SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.
CONTRADICCION DE TESIS. VARIOS 34/91. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de enero de mil novecientos noventa y tres.
VISTOS, para resolver el expediente varios 34/91, formado con motivo de la contradicción de tesis denunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y sustentada entre dicho tribunal al resolver la Queja 223/91 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver la tesis jurisprudencial "SUSPENSION PROVISIONAL. ACTOS DE PROBABLE EJECUCION. LOS JUECES DE DISTRITO NO DEBEN CONJETURAR ACERCA DE ESTA AL DECIDIR SOBRE AQUELLA.", publicada en el Informe de Labores del año de mil novecientos ochenta y ocho, Tercera Parte, páginas noventa guión ocho y noventa guión nueve; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante resolución de fecha trece de junio de mil novecientos noventa y uno, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó denunciar la probable contradicción entre la tesis sustentada por dicho tribunal, al resolver el recurso de Queja número 223/91, interpuesto en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de garantías número 149/91, promovido por Petra Virginia Ortiz del Valle y la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de Queja números 62/88, 112/88, 172/88, 302/88 y 312/88, interpuestos en los autos de los incidentes de suspensión correspondientes a los juicios de garantías promovidos por José Melchor Alonso González, Proveedora de Medicamentos, S.A. de C.V., Sucesión de Francisco Oviedo Ramos, Delegado del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc y otras autoridades y Francisco Javier Herrera Gómez, respectivamente, ambas tesis relacionadas con la procedencia o improcedencia de la suspensión provisional y en las que se plantea la cuestión de si para decidir sobre ella, los Jueces de Distrito deben atender exclusivamente a las manifestaciones del quejoso, hechas bajo protesta de decir verdad, o bien estarse al cumplimiento efectivo de los requisitos previstos para su otorgamiento y establecidos en los artículos 124 y 130 de la Ley de Amparo.
SEGUNDO.-Por acuerdo de doce de julio de mil novecientos noventa y uno, el presidente de esta Segunda Sala solicitó al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la remisión de copias certificadas de las resoluciones dictadas en las Quejas 62/88 interpuesta pos José Melchor Alonso González, 112/88 interpuesta por Proveedora de Medicamentos, S. A. de C. V., 172/88 interpuesta por Sucesión de Francisco Oviedo Ramos, 302/88 interpuesta por el delegado del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc y otras autoridades y 312/88 interpuesta por Francisco Javier Herrera Gómez.
Posteriormente, las copias certificadas aludidas fueron remitidas y obran agregadas a los presentes autos.
En diverso proveído de nueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno, el citado presidente de la Segunda Sala acordó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y ordenó dar vista al procurador general de la República, quien no formuló pedimento.
Por acuerdo de dieciséis de junio de mil novecientos noventa y dos, se turnaron los autos al Ministro ponente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 25, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, por tratarse de la contradicción de tesis que en recurso de Queja han sustentado los Tribunales Colegiados de Circuito referidos.
SEGUNDO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de Queja número 223/91, interpuesto por Petra Virginia Ortiz del Valle, consideró en lo conducente: "SEPTIMO.-En su primer agravio señala la parte quejosa recurrente que el acuerdo emitido por el Juez a quo es ilegal porque, tanto en el capítulo de actos reclamados como en el relativo a la suspensión se manifestó que, la misma se solicitaba en contra de las órdenes de clausura de inminente ejecución dictados por las autoridades responsables tendientes a impedir las actividades comerciales del quejoso, sin embargo, el Juez del conocimiento negó al respecto la suspensión provisional aduciendo que tales actos son futuros y probables, lo que resulta contrario a derecho. A juicio de los suscritos Magistrados resulta infundado el agravio que antecede, con base en las siguientes consideraciones: El Juez a quo en el acuerdo impugnado manifestó en lo conducente: C).