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Modo: Corpus Pro

LEYES. NO SON INCONSTITUCIONALES PORQUE SE APARTEN DE LA EXPOSICION DE MOTIVOS DE LAS INICIATIVAS QUE LES DAN ORIGEN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1611/90. · Registro digital (IUS): 234
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ALMACENES ZARAGOZA, S.A.
Localización: Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril de 1992, , Pág. 47.

Se publica íntegra la ejecutoria del amparo en revisión 1611/90:

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y dos.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, del que tuvo conocimiento el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Heberto Figueroa Valdez, apoderado de Almacenes Zaragoza, Sociedad Anónima, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se especifican:

AUTORIDADES RESPONSABLES:

1. Congreso de la Unión.

2. Presidente de la República.

3. Secretario de Gobernación.

4. Secretario de Hacienda y Crédito Público.

5. Director del Diario Oficial de la Federación.

6. Administrador Fiscal Federal en Culiacán, Sinaloa.

7. Jefe de la Oficina Federal de Hacienda número 057 en Culiacán, Sinaloa.

ACTOS RECLAMADOS:

La aprobación, promulgación, refrendo, publicación y aplicación de:

1. La Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, contenida en la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho;

2. La Ley de Ingresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, publicada en el Diario Oficial de la misma fecha; y

3. El Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta de marzo de mil novecientos ochenta y nueve.

SEGUNDO. La parte quejosa relató los antecedentes del caso, señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1o., 14, 16, 28, 31, fracción IV, y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los conceptos de violación que en seguida se sintetizan atendiendo a su orden de exposición:

1o. Que el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas viola la garantía de proporcionalidad, en virtud de que se obliga a la quejosa en forma indiscriminada a aplicar la tasa del 2% sobre el valor del activo del ejercicio, sin tomar en cuenta su capacidad económica, lo que equivale a dar en tratamiento igual a otros de distinta capacidad económica.

2o. Que los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas violan la garantía de proporcionalidad, porque el tributo no grava a los contribuyentes de acuerdo a su capacidad contributiva, sino que para la determinación de la base considera prácticamente todos los activos de las empresas. Que el artículo 5o. de la propia ley sólo permite la deducción del valor promedio de las deudas en moneda nacional con empresas residentes en México, con excepción de las contratadas con el sistema financiero o con su intermediación; lo que significa que no se puede deducir de la base del impuesto las deudas que se tengan con empresas residentes en el extranjero, ni las contratadas en moneda extranjera y por ello, al gravar el activo de la inconforme sin descontar el pasivo, implica gravarla sobre una capacidad económica mayor a la real, considerando, en consecuencia, una parte de su patrimonio, como son bienes y derechos, que no pueden ser indicativos de su capacidad económica.

3o. En este concepto se hacen valer varias argumentaciones que para una mejor comprensión se indicarán en incisos:

a) Que el impuesto reclamado resulta exorbitante y ruinoso porque va más allá de la capacidad contributiva de la quejosa, toda vez que no considera el valor real de su activo, ni los ingresos de su operación ni mucho menos el rendimiento o productividad que obtenga del uso de su activo.

b) Que la exposición de motivos de la ley respectiva propone el establecimiento del tributo reclamado como complementario del impuesto sobre la renta, buscando que los contribuyentes de este gravamen que hubieren pagado o paguen una cantidad cuando menos igual al nuevo impuesto que resulte a su cargo no vean incrementada su carga impositiva.

