VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. DEBE NEGARSE LA SUSPENSION, SI NO SE DEMUESTRA SU ESTANCIA LEGAL EN EL PAIS.
QUEJA 26/93. DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS, FIRMANDO EN SU AUSENCIA EL ADMINISTRADOR CENTRAL DE REGULACION DEL DESPACHO ADUANERO.
CONSIDERANDO:
QUINTO. El primer y segundo agravios aducidos por la autoridad recurrente son fundados y suficientes para revocar el auto materia de esta queja.
En efecto, tal como lo aduce la responsable administrador general de Aduanas, el auto recurrido carece de la debida motivación, ya que el a quo omite señalar las consideraciones que lo llevaron a tener por cumplidos los requisitos que exige el artículo citado para conceder la medida suspensional, haciendo la concesión de mérito en forma dogmática. Se afirma lo anterior, porque como puede advertirse del auto impugnado, el Juez de amparo al resolver en la manera apuntada, no expresa las razones de hecho ni las consideraciones legales, así como tampoco razonamiento lógico jurídico en que se apoyó para aseverar que en el caso se reúnen los extremos del ya citado artículo 124 de la Ley de Amparo.
También asiste la razón a la recurrente cuando afirma que la medida suspensional otorgada contraviene lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que respecto de los vehículos por los cuales se otorga la medida cautelar, no se acreditó su legal estancia o tenencia en el país. Ciertamente, tal como lo alega la recurrente, con la concesión de la suspensión provisional se permite la estancia y circulación en el país de vehículos procedentes del extranjero de los cuales la parte quejosa se ostenta como propietaria y poseedora concediéndoles con ello un derecho que no demostraron tener y consecuentemente si no acreditaron la estancia legal de los vehículos de los que se ostentan propietarios, con alguno de los documentos a que se refiere el artículo 117 de la Ley Aduanera, es inconcuso que de concederse la suspensión provisional de los actos reclamados, el juzgador de amparo se sustituiría a la autoridad administrativa, otorgándole a la quejosa un derecho que no demuestra, por lo que cabe concluir que al concederse la suspensión provisional, se conculcó lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo, como con atingencia lo argumenta la inconforme.
No pasa inadvertido para este tribunal el hecho de que de la copia de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señaló que adjuntaba los documentos para acreditar tanto el ingreso al país como la legal estancia de los vehículos que describió, empero no se aprecia que tales documentos efectivamente hayan sido exhibidos al Juez de amparo, ya que ni siquiera se cuenta con el sello de recibido por el juzgado.
En las consideraciones apuntadas, lo que procede es declarar fundada la queja, reiterando que no fue materia de consideración alguna, lo concerniente al otorgamiento de la medida cautelar para el efecto de que los tripulantes de los vehículos que fueron descritos en la demanda de garantías no sean privados de su libertad personal fuera de procedimiento judicial, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, siempre y cuando no exista en su contra orden de aprehensión dictada por autoridad competente o se trate de los casos de flagrante delito, en virtud que sobre ese particular no existe inconformidad.
En esa virtud, el estudio de los restantes argumentos expresados por la parte recurrente se hace innecesario.
Similar criterio al aquí establecido sustentó este Tribunal Colegiado al resolver los recursos de queja 11/92, interpuesto por el procurador fiscal en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público; 22/92 interpuesto por el presidente de la República Mexicana y otras autoridades; 12/93 interpuesto por el procurador fiscal federal en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público y 24/93 interpuesto por los administradores locales de Auditoría Fiscal de Cuernavaca, Morelos y Veracruz, Veracruz, recursos que fueron fallados los días veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, diez de febrero de mil novecientos noventa y tres y treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y tres, respectivamente; lo que se asienta para que obre como precedentes del asunto aquí resuelto.
Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve:
UNICO.- Es fundada la queja que hace valer el administrador general de Aduanas en contra del auto de fecha dos de febrero de mil novecientos noventa y tres, dictado por el Juez de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en la ciudad de La Paz, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 57/93.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, licenciados: Nicolás Nazar Sevilla, Carlos Arturo Lazalde Montoya y Hugo Arturo Baizábal Maldonado, siendo ponente el primero de los nombrados. Doy fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1139-17f009be/vehiculos-de-procedencia-extranjera-debe-negarse-la-suspension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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