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Modo: Corpus Pro

DELITOS QUE NO SON PERSEGUIBLES DE OFICIO. BASTA QUE UNA PERSONA COMPAREZCA EN NOMBRE DE OTRA A FORMULAR QUERELLA PARA QUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 68/92. · Registro digital (IUS): 1193
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENRIQUE ORDAZ GÓMEZ.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril de 1992, , Pág. 158.

Se publica íntegramente la ejecutoria del amparo en revisión 68/92:

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Acuerdo del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, correspondiente al día doce de marzo de mil novecientos noventa y dos.

VISTOS; para resolver en revisión los autos del juicio de amparo indirecto promovido por ENRIQUE ORDAZ GOMEZ en contra de los actos que reclama del Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapas y otras autoridades; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito de fecha quince de octubre de mil novecientos noventa y uno, Enrique Ordaz Gómez promoviendo por su propio derecho demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: AUTORIDADES RESPONSABLES: "Señaló como autoridades responsables ordenadoras a los CC. JUEZ PRIMERO DEL RAMO PENAL, JUEZ SEGUNDO DEL RAMO PENAL Y JUEZ TERCERO DEL RAMO PENAL de esta ciudad; quienes tienen su domicilio ampliamente conocido en las instalaciones del Centro de Prevención y Readaptación Social número uno (CERRO HUECO) y como autoridad ejecutora al director de la Policía Judicial del Estado, con domicilio en la planta alta del llamado Palacio de Justicia que se ubica en Calle Central y Segunda Avenida Sur de esta misma ciudad."

ACTOS RECLAMADOS: "Reclamo de las autoridades señaladas como ordenadoras, la orden de aprehensión que han dictado en mi contra al parecer por el delito de abuso de confianza, y de la ejecutora le reclamo el cumplimiento de dicha orden de aprehensión."

SEGUNDO. La demanda de garantías se radicó en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado y se registró con el número 840/91. Seguidos los trámites correspondientes en la audiencia constitucional el Juez de Distrito resolvió: "PRIMERO.-SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías, contra actos del Juez Primero y Tercero del Ramo Penal de esta ciudad, mismos que quedaron precisados en el considerando primero de esta resolución. SEGUNDO.-La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso ENRIQUE ORDAZ GOMEZ, contra actos del Juez Segundo del Ramo Penal y director de la Policía Judicial del Estado en esta ciudad, mismas que quedaron precisadas en el considerando segundo de esta resolución y en los términos precisados en el considerando tercero del mismo fallo. Notifíquese."

TERCERO. Inconforme con la resolución dictada por el a quo, el Juez Segundo del ramo penal, en su carácter de autoridad responsable, interpuso recurso de revisión que le fue admitido por auto de Presidencia de este tribunal de fecha veintiuno de enero de mil novecientos noventa y dos. El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción omitió formular pedimento.

