FORMAS OFICIALES EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. EL ARTICULO 18 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION QUE LAS AUTORIZA NO DELEGA LA FACULTAD REGLAMENTARIA EN FAVOR DE DICHA DEPENDENCIA. * * * FORMAS OFICIALES EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. EL ARTICULO 18 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION QUE LAS AUTORIZA NO VIOLA LA GARANTIA DE PETICION CONSAGRADA EN EL ARTICULO 8o. DE LA CONSTITUCION. - - -
Se publica íntegra la ejecutoria del amparo en revisión 940/91:
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de febrero de mil novecientos noventa y dos.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.- Por escrito presentado el cinco de octubre de mil novecientos noventa en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal del que, por razón de turno tocó conocer al Juez Quinto de la especialidad y jurisdicción mencionados, Gustavo Lira González, en representación de Industrias Filatex, sociedad anónima de capital variable, ocurrió en demanda de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se especifican "AUTORIDADES RESPONSABLES: a) Congreso de la Unión; b) presidente de los Estados Unidos Mexicanos; c) subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; d) secretario de Gobernación; e) director del Diario Oficial de la Federación; f) jefe del Departamento de Servicios al Contribuyente de la Administración Fiscal Federal del Oriente del Distrito Federal". "ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables se reclama, en el mismo orden y respectivamente, los siguientes actos: a). Del Congreso de la Unión la expedición, promulgación y decreto del Código Fiscal de la Federación vigente, artículos 18 y 31. b). Del presidente de los Estados Unidos Mexicanos la promulgación, expedición, decreto y publicación del artículo 18 del Código Fiscal. c). Del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la expedición de la Resolución que Establece Reglas Generales y Otras Disposiciones de carácter Fiscal para el año de mil novecientos noventa y anexos del tres al diez publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintisés de febrero de mil novecientos noventa. La resolución que se reclama puede verse a fojas dos a cuarenta y cinco del Diario Oficial de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa." Al final de la misma se lee: "Atentamente.- Sufragio Efectivo. No Reelección.- México, Distrito Federal, a veintidós de febrero de mil novecientos noventa. En ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público y de los secretarios del Ramo y de Asuntos Financieros Internacionales, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 137 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- El subsecretario de Ingresos.- Francisco Gil Díaz.- Rúbrica". d). Del secretario de Gobernación el haber ordenado la publicación de la resolución citada en el inciso que precede, sin el decreto de ley, artículo 92 constitucional. e). Del director del Diario Oficial de la Federación la publicación de la resolución citada en el punto c) de este capítulo. f). Del jefe del Departamento de Servicios al Contribuyente de la Administración Fiscal Federal del Oriente del Distrito Federal la emisión del oficio 24103 de catorce de septiembre de mil novecientos noventa.".
SEGUNDO.- La quejosa invocó como garantías violadas las que consagran los artículos 8o., 89, fracción I y 92 de la Constitución General de la República; no señaló parte tercero perjudicada y manifestó como antecedentes de su demanda, los siguientes: "1. La quejosa presentó solicitud de diferimiento de pago y condonación de recargos el día veintidós de marzo de mil novecientos noventa; a esta solicitud recayó el número de oficialía de partes 0885 solicitud exhibida ante la Oficina Federal de Hacienda número 205. 2. La solicitud antes referida fue contestada en los términos del oficio que en esta vía reclamo número 24103.".
