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Modo: Corpus Pro

QUEJA, OBLIGACION DEL INTERESADO DE ALLEGAR AL RECURSO, LAS CONSTANCIAS QUE DEMUESTREN LAS IMPUGNACIONES EN QUE SE BASAN LOS AGRAVIOS.

Tipo de asunto: QUEJA ADMINISTRATIVA 29/92. · Registro digital (IUS): 1130
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS A NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA EN SU AUSENCIA Y EN LA DE LOS SUBSECRETARIOS DEL RAMO Y OFICIAL MAYOR.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Julio de 1992, , Pág. 281.

QUEJA ADMINISTRATIVA 29/92. LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS A NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA EN SU AUSENCIA Y EN LA DE LOS SUBSECRETARIOS DEL RAMO Y OFICIAL MAYOR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, es competente para conocer y resolver del presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, de la Ley de Amparo y 44, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO.- La parte recurrente expresa los siguientes agravios: "PRIMERO.- Lo causa el C. Juez Primero de Distrito del conocimiento, porque con su determinación causa agravio a esta responsable, por su indebida aplicación del artículo 224 en relación con el 225 y 226 y la omisión de aplicar el numeral 149, violando también el artículo 3o. bis, de la Ley de Amparo. En efecto, el C. Juez del conocimiento establece en el auto que se recurre, que la autoridad responsable no ha rendido su respectivo informe justificado solicitado, y que con apoyo en el artículo 224 relacionado con el 225 y 226 de la Ley de Amparo, se le impone una multa por la cantidad de 20 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal requiriéndose de nueva cuenta para que rinda su informe justificado en términos del artículo primeramente citado, apercibida que de no hacerlo así, se les aplicará una nueva multa por la cantidad de 40 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Ahora bien, el artículo 224 establece que las autoridades responsables, deberán acompañar a sus informes copias certificadas de las actas de posesión y de los planos de ejecución de esas diligencias de los censos agrarios y de los certificados de derechos agrarios, de los títulos de parcela y de las demás constancias necesarias para determinar con precisión los derechos del quejoso y del tercero perjudicado en su caso, así como de los actos reclamados. La autoridad que no remita las constancias certificadas a que se refiere este artículo, será sancionada con multa de 20 a 120 días de salario mínimo. En caso de que subsista la omisión no obstante lo requerido por el Juez Federal, la multa se irá duplicando en cada nuevo requerimiento hasta obtener el cumplimiento de esta obligación. Cabe hacer notar a ese H. Tribunal que el Juez del conocimiento, está en un error al aplicar en perjuicio de éstas responsables la multa a que se contrae el precitado artículo 224, pues es evidente que dicho numeral, contempla un supuesto diverso al de la sanción pecuniaria impuesta por el juzgador que es la relativa a la falta de constancias que deben aportarse al rendir las autoridades agrarias su informe justificado, y no precisamente por la falta del propio informe. Ahora bien, el Juez del conocimiento tiene a su alcance para hacer cumplir su requerimiento de informe justificado a ésta responsable, la sanción que prevé el penúltimo párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual establece que: "Si la autoridad responsable no rinde informe con justificación, o lo hace sin remitir en su caso la copia certificada a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, el Juez de Distrito le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de 10 a 150 días de salario". El imperativo legal consignado en el precitado artículo, fue emitido por el Juez del conocimiento, irrogando con ello en perjuicio de estas recurrentes el consiguiente agravio. SEGUNDO.- Amén de lo anterior, el acuerdo que constituye la materia de esta queja, es también violatorio del artículo 3o. bis de la Ley de Amparo, en tanto que para la aplicación de la sanción pecuniaria que el mismo contiene, el juzgador omitió establecer las circunstancias que lo indujeron a presumir la mala fe de esta responsable respecto de la omisión de rendir el correspondiente informe justificado. El artículo 3o. bis referido, dispone que las multas previstas en la Ley de Amparo, se aplicarán por el juzgador a sus infractores sólo que a su juicio hubieren actuado de mala fe. En estas condiciones, el órgano de Control Constitucional debió analizar si en el presente caso se daban o no los supuestos a que se refiere el artículo 3o. bis de la Ley de Amparo y de no encontrar mala fe en la conducta de esa autoridad, debió de abstenerse de aplicar la sanción que constituye la materia de esta queja, al no haberlo hecho así, se traduce en violación al numeral aludido, por lo que nos causa el consiguiente agravio, debiendo revocarse el proveído impugnado para que se deje sin efecto tanto la multa como el nuevo apercibimiento y se fundamente debidamente los subsecuentes requerimientos en el artículo 149 de la Ley de Amparo.- Firmo el presente ocurso por el Secretario de la Reforma Agraria, en su ausencia y en la de los Subsecretarios del Ramo y Oficial Mayor con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 12 fracción VII en relación con el 32 del Reglamento Interior de esta Secretaría de Estado".