En esas condiciones, el gravamen de que se trata tendrá un efecto neutro en la carga impositiva de los sujetos pasivos que puedan acreditar el total del impuesto pagado por su activo contra el que tengan que pagar por el impuesto sobre la renta, pero aumentará notablemente la carga fiscal de los contribuyentes que no puedan acreditar el impuesto al activo, por tener pérdidas en su ejercicio o en los ejercicios anteriores pendientes de aplicar, o porque sus rendimientos o utilidades sean menores a los que tengan que cubrir por este gravamen, o por tratarse de contribuyentes del impuesto al activo que no realizan actividades empresariales pero otorgan el uso o goce de bienes a quien sí realiza actividades empresariales, y en consecuencia no podrán acreditar el impuesto pagado por el valor de su activo. Por ello, todos esos contribuyentes tendrán que destinar parte de su activo al pago del nuevo gravamen convirtiéndose así dicho impuesto en confiscatorio por absorber la fuente misma del tributo.

c) Que el impuesto reclamado no satisface los lineamientos contenidos en la exposición de motivos, toda vez que incrementa la carga impositiva de la mayoría de las sociedades mercantiles, lo que impide su desarrollo y funcionamiento; no regulariza el cumplimiento de obligaciones fiscales de las empresas, ya que es un tributo nuevo y distinto, que aunque permite el acreditamiento, sólo lo podrán hacer menos de la mitad de las empresas (interpretando a contrario sensu la exposición de motivos) y, por último, no es acreditable en el extranjero porque no es un impuesto que se cause sobre bases similares o las del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, ocasiona una descapitalización para las empresas, ya que de su propio activo, están obligadas a pagar el nuevo gravamen.

4o. Que igualmente la ley combatida viola el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal debido que trata igual a los desiguales, pese a que la justicia distributiva exige que reciban un trato igualitario quienes tengan coincidencia en su situación, y que el trato sea diferente cuando no son iguales entre sí; por ello, para que el impuesto se considere constitucional es necesario que grave de acuerdo con la capacidad económica de cada uno de los sujetos pasivos y esto se logra midiendo correctamente el patrimonio de las empresas, deduciendo del activo el conjunto de obligaciones o deudas que se han contraído.

5o. Que el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas coloca a la quejosa en un plano de inequidad, porque establece exención del impuesto en favor de determinadas personas a pesar de que posean activos y que además se hallan en los supuestos del artículo 1o. de la ley mencionada.

6o. Que los artículos 1o. y 6o. de la pluricitada ley violan el numeral 28 de la Constitución porque exentan del pago del impuesto a empresas que desarrollan actividades empresariales como la quejosa, no obstante de que dicho precepto constitucional prohíbe expresamente la exención del impuesto y de que el Pleno del más Alto Tribunal del país ha definido que para que tal figura se considere constitucional debe ser abstracta, general e impersonal para no constituir un privilegio que favorezca a determinadas personas en detrimento de los contribuyentes gravados.

7o. Que los artículos 2o. y 4o. de la mencionada ley hacen referencia al objeto y a la base en forma vaga e incierta y por ello no precisan cuáles son los elementos que se deben tomar en cuenta para la determinación del impuesto, toda vez que no definen el concepto de "activos financieros", tampoco lo hace la Ley del Impuesto sobre la Renta, ni mucho menos el Código Fiscal de la Federación, lo que trae como consecuencia que se coloque a la quejosa en un estado de inseguridad jurídica y por ende, se deja el arbitrio del Ejecutivo Federal para que al ejecutar las leyes, incluya otros conceptos de activos financieros que no introdujo el legislador.

Que eso sucede con el artículo 13 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas en el que se introduce en la lista de activos financieros los depósitos en instituciones del sistema financiero, y en la ley que pretende reglamentar no se incluye ese concepto, lo que implica una modificación a los elementos del impuesto a través de una disposición reglamentaria.

8o. Que el artículo 9o. del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas le exige a la quejosa que incremente el valor del monto original de la inversión de cada uno de sus terrenos al inicio del ejercicio, con un factor de actualización, considerado desde la fecha de adquisición del inmueble para seguirlo incrementando anualmente con el factor de actualización que resulte cada año.

El artículo 2o., de la ley impugnada obliga a la inconforme a actualizar el monto original de la inversión de cada terreno al inicio del ejercicio por el factor de ajuste que resulte de la primera mitad del ejercicio en que se calcula el impuesto.

El artículo 3o. de la propia ley estatuye que tratándose de terrenos, el período de actualización será el transcurrido desde el primer mes del ejercicio hasta el último mes de la primera mitad del mismo.

