. Apoya esta decisión la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 307 aparece publicada en las páginas 511 a 514, Tercera Parte, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917- 1985, bajo el rubro: `REVISION FISCAL ANTE LA SUPREMA CORTE. IMPORTANCIA DEL ASUNTO PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO', que en la parte conducente establece que resulta inadmisible que se expongan las mismas razones para justificar simultáneamente la importancia y la trascendencia del negocio, porque `...La ley exige la concurrencia de los dos requisitos (unidos entre sí por la conjunción copulativa y no separados por la disyuntiva), en virtud de lo cual la autoridad recurrente deberá razonar uno y otro y la Suprema Corte examinarlos por separado, en la inteligencia de que si faltare uno de ellos sería superfluo investigar la presencia del otro... .' Igualmente se debe desechar el recurso que hace valer el Director General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en virtud de que los argumentos que hizo valer dicha recurrente para demostrar la trascendencia del asunto no justifican el citado requisito de procedibilidad del recurso. En efecto, el hecho de que subsista el criterio de la Sala fiscal en modo alguno significa impedirle a la Secretaría de la Contraloría que realice las funciones que expresamente tiene encomendadas, pues es evidente que la sentencia impugnada en nada menoscaba dichas atribuciones y que la aludida Secretaría puede ejercerlas en relación con otros servidores. Por otra parte, las recurrentes invocan en su favor la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal, bajo el rubro: `REVISION FISCAL, SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA FEDERACION. PROCEDENCIA. DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE SITUACION PATRIMONIAL', misma que ya quedó transcrita en el considerando segundo de esta resolución. Sobre el particular, cabe decir que este Tribunal no comparte dicho criterio, puesto que la destitución de un servidor público por incumplimiento de la obligación de presentar su declaración de modificación patrimonial no reviste en sí misma, ninguna excepcionalidad; y, por otra parte, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no es el único ordenamiento jurídico aplicable para el caso en que algún funcionario incurra en `ilegalidad, inmoralidad o corrupción' con motivo del desempeño de su cargo, sino que, dependiendo de la gravedad de esos hechos, se le puede dar de baja, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo Burocrático, o inclusive, existe la posibilidad de que se denuncie la comisión de algún delito ante el Ministerio Público; por tanto, la determinación de que si en un caso particular se incurrió o no en responsabilidad oficial, carece de la importancia y trascendencia que se le atribuye en la tesis en comento. Por lo demás, el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, establece los supuestos en los que el legislador estimó que se da ese requisito, por sí mismo, dentro de los cuales no se menciona el caso de que se trata. Luego, no es de aplicarse por este Tribunal la tesis aludida; y, en cambio, procede hacer la denuncia de contradicción correspondiente ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo y 25, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para lo que a bien tenga decidir. En consecuencia, ante el desechamiento de ambos recursos, debe quedar firme la sentencia recurrida."
TERCERO. Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en cuanto resolvió la Revisión Fiscal R.F. 1133/89 interpuesta por el mismo Director General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, estableció en lo conducente lo que a continuación se transcribe: "SEGUNDO. El recurso de revisión fue hecho valer por la parte legítima, toda vez que se trata de la autoridad demandada en el juicio de nulidad; está en tiempo, pues la sentencia recurrida se notificó el día cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y nueve y el escrito de agravios se presentó el día veintiocho del mismo mes y año; es decir, dentro del término de quince días hábiles establecido en el artículo 248, del Código Fiscal de la Federación. Es procedente de conformidad con el artículo 248, tercer párrafo del ordenamiento legal invocado, porque aun cuando es de cuantía indeterminada, se encuentra acreditada su importancia y trascendencia. En efecto, la litis en el contencioso administrativo versó en torno de si el actor MIGUEL ANGEL MENESES MACIEL, en su carácter de servidor público (Comandante D del Resguardo Aduanal adscrito y comisionado en la Aduana de Ensenada, Baja California), incurrió o no en responsabilidad administrativa que generó ilegalidad en el desempeño de sus labores, por haber omitido la presentación de su declaración de modificación patrimonial correspondiente al año de mil novecientos ochenta y seis. Ahora bien, en los términos del artículo 113 de la Constitución Federal, la teleología del régimen jurídico relativo a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, en la preservación de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones de dichos servidores, en beneficio inmediato de la actividad integral del Estado. Ordena el dispositivo cimero, en lo conducente: `ART. 