Corpus
Modo: Corpus Pro

LEYES FISCALES. PUEDEN EXPEDIRSE, REFORMARSE O DEROGARSE DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1090/91. · Registro digital (IUS): 233
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: EMBUTIDOS RAMÍREZ, S.A. DE C.V.
Localización: Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril de 1992, , Pág. 33.

Se publica íntegra la ejecutoria del amparo en revisión 1090/91:

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y dos.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de febrero de mil novecientos ochenta y nueve a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Manuel Ramíez Arroyo, como representante de Embutidos Ramírez, Sociedad Anónima de Capital Variable, ocurrió en demanda de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se especifican:

"AUTORIDADES RESPONSABLES:

"1. Congreso de la Unión;

"2. Presidente de la República;

"3. Secretario de Gobernación;

"4. Secretario de Hacienda y Crédito Público; y,

"5. Jefe de la Oficina Federal de Hacienda número 13.

"ACTOS RECLAMADOS:

"A) Del Congreso de la Unión, la discusión, aprobación y expedición de la Ley del Impuesto sobre la Renta en cuanto a la derogación del Título VII del sistema tradicional del impuesto al artículo sexto de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales promulgada el 27 de diciembre de 1988 y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de ese mismo mes y año.

"B) Del presidente de la República, la promulgación y publicación de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales el 27 de diciembre próximo pasado respectivamente, en los términos del inciso anterior.

"C) Del secretario de Gobernación la firma y refrendo del decreto mediante el cual el presidente de la República promulga y publica la ley antes señalada.

"D) Del secretario de Hacienda y Crédito Público, la intervención que debe tener en todo juicio en que verse el interés fiscal o financiero de la Federación.

"E) Del jefe de la Oficina Federal de Hacienda número 13 como autoridad ejecutora. Se reclaman a su vez de todas las autoridades responsables, todos los posibles efectos y consecuencias que se derivan de la ejecución de la Ley del Impuesto sobre la Renta antes referida en el título mencionado, en vigor a partir del 1o. de enero de 1989."

SEGUNDO. El promovente del amparo estimó vulneradas en su perjuicio las garantías individuales que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; señaló que no había parte tercero perjudicada y, manifestó como antecedentes de los actos reclamados los siguientes: "A. Mi mandante, por su constitución tiene por objeto la realización de actividades empresariales. B. Como contribuyente del impuesto sobre la renta de las sociedades mercantiles, mi representada ha estado sujeta, desde el 1o. de enero de 1987, al régimen implantado por el legislador en el decreto que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1986, en cuyo artículo tercero se adiciona a dicha ley con un título denominado `Del mecanismo de transición del Impuesto sobre la Renta a las actividades empresariales', en cuyo artículo 801 se establece que `Las sociedades mercantiles aplicarán por separado, las disposiciones contenidas en los títulos II y VII de la ley. El impuesto conjunto del ejercicio será la cantidad que resulte de sumar los montos de impuestos determinados de conformidad con este Título en las siguientes proporciones:

En el año de calendario Título II Título VII

1987 20% 80%

1988 40% 60%

1989 60% 40%

1990 80% 20%

"Como consecuencia de lo anterior se adicionó en ese propio decreto, en su artículo segundo, la Ley del Impuesto sobre la Renta con un título VII denominado `Del Sistema Tradicional del Impuesto sobre la Renta a las Actividades Mercantiles'. C. El legislador, sorpresivamente, en la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1988, en su artículo sexto deroga el título VII `Del Sistema Tradicional del Impuesto sobre la Renta a las Actividades Empresariales' y se reforma el artículo 801 para quedar como sigue:

"ARTICULO 801. ...

"En el año de calendario Título II Título VII

1987 20% 80%

1988 40% 60%

1989 100% -.-

1990 100% -.-

"Considerando que la reforma introducida al artículo 801 viola en perjuicio de mi poderdante garantías individuales que consignan los preceptos constitucionales antes señalados".

