ACCION DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA DE COMPRAVENTA. EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL VENDEDOR RESPECTO DEL BIEN OBJETO MATERIA DEL CONTRATO NO ES UN HECHO CONSTITUTIVO QUE DEBA PROBARSE POR EL ACTOR.
CONTRADICCION DE TESIS 25/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO Y TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-En primer término, antes de entrar en materia, debe señalarse, que en el expediente de contradicción de tesis en examen aparece la razón asentada por el actuario adscrito a esta Tercera Sala el trece de septiembre próximo pasado, en la que hace constar, que fueron entregadas al procurador general de la República las copias del acuerdo dictado por la presidencia del propio Cuerpo Colegiado el siete de septiembre de este año, de la denuncia de contradicción y de las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados relativos, en cumplimiento a lo ordenado en el citado proveído.
Al respecto, cabe destacar que el artículo 197-A, primer párrafo de la Ley de Amparo dispone lo siguiente:
"Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días."
Ahora bien, en la especie el procurador general de la República se abstuvo de exponer por sí o por conducto de uno de los agentes del Ministerio Público Federal su parecer en relación a la contradicción de tesis denunciada, por lo que debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en el asunto en virtud de que la facultad prevista por el artículo supratranscrito es potestativa y no obligatoria, de tal forma que resulta procedente emitir la resolución que corresponda sin la opinión de mérito.
Sobre el particular, esta Tercera Sala, en sesión celebrada el dos de julio de mil novecientos noventa aprobó la tesis LXXXVII, que a la letra dice:
"CONTRADICCION DE TESIS. LA ABSTENCION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE ENTENDERSE QUE NO ESTIMO PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.-El artículo 197-A, primer párrafo de la Ley de Amparo concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito."
TERCERO.-El Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 582/91, promovido por Arminda Hernández, el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y dos sustentó la tesis que aparece publicada en la página 383 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, mayo de 1992, que a la letra dice:
"ACCION DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA, PARA QUE PROSPERE LA. ES NECESARIO ACREDITAR QUE EL DEMANDADO ES PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO INFORMAL DE COMPRAVENTA.-Para que prospere la acción de otorgamiento de escritura, es necesario acreditar que el demandado es propietario del inmueble objeto del contrato informal de compra venta, en virtud que de conformidad con lo establecido por el artículo 2243 del Código Civil para el Estado de Chiapas, ninguno puede vender, sino lo que es de su propiedad, supuesto que la venta de cosa ajena es nula."
En lo conducente, las consideraciones contenidas en la ejecutoria pronunciada por dicho órgano jurisdiccional en el juicio de garantías antes precisado, son las siguientes:
"QUINTO.-Los conceptos de violación aducidos por la quejosa, son infundados. En efecto, si bien es cierto que el contrato de compraventa celebrado entre la actora y la demandada, respecto de un lote de terreno, no fue objeto de la controversia en el juicio de otorgamiento de escritura, también lo es, que la Sala responsable estuvo en lo correcto al estimar que es necesario acreditar que dicha demandada es propietaria del inmueble a que se alude en el referido contrato informal de compraventa, para que prospere la acción intentada por la actora, en virtud de que tal y como lo establece el artículo 2243 del Código Civil del Estado, ninguno puede vender, sino lo que es de su propiedad, pues la venta de cosa ajena es nula de acuerdo con el numeral 2244 del ordenamiento legal citado; tal razonamiento no evidencia que la responsable sostenga un criterio antijurídico y con ello vulnere la garantía de legalidad estatuido en el artículo 14 constitucional, ni que se aparte de la norma mencionada con el evidente propósito de favorecer a la demandada, como lo indica la quejosa, puesto que es lógico y jurídico, que en tratándose de bienes inmuebles, pueden éstos pertenecer a los particulares, al Municipio, al Estado o la Nación, resultando como forma idónea para identificar tal circunstancia, la historia registral traslativa de dominio respecto del inmueble; lo anterior es así, supuesto que el Registro Público de la Propiedad se ha instituido como una necesidad de publicidad de los actos que deben inscribirse precisamente como medio de que los terceros logren conocer la historia de cada inmueble, formando una cadena ininterrumpida de actos que registran sus mutaciones o desmembramientos, en estricta observancia del tracto continuo o sucesivo de las obligaciones y enajenaciones no interrumpidas, todo ello, con la finalidad de evitar fraudes y perjuicios que son natural consecuencia de la ignorancia de tales actos, se exige pues, el respeto a