TERCERO.- Como conceptos de violación hizo valer los siguientes: "1. El acto que se reclama del Congreso de la Unión, o sea la promulgación, expedición y decreto de los artículos 18 y 31 del Código Fiscal de la Federación, va más allá del artículo 89, fracción I constitucional; en razón de que en éste sólo se faculta a reglamentar al Poder Ejecutivo, al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 80 constitucional. Sin embargo tal facultad reglamentaria, en los artículos 18 y 31 del Código Fiscal de la Federación, se le otorga a la Secretaría de Hacienda, contraviniendo lo dispuesto por los artículos constitucionales aquí citados. Ahora bien, dado que tanto la primera resolución reclamada como el oficio reclamado encuentran su génesis en los inconstitucionales artículos 18 y 31 en cita es evidente que inconstitucionales aquéllos inconstitucionales sus frutos; resolución y oficio reclamados. Por otra parte el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, en sí mismo, es inconstitucional, porque permite la elaboración de formas fiscales impresas que deben usarse para diversas fases del derecho de petición; en efecto el artículo 8o. constitucional que regula el derecho de petición sólo contiene tres requisitos para su ejercicio: a). Que la petición se formule por escrito. b). Que sea de manera pacífica. c). Que se formule en términos respetuosos. Cualquier otro requisito, como el de formular solicitudes en formas impresas, va más allá de los límites constitucionales. De lo expuesto inferimos la inconstitucionalidad del artículo 18 en cita y de todos sus frutos. 2. La resolución que se reclama del subsecretario de Hacienda y Crédito Público, también es inconstitucional porque carece de la autorización, refrendo o firma del secretario de Gobernación, en los términos del artículo 92 constitucional en los términos de la siguiente tesis: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DE LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNION. CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBERNACION." (La transcribe). Amparo en revisión 8150/84. Televisión González Camarena, Sociedad Anónima y coagraviados. Catorce de octubre de mil novecientos ochenta y seis. Unanimidad de diecisiete votos de los señores Ministros: De Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gutiérrez de Velasco, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Olivera Toro y presidente del Río Rodríguez. Ponente: Fernando Castellanos Tena. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. Precedente: Amparo en revisión 2066/84. Broadcasting Baja California, Sociedad Anónima y coagraviados, veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y seis. Unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros: De Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Moreno Flores, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Olivera Toro y presidente del Río Rodríguez. Ponente: Carlos del Río Rodríguez y el engrose estuvo a cargo del señor Ministro Schmill Ordóñez. Secretario: Rubén Pedrero Rodríguez. El expedir o decretar formas que contengan el pago implica un acto abstracto, general y obligatorio, que debe contener por tanto el decreto del secretario de Gobernación en términos del artículo 92 constitucional, para ser obligatorio. Ahora bien, la Constitución no tiene excepciones. El artículo 92 no puede dejar de aplicarse para el caso que se ejerciten las facultades habidas en una ley o un reglamento, se aplica en todos los casos sin excepción, porque las garantías individuales, entre ellas las de legalidad, no pueden restringirse ni suspenderse en los términos del artículo 1o. constitucional que a la letra dice: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y condiciones que ella misma establece". 3. Por otra parte la dicha resolución también contraviene lo dispuesto en el artículo octavo constitucional en cuanto que no se ajusta al texto constitucional artículo 8o.; cuando fija requisitos harto distintos, a los habidos en el artículo 8o. La resolución que se reclama en este juicio de amparo contraviene lo dispuesto por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues obliga a mi mandante a formular su solicitud mediante una forma llamada HCF-2. El artículo 8o. constitucional establece como requisitos esenciales de toda solicitud, que se presente ante las autoridades administrativas, que se formule por escrito y de manera pacífica y respetuosa. Como podemos desprender del artículo octavo, jamás establece como obligación a cargo del peticionario presentar promoción alguna mediante una forma oficial impresa, o sea: ésta es precisamente la inconstitucionalidad con la que se conduce la autoridad en tanto que le impone a mi mandante una obligación, la cual no está tipificada en el texto constitucional en comento, por lo que obligarla a formular su petición