El promovente del amparo adujo como concepto de violación el siguiente:

"UNICO. La reforma introducida al artículo 801, correspondiente al título VIII con que se adicionó la Ley del Impuesto sobre la Renta conforme al artículo tercero del decreto que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1986, mediante el artículo sexto de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1988, viola, en perjuicio de mi representada el principio de irretroactividad de las leyes establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales. El legislador, al aprobar el decreto que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, introdujo, a partir del 1o. de enero de 1987, un mecanismo consistente en dos sistemas para el pago del impuesto sobre la renta de las sociedades mercantiles: el nuevo que recogió el título II de dicha ley y el que se adicionó con el título VII intitulado `Del Sistema Tradicional del Impuesto sobre la Renta a las Actividades Empresariales', a cuyo articulado se le adicionó la palabra bis; mecanismo que recogió el Título VIII que también se adicionó simultáneamente denominado `Del Mecanismo de Transición del Impuesto sobre la Renta a las Actividades Empresariales', cuyos numerales fueron del 801 al 816. Conforme al artículo 801, el legislador estableció que el resultado fiscal de las sociedades mercantiles quedaría gravada, en los términos siguientes: Durante 1987 se aplicaría la tasa del 35% al 20% de dicho resultado y la tarifa del sistema tradicional se aplicaría al 80% restante, durante 1988 se gravaría el resultado aplicando la tasa del 35% al 40% del mismo y la tarifa del sistema tradicional al 60% restante; durante 1989 se gravaría el resultado aplicando la tasa del 35% al 60% del mismo y la tarifa del sistema tradicional al 40% restante; durante 1990 se gravaría el resultado aplicando la tasa del 35% al 80% del mismo y la tarifa del sistema tradicional al 60% restante; durante 1989 se gravaría el resultado aplicando la tasa del 35% al 60% del mismo y la tarifa del sistema tradicional al 40% restante; durante 1990 se gravaría el resultado aplicando la tasa del 35% al 80% del mismo y la tarifa del sistema tradicional al 20% restante, y a partir de 1991 se aplicaría la tasa del 35% al 100% del resultado fiscal. Conforme en que la derogación del Título VII opera a partir del 1o. de enero de 1989 y no para el pasado; conforme en que el aumento de la tasa del 35% que el legislador previó para 1989 y 1990 se incremente a 37 y 36% respectivamente, por cuanto que el Título VIII `Del Mecanismo de Transición del Impuesto sobre la Renta a las Actividades Empresariales' no aludió a la tasa del 35%, pero ¨puede el propio legislador modificar para el futuro lo que él mismo, de manera expresa, precisó que estaría en vigor durante 1989 y 1990 dar certeza a los contribuyentes en su quehacer empresarial? El legislador establece la tasa de una contribución que debe de aplicarse durante un período fiscal, año natural, aumentándola o disminuyéndola para el siguiente ejercicio, pero cuando el legislador nos dice que para los años de 1989 y 1990 tendrá vigencia un mecanismo de aplicación de dos sistemas en el impuesto sobre la renta y cuáles serán los porcentajes de utilidad a gravarse con la tasa en vigor ¨puede alterar lo anterior afectando los derechos de los contribuyentes? Si aceptamos que el legislador puede desconocer los derechos que en ciertos años tendrán los contribuyentes, entonces ¨qué seguridad se tiene de que para 1990 la tasa del 37% se reducirá a 36% y para 1991 a 35%, como ahora nos lo ha hecho saber en la fracción V del artículo octavo `Disposiciones transitorias' del artículo sexto de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1988? El legislador no puede desconocer derechos que ha otorgado, en este caso, a los contribuyentes del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quienes confiados en el mecanismo antes descrito, planearon, programaron o se sintieron sabedores de lo que se les aplicaría al resultado fiscal que obtuviesen de 1987 a 1990. El legislador, al borrar lo que él mismo había establecido para tener vigencia hasta 1990 está destruyendo lo que él mismo había tutelado en la ley. Si el legislador no hubiese estatuido en el artículo tercero del Decreto que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Título VIII denominado `Del Mecanismo de Transición del Impuesto sobre la Renta a las Actividades Empresariales', bien podría sostenerse que no se están vulnerando derechos que él otorgó por anticipado a las sociedades mercantiles. La ley no puede afectar actos o hechos realizados o acontecidos en el pasado en perjuicio de persona alguna, pero tampoco puede desconocer derechos que ha otorgado a los particulares hasta cierto futuro mediante cambios que a ella se le introduzcan, porque entonces surgiría la inseguridad jurídica. La aplicación integral del nuevo sistema del impuesto sobre la renta para las actividades empresariales está condicionada a que aún transcurran los años de 1989 y 1990; el propio legislador estableció tal condición pensando en que de 1987 a 1990 era el tiempo razonable para que los contribuyentes afectados pudiesen planear y ajustarse en sus actividades al nuevo sistema que amplía extraordinariamente la base del impuesto. Sirve de apoyo el criterio contenido en la tesis relacionada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, Tercera Parte II, página 505, que dice: `RETROACTIVIDAD EN LA TRIBUTACION.-(se transcribe)'. Por lo tanto, procede que se declare la inconstitucionalidad de la reforma introducida al artículo 801 de la ley del Impuesto sobre la Renta, a través del artículo sexto de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1988, debiendo subsistir el contenido del citado artículo 801 que aparece en el Decreto que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1986, por lo que debe otorgarse a mi representada el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación de las garantías antes señaladas."

