Corpus
Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. DECLARATORIA DE NULIDAD PARA EL EFECTO DE QUE SE EMITA NUEVA RESOLUCION.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 102/92. · Registro digital (IUS): 1103
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUBPROCURADOR FISCAL REGIONAL NORTE CENTRO EN REPRESENTACION DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Marzo de 1994, , Pág. 253.

REVISION FISCAL 102/92. SUBPROCURADOR FISCAL REGIONAL NORTE CENTRO EN REPRESENTACION DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Son infundados los agravios marcados del primero al sexto y fundado el séptimo de los expresados por el recurrente a juicio de este tribunal federal.

No asiste la razón al recurrente al aducir que se viola en su perjuicio el artículo 133, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en 1987, porque al estar facultada la Administración Fiscal Federal Regional Norte Centro, para ordenar la práctica de visitas domiciliarias, inspecciones y verificaciones, implícitamente tenía atribuciones para ordenar la práctica de auditorías, ya que el propio artículo 16, constitucional, prevé que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, debiendo sujetarse a las formalidades prescritas para los cateos, y que además su razonamiento encuentra apoyo en los artículos 31, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, al disponer que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde el cobro de derechos, impuestos, productos de aprovechamientos federales y está facultada para practicar visitas domiciliarias, a los contribuyentes, para revisar su contabilidad, bienes y mercancías a fin de comprobar que se ha cumplido con las disposiciones fiscales, porque el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga las atribuciones mencionadas, no es discutible en el caso que se examina, además que el precepto constitucional al conceder esa facultad, prevé que en todo caso deberá sujetarse a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos y en ese orden de cosas, es correcta la interpretación que hace la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación del artículo 133, fracción X, en relación con el 60, fracción VIII, del reglamento antes mencionado, en el sentido de que las Administraciones Fiscales Regionales únicamente estaban facultadas para ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones y verificaciones, y compete a la Dirección General de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, artículo 60, fracción VIII, ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones y verificaciones, de donde se colige que la primera de las autoridades no tenía facultades para ordenar la práctica de auditoría a Concretos Mexicanos Monclova, Sociedad Anónima, y por ende su orden es ineficaz, ya que lo hizo el quince de julio de mil novecientos ochenta y siete. Apoya su razonamiento al expresar que el propio legislador distinguió entre la atribución de ordenar visitas domiciliarias, inspecciones y verificaciones y la de ordenar la práctica de auditorías, porque en el diverso artículo 131, fracción XVIII, del citado reglamento, sí otorga expresamente la facultad referida al prever en lo conducente: "Compete a las Administraciones Fiscales Federales, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, en los términos y con las excepciones, número, nombre y estructura que en seguida se menciona: ... XVIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones y verificaciones...", precepto vigente a partir del dieciséis de abril de mil novecientos ochenta y ocho y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo del mismo año; de todo lo expuesto se concluye que se actualiza la hipótesis de la fracción I, del artículo 238, del Código Fiscal de la Federación, que dice: "Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución" y hace procedente la nulidad de la resolución combatida por Concretos Mexicanos Monclova, Sociedad Anónima, sin que sea óbice para llegar a ella que el precepto en comento adquiera vigencia con motivo del decreto del presidente de la República, puesto que el reglamento tiene la finalidad de proveer a la exacta observancia de la ley, señalando los trámites que deben seguirse por las autoridades tributarias para afectar válidamente la esfera jurídica del contribuyente.