Encontrándose los presentes autos en estado de resolución fueron turnados al Magistrado relator licenciado Angel Suárez Torres para la formulación del proyecto respectivo mediante acuerdo de trece de febrero de mil novecientos noventa y dos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal Colegiado tiene competencia legal para decidir el presente asunto con apoyo en los artículos 85 fracción II de la Ley de Amparo y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO.- La sentencia recurrida, en lo conducente se apoya en las consideraciones y resolutivos siguientes: "PRIMERO:- No es cierto el acto reclamado de las autoridades señaladas como responsables Juez Primero y Tercero del Ramo Penal de esta ciudad, por así advertirse del contenido de sus informes justificados, sin que se haya ofrecido prueba alguna en contrario, por lo que con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Tiene aplicación en la especie la tesis de jurisprudencia número 170, visible en la página 281 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, publicada bajo el Rubro: `INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.'. SEGUNDO:-Es cierto el acto reclamado de las autoridades señaladas como responsables Juez Segundo del Ramo Penal y director de la Policía Judicial en esta ciudad, por así manifestarlo al rendir sus informes justificados, manifestando dichas autoridades que con fecha quince de julio del año en curso, se libró orden de aprehensión en contra del amparista, como presunto responsable del delito de ABUSO DE CONFIANZA previsto y sancionado de conformidad con los artículos 194 fracción II y 197 del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Embotelladora Central Chiapaneca, S.A. de C.V., y denunciado por el licenciado Sergio H. Cupido Ramírez. No existiendo ninguna causal de improcedencia hecha valer por las partes, o que de oficio advierta este juzgador, a continuación se pasa al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los conceptos de violación esgrimidos. TERCERO. La parte quejosa aduce como conceptos de violación los contenidos en su demanda de garantías, los que en obvio de repeticiones innecesarias y por economía procesal, se tienen por reproducidos en este acto como si se insertaran a la letra, y los que resultan fundados por las siguientes consideraciones. El artículo 16 constitucional en su parte relativa establece que no podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, a no ser por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por declaración, bajo protesta de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado. Ahora bien, la orden de aprehensión impugnada en esta vía constitucional resulta violatoria de las garantías constitucionales en perjuicio del quejoso, toda vez que ésta aun cuando emana de autoridad judicial competente como lo es el Juez Segundo del Ramo Penal de esta ciudad, le precede la denuncia de Sergio H. Cupido Ramírez, apoderado legal de Embotelladora Central Chiapaneca, S.A., quien resulta ser una persona distinta a la parte ofendida, sin que esté legitimada para formular la denuncia o querella del hecho determinado que la ley castiga con pena corporal, como es el que el ahora quejoso dispuso de ocho mil pepsilindros con precio unitario de tres mil quinientos pesos, de los que se le había entregado la tenencia para su venta, o el regreso de los mismos o en su momento la entrega del importe mencionado, actualizándose con dicha actitud el antijurídico de abuso de confianza previsto y sancionado por los artículos 194 fracción II y 197 del Código Penal del Estado de Chiapas, pues bien, de los datos arrojados por la averiguación previa aparece que el quejoso recibió de la persona moral Embotelladora Central Chiapaneca, S.A. de C.V., el trece de febrero del actual, ocho mil artículos denominados "pepsilindros" que reporta la cantidad de veintiocho millones de pesos, para su custodia, los que devolvería al serle requeridos o en todo caso, entregar el efectivo correspondiente (foja 44 de autos). En ese orden de ideas se advierte que la sujeto ofendida es la persona moral Embotelladora Central Chiapaneca, S.A., de C.V., y quien se encuentra legitimado para formular la querella del hecho delictuoso que la Ley castiga con pena corporal, es su