-En lo que toca al acto reclamado consistente en la orden de clausura, u otro tipo de sanción también procede negar la suspensión provisional, toda vez que dicho acto reviste el carácter de un acto futuro y probable, (sic) ya que el hecho de que en el acta levantada con motivo de la visita se pudieron haber asentado que se infringieron una o varias disposiciones administrativas, no tienen como consecuencia necesaria e inmediata el que se aplique alguna sanción ya sea multa o clausura, si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, resulta necesaria la actuación posterior de la autoridad para calificar el acta y establecer, mediante resolución correspondiente, si debe sancionarse al visitado, y en su caso determinar el tipo de sanción que le es aplicable, pues el citado precepto legal prevé un procedimiento a través del cual se permite al interesado ser oído y aportar pruebas para desvirtuar lo asentado en el acta respectiva , por lo que atento esta consideración debe tenerse a dicho acto reclamado como un acto futuro que podría existir o no, y por tanto, es improcedente decretar la suspensión provisional del mismo, en atención a la jurisprudencia número siete, publicada en la página veintitrés de la Segunda Parte (correspondiente al Tomo de las Salas) del Informe de Labores rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente al finalizar el año de mil novecientos ochenta y nueve, bajo el rubro: 'SANCIONES POR INFRACCIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE VISITA SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA LA PROBABLE APLICACION DE.' Por su parte, la quejosa manifestó en su demanda de garantías en el capítulo de actos reclamados y en el referente a la suspensión, lo siguiente: Se reclama de todas y cada una de las autoridades responsables las órdenes de inspección, Actas de Inspección, la iniciación o continuación de cualquier procedimiento administrativo tendiente a infraccionar o sancionar las actividades del giro mercantil propiedad de la parte quejosa o tendiente a cancelar la licencia de funcionamiento o autorización respectiva y que tenga como consecuencia el impedir las actividades mercantiles del referido giro mercantil, tales como órdenes de clausura, imposición de sellos de la misma orden, la realización de operativos o razzias en el giro de la quejosa, actos en los que se niegue la participación de la parte quejosa, y que afecten la esfera jurídica de gobierno de la parte quejosa, reclamándose las consecuencias que se deriven de tales actos reclamados, ya sea que los ejecuten o traten de ejecutar directamente o por conducto del personal subordinado a las mismas, con la aplicación del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, que como autoaplicativo se reclama y de la autoridad marcada con el inciso 5o. del capítulo de autoridades responsables de este juicio de amparo, se le reclama la inconstitucional orden de visita y acta de visita de fecha tres de junio del año en curso y las consecuencias derivadas de tales actos que se traducen en la suspensión de labores del giro propiedad de la parte quejosa en este juicio de amparo y de la H. Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se le reclama la expedición, refrendo, publicación, emisión y aplicación del Reglamento indicado en este capítulo, por ser el mismo INCONSTITUCIONAL, reclamándose igualmente de todas las autoridades responsables las órdenes privativas de la libertad personal del (os) quejoso(as) fuera de todo procedimiento judicial. VII.-CAPITULO DE SUSPENSION DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en los artículos 122, 123, 124 fracciones I, II, III, 130 y aplicables de la Ley de Amparo, así como las tesis Jurisprudenciales que se pasan a exponer: 'CLAUSURAS. GARANTIAS DE AUDIENCIA'.-Amparo en revisión 954/77 de fecha 25 de enero de 1978 del H. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Ponente: Guillermo Guzmán Orozco; Informe de 1978, Tercera Parte, Tesis 14, página 79; 'SUSPENSION CLAUSURAS'.-Queja 107/80.-Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; 14 de enero de 1981, Magistrado Guillermo Guzmán Orozco; 'SUSPENSION, QUE DEBE ENTENDER SE POR ACTO DE TRACTO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DE LA'.-Incidente en revisión 678/1976, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Ponente Magistrado Juan Gómez Díaz la parte quejosa peticiona de Vuestra señoría, tenga a bien concederle la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva de los actos reclamados en este juicio de amparo y precisados en el capítulo III de este juicio de amparo, esto es, para que las cosas se mantengan en el estado que actual mente guardan y primordialmente para que no se suspendan las actividades mercantiles ni se clausure el giro mercantil que defiende la parte quejosa y ni se le prive de su libertad personal, toda vez que los actos reclamados señalados tienen el carácter de verdaderos, ciertos y de una inminente ejecución, y al conceder su señoría tal medida precautoria no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones del orden público y en cambio con la ejecución del acto reclamado se causaría a la parte quejosa, daños y perjuicios de difícil e imposible reparación, ya que en la práctica las autoridades responsables no indemnizan a los quejosos cuando obtienen resolución favorable por el tiempo que permanece clausurado su establecimiento, solicitando se expida por triplicado copias certificadas del auto que contenga tal medio y se ordene su entrega en términos de ley. De las transcripciones que anteceden se advierte que, la quejosa solicitó, en lo referente a la materia del presente recurso, la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva de los actos reclamados, para que no se suspendan las actividades mercantiles ni se clausure el giro mercantil defendido por ella, ni se imponga otro tipo de sanción con motivo de la orden de visita y el levantamiento del acta respectiva de fecha tres de junio de 1991. Ahora bien, partiendo de la base de que la parte quejosa manifestó que se ordenó y ejecutó una visita de inspección en su establecimiento, resulta improcedente conceder la medida cautelar respecto de las consecuencias que a esos actos se atribuyeron, consistente en la orden de clausura o la imposición de otro tipo de sanción, en virtud de que estos últimos actos no son consecuencia necesaria e inmediata de los primeros sino que constituyen actos futuros que podrían existir o no. En efecto, los artículos 137, fracción VI y 138 del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, establecen: 'Artículo 137.-Las inspecciones se sujetarán a las siguientes bases: VI.-El inspector comunicará al visitado si existen omisiones en el cumplimiento de cualquier obligación a su cargo ordenada en el reglamento, haciendo constar en el acta, que cuenta con cinco días hábiles para presentar por escrito ante la delegación, su inconformidad y exhibir las pruebas y alegatos que a su derecho convengan', y. 'Artículo 138.-Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción VI del artículo anterior, la delegación calificará las actas dentro de un término de tres días hábiles considerando la gravedad de la infracción si existe reincidencia, las circunstancias que hubieren concurrido, las pruebas aportadas y los alegatos formulados, en su caso, y dictará la resolución que proceda debidamente fundada y motivada, notificándola personalmente al visitado.' En términos de los preceptos supra transcritos, para que la autoridad administrativa competente dicte una resolución en la que se aplique al particular alguna sanción con motivo de la realización de una inspección en la que se detecten omisiones en el cumplimiento de obligaciones a su cargo establecidas en el reglamento respectivo, debe previamente, comunicar al visitado la omisión existente, haciendo constar en el acta que al efecto se levante que cuenta con cinco días hábiles para presentar su inconformidad así como las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, y transcurrido dicho plazo, calificar el acta respectiva considerando la gravedad de la infracción, la reincidencia, las circunstancias ocurridas y las pruebas y alegatos presentadas por el particular. En este sentido, la aplicación de sanciones no es necesariamente consecuencia inmediata y directa del acta de visita levantada en el estable cimiento del quejoso, sino constituyen actos futuros, porque bien podría ocurrir que ante las pruebas y alegatos aportados por el particular en el procedimiento administrativo respectivo, la autoridad competente decidiera no ejercitar sus facultades si lo probado o alegado desvirtúa los hechos asentados en el acta de visita. Es aplicable a la conclusión a que se llegó en este fallo la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Informe rendido a ese Alto Tribunal por su Presidente al terminar el año de 1989, páginas 23 y 24 que a la letra dice: 'SANCIONES POR INFRACCIONES ASENTADAS EN ACTAS DE VISITA, SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA LA PROBABLE APLICACION DE.-El hecho de que en el acta levantada con motivo de la visita a una negociación se asiente que se han infringido una o varias disposiciones administrativas no tiene como consecuencia necesaria e inmediata el que se aplique alguna sanción, ya sea multa, clausura o cancelación de la licencia o del permiso de funcionamiento, si de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico respectivo resulta necesaria la actuación posterior de la autoridad para calificar el acta y establecer, mediante la resolución correspondiente, si debe sancionarse al visitado y, en su caso, determinar el tipo de sanción que le es aplicable y menos aún si se prevé un procedimiento a través del cual se permite al interesado ser oído y aportar pruebas para desvirtuar lo asentado en el acta, ya que la imposición de sanciones como consecuencia de las infracciones que se le atribuyen en el acta constituyen un acto futuro que podría existir o no, por tanto, dentro del juicio de garantías en que se reclame resulta improcedente decretar su suspensión. Varios 8/88. Contradicción de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito.-23 de noviembre de 1989.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: José Manuel Villagordoa Lozano.-Ponente: Noé Castañón León.