TERCERO. El Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en auto que dictó el nueve de febrero de mil novecientos ochenta y nueve admitió la demanda de que se trata, la que se registró con el número P/0078/89 y, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables. Tramitado el juicio pronunció sentencia el dos de junio de mil novecientos ochenta y nueve, la que terminó de engrosar hasta el treinta de enero de mil novecientos noventa y uno con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.-SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por EMBUTIDOS REMIREZ, S.A. DE C.V., en contra de los actos, autoridades, y por las razones vertidas en el cuarto considerando de esta sentencia. SEGUNDO.-La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a EMBUTIDOS REMIREZ, S.A. DE C.V., en contra de los actos, autoridades y por las razones que quedaron precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFIQUESE: Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO."

La sentencia se apoya en las siguientes consideraciones: "PRIMERO.-Son ciertos los actos que se reclaman del Congreso de la Unión, Presidente de la República y Secretario de Gobernación, consistentes en el proceso legislativo de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, en especial en cuanto a su ARTICULO SEXTO que deroga el `TITULO VII' de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que el derecho no está sujeto a prueba y su existencia se encuentra acreditada en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme a lo establecido en el numeral 2o. de la Ley de Amparo. SEGUNDO.-Es cierto el acto reclamado del Secretario de Hacienda y Crédito Público consistente en la intervención que debe tener en todo juicio que verse el interés fiscal o financiero de la federación, por así haberlo reconocido al rendir su informe con justificación. TERCERO.-La autoridad responsable Jefe de la Oficina Federal de Hacienda Número Trece, fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de habérsele solicitado debida y oportunamente como se demuestra con la constancia de notificación que obra agregada a folios cuatro de autos, sin embargo no se está en el supuesto del artículo 149 de la Ley de Amparo de tener como presuntivamente ciertos los actos que se le reclaman, en virtud de que éstos son imprecisos pues únicamente se señalan todos los posibles efectos y consecuencias que se deriven de la ejecución de la Ley del Impuesto sobre la Renta... en vigor a partir del 1-I-89, sin que el quejoso hubiera precisado o especificado en qué consistían tales actos. CUARTO.-Previamente al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados procede entrar al análisis de las posibles causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer o bien que se adviertan de oficio conforme a lo estipulado por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. En la especie, el Secretario de Hacienda y Crédito Público invoca la causal de improcedencia prevista en la fracción V del numeral 73 de la Ley de Amparo, dado que si bien dicha autoridad debe intervenir en todo juicio en que verse el interés fiscal o financiero de la Federación, ello no afecta en nada el interés jurídico del amparista. Es fundada la causal planteada, habida cuenta que, efectivamente la intervención que tenga o pudiera tener el Secretario de Hacienda y Crédito Público en el presente juicio constitucional, no afecta en absoluto la esfera jurídica del quejoso, aun cuando verse sobre el interés fiscal o financiero de la Federación, puesto que tal intervención no le causa ningún agravio ni personal, ni directo y por ende no afecta sus intereses jurídicos, debiendo en consecuencia sobreseerse en este juicio de garantías con fundamento en lo establecido por la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, por surtirse la causal prevista en la fracción V del diverso 73 de la misma legislación. QUINTO.