legítimo representante con las facultades suficientes para ello, ya que el hecho delictuoso determinado y que la autoridad responsable ordenadora Juez Primero del Ramo Penal de esta ciudad, lo adecuó en el tipo penal que contempla la figura delictiva del abuso de confianza previsto por el artículo 194 del Código Penal del Estado de Chiapas, es de aquellos que solamente se perseguirá a petición de parte ofendida, según lo dispone el artículo 197 del código punitivo de la entidad. Así que, si de las constancias de autos se advierte que quien formuló la querella fue el licenciado Sergio H. Cupido Ramírez, como apoderado legal de Embotelladora Central Chiapaneca, S.A., según se advierte de la escritura pública número 1171, Volumen 27 de veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, pasada ante la fe del notario público del Estado número 38, es obvio que dicha persona moral no resulta ser la sujeto pasiva del delito, ya que del recibo firmado por el quejoso que obra en autos a foja 44, se advierte el membrete de la personal moral ofendida (Embotelladora Central Chiapaneca, S.A. de C.V.), asimismo el Licenciado Sergio H. Cupido Ramírez, al formular su querella, lo hace a nombre de Embotelladora Central Chiapaneca, S.A. de C.V., persona moral que en ningún momento le confirió poder alguno. Así las cosas, al resultar evidente que los ilícitos perseguibles a petición de parte, la querella debe ser presentada por persona legalmente facultada para el efecto, siendo este requisito de procedibilidad indispensable para la procedencia del ejercicio de la acción penal, y que al haber quedado acreditado que la querella que dio origen al libramiento de la orden de aprehensión reclamada en este juicio de amparo, fue formulada por una persona que no tenía facultades para ello, pues el poder que exhibió fue conferido por una personal moral distinta a la ofendida, es evidente que no puede tenerse por reunido el requisito de procedibilidad de la querella necesaria, y en ese orden de ideas, es claro que la orden de aprehensión librada en contra del quejoso Enrique Ordaz Gómez, resulta violatoria de garantías. Es aplicable al caso la tesis visible en la página 633, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Tomo VI, Julio-Diciembre de 1990, correspondiente a Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Epoca, Segunda Parte-2, que a la letra dice: "QUERELLA NECESARIA DE PERSONAS MORALES. SOLO PUEDEN FORMULARLA SUS REPRESENTANTES AUTORIZADOS.-La institución de la querella necesaria, como requisito de procedibilidad de determinados delitos, obedece entre otras razones, a la naturaleza de la infracción penal considerándose que puede ser trascendencia para el ofendido la iniciación y tramitación de un proceso en contra del o de los autores de aquélla, existiendo casos en que puede resultar inconveniente para aquél, la persecución del delito, de modo que cuando el sujeto pasivo del ilícito penal es una persona jurídica es indispensable que conste fehacientemente que sus integrantes mediante acuerdo tomado con base en sus propios estatutos o en la ley, estuvieron anuentes en la presentación de la querella, amén de que, según se dijo antes, las personas morales sólo pueden realizar actos jurídicos y ejercer derechos a través de sus legítimos representantes. De aquí que no puede aceptarse que un socio del ente moral en forma aislada esté legitimado para querellarse por un delito en que este último es el directamente afectado". En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación aducidos por el quejoso, lo procedente en el caso es concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 76 a 78, 155 y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.-SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías, contra actos del Juez Primero y Tercero del Ramo Penal de esta ciudad, mismos que quedaron precisados en el considerando primero de esta resolución. SEGUNDO.-La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso ENRIQUE ORDAZ GOMEZ, contra actos del Juez Segundo del Ramo Penal y Director de la Policía Judicial del Estado en esta ciudad, mismas que quedaron precisadas en el considerando segundo de esta resolución y en los términos precisados en el considerando Tercero del mismo fallo. Notifíquese".

