ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LA LEY RELATIVA NO VIOLA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO PERMITA ACTUALIZAR EL VALOR DE LOS PASIVOS CONFORME A UN INDICE INFLACIONARIO.
Se publica íntegra la ejecutoria del amparo en revisión 5880/90:
México, Distrito Federal, Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de enero de mil novecientos noventa y dos.
VISTOS y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el siete de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, del que tuvo conocimiento el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, EPN Reyco, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Alfonso Abizaid Slim, ocurrió en demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que a continuación se mencionan:
AUTORIDADES RESPONSABLES:
1. Congreso de la Unión
2. Presidente de la República.
3. Secretario de Gobernación.
4. Secretario de Hacienda y Crédito Público.
5. Director del Diario Oficial de la Federación.
6. Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ACTOS RECLAMADOS:
La aprobación expedición, promulgación, refrendo, publicación y aplicación de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, contenida en la ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.
SEGUNDO. La parte quejosa relató los antecedentes del caso y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16, 28 y 31, fracción IV, constitucionales, por los conceptos de violación que en seguida se sintetizan atendiendo a su orden de exposición:
I. Violación al artículo 31, fracción IV, constitucional, porque:
1. La tasa fija del 2% prevista en la ley reclamada no satisface el principio de proporcionalidad tributaria, ya que no atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del gravamen;
2. El impuesto al activo de las empresas debería calcularse conforme a una tarifa progresiva, tal como ocurre en el impuesto sobre la renta al cual complementa.
II. Violación al artículo 31, fracción IV, constitucional, porque:
1. Los activos son insuficientes para determinar la capacidad económica del contribuyente, dado que una empresa que tenga activos puede reportar pérdidas;
2. La ley impugnada no considera la capacidad contributiva de los gobernados, pues sólo les permite deducir las deudas contraídas en moneda nacional con empresas residentes en México, no así los demás pasivos que graviten sobre la empresa, como los concertados con el sistema financiero, con personas físicas, o en moneda nacional;
3. El impuesto se aparta del contenido de la exposición de motivos de la ley, pues al prever una deducción restringida de pasivos, no grava el activo neto de las empresas.
III. Violación al artículo 31, fracción IV, constitucional, porque la base gravable se calcula considerando un factor que actualiza el valor de los activos, el cual se elabora con base en el índice nacional de precios al consumidor, que es un concepto netamente económico, ajeno por completo al de capacidad contributiva; dicho índice mide los efectos de la inflación, con prescindencia de las características de cada contribuyente y de su situación económica particular, determinada por el conjunto de deudas que tiene concertadas, los costos de operación de su empresa, la rentabilidad de sus activos y otros eventos similares.
IV. Violación al artículo 31, fracción IV, constitucional, porque el artículo 6o. de la ley cuestionada exenta del pago del impuesto a un grupo de personas que también son contribuyentes del impuesto sobre la renta, gravamen este último al cual complementa el reclamado, y tienen activos, lo que conduce a estimar inequitativa la carga fiscal.
V. Violación al artículo 31, fracción IV, porque:
1. La aplicación del índice inflacionario conduce a gravar los activos conforme a valores ficticios;
2. La ley reclamada sólo ordena actualizar el valor de los activos, pero no de los pasivos cuya deducción permite, de modo que la base del impuesto se amplía exageradamente.
VI. Violación al artículo 28 constitucional, porque la exención prevista en el artículo 6o. reclamado se establece únicamente con el propósito de beneficiar a ciertos sujetos que, además de ser contribuyentes del impuesto sobre la renta, tienen numerosos activos, como acontece tratándose de los bancos, aseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa, organizaciones auxiliares de crédito y contribuyentes sujetos a bases especiales de tributación.