mediante una forma oficial impresa, conculca la garantía de petición, derecho subjetivo público al que es acreedora mi mandante. Es decir, la Constitución establece tres requisitos indispensables, que hay que acatar en virtud de toda petición de cualquier tipo, que se presente ante las autoridades administrativas; y claro está, que dichos requisitos son: "... se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; ..." Pero no se consagra el que se formule la o las peticiones mediante forma oficial impresa alguna, pues esto limita la solicitud a los conceptos que la autoridad quiere y que volcó en la forma impresa; esto es, pues, una limitante; mi mandante presentó su solicitud ciñéndola a lo establecido por la hipótesis legal habida en el artículo octavo constitucional; obligarla al uso de formas impresas, sin duda, es contravenir lo dispuesto en el artículo octavo constitucional, garantías que se le transgrede a mi mandante por la ilegalidad con la que se conducen las autoridades responsables. De lo antes expuesto se concluye que la resolución y oficio que se impugnan son de carácter inconstitucional y de esta suerte deben declararse nulas, concediéndole a mi mandante el amparo y protección de la Justicia Federal que reclama. 4. El artículo 18 del Código Fiscal de la Federación faculta el Poder Ejecutivo para reglamentar por la vía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alterando así el sistema constitucional que sólo permite al titular del Poder Ejecutivo, al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, emitir disposiciones reglamentarias esto es; actos materialmente legislativos que desarrollan los conceptos habidos en una ley. Así pues, cuando en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación se obliga a los causantes a presentar promociones en las formas que al efecto apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se está reglamentando, se está autorizando a la propia Secretaría para reglamentar al propio artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, artículo que señala los requisitos que debe tener toda promoción y que son: I. Constar por escrito. II. El nombre la denominación a razón social y el domicilio fiscal ... III. Señalar a la autoridad a que se dirige y el propósito de la promoción. IV. En su caso el domicilio para oír notificaciones ... Si a los requisitos de ley anteriores, añadimos el de exhibir la promoción en las formas que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es indudable que a la dicha Secretaría se la faculta para reglamentar el propio artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, con violación del artículo 89, fracción I, constitucional. Es evidente la relación entre los requisitos que fija el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación para toda promoción y la facultad dada a la Secretaría de Hacienda para regular las promociones y compeler al causante al uso de formas oficiales, con lo que se le faculta a reglamentar el propio artículo 18 en los términos expuestos con violación del artículo 89, fracción I, de nuestro máximo código. 5. El artículo 18 del Código Fiscal de la Federación le otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público facultades reglamentarias que no le corresponden, pues se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir resoluciones abstractas generales y obligatorias; actos materialmente legislativos; a saber la expedición de formas de uso obligatorio, general y abstracto. En efecto, el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación a la letra dice: "Artículo 18. Toda promoción que se presente ante las autoridades fiscales, deberá estar firmada por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital. Las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de diez días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada, si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades fiscales deberán acompañar al requerimiento la forma respectiva en el número de ejemplares que sea necesario ...". Por tanto es evidente que se faculta a la Secretaría de Hacienda para emitir disposiciones abstractas generales y obligatorias en tratándose de formas impresas de uso obligatorio para los causantes, según el propio artículo 18. Nuestro sistema constitucional sólo faculta al Congreso de la Unión y al presidente de la República para emitir resoluciones abstractas generales y obligatorias, actos materialmente legislativos. En efecto los artículos 65 y 89, fracción I, constitucionales disponen que las disposiciones generales y abstractas provengan: de la voluntad del Congreso de la Unión y entonces se llaman leyes y; del Poder Ejecutivo y entonces se llaman reglamentos. El artículo 80 constitucional dispone que el Poder Ejecutivo se deposita, solamente, en un solo individuo denominado presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, al