TERCERO. Los agravios formulados por la parte recurrente, son del contenido siguiente: "PRIMERO:-La sentencia cuya revisión pido me causa agravios por inexacta e indebida aplicación del artículo 77 de la Ley de Amparo, por las razones legales siguientes: a) El Juez recurrido para conceder el amparo en favor del quejoso ENRIQUE ORDAZ GOMEZ, ha esgrimido que esta autoridad judicial señalada como responsable Juez Segundo del ramo penal de este Distrito Judicial, violó las garantías constitucionales en perjuicio del quejoso al resolver sobre la orden de aprehensión impugnada, toda vez que ésta aun cuando emana de autoridad judicial competente como lo es el Juez segundo del ramo penal de esta ciudad, le precede la denuncia de SERGIO H. CUPIDO RAMIREZ, apoderado legal de `Embotelladora Central Chiapaneca, S.A.", quien resulta ser una persona distinta a la parte ofendida, sin que esté legitimada para formular la denuncia o querella del hecho determinado que la ley castiga con pena corporal, como es el que el ahora quejoso dispuso de ocho mil pepsilindros, con precio unitario de $3,500.00 de los que se le había entregado la tenencia para su venta, o el regreso de los mismos o en su momento la entrega del importe mencionado, actualizándose con dicha actitud el antijurídico de abuso de confianza, previsto y sancionado por los artículos 194, fracción II y 197 del Código Penal del Estado de Chiapas. Pues bien, los datos arrojados por la averiguación previa aparece que el quejoso recibió de la persona moral Embotelladora Central Chiapaneca, S.A. de C.V., el trece de febrero del actual, ocho mil artículos denominados `Pepsilindros' que reporta la cantidad de veintiocho millones de pesos, para su custodia, los que devolvería al serle requeridos o en todo caso, entregar el efectivo correspondiente (fojas 44 de autos). En ese orden de ideas se advierte que la sujeto ofendida es la persona moral Embotelladora Central Chiapaneca, S.A. de C.V., y quien se encuentra legitimado para formular la querella del hecho delictuoso que la ley castiga con pena corporal, es su legítimo representante con las facultades suficientes para ello, ya que el hecho delictuoso determinado y que la autoridad responsable ordenadora Juez Primero del Ramo Penal de esta ciudad, lo adecuó en el tipo penal que contempla la figura delictiva del abuso de confianza previsto por el artículo 194 del Código Penal del Estado de Chiapas, es de aquellos que solamente se perseguirá a petición de parte ofendida, según lo dispone el artículo 197 del código punitivo de la entidad. Así que, si de las constancias de autos se advierte que quien formuló la querella fue el licenciado Sergio H. Cupido Ramírez, como apoderado legal de Embotelladora Central Chiapaneca, S.A., según se advierte de la escritura pública número 1171, volumen 27 de veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, pasada ante la fe del notario público del Estado, número 38, es obvio que dicha persona moral no resulta ser la sujeto pasiva del delito, ya que del recibo firmado por el quejoso que obra en autos a foja 44, se advierte el membrete de la persona moral ofendida (Embotelladora Central Chiapaneca, S.A. de C.V.), asimismo el licenciado Sergio H. Cupido Ramírez, al formular su querella, lo hace a nombre de Embotelladora Central Chiapaneca, S.A. de C.V., persona moral que en ningún momento le confirió poder alguno. Así las cosas, al resultar evidente que los ilícitos perseguibles a petición de parte, la querella debe ser presentada por persona legalmente facultada para el efecto, siendo este requisito de procedibilidad indispensable para la procedencia del ejercicio de la acción penal, y que al haber quedado acreditado que la querella que dio origen al libramiento de la orden de aprehensión reclamada en este juicio de amparo, fue formulada por una persona que no tenía facultades para ello, pues el poder que exhibió fue conferido por una persona moral distinta a la ofendida, es evidente que no puede tenerse por reunido el requisito de procedibilidad de la querella necesaria, y en ese orden de ideas, es claro que la orden de aprehensión librada en contra del quejoso Enrique Ordaz Gómez, resulta violatoria de garantías. b) A juicio del suscrito Juez Segundo del Ramo Penal de esta ciudad capital, al Juez Federal resolvente (sic) y en base a los argumentos señalados con anterioridad no le asiste la razón jurídica, por cuanto que no es cierto que el querellante Sergio H. Cupido Ramírez, represente a una persona moral distinta a la ofendida y que por ello con su poder de sostén legal exhibida en constancias no tenga personalidad y que con ello falte el requisito de procedibilidad esgrimido, cuando que en la ciudad capital sólo existe una empresa que