Por otra parte, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga las facultades a que se hace mención en el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no implica que las diversas unidades de dirección y administración que la integran, tengan todas las facultades de la secretaría misma, pues a cada una de esas dependencias, conforme al reglamento, se les faculta y concede atribuciones para el mejor desempeño de la propia secretaría, de ahí por qué el contenido de la fracción XVIII, del artículo 131, del precitado Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

No existe violación del repetido artículo 238, fracción I, de la citada ley, el que la Sala resuelva en el sentido de que los administradores fiscales federales para el dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho, no tenían facultades para emitir constancias de identificación a los visitadores para llevar a cabo las diligencias contenidas en las actas fechadas el treinta y treinta y uno de agosto, ocho y catorce de septiembre y siete de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, en las que se recabaron datos aportados por los terceros Refractarios Básicos, Sociedad Anónima, Materiales René Amezcua, Sociedad Anónima de Capital Variable y Minera Titanes, Sociedad Anónima de Capital Variable, que fueron utilizados para la determinación del acuerdo combatido en el expediente número 196/991, y que por dicho motivo procede la nulidad demandada, ya que el personal así autorizado para llevar a cabo visitas domiciliarias, auditorías o inspecciones a los contribuyentes, obraba ilegítimamente, pues no es válido inferir que en las facultades para ordenar la práctica de visitas domiciliarias, inspecciones y verificaciones estén implícitas las de emitir documentos identificatorios, habida cuenta que el personal que practique la visita de auditoría, debe tener nombramiento legítimo y ello se obtiene recibiéndolo de quien esté facultado y si no acontece así, es incuestionable que cualesquiera práctica de visita domiciliaria, auditoría, inspección y verificación que concluya en la determinación de un crédito fiscal, está afectado de ilegalidad por ser ilegítimo su nombramiento y es incontrovertible que se actualiza la fracción I, del artículo 238, puesto que lo que en su nacimiento es nulo sólo puede producir actuaciones procedimentales nulas.

Aduce la recurrente que la Sala violó en su perjuicio los artículos 237 y 238, fracciones II y III, del Código Fiscal de la Federación, porque el hecho de que los visitadores no se hayan identificado en forma pormenorizada y circunstanciada, de ninguna manera significa que se actualice la causal de anulación a que se refiere la fracción III, del último de los preceptos invocados, pues es preciso que el contribuyente demuestre que se afectaron sus defensas y trascienda al sentido de la resolución y que apoyar la sentencia impugnada en la fracción II, del referido precepto legal es indebido porque en todo caso se trata de vicios del procedimiento.

Contrario a lo que aduce se tiene que el artículo 237, del Código Fiscal de la Federación dice: "las sentencias del tribunal fiscal se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. Cuando se hagan valer diversos conceptos de nulidad por omisión de formalidades o violaciones de procedimiento, la sentencia o resolución de la Sala deberá examinar y resolver cada uno, aun cuando considere fundado alguno de ellos. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios del procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución. Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.".

Por otra parte el artículo 238, fracción II, prevé: "Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: ... II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.".

Por último el artículo 44, fracción III, dice: "En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente: ...III. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita.".

De la lectura e interpretación de los preceptos legales transcritos, se obtiene que la Sala está en lo correcto al encuadrar la conducta de los visitadores en la fracción II, del precitado artículo 238, porque efectivamente la identificación es una formalidad esencial que debe observarse para proceder válidamente a realizar visitas domiciliarias, inspecciones, auditorías y verificaciones, para en seguida iniciar el procedimiento de la visita o investigación administrativa que se traduce al procedimiento propiamente dicho y en el caso no se examina el procedimiento seguido en la investigación aludida, sino únicamente el acto formal de identificación, de manera que la Sala constriñó su actuación observando el artículo 237, del citado Código Fiscal de la Federación y advirtiendo la omisión de los requisitos formales exigidos por la ley de la materia, procedió a decretar la nulidad por la violación de la fracción III, del último de los preceptos transcritos, dado que al identificarse no lo hicieron plenamente ante el señor Sergio Rodríguez Villarreal persona con quien entendieron esa diligencia pues aun cuando aparece en las credenciales o documentos identificatorios la fotografía, el nombre y la firma de cada uno de los visitadores, no precisaron otros pormenores como la fecha de las credenciales y su vigencia, el nombre del funcionario que las emitió, el precepto legal que le otorga competencia para hacerlo, los datos personales de los visitadores y relativos a su representación, apoyando los razonamientos anteriores en la tesis de jurisprudencia 6/90, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número treinta y cinco, del mes de noviembre de mil novecientos noventa, en la página setenta y dos, que dice: "VISITAS DOMICILIARIAS. REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACION DE LOS INSPECTORES QUE LAS PRACTICAN.-Para satisfacer con plenitud el requisito legal de identificación en las visitas domiciliarias, es necesario que en las actas de auditoría se asienten todos los datos necesarios que permitan una plena seguridad de que el visitado se encuentra ante personas que efectivamente representan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que por tal motivo pueden introducirse a su domicilio, por lo que es menester se asiente la fecha de las credenciales y el nombre de quien las expide para precisar su vigencia y tener la seguridad de que esas personas efectivamente prestan sus servicios en la secretaría, además de todos los datos relativos a la personalidad de los visitadores y su representación, tomando también en cuenta que mediante la identificación mencionada, se deben dar a conocer al visitado cuestiones relacionadas con esa personalidad, para protegerlo en sus garantías individuales, ya que de esas prácticas de inspección o visita, pueden derivar posibles afectaciones a sus intereses jurídicos.".