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones...' Así pues, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo constitucional transcrito, persigue a través de la tabla axiológica mencionada, una prestación óptima de servicios públicos por parte de las personas físicas encargadas de tal cometido, tanto desde un punto de vista jurídico (legalidad), como moral (honradez, lealtad, imparcialidad), y material (eficiencia). Uno de los instrumentos técnico jurídicos delineados por el legislador para asegurar la obtención del desiderátum apuntado, se encuentra establecido en el título cuarto, capítulo único de la citada ley ordinaria y es el que se refiere al registro patrimonial de los servidores públicos, a cargo de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (artículo 79). Ante la dependencia estatal de que se trata, los servidores públicos tienen el deber de declarar el monto de su patrimonio económico en estas ocasiones: dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión del empleo, cargo o comisión y dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del encargo; así como durante el mes de mayo de cada año por todo el tiempo que dure su actividad (artículo 81), con lo cual la Secretaría puede conocer las fluctuaciones en el patrimonio de los servidores públicos; y, en su caso, al advertir signos exteriores de riqueza ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudieran tener, iniciar en su contra el procedimiento establecido en los artículos 84, 85, 86 y 90 de la ley de que se trata. Las consideraciones anteriores permiten evidenciar la trascendencia del cumplimiento del deber de la declaración patrimonial en sus tres aspectos por parte de los servidores públicos, ya que por medio del registro comparativo patrimonial se busca evitar la corrupción de los servidores públicos. Por lo que, si la litis en el juicio contencioso administrativo gira precisamente en torno del cumplimiento de esa obligación, el recurso de revisión que se promueva en contra de la sentencia que se pronuncie sobre tal cuestión, será en sí mismo importante y trascendente, pues las normas aplicadas en la resolución de la controversia son de orden público. Fueron elaboradas para el saneamiento y moralidad de los servidores estatales. A la sociedad en general le importa el cumplimiento estricto de su aplicación, ya que ella será la que en forma inmediata padezca el quebrantamiento del régimen disciplinario a que sometió el legislador a los funcionarios del Estado. En esta virtud se tiene que el asunto es en sí mismo importante, por ser de destacado interés social el que los servidores públicos se conduzcan con estricto apego a las normas que regulan su actuación lo que asegura para la sociedad una administración pública eficaz y honrada. Asimismo, es trascendente, en cuanto a la índole grave que representa el hecho de que una persona a la que se le ha imputado la omisión en el cumplimiento de un deber, realice labores relacionadas con los servicios públicos, a pesar de que pudiere haber incurrido en ilegalidad, inmoralidad o corrupción, por lo que es necesario, que sólo en la instancia contencioso administrativa se resuelva sobre el particular, sino también que se dé cabida a una segunda instancia ante los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes habrán de determinar en definitiva acerca de estas cuestiones tan trascendentales para la actividad integral del Estado. No pasan inadvertidos para este Tribunal, los precedentes que en copias simples presenta el actor en el juicio de nulidad MIGUEL ANGEL MENESES MACIEL, en el escrito de alegatos que presentó ante la Oficialía de Partes de este Colegiado, relativos a los recursos de revisión RF-1046/88 y RF- 695/88, promovidos ambos por el Director General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría, en contra de las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal de la Federación que decretó la nulidad de sendas declaratorias de incumplimiento de la obligación de presentar estado de situación patrimonial. En ambos precedentes (emitidos por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, Sexto y Quinto respectivamente) se desecharon los recursos por considerarse que no se reunían los requisitos de importancia y trascendencia exigidos para la procedencia del recurso, en el tercer párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, este tribunal no está de acuerdo con esos criterios por las razones precedentes que han quedado expuestas, y por lo tanto no es el caso de aplicarlos."
CUARTO. El Procurador General de la República, opinó lo siguiente: "Analizadas las tesis transcritas, en opinión del suscrito Procurador General de la República estima que efectivamente existe contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados a los que se ha hecho referencia, estimando que debe prevalecer la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en virtud de que en efecto: se deben tomar en consideración elementos normativos de la Ley Federal del Trabajo Burocrático u otro cuerpo de ley que sancione la falta u omisión de actos contrarios al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos - en especial la omisión de presentar la declaración patrimonial de sujetos afectos a este régimen- , como para que se decida la suspensión o separación del empleo al funcionario o empleado por la omisión en comento, y siguiendo la corriente que se pondera es de hacer hincapié que en el capítulo correspondiente a sanciones administrativas y procedimientos para aplicarlas deberán tomarse en cuenta todos y cada uno de los elementos contenidos en los artículos 54 y 56 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos a lo que se refiere la fracción II del artículo 56 del cuerpo legal invocado que dispone: `Fracción II. La destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos, se demandará por el superior jerárquico de acuerdo con los procedimientos consecuentes con la naturaleza de la relación y en los términos de las leyes respectivas."
QUINTO. El análisis de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos en los recursos de revisión fiscal mencionados, pone de manifiesto la contradicción de tesis denunciada, puesto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en lo esencial sostiene que la destitución de un servidor público por incumplimiento de la obligación de presentar su declaración de modificación patrimonial no reviste en sí misma ninguna excepcionalidad, y que la determinación de que si en un caso particular se incurrió o no en responsabilidad oficial, carece de la importancia y trascendencia que se le atribuye.
Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en lo sustancial sostiene que si un servidor público incurrió o no en responsabilidad administrativa que generó ilegalidad en el desempeño de sus labores, por haber omitido la presentación de su declaración de modificación patrimonial, el asunto es en sí mismo de importancia y trascendencia.
SEXTO. Debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
En efecto, esta Segunda Sala, previo a las reformas legislativas correspondientes, cuando aún conocía de las revisiones fiscales, estableció en múltiples ejecutorias, Jurisprudencia en el sentido de que tratándose de tales recursos, debía estimarse satisfecho el requisito de importancia cuando la parte recurrente expresara razones que no cabría formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos del que conocía el Tribunal Fiscal de la Federación y pusiera, por lo mismo, de manifiesto que se trataba de asuntos no comunes y corrientes, sino excepcionales; y en relación con el requisito de trascendencia, cuando tales razones pusieran de relieve que la resolución que sobre el particular se dictara, trascendería en resultados de índole grave; esto es, la importancia hace referencia al asunto en sí mismo considerado, mientras que la trascendencia mira a la gravedad o importancia de la consecuencia del asunto. (Tesis números 307 y 308, páginas 511 y 515, Tercera Parte, Segunda Sala, Apéndice 1917-1985).
Ahora bien, en el caso específico, tratándose de las facultades de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación para verificar el cumplimiento por parte de los servidores públicos de la obligación de presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial, las consideraciones que al respecto se hicieran resultarían aplicables, por igual, a los asuntos en los cuales la misma autoridad interviniera como demandada por haber declarado que un servidor público incumplió la obligación citada, es decir, se aludiría en esas argumentaciones a una de las funciones ordinarias de dicha Secretaría, lo cual no justificaría la importancia que pretendiera dársele al asunto, pues cabría formularlas en la mayoría o en la totalidad de los asuntos de que conoce el Tribunal Fiscal de la Federación, o sea, en asuntos comunes y corrientes, no excepcionales.
Igualmente, no se cumpliría con el requisito de trascendencia por el hecho de que subsistiera el criterio de la Sala fiscal, pues esto de ninguna manera significaría impedirle a la Secretaría de la Contraloría que realice las funciones que expresamente tiene encomendadas, ya que es evidente que la sentencia que en cada caso llegare a dictarse en nada menoscabaría dichas atribuciones y que la aludida Secretaría podría ejercerlas en cualquier momento en relación con otros servidores públicos, por lo que es claro que en ninguna forma se darían resultados de índole grave por ese solo hecho señalado.
Si bien es cierto, por otra parte, como lo expresa el Tercer Tribunal Colegiado en su tesis, que es de interés social el que los servidores públicos se conduzcan con estricto apego a las normas que regulan su actuación, no es en cambio de índole grave, como lo pretende, el hecho de que una persona a la que se le ha imputado la omisión en el cumplimiento de un deber, en el caso la presentación de su declaración de modificación patrimonial correspondiente, realice labores relacionadas con los servicios públicos, a pesar de que pudiese haber incurrido en ilegalidad, inmoralidad o corrupción, y por ello se haga necesario que no sólo en la instancia contencioso administrativa se resuelva sobre el particular, sino que también se dé cabida a una segunda instancia ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Lo anterior es así porque el hecho de que un servidor público haya omitido la presentación de su declaración de modificación patrimonial correspondiente, no implica necesariamente que haya incurrido en ilegalidad, inmoralidad o corrupción, y en caso de ser esto así, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no es el único ordenamiento legal aplicable, ya que dependiendo de la gravedad de esos hechos se le puede dar de baja de acuerdo con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado e inclusive existe la posibilidad de que se denuncie la comisión de algún delito ante el agente del ministerio público correspondiente.
En estas condiciones, debe concluirse que la determinación de que si en un caso particular se incurrió o no en responsabilidad oficial de un servidor público por incumplimiento de la obligación de presentar su declaración de modificación patrimonial, no reviste en sí mismo las características de asunto importante y trascendente que amerite su conocimiento por los Tribunales Colegiados de Circuito.
De acuerdo con ello, debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 25, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO. Sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de revisión fiscal número R.F. 642/92 y la sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de revisión fiscal número R.F. 1133/89.
SEGUNDO. Debe prevalecer la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sin que se afecten las situaciones jurídicas concretas derivadas de los expedientes en que ocurrió la contradicción.
Notifíquese; publíquese y remítase testimonio de esta resolución al Pleno y demás Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a todos los Tribunales Colegiados de Circuito; en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue ponente el señor Ministro Carlos de Silva Nava. Firman el Ministro Presidente y el ponente de la Sala con la Secretaria de Acuerdos de la misma que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/110-4d5e03d4/revision-fiscal-no-se-dan-los-requisitos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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