distribuye los productos y comercialice refrescos embotellados denominados `Pepsi', así como los vasos o recipientes que a últimas fechas han salido al mercado denominados `pepsilindros', y esta persona moral es Embotelladora Central Chiapaneca, S. A. de C.V., o Embotelladora Central Chiapaneca, S.A., ya que si bien es cierto el testimonio público exhibido como fundatorio de su querella por parte del apoderado no habla literalmente del requisito del capital variable, esto no quiere decir que no sea la misma persona moral Embotelladora Central Chiapaneca, porque en todo caso para los efectos del reclamo del apoderado nada tiene que ver en todo caso como se maneja la sociedad ya sea en capital variable o en otro diverso de acuerdo a la Ley respectiva de Sociedades Mercantiles, cuando el apoderado dejó claro en su querella que su reclamo en contra del inculpado Enrique Ordaz Gómez, era porque éste había dispuesto de productos pepsilindros, para su venta y una vez hecha ésta entregaría el importe o los productos pepsilindros, y así fue aceptado por dicha persona activa cuando firma el recibo correspondiente por los ocho mil artículos denominados pepsilindros, que devolvería al serle requerido o en todo caso entregar el efectivo correspondiente, tan es así que de constancias existe el abono de entrega a la caja número 47518, por cinco millones de pesos, para Embotelladora Central Chiapaneca, S.A. de C.V. como cuenta de pepsilindros, y además el Juez Federal al resolver con los argumentos mencionados en el juicio de garantías que se combate no tuvo en cuenta lo que dijera Enrique Ordaz Gómez, al declarar el 16 de mayo ante el Agente del Ministerio Público, Titular de la Mesa de Trámite número dos, de la Dirección General de Averiguaciones Previas, cuando comparece voluntariamente a responder de los cargos por haberlo citado dicha autoridad, y acepta por viva voz ser de oficio supervisor de ventas, empleado particular, y que tiene más de dos años y medio de trabajar en ese puesto (Supervisor de ventas), de la Embotelladora Central Chiapaneca, sin mencionar si se trata de la Sociedad Anónima o de la Sociedad Anónima de Capital Variable, y acepta que efectivamente el 15 de agosto de 1990, recibió la promoción de pepsilindros, y reconoce asimismo la firma que obra en dicho recibo, de fecha 13 de febrero de 1991, donde aparece que recibió de la Embotelladora Central Chiapaneca ocho mil pepsilindros, que hacen un total de veintiocho millones de pesos, comprometiéndose a reintegrar los pepsilindros o el dinero en efectivo por haberlo dispuesto para otros fines, pero que está en la mejor disposición de reintegrar a la empresa que representa, y además dijo que no se ha desligado de la empresa ya que hasta el momento sigue laborando como supervisor de ventas. De lo anterior es el propio quejoso que no diferencia a qué persona moral se refiere, lo que quiere decir que Embotelladora Central Chiapaneca ya sea con la nomenclatura S.A. de C.V. o simplemente S.A., la persona moral que la afectó en su patrimonio disponiendo de tales artículos referidos porque es lógico pensar que hubiese sido inocente de los cargos delictuosos que se le atribuyen que cuando estuvo ante el Ministerio Público, se hubiese declarado inocente o hubiese hablado que no le asistía la razón al apoderado querellante ya que con la empresa representada no tuvo ningún trato, sino que fue todo lo contrario habla únicamente de Embotelladora Central Chiapaneca y habla de pepsilindros que reconoce haber recibido y como en la Ciudad Capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no existen dos personas morales que comercialicen los productos denominados pepsi o pepsilindros, por eso es que se considera que no le asiste la razón al Juez Federal al concluir en su resolución que falta el requisito de procedibilidad de la querella necesaria para el licenciado Sergio H. Cupido Ramírez, simplemente porque el testimonio de personalidad notariado no trae impreso el capital variable de la poderdante y que por ello no tiene facultades para querellarse por el ilícito en mérito. Como consecuencia de todas las razones legales expuestas, y con fundamento en lo que ha procedido conforme a derecho, pido a ese Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al que ocurro, se sirva considerar en su fondo, dimensión y alcance los agravios hechos valer para que previo el estudio y análisis de los mismos, oportunamente dicten la resolución por la que revoque la del Juez Segundo de Distrito en el Estado, en esta ciudad capital, que fue motivo de impugnación, declarando la negación del amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ENRIQUE ORDAZ GOMEZ, en virtud de que el acto reclamado resultó constitucionalmente válido".