-Secretario: Patricio González Loyola Pérez.' Similar criterio ha sido sustentado por este tribunal al resolver los recursos de queja QA. 203/90 y QA. 163/91 promovidas por el Delegado del Departamento del Distrito Federal en Iztacalco y otras autoridades, resueltas por unanimidad de votos el ocho de octubre de mil novecientos noventa y el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y uno respectivamente. En consecuencia, resulta infundado el agravio que antecede. En el segundo agravio aduce la parte quejosa que el proveído impugnado es violatorio del artículo 130 de la Ley de Amparo porque, dicho precepto ordena que en los casos en que proceda la suspensión habiendo peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito con la sola presentación de la demanda podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan, sin embargo el Juez a quo inaplicó dicho precepto, no obstante que se le manifestó en reiteradas ocasiones que la ejecución del acto reclamado consistente en la clausura era inminente y de probable realización. Resulta infundado el agravio propuesto a estudio, por lo siguiente: El primer párrafo del artículo 130 de la Ley de Amparo, textualmente dice: 'Artículo 130.-En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal.' El precepto supratranscrito establece en términos generales, la procedencia de la suspensión provisional, señalando como requisitos para su concesión, en primer lugar, el cumplimiento de los supuestos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia y en segundo lugar, la existencia de un peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso. Así, el hecho de que el Juez de Distrito pueda otorgar la medida cautelar provisional con la sola presentación de la demanda, no implica que el juzgador únicamente deba atender a lo manifestado por el quejoso, dejando de analizar del contenido integral de la referida demanda, el cumplimiento efectivo de los requisitos previstos por la ley de la materia para su otorgamiento, en virtud de que, corresponde precisamente al Juez Federal determinar la verificación de dichos requisitos, con la finalidad de proveer sobre la concesión de la suspensión provisional. Pretender lo contrario equivaldría a supeditar la actuación del Juez a quo respecto de la procedencia de la suspensión provisional, a las manifestaciones realizadas por el quejoso en su demanda de garantías, estando obligado el juzgador, por este motivo, a conceder la medida cautelar solicitada en todos aquellos casos en que se manifestara la procedencia de la misma, sin atender a los supuestos previstos en el artículo 130 de la Ley de Amparo, lo que sería contrario a la intención del legislador. En el caso concreto, la parte quejosa señaló como actos reclamados en la materia del presente recurso, las consecuencias derivadas de la orden y acta de visita de fecha tres de junio de mil novecientos noventa y uno que se traducen en la suspensión de labores del giro de su propiedad, así como las órdenes de clausura, imposición de sellos o la imposición de otro tipo de sanción. Ahora bien, como ha quedado manifestado con anterioridad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio jurisprudencial en el sentido de que dichos actos no son consecuencia inmediata y directa de una orden y acta de visita y por tanto, no revisten el carácter de actos inminentes sino de actos futuros, respecto de los cuales no procede conceder la suspensión provisional porque no implican 'un peligro inminente de que se ejecuten con notorios perjuicios para el quejoso:' En este orden de ideas, al no estarse en los supuestos que para la concesión de la sus pensión provisional establece el artículo 130 de la ley de la materia, el acuerdo impugnado se encuentra ajustado a derecho, resultando infundado el agravio que se analiza. En su último agravio aduce la parte quejosa que el acuerdo impugnado es ilegal porque, no acata el contenido de la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Informe de Labores del año de 1988, Tercera Parte, páginas 90-8 y 90-9 bajo el rubro: 'SUSPENSION PROVISIONAL ACTOS DE PROBABLE EJECUCION. LOS JUECES DE DISTRITO NO DEBEN CONJETURAR ACERCA DE ESTA AL DECIDIR SOBRE AQUELLA.' El artículo 130 de la Ley de Amparo determina la procedencia de la suspensión provisional 'con la sola presentación de la demanda' motivo por el cual, para decidir sobre la procedencia o no de esa medida, los Jueces de Distrito deben atender exclusivamente a las manifestaciones del quejoso, hechas bajo protesta de decir verdad, porque, al ser esos los únicos datos que tienen a su alcance, resulta una conjetura temeraria establecer la no probabilidad de la realización de actos que el afectado da por hecho que se pretenden ejecutar en su contra.' A juicio de los suscritos Magistrados resulta fundado pero insuficiente para revocar el acuerdo impugnado el agravio que antecede, por las siguientes consideraciones: Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito están obligados a observar la jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, lo que no aconteció en la especie, ello no es suficiente para revocar el proveído impugnado en virtud de que, a juicio de este órgano colegiado dicho proveído se encuentra ajustado a derecho en la materia del presente recurso, sin que este tribunal comparta el criterio sustentado en la tesis invocada por la parte quejosa, debido a que, no la considera aplicable en la especie, por las razones que se expresaron con anterioridad."