facultar a la Secretaría de Hacienda faculta al secretario; al subsecretario; al oficial mayor a los directores; a los jefes de Departamento y a los jefes de mesa, para emitir disposiciones abstractas generales y obligatorias; así viola los precitados artículos de nuestro máximo código. Reglamentar en sentido genérico constitucional quiere decir emitir disposiciones de carácter abstracto, general y obligatorio. Esta facultad constitucionalmente, sólo se le otorga al presidente de la República y al dársele tal facultad a la Secretaría de Hacienda, a ésta la vuelven los artículos 18 y 31 en cita órgano emisor de actos materialmente legislativos y formalmente del ejecutivo la vuelven órgano emisor de reglas obligatorias, abstractas y generales, con violación de nuestro sistema constitucional todo, pues de aquí en adelante podrá legislar cualquier funcionario de la Secretaría de Hacienda. Pues en sentido lato se faculta a emitir reglas de carácter obligatorio, abstracto y general a una Secretaría, al secretario, al subsecretario, al oficial mayor, hasta el jefe de mesa, pues. 6. El artículo 18 del Código Fiscal de la Federación reglamenta el ejercicio del derecho de petición. Ahora bien el artículo 18 del Código Fiscal a la letra dice: "Artículo 18. Toda promoción que se presente ante las autoridades fiscales, deberá estar firmada por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital. Las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de diez días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada, si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades fiscales deberán acompañar al requerimiento la forma respectiva en el número de ejemplares que sea necesario ...". Por tanto las promociones deberán formularse en las formas aprobadas por la Secretaría de Hacienda. Es pues el ejercicio del derecho de petición el que se ve afectado, pues se fuerza al causante a exhibir sus peticiones en formas previamente aprobadas y promulgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que indudablemente viola el artículo 8o. constitucional que sólo contiene los siguientes requisitos para su ejercicio por parte del gobernado: a). Que la petición se formule por escrito. b). Que sea de manera pacífica. c). Que se formule en términos respetuosos. Cualquier otro requisito relativo al ejercicio del derecho de petición va más allá de los términos del artículo 8o. constitucional. 7. El artículo 18 del Código Fiscal de la Federación es inconstitucional porque permite la elaboración de formas impresas que contengan el derecho de petición; el artículo octavo constitucional contiene tres requisitos: a). Que la petición se haga por escrito. b). Que sea de manera pacífica. c). Que se haga en términos respetuosos. Cualquier otro requisito, como el de formular la petición o pago en formas impresas va más allá de los límites constitucionales del artículo 8o. constitucional, porque la resolución reclamada contiene requisitos, como el de presentar la petición y pagos en formas impresas, requisito que no está comprendido en el artículo octavo constitucional y que por tanto van más allá de este texto, con violación del artículo 89, fracción I constitucional. 8. Es obvio que el artículo 89, fracción I, constitucional sólo faculta al presidente de la República para emitir reglamentos. Y nada más. Se faculta a la Secretaría de Hacienda como autoridad fiscal para aprobar formatos de uso abstracto, general y obligatorio. Pues bien, esto es lo que una secretaría no puede hacer, pues las disposiciones de aplicación general y obligatoria sólo puede provenir del Congreso de la Unión, en actos denominados leyes o, del Poder Ejecutivo, en actos denominados reglamentos, entendiéndose por Poder Ejecutivo, exclusivamente al presidente de la República. Todo en los términos de los artículos 73, 80 y 89, fracción I constitucionales. Darle a la Secretaría de Hacienda potestad de emitir disposiciones de aplicación general y obligatoria de cualquier juez, es contrario a los artículos constitucionales aquí en cita, por lo que el Congreso de la Unión violó las dichas disposiciones al promulgar los artículos 18 y 31 del Código Fiscal de la Federación".
CUARTO.- El Juez de Distrito indicado, en acuerdo de ocho de octubre de mil novecientos noventa, admitió la demanda en sus términos, la que quedó registrada con el número 367/90 y solicitó los informes justificados a las autoridades responsables. Tramitado el juicio en todas sus partes, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y uno dictó sentencia con el siguiente punto resolutivo: "UNICO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Industrias Filatex, sociedad anónima de capital variable, en contra de los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta sentencia.- Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa".