la seguridad registral; por ende, es correcta la apreciación de la Sala responsable respecto a la exigencia de comprobar la propiedad a favor de quien figura como vendedor en el contrato informal de compraventa y demandada en el juicio respectivo como presupuesto de la acción de otorgamiento de escritura, pues no puede obligarse a otorgar un documento de tal naturaleza a quien legalmente no puede hacerlo. Tampoco le asiste la razón a la quejosa, cuando aduce que la Sala responsable, con su razonamiento, incurrió en la violación del principio de congruencia, puesto que la ley exige que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, con independencia de que el demandado justifique sus excepciones o defensas, lo cual no hizo; por esta razón resulta intrascendente el hecho de que la demandada no haya comparecido a juicio, ni que tampoco rindiera pruebas. No es óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho de que en autos aparezca haberse declarado fíctamente confesa a la contraparte de la quejosa, supuesto que este medio probatorio no resulta ser el idóneo para justificar el hecho controvertido, esto es, que la demandada sea la propietaria del inmueble, objeto del contrato de compraventa que como documento fundatorio de la acción fue exhibido, como correctamente lo valoró la Sala responsable. Finalmente debe decirse, que si bien es cierto que en términos del artículo 2223 del Código Civil del Estado, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre la cosa y su precio, como lo afirma la quejosa, no es menos cierto, que para que haya materia de una compraventa, se requiere un objeto, y que éste pueda ser dispuesto por quien ejerza un derecho real de disposición o de dominio, pues nadie puede vender cosa ajena, luego entonces, no es exacto el argumento de la impetrante del amparo en el sentido de que este extremo no fue parte sustancial de la acción ejercida, supuesto que, el referido contrato de compraventa fue acompañado en la demanda de la quejosa como documento fundatorio del derecho de exigir la formalización de la operación mediante el otorgamiento de la escritura pública de propiedad, implicando por tanto, que como elemento presupuestal de dicha acción, se surta para la justificación plena de que la demandada, en efecto, en uso del derecho de propiedad, se encuentra legalmente autorizada para cumplir con la obligación concertada de formalizar la referida compraventa; de ahí que, al no haberse acreditado este requisito, exigido por el artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es obvio que su acción no podría prosperar, análisis que en forma ociosa realizó el a quo, pero que le es permitido por la ley. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia número 3, visible en la página 11, de las tesis de ejecutorias 1917-1985, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, Tercera Sala, que dice: 'ACCION, ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.-La improcedencia de la acción, por falta de uno de sus requisitos esenciales, puede ser estimada por el juzgador, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas por la procedencia de dicha acción.'"
Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 340/93, promovido por Herlinda García Rodríguez, el ocho de junio del presente año, sostuvo la tesis identificada con el número TC 072025 CIV, de la que se acompañó a la denuncia copia autorizada, y cuyo tenor literal es el siguiente:
"ACCION DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA, PARA QUE PROSPERE LA, NO SE NECESITA ACREDITAR QUE EL VENDEDOR ES PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO INFORMAL DE COMPRAVENTA (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ).-El artículo 9o. del Código de Procedimientos Civiles de la entidad veracruzana establece: 'El perjudicado por falta de documento legal, tiene acción para exigir que el obligado se lo extienda. En caso de rebeldía, el Juez extenderá el documento en nombre del rebelde'; por tanto si la acción ejercida lo es la de otorgamiento de escritura pública, acción personal, su finalidad es lograr que al contrato celebrado sin las formalidades exigidas por la ley se le dé la forma requerida por ésta; así, no constituye elemento de acción la demostración de la propiedad, dado que la pretensión de otorgamiento de escritura se refiere únicamente a que el contrato se eleve a la categoría de escritura pública y por ende el actor sólo le corresponde demostrar la existencia del contrato previo y que cumplió con la obligación que le corresponde, y si bien el artículo 2202 del Código Civil estatuye que sólo puede venderse lo que es propiedad de quien lleva al cabo la venta y el artículo 2203 del mismo Código Civil establece que la venta de cosa ajena es nula, también lo es que el numeral 2204 del mismo ordenamiento legal permite la revalidación de esa venta si antes de que tenga lugar la evicción, adquiere el vendedor, por cualquier título legítimo la propiedad de la 'cosa vendida', esto es, ese aspecto de la propiedad no es dable considerarlo como un elemento de la acción proforma del 'contrato de compraventa.'"