TERCERO.- Los transcritos agravios son infundados.

El auto que se recurre lo es el pronunciado por el Juez Primero de Distrito en el Estado, de fecha veinticinco de marzo del año en curso, dictado dentro del juicio de amparo número I-656/76, en la parte en que se acordó: "...; tomando en consideración que el Secretario de la Reforma Agraria en México, Distrito Federal, no cumplió con la prevención que se le hizo en el auto de veinticuatro de febrero del presente año, hágasele efectiva la multa por la cantidad de veinte días de salario mínimo con la que se le apercibió en el mismo, para lo cual gírese el oficio que corresponda".

En efecto, la autoridad quejosa señala que dicho juzgador de amparo le irrogó perjuicio al pronunciar ese proveído, cuando en él, por no haber rendido el respectivo informe justificado que se le solicitó, con apoyo en el numeral 224, relacionado con el 225 y 226 de la Ley de Amparo, le impuso una multa por la cantidad de veinte días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, siendo que, afirma, ese precepto contempla como supuesto de aplicación de tal sanción pecuniaria el que las autoridades agrarias omitan remitir las constancias que deben aportar al rendir su informe justificado, pero no resulta aplicable, aduce, cuando no remitan el propio informe, como ocurre en la especie; y en esa virtud, sostiene, dicho juzgador debió imponerle, en todo caso, la sanción que establece el diverso artículo 149 del ordenamiento en cita, para hacer cumplir su requerimiento de informe justificado; y asimismo, asevera que dicho Juez de Distrito al pronunciar el acuerdo recurrido, también transgredió en su perjuicio el precepto 3o. bis del cuerpo de leyes invocado, pues éste dispone que las multas previstas en la Ley de Amparo, se aplicarán por el juzgador a sus infractores sólo que a su juicio hubiese actuado de mala fe y, concluye, en el acuerdo respectivo dicho juzgador no expuso las circunstancias que lo indujeron a presumir la mala fe de la responsable, respecto de su omisión de rendir el correspondiente informe justificado.

Ahora bien, cabe indicar que en tratándose del recurso de queja, corresponde a quien lo intente, la prueba no sólo de la existencia de la resolución combatida, sino también el aportar los medios de convicción necesarios que hagan patentes las aseveraciones en que se funden sus agravios; ello se torna así, porque si tratándose del amparo directo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que quien intenta el juicio constitucional, como agraviado, debe aportar al mismo todos los elementos que justifiquen los conceptos de violación en que basa su impugnación de inconstitucionalidad, y que si no los acompaña deben tenerse por subsistentes las consideraciones que motivaron tal resolución y negarse el amparo, salvo los casos de que del solo texto de la sentencia aparezcan fundados; a idéntica conclusión debe arribarse en relación a las quejas, dado que derivando éstas de los juicios de amparo, aquel criterio tiene aplicación analógica.