-Es infundado el único concepto de violación esgrimido por el quejoso en atención a las siguientes consideraciones. Substancialmente arguye el amparista que se violan en su perjuicio garantías de irretroactividad de la ley y de seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, manifestando su duda respecto a `si el propio legislador puede modificar para el futuro lo que él mismo, de manera expresa, precisó que estaría en vigor durante mil novecientos ochenta y nueve y mil novecientos noventa para dar certeza a los contribuyentes en su quehacer empresarial', y la `seguridad que se tiene de que para mil novecientos noventa la tasa del 37% se reducirá a 36% y para mil novecientos noventa y uno a 35% como dispone la ley impugnada', expresando por último que `se están vulnerando derechos otorgados por anticipado a las sociedades mercantiles'. Resultan infundados los argumentos vertidos por la quejosa, dado que a su primer interrogante debe precisarse que efectivamente el propio legislador puede modificar para el futuro lo que él mismo de manera expresa señaló que estaría en vigor durante mil novecientos ochenta y nueve y mil novecientos noventa, habida cuenta que se encuentra facultado para ello, pues en materia tributaria rige el principio de anualidad, pudiendo cada año cambiar, modificar, adicionar o derogar las disposiciones fiscales, atendiendo a las situaciones sociales y a las necesidades de los contribuyentes que deben ser reguladas sin que con ello se viole la garantía de irretroactividad de la ley, debiendo resaltarse que al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para que una ley sea retroactiva se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, circunstancia ésta que es esencial, ya que la ley se considera retroactiva cuando vuelve al pasado para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos, sin que en el caso a estudio se dé ninguna de estas circunstancias, por lo que la ley reclamada no es violatoria del artículo 14 constitucional, siendo pertinente destacar respecto al segundo planteamiento del amparista que en efecto los contribuyentes no pueden tener a futuro ninguna seguridad respecto a las leyes fiscales por las razones expuestas, ya que si bien, una vez que efectuado el proceso legislativo anual en materia tributaria éste no varía, no es menos cierto, que como ya se dijo con anterioridad, cada año pueden establecerse, reformarse, adicionarse o derogarse las mismas en función de las necesidades y situaciones sociales, sin que con ello se inhiba o disminuya en modo la certeza de los contribuyentes en su `quehacer empresarial', por lo que es inexacta la apreciación que tiene el quejoso. Finalmente tampoco es de considerarse como violatorio de garantías la afirmación del amparista en el sentido de que la ley que reclama y concretamente el artículo 801 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para mil novecientos ochenta y nueve vulnera derechos otorgados por el legislador a las sociedades mercantiles, toda vez que ni específica (sic) o señala qué derechos le afecta y cómo, ni lo demuestra en modo alguno, es decir, no manifiesta qué derecho adquirido, qué situación jurídica concreta o qué situación jurídica constituida vulnera el precepto legal que combate, ni lo prueba en forma alguna, en otras palabras, el quejoso no dice cuál es la situación jurídica consumada generadora de algún derecho que le vulnere el numeral combatido, ni ofreció probanza alguna que demostrara la afectación de que se duele. Cabe hacer hincapié en que la tesis que invoca le es aplicable en sentido inverso del que pretende el quejoso, en virtud de que precisamente en ella se establece que la retroactividad en la tributación únicamente es dable cuando se vulnera un derecho adquirido, o sea, o cuando afecten situaciones jurídicas consumadas o constituidas con anterioridad o las consecuencias de éstas que se sigan produciendo, sin que el amparista pruebe o demuestre por medio alguno que se encuentra en uno de tales supuestos. Virtud a los razonamientos vertidos y dado que no existe violación ninguna a las garantías individuales del quejoso, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Resultan aplicables al caso la cuarta y quinta tesis relacionadas con la jurisprudencia número 1654 publicadas a fojas 2683 y 2684, del Volumen VI, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo los rubros: `RETROACTIVIDAD EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FISCAL, Y RETROACTIVIDAD. TEORIA SOBRE LA.' Asimismo es de aplicarse la cuarta tesis relacionada con la número 1657, consultable en las páginas 2689 y 2690 del Volumen, Parte y Apéndice en cita, con el título de : `RETROACTIVIDAD EN LA TRIBUTACION.' De igual modo debe aplicarse la Tesis publicada en la página 655 del Volumen II, de la Primera Parte del Apéndice en comento, cuyo rubro dice: `DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES.'