Las consideraciones en que sustenta la ejecutoria relativa son del tenor literal siguiente:
"QUINTO.-Son sustancialmente fundados los conceptos de violación que en el caso se expresan en atención a las siguientes consideraciones: En efecto, como lo sostiene la quejosa, el ad quem al emitir el fallo combatido en esta vía contraviene lo preceptuado por el artículo 9o. del código procesal civil que establece: 'El perjudicado por falta de documento legal, tiene acción para exigir que el obligado se lo extienda. En caso de rebeldía, el Juez extenderá el documento en nombre del rebelde'; pues, pierde de vista la responsable, en principio, que la acción ejercida lo es el otorgamiento de escritura pública, esto es, una acción personal cuya finalidad es lograr que al contrato, celebrado sin las formalidades exigidas por la ley, se le dé la forma requerida por ésta; en segundo, que la compraventa ya era perfecta desde que el comprador y vendedor acordaran objeto y precio de la cosa; atentos al contenido de las tesis jurisprudenciales números 427 y 429, visibles en las páginas setecientos treinta y setecientos cuarenta y cinco del último Apéndice publicado al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, rubros: 'COMPRAVENTA.' y 'COMPRAVENTA BAJO ASPECTO DE PROMESA DE VENTA.'. Ahora bien, precisado lo anterior es factible desarrollar lo ya indicado respecto a la conculcación al artículo 9o. del código adjetivo del Estado; así, en el caso se estima que no constituye elemento de la acción la demostración de la propiedad, dado que lo que se pretende con la instauración del juicio es que el vendedor otorgue la escritura pública correspondiente cuya obligación existe desde el momento en que se contrata, por ello se considera que la prueba por parte del actor respecto de la propiedad del demandado sobre el bien objeto del contrato de compraventa no constituye un elemento de la acción, como lo pretende la Sala responsable, dado que la pretensión de otorgamiento de escritura se refiere únicamente a que el contrato se eleve a la categoría de escritura pública y por ende a la actora aquí quejosa sólo le corresponde demostrar la existencia del contrato que celebró con la parte demandada y que cumplió con la obligación que le corresponde, mas no como lo indica la ad quem 'de que para la procedencia de la acción deducida es necesario acreditar que la persona a quien se demanda y con la que se contrató, era la propietaria del bien ...', tomándose en cuenta también que lo relativo a la propiedad del inmueble no estuvo sujeta a discusión, esto es, no formó parte de la litis, por lo cual no puede introducirse a guisa de que el Juez debe cuidar que se cumpla con lo dispuesto por el artículo 2202 del Código Civil de la entidad que refiere 'Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad', dado que ello, como ya se dijo constituye introducir una cuestión que no estuvo sujeta a debate ante la potestad común, y la litis quedó fijada, acorde a lo precisado al verificarse la audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles local, en los términos que '... fijó la actora Herlinda García Rodríguez en su escrito de fecha seis de agosto del presente año y mediante el cual reclama a los demandados las prestaciones que en el mismo se señalan y del escrito de contestación de demanda de los señores LETICIA ISABEL SOTO CORDOBA Y JORGE GONZALEZ MARTINEZ de fecha dieciséis de noviembre del presente año por virtud del cual dan contestación a la demanda ...', y de la apreciación de los escritos de demanda y contestación no se advierte controvertida lo relativo a la propiedad, por lo cual, al resolver al respecto se conculca el principio de congruencia que debe regir las sentencias, contrariando lo dispuesto por los artículos 57 y 213 del código adjetivo en cita, cobrando aplicación al caso la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número 1778 en la página dos mil ochocientos ochenta y cinco del último Apéndice publicado al Semanario Judicial de la Federación Segunda Parte, voz: 'SENTENCIAS CIVILES.-Sólo deben resolver sobre los puntos sujetos a debate, sin tomar en consideración hechos distintos.'; así también, la tesis emitida por la misma Sala, consultable en la página mil cuarenta y seis del tomo de precedentes que no han sentado jurisprudencia, Tercera Sala, 1969-1986, texto: 'SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS.-La congruencia de los fallos judiciales en materia civil debe regirse atendiendo primero a la acción ejercitada, así como a sus consecuencias, y a las defensas y excepciones opuestas para establecer la declaración del derecho protegido por la acción y en su caso la condena que proceda, decidiendo al efecto con claridad y precisión todas las pretensiones deducidas en la demanda, contestación y en el pleito; por consiguiente, el principio de congruencia que rige a las sentencias dictadas en los juicios del orden civil, está determinado por el derecho ejercitado y las defensas y excepciones hechas valer; esto es, que el particular al intentar una acción en realidad solicita que el Estado, por conducto del poder correspondiente declare el derecho que le asiste, en caso de no ser destruido por las defensas y excepciones o, bien aplique las normas legales que sean procedentes atenta la naturaleza y las particularidades de la acción ejercitada, de las defensas y excepciones del reo, y por consecuencia, el fallo debe resolver sobre la acción ejercitada frente a las susodichas defensas y excepciones, no sobre cuestiones diversas.'. Es igualmente de precisarse que si bien el precepto 2202 citado estatuye que sólo puede venderse lo que es propiedad de quien lleva al cabo la venta, y el artículo 2203 del mismo Código Civil establece que la venta de cosa ajena es nula; también lo es que el numeral 2204 del mismo ordenamiento legal permite la revalidación de esta venta 'si antes de que tenga lugar la evicción, adquiere el vendedor, por cualquier título legítimo la propiedad de la cosa vendida', esto es, ese aspecto de la propiedad no es dable considerarlo como un elemento de la acción proforma del contrato de compraventa, que tiene como única finalidad obtener del vendedor que se eleve a la categoría de escritura pública el contrato celebrado siendo irrelevante el que, en un supuesto, tal escritura tuviere que ser extendida, en rebeldía, por el Juez, pues no es él quien transmite la propiedad, dado que esto ya ocurrió con anterioridad y lo que se busca es cumplir con la formalidad que la ley exige; siendo pertinente precisar aquí que es factible la exhibición del título de propiedad, en su oportunidad, ante el notario público que se designe para levantar la escritura correspondiente y que de no hacerse existiría la imposibilidad de efectuarlo, como se infiere de los artículos 107, fracción IV, 133, fracciones II, III y VII, y 145 de la Ley del Notariado de esta entidad federativa ..."
CUARTO.-En el caso sí existe contradicción de tesis en la medida en que al resolver los juicios de amparo antes precisados, los Tribunales Colegiados de referencia examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adoptaron criterios discrepantes en las consideraciones jurídicas de las sentencias respectivas, partiendo del examen de los mismos elementos.
En efecto, la oposición de criterios se origina en torno de la acción de otorgamiento de escritura de compraventa cuyo fundamento legal se encuentra en los artículos 27 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, y el 9o. del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, de similar contenido, que a la letra dicen:
"El perjudicado por falta de documento legal, tiene acción para exigir que el obligado se lo extienda."
La ley adjetiva del Estado de Veracruz, además establece que: "En caso de rebeldía, el Juez extenderá el documento en nombre del rebelde."
Al respecto, mientras el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito sostiene, que corresponde al actor acreditar que el demandado es propietario del inmueble objeto del contrato informal de compraventa, a fin de que prospere la acción de que se trata, por virtud de que ninguno puede vender, sino lo que es de su propiedad pues la venta de cosa ajena es nula según lo establece el Código Civil del Estado de Chiapas; en cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, considera que al actor le corresponde únicamente demostrar para ese efecto, la existencia del contrato previo y que cumplió con la obligación impuesta a su cargo en dicho acuerdo de voluntades, ya que si bien es cierto que la ley sustantiva civil del Estado de Veracruz dispone que sólo puede venderse lo que es propiedad de quien lleva a cabo la venta y en consecuencia que la venta de cosa ajena es nula, no menos cierto resulta, que el propio ordenamiento permite la revalidación de esa venta si antes de que tenga lugar la evicción, adquiere el vendedor, por cualquier título legítimo la propiedad de la cosa enajenada, amén de que, debe tenerse en cuenta la finalidad de la acción intentada, traducida en la pretensión de lograr que al contrato celebrado sin las formalidades exigidas por la ley se eleve a la categoría de escritura pública.