Como puede verse el citado numeral del reglamento crea una nueva obligación a cargo de la quejosa no prevista en la ley, que modifica el objeto y la base del impuesto y por lo tanto, se excede la facultad reglamentaria establecida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución.

9o. Que el artículo 2o. de la ley reclamada viola la Constitución Federal, toda vez que el Cogreso de la Unión carece de facultades para establecer el impuesto al activo de las empresas, pues tal facultad está reservada a las entidades federativas, según el artículo 115, fracción IV de la Carta Magna; por ello, al gravarse la propiedad inmobiliaria de los contribuyentes, se invade la esfera de atribuciones de las entidades federativas.

Que la ley relamada también debe declararse inconstitucional porque provoca un grave perjuicio a la quejosa al obligarla a pagar una doble contribución sobre la propiedad inmobiliaria a favor de la Federación.

TERCERO. El Juez Segundo de Distrito en el estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, admitió la demanda por auto de treinta de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, la que registró con el número 213/89 y previos los trámites legales del juicio, el veintinueve de septiembre del mismo año firmó la sentencia que concluyó con los siguientes resolutivos:

"PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por HEBERTO FIGUEROA VALDEZ en representación de la Empresa denominada `ALMACENES ZARAGOZA', SOCIEDAD ANONIMA, únicamente por los actos reclamados del Secretario de Hacienda y Crédito Público, de la ciudad de México, Distrito Federal, Administrador Fiscal Federal y Jefe de la Oficina Federal de Hacienda número 057, ambos con residencia en esta ciudad, en términos del considerando primero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a `ALMACENES ZARAGOZA, SOCIEDAD ANONIMA', en contra de los actos que reclamó del Congreso de la Unión, Presidente de la República, Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, todos con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal, consistentes en la expedición, promulgación, refrendo (del decreto promulgatorio) y publicación de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga diversas Disposiciones Fiscales, cuyo artículo Décimo establece la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre mil novecientos ochenta y ocho, y de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y nueve, por lo que hace únicamente a su artículo 1o., fracción I, inciso 2, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia."

El a quo para concluir de esa manera se apoyó, básicamente, en las siguientes consideraciones:

1a. Que no son ciertos los actos atribuidos al secretario de Hacienda y Crédito Público, administrador Fiscal Federal y jefe de la Oficina Federal de Hacienda número 057, con residencia en Culiacán, Sinaloa, consistentes en la aplicación de las leyes reclamadas, por así manifestarlo al rendir su informe justificado, sin que la quejosa hubiese desvirtuado esa negativa, motivo por el cual debe sobreseerse en el juicio de garantías,

2a. Que son ciertos los actos reclamados al Congreso de la Unión, presidente de la República, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.

3a.Que es infundada la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, en atención a que la quejosa demostró que sí tiene interés para reclamar las leyes aludidas, toda vez que declaró activos para efectos fiscales, sin que esa declaración se haya objetado de falsa, lo que implica su aceptación por las autoridades fiscales.

Que también es infundada la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados son susceptibles de repararse por medio del juicio constitucional.

Que igualmente es infundada la causal de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 73 de la ley de la materia, toda vez que la inconforme exhibió la declaración del pago del impuesto al activo de las empresas que constituye el primer acto de aplicación de los ordenamientos reclamados, con la que se demuestra que la demanda de garantías fue interpuesta dentro de los quince días siguientes a la fecha de ese pago.

4a. Que la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas es violatorio de las garantías de proporcionalidad y equidad contenidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en primer lugar porque su artículo 2o. grava con una tasa única a personas con capacidad contributiva diversa, pues incide directamente sobre el patrimonio de los sujetos pasivos; y en segundo, porque el artículo 6o. de la propia ley excluye de la causación a ciertas personas que también realizan actividades empresariales, y son contribuyentes del impuesto sobre la renta, no obstante de que el principio de equidad se inspira en la justicia distributiva.