CUARTO. Inconforme con la sentencia a que se hace mérito, el representante de la quejosa interpuso el recurso de revisión.

Recibido el expediente en este Alto Tribunal, su presidente en acuerdo que dictó el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y uno, admitió el recurso de revisión que se hizo valer por el representante de la parte quejosa, ordenando que se turnara el asunto al Ministro que por turno correspondiera; notificándose este acuerdo el día diecisiete del mismo mes y año.

Mediante acuerdo de dieciocho de junio de mil novecientos noventa y uno, se turnaron los autos a la Ministra ponente, para su resolución.

El agente del Ministerio Público Federal solicitó que se confirmara la sentencia recurrida.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 11, fracción V, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se interpuso en contra de la sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclamó una ley emanada del Congreso de la Unión, subsistiendo en la revisión la materia de inconstitucionalidad.

SEGUNDO. La recurrente aduce los siguientes agravios: "UNICA.-La resolución emitida por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, causa agravio a mi mandante al considerar infundado el concepto de violación hecho valer en el escrito de demanda, según se desprende del considerando sexto de la mencionada resolución toda vez que el Juez sostiene que: `... el propio legislador puede modificar para el futuro lo que él mismo de manera expresa señaló que estaría en vigor durante mil novecientos ochenta y nueve y mil novecientos noventa, habida cuenta que se encuentra facultado para ello, pues en materia tributaria rige el principio de anualidad pudiendo cada año cambiar, modificar, adicionar o derogar las disposiciones fiscales, atendiendo a las situaciones sociales y a las necesidades de los contribuyentes que deben ser reguladas sin que con ello se viole la garantía de irretroactividad de la ley, ... por lo que a la ley reclamada no es violatoria del artículo 14 constitucional ...'. El criterio del Juez es inaceptable ya que, aunque es cierto que el Congreso de la Unión debe legislar anualmente en materia impositiva para determinar los impuestos que habrán de cubrir el presupuesto correspondiente al año fiscal, esta facultad no limita el período de vigencia que el propio Congreso puede atribuir a una ley, puesto que como en el presente caso, se aprobó una ley para el período de cuatro años y su única consecuencia, es que ese mismo legislador la tome en cuenta al elaborar la ley de ingresos relativa a cada uno de esos años 1987, 1988, 1989 y 1990 y se aplique en cada ejercicio a los hechos o situaciones jurídicas que surjan durante su vigencia. Esto es, la consideración del a quo puede ser válida en los casos en los cuales las normas tributarias tengan señalada una vigencia indefinida, la cual puede ser modificada en cualquier momento por el legislador sin caer en el supuesto de la violación al primer párrafo del artículo 14 constitucional y que en el presente caso no es aplicable, puesto que a la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 801 se le asignó una vigencia de cuatro años que se aplicaría en la forma establecida en el capítulo de hechos del escrito inicial de demanda, que como se observa su vigencia fue claramente determinada, siendo parte de la esfera jurídica del particular que al decidirse a realizar actividades lo hizo con la seguridad jurídica de que el artículo 801 de la ley multicitada tendría una vigencia de cuatro año. El Juez agrega que: `... el quejoso no dice cuál es la situación jurídica consumada generadora de algún derecho que le vulnere el numeral combatido, ni ofreció probanza alguna que demostrara la afectación de que se duele'. Lo anterior es falso e insostenible, pues basta la lectura del escrito inicial de demanda para observar que se ataca una ley en materia fiscal que modifica la vigencia de otra ley que había delimitado perfectamente su validez en el tiempo, 1987, 1988, 1989 y 1990, misma que se aplicó en los dos primeros años; de donde se desprende que: a) Se modifica la vigencia de una ley, para concluir su validez en el tiempo con antelación a la fecha fijada por el propio Congreso. b) La ley cuya vigencia se concluye, tuvo aplicación de dos años, faltando dos más para surtir efectos. c) Dicha ley formó parte del sistema jurídico que tomó en consideración el contribuyente al iniciar operaciones en el año de 1987, conocimiento que le daba certeza jurídica sobre el monto del Impuesto sobre la Renta a cubrir por el período de cuatro años al dedicarse a una actividad empresarial. En este sentido, sí se está modificando un hecho acaecido en el pasado, dado que si el propio legislador dispuso el período de vigencia de una ley y se aplicó durante una parte de la vigencia que en ella misma se fijó, se está afectando un hecho acaecido en el pasado que modifica la esfera jurídica del particular en el presente, esto es, al cambiarse el término de vigencia de una ley, la suma de derechos y obligaciones fijada por la ley en favor del particular para un determinado período de tiempo se varían, lo cual, como se señala en el escrito de demanda, provoca un estado de inseguridad jurídica, siendo que la certeza o seguridad jurídica, se expresa en el sentido de que los particulares deben poder prever los actos de imperio que el Estado emita a su respecto y actuar en consecuencia, es decir que el habitante debe estar seguro y protegido por el derecho y no estar sujeto al capricho del legislador, en el sentido de que su comportamiento no es idóneo a producir consecuencias que no fueran previsibles en el momento en que el mismo tuvo lugar, por lo que sí es aplicable la tesis que se transcribe en el escrito inicial de demanda, al contener presupuestos similares a los del caso concreto puesto que las normas legales se deben aplicar durante el período de vigencia para el cual se establecieron. Ahora bien, de ninguna manera se puede considerar la existencia de meras expectativas de derecho puesto que son derechos que la Ley del Impuesto sobre la Renta anticipó al contribuyente, y que por su actividad aplicaría en los términos que le fueron entregados, según transcurriera el tiempo de los cuatro años. En consecuencia procede se revoque la sentencia recurrida y se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal a mi poderdante, del acto que se reclama de las autoridades señaladas como responsables."