De lo expuesto se concluye que no existe omisión de la aplicación de la fracción III, del artículo en comento, por no tratarse de vicios de procedimiento la no identificación plena de los visitadores.

Es inexacto que se violan los artículos 259 y 260, del referido código tributario, porque como ya se dijo la Sala de manera alguna apoya su resolución en la fracción III, del multicitado artículo 238, por estimar que no se trata de vicios del procedimiento sino esencialmente en la omisión de formalidades como es no identificarse plenamente, amén de que su resolución la apoya en la tesis jurisprudencial 6/90 ya citada, a cuya transcripción se remite, jurisprudencia que atento a lo previsto por los artículos 94, constitucional y 192, de la Ley de Amparo, es obligatoria y por ende debe observarse dada la jerarquía frente a cualquier norma secundaria o criterio que provenga de un tribunal del fuero federal o común y por consiguiente no le causa perjuicio al recurrente siendo infundado el sexto agravio que se examina.

Como se dijo, el séptimo agravio resulta fundado en atención a que de conformidad con el último párrafo del artículo 239, del Código Fiscal de la Federación, el tribunal administrativo que declare la nulidad de una resolución impugnada, deberá hacerlo para el efecto de que se emita nueva resolución cuando se actualice alguna de las hipótesis previstas en las fracciones II y III y en su caso V, del artículo 238, del código en cita, de tal manera que, la Sala al haber dictado en forma lisa y llana la nulidad de la resolución combatida, debió declarar la nulidad de dicha resolución para el efecto de que previa la reposición del procedimiento administrativo de investigación en el que subsanen cabalmente los datos y circunstancias omitidas, emita la autoridad fiscalizadora la resolución que corresponda, puesto que en la especie se fundó en la fracción II, del precepto aludido, por lo que atendiendo a la naturaleza del recurso de revisión fiscal que se examina, procede modificarse en este solo aspecto el II punto resolutivo del fallo que se revisa; sirve de apoyo lo resuelto por este Tribunal Colegiado en los tocas números 538/91, 514/91 y 50/92. Según ejecutorias del ocho y veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y uno y veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Por lo expuesto y con fundamento además, en lo dispuesto por los artículos 104, inciso I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 y 91, de la Ley de Amparo; y 44, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-SE MODIFICA la sentencia que se revisa en el segundo punto resolutivo quedando como sigue:

SEGUNDO.-Se declara la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que se reponga el procedimiento administrativo de investigación, en términos de lo establecido en el considerando cuarto anterior y, en su oportunidad, pronuncie la autoridad fiscalizadora la resolución que en derecho proceda.

Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de registro; con testimonio autorizado de esta resolución vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Julio Ibarrola González, Enrique Rodríguez Olmedo y Pablo Camacho Reyes, siendo ponente el tercero de los nombrados, quienes firman en unión del secretario de Acuerdos del mismo, que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1103-aff5249c/sentencias-del-tribunal-fiscal-de-la-federacion-declaratoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.