Las consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido son las siguientes: "PRIMERO.- No son ciertos los actos reclamados del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la resolución que Establece Reglas Generales y otras Disposiciones de carácter fiscal para el año de mil novecientos noventa y anexos del tres al diez publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de febrero de mil novecientos noventa. Ya que únicamente suscribió la citada resolución en ausencia del titular de esta secretaría y de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Asuntos Financieros Internacionales, por así haberlos negado categóricamente al rendir su informe con justificación (folios cincuenta y ocho a sesenta), sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna en contrario que desvirtuara dicha negativa, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo y con apoyo en las tesis de jurisprudencia números cuatro y ciento setenta, visibles a fojas doce y doscientos ochenta y uno respectivamente, de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y cinco, con los rubros de: "ACTO RECLAMADO. NEGACION DEL." e "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.". SEGUNDO.- Son ciertos los actos que se reclaman del Congreso de la Unión y de los presidente de la República, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la expedición, promulgación y publicación del Código Fiscal de la Federación en especial respecto a sus artículos 18 y 31, toda vez que el derecho no está sujeto a prueba y su existencia se encuentra acreditada en términos de lo dispuesto por los numerales 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme a lo preceptuado en el párrafo 2o. de la Ley de Amparo, además de así reconocerlo al rendir sus respectivos informes con justificación. Asimismo es cierto el acto reclamado del jefe del Departamento de Servicios al Contribuyente de la Administración Fiscal Federal del Oriente del Distrito Federal, consistente en la emisión del oficio número 102-A-14-02-24103 de fecha catorce de septiembre de mil novecientos noventa, por así haberlo reconocido al rendir su informe justificado (folios treinta y uno a treinta y cinco), además de obrar en autos fotocopia certificada del acto combatido (folios setenta y uno y setenta y dos). TERCERO.- Previamente al estudio de fondo del asunto, deben analizarse las posibles causas de improcedencia que pudieran sobrevenir en el presente asunto, sea que las partes las hagan valer o que se adviertan de oficio, conforme a lo preceptuado por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. En la especie, el suscrito advierte que se surte la causal prevista en la fracción V del numeral 73 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el ordenamiento fiscal federal que reclama no es autoaplicativo, y el acto de aplicación que reclama no le causa perjuicio alguno al quejoso y por ende no afecta su interés jurídico, sino que es una mera solicitud de la autoridad responsable administrador fiscal federal del Centro del Distrito Federal para que el contribuyente, hoy amparista presente su petición de autorización de pago en parcialidades del impuesto al valor agregado que adeuda en la forma especial que al efecto tiene impresas la propia responsable, es decir, para que el quejoso mediante la forma HCF-2 realice la referida petición lo cual no le puede causar ningún agravio personal ni directo, pues los mismos datos que asentó en su solicitud los puede transcribir a la forma o formato requerido, sin que ello afecte su interés jurídico o le cause perjuicio, ya que el concepto de perjuicio para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación, y, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías, presupuesto que no se da en el caso, en virtud de que, se insiste, la solicitud de la responsable para que el quejoso presente su petición en la forma oficial creada al efecto, no le afecta su interés jurídico en modo alguno, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio constitucional con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, por surtirse la causal prevista en la fracción V del diverso 73 de la misma legislación. Resulta aplicable al caso la tesis jurisprudencial número cuarenta y dos, visible a fojas cuatrocientos siete, de la Primera Parte del Informe de Labores de mil novecientos ochenta y cinco, cuyo rubro dice: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADO, SIN QUE BASTE LA PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EL QUEJOSO ESTA SUJETO A ELLA.".- Asimismo es de aplicarse la tesis publicada en la página trescientos dos del tomo II, de la Segunda Parte, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, bajo el título de: "INTERES JURIDICO. CONCEPTO.".
QUINTO.- Inconforme con la sentencia citada el representante legal de la quejosa interpuso recurso de revisión, que fue admitido por el presidente de esta Sala en acuerdo de diecinueve de abril de mil novecientos noventa y uno.
El agente del Ministerio Público Federal en su pedimento respectivo, solicita que se confirme la sentencia recurrida.