TERCERO. Debe confirmarse el sobreseimiento decretado en el juicio, contenido en el primer punto resolutivo, regido por los considerandos tercero y cuarto de la sentencia recurrida, porque en su contra no se expresaron agravios, ni este órgano revisor encuentra materia que suplir en términos de la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.

CUARTO. Los argumentos de agravio que formuló el recurrente son infundados.

Es cierto como lo aduce el recurrente, que el principio de anualidad que rige en la materia tributaria no limita la vigencia de las leyes; sin embargo, la existencia de este principio no obliga tampoco al legislador a expedir leyes, en esta materia, con vigencia por tiempo definido o indefinido, ya que, precisamente, dada la naturaleza de la materia impositiva y, atendiendo a su finalidad de recaudación para sufragar el gasto público de la Federación, el legislador en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución General de la República está facultado, previamente a la determinación del Presupuesto de Egresos del Estado, para discutir las contribuciones que han de cubrirlos, por lo que de existir éstas ya en las leyes fiscales requieran de modificación, reformas o adiciones; de ahí el que, si la propia Constitución Política no impone al legislador la obligación de expedir leyes tributarias con vigencia determinada o indeterminada, con excepción de la ley de ingresos, devenga la facultad al legislador para ajustar éstas, en cualquier tiempo, según lo requiera el Presupuesto de Egresos de la Federación sin que obste para ello el que en las leyes fiscales se hayan determinado las bases generales de tributación por diversos períodos anuales, a partir de su entrada en vigor.

En efecto, el hecho de que en una ley fiscal se contengan las bases generales de tributación a que ha de sujetarse el contribuyente, por diversos períodos anuales, a partir de la entrada en vigor de la ley, no significa que la vigencia de la ley se circunscriba a los períodos que en ella se comprenden y que por ello, no puedan reformarse esas bases hasta en tanto no hayan concluido esos periodos de tiempo, porque basta considerar que al estar encaminada la ley fiscal a la recaudación de fondos para sufragar el gasto público de la Federación, a que está obligado el gobernado en términos de la fracción IV del artículo 31 constitucional, se deben sujetar dichas normas a reformas, modificaciones o adiciones en cualquier tiempo, según se requiera conforme al Presupuesto de Egresos del Estado.

Similar criterio ha sostenido este Tribunal Pleno, en relación a la expedición, reforma o derogación de leyes fiscales, al resolver los amparos en revisión números 964/88 promovido por Importadora y Exportadora del Centro, S.A. y otras, resuelto el 6 d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/233-58f50d5a/leyes-fiscales-pueden-expedirse-reformarse-o-derogarse-durante · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.