Que por ello procede conceder el amparo solicitado en contra de los actos consistentes en la "expedición", promulgación, refrendo (del decreto promulgatorio) y publicación de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, en cuanto que establece la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho; así como respecto de los actos de "expedición", promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y nueve, específicamente su artículo 1o., fracción I, inciso 2, en cuanto establece dentro de sus percepciones el impuesto al activo de las empresas, de acuerdo con la tesis del máximo tribunal de la República, publicada con el número 45, en las páginas 306 y 307, de la Primera parte del Informe de 1977, intitulada "LEYES DE INGRESOS. IMPUGNACION DE LAS.".

Que por lo tanto, resulta innecesario el estudio de los demás argumentos que se proponen, conforme a la tesis jurisprudencial número 106, visible en la página 167 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACION, CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.".

CUARTO. Inconformes con dicho fallo, el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y el procurador fiscal de la Federación, en representación del presidente de la República y del secretario de Hacienda y Crédito Público, en ausencia de éste, interpusieron sendos recursos de revisión.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo dictado el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa, admitió el recurso de revisión hecho valer por el presidente de la República y desechó por improcedentes los interpuestos por la representación social y por el secretario de Hacienda y Crédito Público.

El agente del Ministerio Público Federal designado para intervenir en el asunto, solicitó se revoque la sentencia en la parte que se concedió el amparo y se confirme en lo restante.

En proveído de catorce de diciembre de mil novecientos noventa, se turnaron los autos al ministro ponente.

Mediante promociones presentadas el veinte de diciembre de mil novecientos noventa, 30 de abril y 29 de agosto de mil novecientos noventa y uno y 6 de febrero de 1992, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia, la autoridad recurrente impulsó el procedimiento.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y 11, fracción V, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se hizo valer en contra de sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclamaron las Leyes del Impuesto al Activo de las Empresas y de Ingresos de la Federación para el ejercicio de mil novecientos ochenta y nueve y aun cuando ya se sentó jurisprudencia sobre los temas debatidos en esas leyes, como en la demanda se formulan conceptos de inconstitucionalidad que se expresan tanto en contra de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, como en contra de su reglamento, conceptos que están relacionados estrechamente, es pertinente que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con fundamento en el artículo 94, párrafo sexto (aplicado analógicamente) y 107, fracción VIII, inciso b), párrafo segundo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerciten la facultad de atracción en cuanto al conocimiento de dicho reglamento.

De manera similar ha resuelto este Tribunal Pleno sobre la facultad de atracción al integrar la tesis jurisprudencial número 30/91 publicada en la Gaceta número 42 del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente:

"ATRACCION. EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE PUEDE EJERCER ESA FACULTAD RESPECTO DE ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DE OTROS ORGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.-Si bien en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que señala los asuntos de carácter jurisdiccional que son de la competencia del Pleno de la Suprema Corte, no se establece que éste puede ejercer la facultad de atracción respecto de los amparos directos y amparos en revisión de la competencia de los tribunales colegiados de Circuito, a diferencia de lo que se previene en relación con las Salas en las fracciones I, inciso b), y III, de los artículos 24, 25, 26 y 27 de ese ordenamiento legal, debe inferirse que ese Alto Cuerpo Colegiado puede ejercer la referida facultad respecto de asuntos de la competencia de otros órganos, así como de las Salas, pues por una parte, el artículo 107 de la Constitución al establecer la facultad de atracción, respecto de los amparos directos en el último párrafo de la fracción V, y en cuanto a los amparos en revisión en el segundo párrafo del inciso b), de la fracción VII, se refiere genéricamente a la Suprema Corte de Justicia en la que necesariamente se encuentra incluido el Pleno como su órgano supremo y, por la otra, resulta lógico inferir que si en la ley orgánica se refiere el ejercicio de la facultad de atracción a sus Salas, por mayoría de razón debe hacerse extensiva al Pleno."