QUINTO.-Esta Tercera Sala estima que debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en atención a lo siguiente:
La acción, en términos generales, aceptados por la doctrina especializada, es un derecho subjetivo procesal, distinto del derecho sustancial hecho valer, consistente en la facultad de pedir de los órganos jurisdiccionales su intervención para la aplicación vinculativa de una norma abstracta al caso concreto.
Así, podemos afirmar que la acción es un medio que da la ley para obtener el reconocimiento de un derecho violado, o de uno desconocido, cuyo ejercicio está supeditado a la voluntad de la parte a quien corresponde, y sujeta al resultado de las defensas opuestas por el demandado.
De la misma manera, a partir del concepto de la acción, podemos establecer su integración esencialmente por tres elementos: los sujetos, la causa eficiente y el objeto.
Sobre el particular, esta Sala, al resolver el amparo directo civil 3372/36 sostuvo la tesis que aparece publicada en las páginas 739 a 741 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LVII, de la Quinta Epoca, que a la letra dice:
"ACCIONES, ELEMENTOS DE LAS.-Las acciones constan de tres elementos: las personas o sujetos, es decir, el sujeto activo al que corresponde el poder de obrar y el pasivo frente al cual se da ese poder; la causa eficiente de la acción, que viene a ser un interés que sirve de fundamento a la acción correspondiente y que de ordinario tiene a su vez dos elementos: un derecho y un estado de hecho contrario a ese derecho (causa petendi), y finalmente el objeto, que es el efecto a que tiende el poder de exigir lo que se pide en la demanda (petitum), y como lo que inmediatamente se pide es la actuación de la ley, el objeto a cuya consecución tiende esa actuación, se denomina propiamente objeto mediato de la acción. El artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Distrito Federal, dispone que cuando haya varias acciones contra una misma persona, respecto de una misma cosa y provengan de una misma persona, deben intentarse en una sola demanda; agregando que por el ejercicio de una o más, quedan extinguidas las otras. La mente del legislador, al dictar esta disposición, fue indudablemente evitar la multiplicación indefinida de los juicios, que de otra manera acarrearía un estado de incertidumbre en cuanto a las resoluciones jurídicas, a la vez que obtener el planteamiento íntegro de las cuestiones o dificultades surgidas entre dos o más particulares, originadas por un mismo acto jurídico y relacionadas con una misma cosa. Esta finalidad que se propuso alcanzar el legislador, con el precepto que se estudia, es indudable que la consideró de interés público, puesto que la sancionó con la pérdida de las acciones que no se ejercitaran en los términos indicados, y si esto sucede tratándose de diversas acciones, con mayor razón debe aplicarse la disposición citada en los casos en que el actor divide el objeto de la acción, deduciéndola en dos juicios, y aun cuando pudiera decirse que tratándose de un precepto que establece una sanción, no cabe la aplicación del mismo, por analogía, debe tenerse en cuenta que esta interpretación del repetido artículo 31, no es propiamente analógica y que aun cuando la interpretación restrictiva de un precepto no excluye la referencia al fin propuesto por el legislador, en relación con casos que si no los prevé expresamente, si aparecen comprendidos evidentemente en su punto de vista, por mayoría de razón, tanto más, cuanto que en una interpretación estrictamente gramatical del citado precepto, resultaría profundamente trastornadora del ordenamiento procesal, en alguno de sus aspectos, que se reputan por el legislador de interés público, como son los relativos a la competencia y a las formas del juicio. Los artículos 144 y 149 del mismo ordenamiento procesal civil, establecen que la competencia de los tribunales se determinará por la materia, la cuantía, el grado, el territorio, y que la jurisdicción por razón de territorio, es la única que se puede prorrogar, lo que significa que la competencia por razón de cuantía, no puede quedar al arbitrio de las partes, pues de ser así, el actor podría dividir el objeto de su acción, de acuerdo con su conveniencia, hasta el grado de hacer que un negocio del que debiera conocer un Juez de primera instancia, lo fallara uno de paz, cosa contraria a la naturaleza de estos juicios, cuyas características se fundan en que los negocios cuya cuantía no excede de doscientos pesos, tienen lugar generalmente entre personas de pocas posibilidades y que por lo regular desconocen la técnica del derecho, circunstancia por la que se autoriza a los Jueces de Paz para que dicten su sentencia a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a las reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos en conciencia."