A su vez, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar los recursos de Queja números 112/88, 172/88, 302/88 y 312/88, interpuestos por Proveedora de Medicamentos, S. A. de C. V., Sucesión de Francisco Oviedo Ramos, Delegado del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc y otras autoridades y Francisco Javier Herrera Gómez, respectivamente, se fundó en lo esencial en la siguiente consideración: "QUINTO.-Sin embargo, el agravio transcrito con anterioridad, resulta sustancialmente fundado, suplido en lo conducente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo. El proveído impugnado es contrario al artículo 130 de la Ley de Amparo, debido a que el juzgador no tuvo ninguna base legal para considerar que los actos reclamados consistentes en: las órdenes de clausura, la suspensión de labores, y las consecuencias legales que son la imposición de multas y sanciones, revisten la naturaleza de futuros y de realización incierta; además de que la finalidad de ese precepto es precisamente, la de evitar, de manera temporal, que se ejecuten determinaciones de las autoridades que puedan ocasionarle a la promovente daños o perjuicios de difícil reparación; sin que ello impida que la legalidad de esos actos se diluciden al resolver el fondo del asunto. Resulta aplicable al caso la tesis pendiente de publicación sustentada por este tribunal al resolver la Q. A. 62/88; José Melchor Alonso González, Sesión de fecha diecisiete de febrero de mil novecientos ochenta y ocho. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; que a la letra dice: 'SUSPENSION PROVISIONAL. LOS JUECES DE DISTRITO NO DEBEN CONJETURAR ACERCA DE LA POSIBLE NATURALEZA FUTURA DE LOS ACTOS QUE SE RECLAMAN, AL DECIDIR SOBRE LA.-El artículo 130 de la Ley de Amparo determina la procedencia de la suspensión provisional 'con la sola presentación de la demanda'; motivo por el cual, para decidir sobre la procedencia o no de esa medida, los Jueces de Distrito deben atender exclusivamente a las manifestaciones del quejoso, hechas bajo protesta de decir verdad, porque, al ser esos los únicos datos que tienen a su alcance, resulta una conjetura temeraria establecer la no probabilidad de la realización de actos que el afectado da por hecho que se pretenden ejecutar en su contra.' Cosa distinta acontece en tratándose de la suspensión definitiva, pues, cuando se resuelve sobre ella ya obran en autos mayores datos de los que constan en el escrito de demanda, como son los informes previos de las autoridades responsables y las pruebas que rindan las partes. Consecuentemente, se debe declarar parcialmente fundada la presente queja."
TERCERO.-Debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, atentas las siguientes consideraciones:
El artículo 124 de la Ley de Amparo, en lo conducente, establece: "Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I.-Que lo solicite el agraviado; II.-Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público... III.-Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. El Juez de Distrito al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."
Por su parte el artículo 130 del propio ordenamiento legal, también en lo conducente, expresa: "En los casos en que proceda la suspensión conforme el artículo 124 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal."
Ahora bien, como lo sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis que ha quedado transcrita, para el efecto de conceder o negar la suspensión provisional, el Juez de Distrito deberá hacerlo tomando en cuenta las manifestaciones expresadas bajo protesta de decir verdad en la demanda de garantías, sin que pueda decirse que dicho Juez carece de bases legales para prejuzgar sobre la veracidad de tales manifestaciones, toda vez que al ser ellas, por regla general, los únicos elementos con que cuenta para decidir sobre la solicitud de la concesión de la suspensión provisional, resultaría una inadecuada conjetura establecer la no probabilidad de la realización de actos que el afectado da por hecho se pretenden ejecutar en su contra. Es cierto que, aplicando correctamente la ley, podrían no producirse determinados actos o consecuencias, pero debe tenerse en consideración que, si el quejoso promueve su demanda, es porque estima que la actuación de las responsables es ilegal, sin que sea el auto sobre suspensión provisional el momento procesal oportuno para dilucidar esa cuestión. Es decir, para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos.
La anterior consideración de ninguna manera significa que para conceder o negar la suspensión provisional, el Juez de Distrito tampoco deba de analizar si en el caso concreto se cumple o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues atento lo dispuesto en el propio artículo 130 de la Ley de Amparo, dicha suspensión está sujeta a los mismos requisitos que la definitiva en ese aspecto, y por tanto inclusive está obligado a hacer dicho análisis, pero ésta es una cuestión diferente a la del otorgamiento o negativa de la suspensión provisional por la sola manifestación del quejoso en el sentido de que existe el peligro de que se ejecute el acto reclamado.
Consecuente con lo anterior, a juicio de esta Sala debe prevalecer la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que sostiene que para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender exclusivamente a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute en su perjuicio el acto reclamado.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 25, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
UNICO.-Se declara que de las tesis sometidas a la consideración de esta Segunda Sala, debe prevalecer la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sin que se afecten las situaciones jurídicas concretas derivadas de los expedientes en que ocurrió la contradicción.
Notifíquese; publíquese y remítase testimonio de esta resolución al Tribunal Pleno y a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a todos los Tribunales Colegiados de Circuito; en su oportunidad archívese el expediente.
Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue ponente el Ministro Carlos de Silva Nava. Firman el Ministro presidente y el ponente de la Sala con la secretaria de Acuerdos de la misma que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/53-d4ffa667/suspension-provisional-para-decidir-sobre-su-procedencia-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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