SEGUNDO. Por no haber sido impugnado por la parte quejosa, que es a quien puede perjudicar, no es materia de la revisión y debe quedar firme el resolutivo primero y consideraciones relativas de la sentencia recurrida, mediante las cuales el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados al secretario de Hacienda y Crédito público, administrador fiscal federal y jefe de la Oficina Federal de Hacienda número 057, estos últimos con residencia en Culiacán, Sinaloa, consistentes en la aplicación de las leyes impugnadas, sin que tal firmeza implique la inexistencia del acto de aplicación, toda vez que éste provino del (requerimiento) del primer pago provisional del año de mil novecientos ochenta y nueve, practicado a la quejosa el 15 de mayo del mismo año (foja 42).

TERCERO. La autoridad recurrente hace valer en el primero, sexto y octavo de los agravios, las siguientes causas de improcedencia que, a su entender, el Juez de Distrito debió tomar en cuenta para sobreseer en el juicio.

1. Que la quejosa carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo en contra de lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, que exenta de pago a varios sujetos, porque no afecta su patrimonio, sino, en todo caso, el del Estado y, por lo tanto, no le causa ningún agravio directo, requisito este que es necesario para la procedencia del juicio constitucional, de acuerdo con las tesis de jurisprudencia que invoca;

2. Que el Juez de Distrito no estuvo en lo justo al considerar que la quejosa sí demostró su interés jurídico para impugnar las disposiciones legales reclamadas. La razón por la que la autoridad estima incorrecta la consideración del Juez consiste en que la quejosa aunque exhibió una declaración correspondiente a un pago provisional del impuesto, tal documento constituye una manifestación unilateral de voluntad que requiere de elementos de prueba para verificar la certeza de los datos, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, extremo que no se acreditó en el juicio;

3. Que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis de jurisprudencia número cincuenta y uno, que bajo el rubro "IMPUESTOS, EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LOS.", puede consultarse en las páginas noventa y seis y siguiente de la Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos ochenta y cinco, que dispone que el juicio de garantías sólo procede en los casos en que el impuesto de que se trate sea exorbitante y ruinoso, lo que no se comprobó en el presente caso;

4. Que en relación con la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y nueve, el a quo debió decretar el sobreseimiento del juicio en virtud de que la misma no afecta el interés jurídico de la quejosa, pues es sólo un catálogo de contribuciones y no se hace valer concepto de violación en contra de tal ley por vicios propios; y,

5. Que el juicio es improcedente y debió sobreseerse en él porque el acto de aplicación, consistente en el primer pago provisional del gravamen debía realizarse el diecisiete de abril de mil novecientos ochenta y nueve, según el numeral 7o. de la ley reclamada, de modo que el plazo de quince días para promover el juicio feneció el 17 de abril del mismo año y la demanda se presentó el cinco de junio siguiente.

CUARTO. Los argumentos con los que se pretende demostrar que se surte la primera causal son infundados, pues si se toma en consideración que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los derechos fundamentales de los gobernados el principio de equidad tributaria, lógico resulta que como la quejosa impugna el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas alegando que establece un trato desigual violatorio de dicho principio, porque algunos causantes de su misma categoría están exentos y ella no, basta la comprobación de que es sujeto del referido impuesto para acreditar que tiene interés para impugnar el referido precepto legal, extremo que demuestra, (como se verá a continuación).

Con el propósito de examinar la segunda causal, se toma en cuenta que la parte inicial del artículo primero de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, establece: "Las sociedades mercantiles y las personas físicas que realicen actividades empresariales residentes en México, están obligadas al pago del impuesto al activo de las empresas, por su activo, cualquiera que sea su ubicación.".

De la transcripción aparece que la ley grava entre otros sujetos, tanto a las sociedades mercantiles y a las personas físicas que se dediquen a actividades empresariales, determinando que el objeto tributario son sus activos, de donde se infiere que una sociedad mercantil no es afectada sólo por serlo, sino por realizar actividades empresariales y por el hecho de tener activos; por tanto, la afectación del interés jurídico cuando la ley se reclama como autoaplicativa, requiere la demostración de todos esos elementos y, cuando se reclama como heteroaplicativa, basta con que se acredite su aplicación.