En lo que interesa al presente estudio, de la tesis supratranscrita se deriva que, los sujetos son el actor y demandado, personas que, respectivamente, representan a quien ejerce la acción y en contra de quien se ejerce; la causa es un estado de hecho y de derecho, que es la razón por la cual corresponde la acción, y, el objeto es la pretensión del demandante tanto en su aspecto genérico como específico, esto es, la obtención de la intervención del Estado a fin de alcanzar la actuación de la ley, así como la finalidad concreta que se persigue en cada caso en particular.
Ahora bien, los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, y 228 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, de idéntico contenido, establecen:
"El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones."
En cuanto a los hechos constitutivos, debe decirse, que encuadran precisamente en el elemento de la acción identificado como la causa.
Ciertamente, si la causa de la acción es un estado de hecho y de derecho, que es la razón por la cual corresponde su ejercicio, de esta forma el elemento que nos ocupa se traduce en los hechos constitutivos de la acción, es decir, los hechos o negocios jurídicos que le dan nacimiento, por ejemplo la celebración de un contrato, el otorgamiento de un poder, la posesión de un predio, etcétera.
De esta forma, la carga de la prueba por parte del actor respecto de los hechos constitutivos de la acción que ejercita resulta congruente, pues son el fundamento de tal medio de defensa, es decir, los hechos invocados como base de la demanda. Por esta razón, la doctrina define precisamente la causa de la acción como el título o motivo de la acción, es decir, el hecho que la genera.
En esta tesitura, los hechos cuya prueba está a cargo del actor como requisito indispensable para que prospere su acción, dependerá en cada caso de la causa eficiente en que se funde.
Además, deben observarse en la distribución de la carga de la prueba, las reglas establecidas al respecto, en general en la legislación procesal civil de nuestro sistema, y específicamente por lo que hace a los Estados de Chiapas y Veracruz, en los artículos 290 y 229, respectivamente, de sus ordenamientos adjetivos de la materia, y que en forma idéntica establecen lo siguiente:
"El que niega sólo será obligado a probar: I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante; III. Cuando se desconozca la capacidad; IV. Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción."
Estas reglas reflejan, sin duda alguna, los principios dispositivos del proceso civil y de igualdad de las partes conforme a los cuales, el ejercicio de la acción, su desarrollo a través del proceso, los límites de la acción y la propia actividad del Juez, se regulan por la voluntad de las partes contendientes, con las limitaciones impuestas por la legislación, y, que no obstante que el actor y el demandado ostenten intereses distintos, ambos tienen el mismo derecho de pedir justicia y por tanto de afirmar y probar los hechos que les interese demostrar al juzgador a fin de obtener resolución favorable.
En este sentido, la carga de afirmar y probar debe distribuirse entre ambas partes, según los hechos que quieran sean conocidos por el Juez con el objeto de demostrar la validez de sus pretensiones. Así, por regla general, el actor deberá probar los hechos constitutivos de su acción, y el demandado los impeditivos o extintivos de aquéllos, y en caso de que alguno de estos últimos se acredite, debemos convenir en que, al demandante corresponderá probar los hechos que a su juicio convaliden los constitutivos en que funda su acción.
En suma, la carga de la prueba incumbe a quien invoca en su favor una relación de derecho o una situación jurídica, y en la práctica la aplicación de las reglas de la materia, debe atender a la naturaleza de los hechos que sean su objeto.
Esto ha originado diversas soluciones en la doctrina así como en las decisiones de los tribunales. A guisa de ejemplo cabe destacar las siguientes:
1) Quien reclame la ejecución de una obligación, debe probarla, y a su vez, quien afirma estar liberado de ella, debe demostrar el pago hecho que ha producido la extinción, o bien, el hecho que justifique su desconocimiento. Así, tratándose de obligaciones de dar y hacer, el actor no tiene que probar la omisión del cumplimiento.
Sobre el particula
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/115-32f232ba/accion-de-otorgamiento-de-escritura-de-compraventa-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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