CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO, MULTA IMPROCEDENTE PARA OBTENER EL.
QUEJA 124/94. DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Son esencialmente fundados los agravios hechos valer por las autoridades recurrentes, de conformidad con las siguientes consideraciones:
En efecto, es conveniente dejar establecido que las recurrentes alegan, sustancialmente, que el auto de dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, en el que se le hace efectivo el apercibimiento decretado por el diverso auto de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres, imponiéndoseles una multa de 20 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal (el que consideran no consentido pues lo recurrieron al través del correspondiente recurso de queja), y apercibiéndolos con una nueva multa por la cantidad de cuarenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, para el caso de incumplimiento, no está debidamente fundado y motivado, toda vez que la Ley de Amparo en su capítulo XII, Título Primero, del Libro Primero, establece las reglas específicas para obligar al cumplimiento de las sentencias de amparo, y agregan en todo caso, el artículo 3o. bis de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no constituye el debido fundamento legal para el apercibimiento de multa alguna.
Ahora bien, le asiste la razón a las autoridades inconformes respecto de su afirmación de que el Juez del conocimiento actuó indebidamente al emitir el acuerdo recurrido, porque efectivamente en el asunto en comento se dejaron de aplicar las disposiciones previstas en los artículos 105 y 106 de la Ley de Amparo, en los que se prevé específicamente el procedimiento que debe de seguir el juzgador para obtener el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, tal y como ya se le ha hecho saber en reiteradas ocasiones al resolver los diversos recursos de queja números QA- 364/93 y QA-648/93, relacionadas con el juicio de amparo 265/75, incluso la segunda de las citadas se interpuso en contra del apercibimiento con imposición de multa de 20 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, decretado en el proveído ahora impugnado, por lo que efectivamente, tal como lo sostienen los recurrentes, no puede tenerse por consentido dicho apercibimiento.
En cuanto a las medidas encaminadas al logro de la ejecución de una sentencia de amparo se encuentran la serie de requerimientos que el juzgador federal debió realizar, primero en forma directa a la autoridad responsable y con posterioridad al superior inmediato, para que obligue a dicha responsable a cumplir sin demora la sentencia de que se trata y si a pesar de ello no se obtuviere el cumplimiento, el requerimiento se hará también a dicho superior y si persistiera en su desacato se requerirá al superior jerárquico del superior inmediato, y para el caso de que no se atiendan los requerimientos aludidos, la autoridad que haya conocido del juicio de garantías, determinará el desacato de las responsables y remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución, dejando copia certificada del mismo y de las constancias que fueren necesarias para vigilar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de la ley de la materia; sin embargo de la lectura de los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, mismos que se refieren a la ejecución de las sentencias, no se advierte que contengan disposición alguna que dé facultades al juzgador para imponer sanciones económicas, ni mucho menos para dictar proveídos como el que en la especie se recurre, pues como acertadamente lo sostienen las autoridades recurrentes, en la propia Ley de Amparo concretamente en su capítulo XII, se establecen medidas legales que habrá de agotar el juzgador para obtener el cumplimiento de la sentencia de amparo de que se trata. Es aplicable al caso concreto la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 33 del Tomo XII, correspondiente a la Séptima Epoca del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "SENTENCIAS DE AMPARO, INEJECUCION DE LAS".
Finalmente, cabe señalar que el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado al resolver la queja 364/93, en sesión de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y tres, establece los mismos lineamientos que han quedado precisados en la parte considerativa de esta resolución lo cual es diametralmente opuesto a lo que determinó el Juez Federal.
En consecuencia, debe declararse procedente y fundada la presente queja en términos de las consideraciones expuestas.
PRIMERO.-Es procedente la presente queja.
SEGUNDO.-Es fundada la queja interpuesta por el director de Inafectabilidad Agrícola, Ganadera y Agropecuaria a nombre del secretario de la Reforma Agraria, subsecretarios del ramo y en la del oficial mayor; en contra del auto de dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, dictado en el expediente relativo al juicio de amparo 265/75, promovido por el Comité Ejecutivo Agrario de la Primera Ampliación del Ejido del Poblado Panales Jamaica, Municipio de Tarimoro de Guanajuato.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución, archívese el presente toca.
ASI, por unanimidad de votos de los señores Magistrados presidente Hilario Bárcenas Chávez, David Delgadillo Guerrero y Jaime C. Ramos Carreón (ponente). Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Lo firman los señores Magistrados con la intervención del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/557-b9977c14/cumplimiento-de-las-ejecutorias-de-amparo-multa-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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