Luego, si en la especie la ley se impugnó con motivo del primer acto de aplicación, extremo que se comprobó con la constancia que obra a foja 42, consistente en la copia certificada del requerimiento del primer pago provisional del año de 1989, practicado a la quejosa el veintiocho de abril del año mencionado, es claro que la quejosa acredita que el ordenamiento reclamado afecta su interés en lo que se refiere a todos aquellos preceptos que rigen las situaciones jurídicas que constituyen el desarrollo ordinario, natural y lógico de la clase de contribuyentes que ha demostrado ser.

Tampoco se actualiza la tercera causa de improcedencia que hace valer la recurrente, en virtud de que aun cuando en el criterio jurisprudencial que invoca (actualmente superado), sólo se alude a la facultad del Poder Judicial Federal para revisar los decretos o actos del poder legislativo en cada caso especial, cuando aparezca que el impuesto es exorbitante o ruinoso, ello no significa que ése sea, al presente, el único aspecto de constitucionalidad que pueda jurídicamente censurarse en amparo; por lo contrario, el juicio de garantías permite el cotejo de la ley con todas las garantías constitucionales, motivo por el cual no cabe el sobreseimiento propuesto.

Es infundada la cuarta causa de improcedencia que se hace valer respecto de la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y nueve, pues si bien es verdad que las leyes de ingresos sólo constituyen un catálogo de gravámenes tributarios, como ha establecido esta Suprema Corte en la tesis de jurisprudencia 127 (compilación de 1988, Primera Parte), igualmente cierto resulta que condicionan la aplicación de las disposiciones tributarias de fondo, según se asienta en la misma tesis, motivo por el cual no cabe el sobreseimiento propuesto. Por tanto, contrariamente a lo pretendido por la recurrente, la afectación del interés jurídico del contribuyente se produce por ambos ordenamientos.

También es infundada la quinta causal de improcedencia porque el plazo de quince días dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo comenzó a correr al día siguiente al en que se produjo el primer acto de aplicación de la ley, que según se dijo líneas arriba, consistió en el requerimiento de pago provisional del gravamen practicado a la quejosa el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y nueve; por ello, la demanda presentada el dieciséis de mayo siguiente resulta oportuna.

Lo anterior, porque con independencia de que la fecha límite establecida por la ley reclamada para el primer pago provisional sea el diecisiete de abril, lo que interesa para calificar la procedencia del juicio constitucional es la fecha en que se concretan, en un acto singular, los efectos de la ley respecto de la situación jurídica particular de la parte quejosa, en este caso, la oportunidad de la demanda se examina considerando cuándo se produjo o se realizó el pago, no cuándo debió realizarse de acuerdo con las disposiciones fiscales impugnadas, pues esto es ajeno al sistema de acceso al control de la constitucionalidad de leyes. Se invoca en apoyo de esta consideración la tesis jurisprudencial 122 de la compilación de 1988, Primera Parte, que establece:

"LEYES. AMPARO CONTRA. TERMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA.-Los distintos términos para impugnar una ley que se estima inconstitucional, son: a) Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma ley); c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley invocada)."

QUINTO. En virtud de que resultaron ineficaces el primero, sexto y octavo de los agravios encaminados a demostrar la improcedencia del presente juicio de garantías, y como no se advierte ningún otro motivo que conduzca al sobreseimiento, procede analizar los agravios restantes que combaten el fondo del asunto.

Manifiesta en ellos la autoridad recurrente que es infundado el argumento del a quo en el sentido de que el artículo 6o. de la ley impugnada, viola el principio de equidad, ya que dentro de la misma categoría o grupo de contribuyentes no se establecen diferencias a título particular; que las instituciones que formen el sistema financiero han sido excluidas para evitar que el gravamen se duplique sobre los mismos recursos, pues se trata de intermediarios financieros; que las sociedades cooperat

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/234-18c9f65b/leyes-no-son-inconstitucionales-porque-se-aparten-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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