El acuerdo por el que se turnaron los presentes autos a la Ministra ponente es de catorce de mayo de mil novecientos noventa y uno y quedó notificado el mismo día.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Es competente este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del presente recurso de revisión, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 11, fracción V, inciso A), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que la sentencia que se recurre fue pronunciada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclama una ley expedida por el Congreso de la Unión y en el que subsiste el problema de constitucionalidad en esta segunda instancia.
SEGUNDO.- La parte recurrente hizo valer los agravios que a continuación se transcriben: "Sobresee la causa el Juez a quo porque según el ordenamiento fiscal federal que se reclama no es autoaplicativo, y el auto y aplicación que reclama mi mandante no le causa perjuicio alguno y por tanto no afecta sus intereses jurídicos, toda vez que según el a quo es una mera solicitud de la autoridad responsable, esto es la administración fiscal federal del Centro del Distrito Federal, para que mi mandante presente su petición de autorización de pago en parcialidades en la forma HCF-2. Ahora bien, en nuestro juicio de garantías, del administrador de la administración fiscal federal del Centro del Distrito Federal se reclamó la emisión del oficio 24103 de fecha catorce de septiembre de mil novecientos noventa, precisando mi mandante que el oficio precitado contenía las siguientes resoluciones, a saber: a). La que le imputa a mi mandante la obligación de utilizar la forma HCF-2, apercibiéndole que de no presentarla en dicha forma la solicitud de referencia se tendría por no presentada. Pues bien, al señalar el Juez a quo en la sentencia que se recurre que el ordenamiento fiscal federal que se reclama no es autoaplicativo, incurre en un grave error de interpretación, toda vez que la simple lectura del oficio reclamado por mi mandante se desprende que se le imputa la obligación de ceñirse a lo establecido por el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, el cual estipula esencialmente que todas las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De ahí que el ordenamiento fiscal reclamado en nuestra demanda de amparo, es el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, nos empieza a causar perjuicio al momento en que el oficio impugnado se funda para su emisión en dicho numeral y más aún, al obligar a mi mandante a ceñirse a lo establecido por el artículo 18 en comento, por lo que es evidente que el ordenamiento fiscal reclamado en la demanda que corre en autos le comenzó a deparar perjuicio a mi mandante desde el momento en que se le obligó a presentar su petición conforme a lo establecido con el numeral multicitado, por lo que indebidamente el Juez a quo sobresee la causa. 2. Por otro lado, manifiesta el a quo que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que el requerimiento realizado por el administrador fiscal federal del Centro del Distrito Federal, mediante el oficio impugnado no le puede causar ningún agravio personal ni directo pues los mismos datos que asentó en la solicitud los puede transcribir a la forma o formato requerido. Falso el oficio 24103, acto reclamado dentro de nuestra demanda de garantías y que obliga a mi mandante a ceñirse al artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, permite la elaboración de formas que contengan solicitudes; excediendo los requisitos establecidos por el artículo 8o. constitucional, que regula el derecho de petición y que única y exclusivamente contiene tres requisitos: a). Que la petición se formule por escrito. b). Que sea de manera pacífica. c). Que se formule en términos respetuosos. Por tanto, cualquier otro requisito como el de formular la solicitud en forma impresa y aprobada por la Secretaría de Hacienda va más allá de los requisitos contemplados por el artículo 8o. constitucional y que en la especie son los que contiene el oficio referido y reclamado en nuestra demanda de garantía. Es de capital importancia manifestar que a fojas tres de la demanda que corre en autos bajo el inciso f) se observa con toda claridad el subtítulo "PRECISION DEL ACTO RECLAMADO EN ESTE INCISO.", manifestándose en forma clara que el oficio multicitado se le imputaba a mi mandante la obligación de utilizar la forma HCF-2, y más aún en el oficio reclamado inciso f) que según el a quo no le depara perjuicio alguno a mi mandante se observa la siguiente cita: "... por lo que se le requiere p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/230-fca7a4f7/formas-oficiales-expedidas-por-la-secretaria-de-hacienda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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