VII. Violación al artículo 31, fracción IV, constitucional, porque:
1. La fracción II del artículo 2o. de la ley reclamada no define el concepto de "saldo por deducir" para determinar el valor actualizado de los activos fijos, gastos y cargos diferidos y la Ley del Impuesto sobre la Renta tampoco contiene esa definición, pues sólo prevé los porcentajes máximos autorizados de depreciación. De esta manera se infringe el principio de legalidad, sobre todo considerando que la deducción a que se refiere la ley antes citada no es obligatoria para la quejosa;
2. La fracción III del numeral en estudio no define lo que debe entenderse por monto original de la inversión en terrenos y aunque remite a diversos preceptos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, todos ellos se refieren a bienes distintos de los terrenos, los cuales además no son depreciables;
3. La fracción IV del mismo precepto, relativa a inventarios de materias primas, productos semiterminados o terminados, deja en manos del contribuyente la determinación de la base gravable por cuanto remite al método contable de valuación que tenga implantado, el cual puede ser distinto del que emplea otro contribuyente con los mismos activos;
4. La misma fracción infringe el principio de legalidad cuando permite que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine las reglas relativas al método de valuación;
5. El artículo 4o. de la ley impugnada se limita a enunciar, entre otros, algunos activos financieros, de modo que será la autoridad exactora la que a su arbitrio incluya en esta categoría otros bienes.
VIII. Violación al artículo 31, fracción IV, constitucional, porque la ley reclamada remite en diversas ocasiones a la Ley del Impuesto sobre la Renta para determinar algunos elementos de la base tributaria, entre ellos, los previstos en los artículos 2o., fracciones I y II, 3o., 7o. último párrafo, 9o. último párrafo y 10o., siendo que de acuerdo con el principio de legalidad, todos los elementos del impuesto deban estar contenidos en la ley que lo crea a fin de evitar la arbitrariedad de las autoridades y para que éstas se hallen en aptitud de interpretar de manera estricta la ley.
IX. Violación a los artículos 14 y 16 constitucionales porque la ley reclamada no cumple con la motivación que debe tener todo acto legislativo, en términos de la tesis jurisprudencial intitulada "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.". Según la exposición de motivos de la ley, el impuesto se crea en virtud de que más de la mitad de los contribuyentes del impuesto sobre la renta presentan sus declaraciones sin pago; sin embargo, este hecho no reclama ser jurídicamente regulado, dado que ya está normado por otras disposiciones del Código Fiscal de la Federación aplicables en los casos de incumplimiento de las disposiciones fiscales; además, en un Estado de derecho, no debe crearse un impuesto para sancionar a las empresas que presentan sus declaraciones del impuesto sobre la renta sin pago, pues tales empresas pueden no tener utilidades y, por tanto, no incurrir en evasión.
X. Violación al artículo 14 constitucional, porque la ley reclamada tiene efectos retroactivos, en la medida en que su artículo tercero transitorio dispone que los pagos provisionales del impuesto deben calcularse atendiendo a los activos de los contribuyentes existentes en el año de mil novecientos ochenta y ocho.
XI. Violación al artículo 14 constitucional, porque la ley actúa retroactivamente en perjuicio de los causantes, al gravar los activos fijos, gastos y cargos diferidos y los terrenos adquiridos antes de su entrada en vigor.
En el juicio se desahogaron las siguientes pruebas:
a) Copia certificada de la escritura pública número 7091 de diecinueve de abril de mil novecientos ochenta y ocho, relativa a la protocolización parcial de un acta de asamblea general de la junta del consejo de administración de la quejosa (fojas 60);
b) Copias certificadas de las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta de las sociedades mercantiles, correspondientes a los años de mil novecientos ochenta y siete y mil novecientos ochenta y ocho, presentadas ante la oficina fiscal los días veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y ocho y veintinueve de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, respectivamente (fojas 55 y 105);
c) Copia certificada del aviso al Registro Federal de Contribuyentes sobre el cambio de denominación de la quejosa, de fecha veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta y seis (foja 53);
d) Copia certificada de la factura número 32 de cinco de julio de mil novecientos ochenta y ocho, extendida a nombre de la quejosa por la adquisición de un equipo electrónico (foja 58);
e) Copia certificada del formulario de pago de contribuciones de la quejosa, por la cantidad de $135,558.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), en el renglón del impuesto al activo, recibido en una institución bancaria el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve (foja 109).
