ACTUACIONES JUDICIALES, VALOR DE LAS (LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN).
AMPARO EN REVISION 124/93. JUAN RAMON CERVANTES CASTILLO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.- Son infundados los precedentes agravios.
En contrario de lo que el recurrente argumenta, es correcta la apreciación del a quo de que el actuario ajustó su actuación a lo dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, cuando al verificar la diligencia de emplazamiento y embargo, dejó al demandado citatorio para que lo esperara hora y media después de su primera búsqueda, y ello es así habida cuenta que la disposición al efecto del código adjetivo de la materia, de que "la primera notificación se hará en la casa designada al efecto y en la persona misma del que deba ser notificado, y no encontrándolo el notificador y cerciorado de que el notificado vive en dicha casa y está en la población, le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, y si no espera, se le hará la notificación por instructivo...", deriva que la ley sólo constriñe al notificador, al practicar la diligencia y en el supuesto de que la persona que deba de notificar no se encuentre en el domicilio, después que se cerciore de que vive en la casa y se encuentra en la población, a dejarle citatorio para hora fija dentro del lapso de las veinticuatro horas siguientes; esto es el dispositivo legal en trato, establece un tiempo máximo que debe transcurrir entre la primera y segunda de la búsqueda de la persona, que no lo será mayor de veinticuatro horas, pero en modo alguno precisa un tiempo mínimo que deba de transcurrir para que el actuario pueda regresar al domicilio del demandado a notificar, deviniendo por ello que si el citatorio lo dejó el actuario para que Juan Ramón Cervantes Castillo lo esperara hora y media después de la vez primera en que se constituyó en la casa, con tal actuación adecuó su proceder a lo establecido por el precepto legal en comento, y si bien es cierto que el a quo, por las razones que se asientan en la sentencia a revisión, concluye prudente el lapso de tiempo que medió entre el citatorio y la diligencia de emplazamiento, argumentando la poca extensión territorial y fácil tránsito y desplazamiento de un punto a otro de la población de Jacona, y que el ahora recurrente argumenta que no lo es, por las razones que expresa, no menos cierto resulta que este tribunal se encuentre impedido para verificar la certeza de las afirmaciones del recurrente, virtud a que al respecto no obra prueba alguna que corrobore su dicho.
Ciertamente la falta de emplazamiento legal constituye, dentro de un procedimiento, la mayor y más grave de las violaciones procesales, porque la omisión de llamamiento al juicio impide al demandado dar contestación a la demanda, oponer excepciones y defensas y le priva del derecho de presentar las pruebas que acrediten sus derechos y que contradigan las pruebas de su contraparte, siendo por ello que se ha consagrado, como obligación para los Jueces, la de analizar en forma oficiosa, si al practicarse la diligencia de emplazamiento se observaron o no las formalidades de la ley; sin embargo, en el caso a estudio, y como bien determinó el Juez a quo, no se aprecia que el acto reclamado contravenga las disposiciones que consagra el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2o. del Código de Comercio, y según el criterio con el que nuestro Máximo Tribunal resolvió la contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados del Quinto y Octavo Circuito, en la jurisprudencia que bajo el número 179 aparece publicado a fojas 286 de la Segunda Parte, Salas y Tesis, Tomo D a la O, del rubro "EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DEL DERECHO COMUN LOCAL", y porque de la lectura del acta levantada por el actuario judicial señalado como responsable, deriva que ese funcionario se constituyó en el domicilio señalado como el de Juan Ramón Cervantes Castillo, demandado en el juicio ejecutivo mercantil 1554/92, y que lo fue en el ubicado en el número 120 de la calle Guillermo Prieto de la población de Jacona, Michoacán; que se cercioró por manifestación que le hizo María Teresa Mariscal de Cervantes, quien dijo ser esposa del demandado, que la casa en que se constituyó era el domicilio de Juan Ramón Cervantes Castillo, y que además éste sí se encontraba dentro de la población, mas no, en ese momento, en el domicilio, por lo que el funcionario público procedió a dejar al demandado citatorio para hora fija y en un lapso de tiempo que no excedió, como así lo exige la ley, de las veinticuatro horas siguientes a la primera búsqueda, y fijó las catorce treinta horas del mismo día, hora en que el actuario se volvió a constituir en el domicilio en busca de Juan Ramón Cervantes Castillo y en donde al recibir noticia de que el demandado, a pesar del citatorio, no se encontraba en la casa, procedió a entender la diligencia con la persona a quien encontró, que lo fue María Teresa Mariscal de Cervantes, la que reiteró ser la esposa del demandado; actuación judicial que, como justa y legalmente determinó el a quo, reúne las exigencias del precepto 80 del código adjetivo de la materia, y a la que le corresponde, en términos de lo establecido por el artículo 562 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, valor de prueba plena en atención a la fe pública de que se encuentra investido el actuario que la practicó, de funcionario judicial actuando en ejercicio de su encargo, y que conlleva como obligación para quien pretenda restar valor probatorio a tales diligencias, la de probar con medios de convicción igualmente valederos o idóneos, las anormalidades o vicios de forma o materiales que les atribuya. Como así lo establece el criterio que ha sostenido este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión 418/91, 101/92, 188/92 y 350/92, en la tesis que a la letra dice: "ACTUACIONES JUDICIALES, VALOR DE LAS (LEGISLACION DEL ESTADO DE MICHOACAN).- Teniendo las actuaciones judiciales el carácter de prueba plena acorde lo determinado por el artículo 562 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, y dada la fe pública de que están investidos los actuarios como funcionarios judiciales al actuar en ejercicio de su encargo, resulta que corresponde a quien pretende restar valor probatorio a las diligencias por ellos levantadas, el probar, con medios de convicción igualmente valederos o idóneos, que son ciertas las anormalidades o vicios de forma o materiales que se imputan a esas actuaciones."