CUARTO. No es materia de estudio en la revisión el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto a los actos reclamados por el quejoso a los Jueces Primero y Tercero del Ramo Penal, residentes en esta ciudad.

QUINTO. Los agravios que la autoridad recurrente formula, son esencialmente fundados.

En efecto, es incorrecto el razonamiento del juez de Distrito al considerar que en la especie no se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad de la querella, argumentando que ésta fue formulada por el licenciado Sergio H. Cupido Ramírez, como apoderado legal de Embotelladora Central Chiapaneca, S.A., persona moral que no resulta ser sujeto pasivo del delito porque del recibo firmado por el quejoso se advierte que la persona moral ofendida es Embotelladora Central Chiapaneca, S.A. de C.V., y ésta en ningún momento confirió poder alguno al aludido profesionista, por lo que es evidente que la querella que dio origen al libramiento de la orden de aprehensión reclamada fue formulada por una persona que no tenía facultades para ello, pues el poder que exhibió fue conferido por una persona moral distinta a la ofendida y, por lo mismo, no puede tenerse por reunido el requisito de procedibilidad de la querella necesaria. Tal argumento es incorrecto, supuesto que, como lo hace notar la recurrente, si bien es cierto que en la especie se da la situación de que al Licenciado Sergio H. Cupido Ramírez le fue otorgado poder para representar a la empresa "Embotelladora Central Chiapaneca, Sociedad Anónima", en tanto que de conformidad con el recibo signado por el inculpado Enrique Ordaz Gómez se advierte que los ocho mil "pepsilindros" con importe de veintiocho millones de pesos los recibió de "Embotelladora Central Chiapaneca, S.A. de C.V.", evidente es también que ello no da lugar a considerar que en el caso se trate de empresas distintas sino que la empresa constituida en Sociedad Anónima se transformó además en Capital Variable en razón del aumento o reducción de su capital social. A este respecto cabe hacer notar que la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo primero, reconoce limitativamente seis especies de sociedades, que son las siguientes: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, y sociedad cooperativa; sin que de lo previsto en la parte final de dicho precepto pueda inferirse el reconocimiento de once especies diferentes al tener la posibilidad las cinco primeras de constituirse como sociedades de capital variable. En ese orden de ideas es de entender que la empresa que otorga poder al licenciado Sergio H. Cupido Ramírez es la misma de la cual Enrique Ordaz Gómez recibió los artículos ya mencionados, lo que conduce a determinar que el profesionista citado está legalmente facultado para formular la querella, acreditándose por lo tanto el requisito de procedibilidad exigido. A mayor abundamiento, es pertinente destacar que el artículo 267 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, dispone que: "Cuando para la persecución de los delitos se haga necesaria la querella de la parte ofendida, bastará que ésta aunque sea menor de edad, manifieste verbalmente su queja, para que se proceda en los términos de los artículos 278 y 279. Si a nombre de la persona ofendida comparece alguna otra, bastará para tener por legalmente formulada la querella, que no haya oposición de la persona ofendida"; por lo mismo, como de autos no consta que haya habido oposición de la persona moral ofendida, es obvio que se surte el requisito de querella necesaria para el ejercicio de la acción penal; de ahí que procede revocar la resolución recurrida y con apoyo en el artículo 91 fracción I, de la Ley de Amparo, este tribunal entra al estudio del fondo del asunto para pronunciar la sentencia que corresponde. A ese respecto, debe decirse que analizados los restantes conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, resultan infundados; toda vez que, en la especie resulta intrascendente que el inculpado de mérito no haya sido requerido para que devolviera los artículos que recibió o entregara el efectivo correspondiente; dado que el cumplimiento de tal exigencia sólo opera respecto de los mandatarios, carácter del cual carece el inculpado en mención. Por otra parte, contrariamente a lo que se alega, la orden de aprehensión reclamada satisface los extremos del artículo 16 de la Constitución Federal, como correctamente lo estimó el Juez responsable, en la medida que dicho mandamiento se apoya en una querella debidamente ratificada ante el representante social, en relación a hechos que la ley sanciona con pena corporal, como lo es el delito de abuso de confianza a que se refiere el artículo 194 fracción II del Código Penal vigente en el Estado, querella que se corrobora con los testimonios de Claudia Magali García Ríos y Ricardo Galdámez Estrada, con la documental consistente en un recibo de fecha trece de febrero de mil novecientos noventa y uno mediante el cual Enrique Ordaz Gómez recibe de la empresa Embotelladora Central Chiapaneca, S.A. de C.V., ocho mil artículos denominados "pepsilindros" que importan la cantidad de veintiocho millones de pesos, y la declaración del inculpado Enrique Ordaz Gómez, en la cual admite haber recibido los artículos mencionados en diferentes fechas y cantidades y que al finalizar la promoción el treinta de enero de mil novecientos noventa y uno resultó un faltante de ocho mil pepsilindros con importe de veintiocho millones de pesos; razón por la cual firmó el recibo que reconoce al tenerlo a la vista, aclarando que el total de la venta de los pepsilindros lo dispuso para otros fines pero está en la mejor disposición de reintegrar los veintiocho millones de pesos. Los aludidos elementos de convicción son demostrativos de que la conducta del promovente del amparo encuadra dentro de la hipótesis que contempla el precepto legal que se ha dejado señalado, y la autoridad responsable cumplió con el principio de correcta fundamentación y motivación que todo acto de esa naturaleza debe contener, ya que después de valorar las pruebas de que hizo relación, en forma adecuada razonó y precisó sobre la conducta desplegada por el peticionario de amparo y además consideró que de tales constancias se desprenden datos suficientes que hacen probable su responsabilidad en la comisión del delito que se le atribuye, con lo que se satisfacen los requerimientos del artículo 16 de la Constitución Federal y hace procedente el libramiento de la orden de aprehensión reclamada.

Consecuentemente, en lo que es materia de revisión se revoca la sentencia recurrida.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II de la Ley de Amparo y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO. SE REVOCA la sentencia recurrida en lo que es materia de revisión.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ENRIQUE ORDAZ GOMEZ, contra los actos que reclama del Juez Segundo del Ramo Penal y director de la Policía Judicial del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

NOTIFIQUESE; con testimonio de esta resolución, remítanse los autos al Juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese este toca.

ASI, por unanimidad de votos lo resolvieron los CC. Magistrados que integran el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, licenciados, presidente: MARIANO HERNANDEZ TORRES, ANGEL SUAREZ TORRES y FRANCISCO A. VELASCO SANTIAGO, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Firman los CC. presidente y Magistrados que integran el tribunal con el secretario de Acuerdos del mismo que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1193-bd9fe8ce/delitos-que-no-son-perseguibles-de-oficio-basta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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