En esa virtud, y apareciendo de autos que el Juez de Distrito a su informe con justificación únicamente anexó copia del proveído materia del recurso, así como del diverso que pronunció el once de noviembre de mil novecientos noventa, mediante el que se giró oficio al secretario de la Reforma Agraria en México, Distrito Federal, para que de inmediato, en su carácter de superior jerárquico, informara al juzgado la dependencia en la cual obraban diversas constancias que le fueron solicitadas, consistentes en el dictamen emitido por el cuerpo consultivo agrario que se tomó en cuenta para dictar la resolución presidencial del dieciocho de enero de mil novecientos treinta y nueve, el dictamen emitido por dicho organismo el veinticuatro de octubre de esa anualidad, conforme al cual se ejecutó dicha resolución presidencial, y el plano conforme al cual se dio posesión al núcleo de población de Guáscuaro, Municipio de Tingüindín, Michoacán, y de cuyo incumplimiento adujo el Juez de Distrito en ese informe justificado que rindió, derivó la imposición de la multa de referencia; pero no se allegó constancia del diverso proveído del veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos, que es donde obra el apercibimiento relativo a la imposición de la multa materia de la presente queja, equivalente a veinte días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal y en el que además se indica la circunstancia que motivó la misma y que se hizo efectiva en el auto fechado el veinticinco de marzo de ese año; es inconcuso que la autoridad recurrente incumplió con la carga procesal que le correspondía, según ya se dijo, de aportar las pruebas necesarias para acreditar la existencia del motivo de inconformidad que expuso, pues no es posible determinar, sin dicha constancia, si el apercibimiento que ahí se hizo efectivo en el auto de fecha veinticinco de marzo del año en curso, se apoyó como lo afirma la quejosa, precisamente en haber omitido rendir el informe con justificación, si asimismo tuvo como fundamento lo dispuesto por el artículo 224, en relación con los numerales 225 y 226 de la Ley de Amparo, como también lo asegura la autoridad recurrente, y si era aplicable o no, en esa virtud, lo previsto en el artículo 3o. bis del ordenamiento aludido; por lo que debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar infundado el recurso de queja.

Al respecto, tiene aplicación el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver, con fecha once de marzo de mil novecientos noventa y dos, la queja de queja penal 48/91, promovida por Evaristo Patricio Andrade García, en la tesis que es del tenor siguiente: "QUEJA OBLIGACION DEL INTERESADO DE ALLEGAR AL RECURSO, LAS CONSTANCIAS QUE DEMUESTREN LAS IMPUGNACIONES EN QUE SE BASAN LOS AGRAVIOS.- Es a cargo del recurrente en queja demostrar no sólo la existencia de la resolución combatida, sino también aportar al expediente las pruebas encaminadas a evidenciar los agravios en que funda sus alegaciones, en atención a que si tratándose del amparo directo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia firme, ha sustentado el criterio de que el que intente el juicio constitucional como agraviado, debe solicitar de la autoridad responsable copia certificada de la sentencia que reclama y de las demás constancias que estime necesarias para comprobar su existencia, así como todos los elementos que justifiquen los conceptos de violación en que base su impugnación de inconstitucionalidad, ya que si no las acompaña, ni la responsable las envía, deben tenerse por subsistentes las consideraciones que motivaron tal resolución y negarse la protección federal al quejoso, salvo el caso de que el solo texto de la sentencia aparezcan fundados; por analogía debe aplicarse el mismo criterio con respecto a las quejas, ya que éstas derivan de los juicios de amparo.".

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

UNICO.- Es infundado el recurso de queja que promueve la encargada del despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos a nombre del secretario de la Reforma Agraria en su ausencia y en la de los subsecretarios del ramo y Oficial Mayor, en contra del acuerdo emitido por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, en el juicio de amparo I- 656/76.

Notifíquese; publíquese; anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad responsable que los remitió y en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los ciudadanos Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Licenciados: Juan Díaz Ponce de León, Salvador Enrique Castillo Morales y Raúl Murillo Delgado, habiendo sido relator el segundo de los nombrados, quienes firman con la secretaria de Acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1130-85040305/queja-obligacion-del-interesado-de-allegar-al-recurso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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