Exigencia que, como bien se establece en el fallo a revisión, no fue colmada por el quejoso habida cuenta que en contrario de lo que señalan los agravios, para ello resultan ineficaces los artículos de prueba testimonial, ofrecidos y desahogados en autos, el primero de los cuales estuvo a cargo de los atestes Joel García González, Juan de Jesús Mendoza Avalos y Francisco Alfani de la Cruz, cuyo dicho es ineficaz virtud a que, como con acierto hace notar el Juez de amparo, manifestaron que sabían que el día dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres Juan Ramón Cervantes Castillo no se encontraba dentro de la población de Jacona, Michoacán, y sí en Zamora, Michoacán, por información que el mismo quejoso les proporcionó; referente al segundo medio de convicción, que lo es el artículo de prueba testimonial en que depusieron Luis Salas Mora, Jorge Reyes Martínez y Francisco Padilla Valenzuela, es también acertada la valoración que de su dicho verificó el Juez Federal en el fallo a revisión, pues a tal conclusión se arriba desde el momento en que este grupo de testigos ubican a Juan Ramón Cervantes Castillo, el día dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y dos, en el poblado La Luz, Michoacán, en tanto que el primero señala que el quejoso se encontraba en la población de Zamora, Michoacán, y según la propia versión de Juan Ramón Cervantes Castillo; con lo que deviene la inaplicabilidad de la tesis que invoca el inconforme, del rubro "TESTIGO DE OIDAS", precisamente por la contradicción en la información proporcionada, en que se incurre por el primer grupo de testigos, los que reiteraron que conocían que el quejoso el día del evento estuvo en la población de Zamora, Michoacán, por el propio relato que Juan Ramón Cervantes Castillo les hizo, y respecto de lo que manifestó el segundo grupo de testigos; prueba de la cual el a quo en forma correcta analizó, preferentemente la respuesta que se dio a la quinta de las preguntas, por ser en el caso a estudio la que fundamentalmente proporciona datos sobre la cuestión a debate; negativa de valor conferida acertadamente por el a quo por ser cierto, además, que el quejoso no informó, en el relato de hechos de su demanda, de cuál fue el lugar en que supuestamente se encontraba el día del emplazamiento, ni indicó qué personas se percataron de tal situación; lo que tornó inútil la prueba testimonial ya que ésta tuvo por objeto acreditar que el día dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y dos no estuvo en Jacona por haberse encontrado en diferente población, y si no precisó en su demanda en qué sitio estuvo, es evidente que no es a través del material de convicción, que pueda legalmente subsanarse esa omisión; teniendo al caso cabal aplicación las tesis invocadas por el Juez de Distrito, de los rubros "PRUEBAS INEFICACIA DE LAS, SI TIENEN COMO MATERIA HECHOS NO MENCIONADOS EN LA DEMANDA O EN LA CONTESTACION" y "TESTIGOS. SU DICHO CARECE DE EFICACIA PROBATORIA, AUN CUANDO SEAN ENTRE SI SUSTANCIALMENTE COINCIDENTES, SI DIFIEREN DE LO AFIRMADO EN LA DEMANDA POR SU PRESENTANTE"; pero primordialmente la ineficacia de tales medios de prueba deriva de la contradicción que existe entre el dicho de los atestes y lo que el actuario afirmó al momento de la diligencia, la que se reitera tiene valor pleno, y que no se encuentra contradicha por dato del que sea factible concluir, aun presuntivamente, que sea falso lo asentado por el actuario, de que la actuación la entendió con María Teresa Mariscal de Cervantes, y que éste le informó que Juan Ramón Cervantes Castillo, en ese momento, no se encontraba en ese domicilio, pero sí dentro de la población.
Sin que asista razón al inconforme cuando afirma, que las pruebas que presentó son suficientes para desvirtuar el valor que atañe al acto reclamado, por acreditar, en el actuario, una conducta irracional, arbitraria e imprudente, habida cuenta que en contrario de lo así aseverado, las pruebas ofrecidas y desahogadas por el quejoso no resultaron en la especie, según las razones asentadas al analizar las mismas, suficientes ni idóneas para desvirtuar la fe del actuario.
En ese orden de ideas, al resultar legales y correctos los fundamentos del fallo a revisión, e infundados los agravios expresados, lo procedente es que se confirme la sentencia que se revisa.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma la sentencia que se revisa.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JUAN RAMON CERVANTES CASTILLO, en contra de las autoridades y por los actos que se precisaron en el resultado primero de este fallo.
Notifíquese; publíquese; anótese en el libro de registro, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y en su oportunidad archívese el expediente.
Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los ciudadanos Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, licenciados: Salvador Enrique Castillo Morales, Raúl Murillo Delgado y Juan Díaz Ponce de León, habiendo sido relator el segundo de los nombrados, quienes firman con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1133-11f467ff/actuaciones-judiciales-valor-de-las-legislacion-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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