TERCERO. El Juez de Distrito, en resolución del dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, se declaró incompetente para conocer de la demanda y remitió los autos al Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, en turno. Recibidos los autos de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en dicha localidad, la Juez Tercero de Distrito en el lugar, previo el desahogo de una prevención, admitió la demanda por acuerdo del veintitrés de octubre de mil novecientos ochenta y nueve y la registró con el número 1209/89. Tramitado el juicio, el diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, pronunció resolución en los siguientes términos:
"UNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a EPN REYCO, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos y contra las autoridades precisadas en el resultando primero de esta resolución".
Se fundó en las siguientes consideraciones:
a) Son ciertos los actos reclamados del Congreso de la Unión, presidente de la República, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles (considerando primero);
b) Son ciertos presuntivamente los actos reclamados del secretario de Hacienda y Crédito Público y subsecretario de Ingresos (dependiente del primero), porque no rindieron sus informes justificados (considerando primero);
c) No se hicieron valer causales de improcedencia por las partes, ni se advierte alguna por el juzgador (considerando segundo);
d) El artículo 2o. de la ley reclamada viola el principio constitucional de proporcionalidad, pues establece una tasa única del 2% que no atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del impuesto (considerando tercero);
e) El artículo 6o. de la ley impugnada viola el principio constitucional de equidad, porque al exentar a ciertas empresas crea una situación de desigualdad entre los contribuyentes (considerando tercero);
f) Debe concederse el amparo en contra de la ley reclamada, de acuerdo con la tesis jurisprudencial denominada "LEYES DE INGRESO. IMPUGNACION DE LAS." (considerando tercero);
g) No se examinan los demás conceptos de violación, conforme a la tesis jurisprudencial intitulada "CONCEPTOS DE VIOLACION, CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO." (considerando tercero).
CUARTO. Inconforme con la sentencia, el procurador fiscal de la Federación, en representación del presidente de la República (de acuerdo con el oficio número 8987 del veintiséis de febrero de mil novecientos noventa, agregado en copia certificada a fojas 24 del toca) y por el secretario de Hacienda y Crédito Público, en ausencia de éste, interpuso recurso de revisión.
Por auto del presidente de la Suprema Corte de Justicia del nueve de noviembre de mil novecientos noventa, se admitió el recurso hecho valer en representación del presidente de la República y se desechó el restante.
El agente del Ministerio Público Federal solicitó se revoque la sentencia en la parte que concedió el amparo.
El asunto fue turnado al ministro ponente por proveído de catorce de diciembre de mil novecientos noventa.
Por oficios recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal los días veintiocho de enero y veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y uno, la autoridad solicitó se dictara resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y 11, fracción V, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por una Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclamó la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, específicamente el capítulo V, artículo décimo, que establece el impuesto al activo de las empresas, así como la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de mil novecientos ochenta y nueve, subsistiendo en la revisión las cuestiones de inconstitucionalidad.
No obsta para sostener la competencia de este Tribunal Pleno, la circunstancia de que se haya sentado jurisprudencia sobre algunos temas del impuesto reclamado, lo que justificaría su remisión a alguna de las Salas de esta Suprema Corte de Justicia, conforme al acuerdo plenario I/88, de diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y ocho, pues en este caso se abordan cuestiones respecto de las cuales aún no existe criterio jurisprudencial, que se contienen en los conceptos de violación II.3, V.2, y IX.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sentado en la tesis de jurisprudencia número 177, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, cuyo rubro señala: "LEYES, AMPARO CONTRA. COMPETENCIA DEL PLENO PARA CONOCER DE LA REVISION, AUN CUANDO YA EXISTA JURISPRUDENCIA AL RESPECTO.".
SEGUNDO. La autoridad hace valer, en síntesis, los siguientes agravios:
1. Violación a las reglas de procedencia del juicio de garantías contenidas en los artículos 73, fracciones V y XVIII y último párrafo, 74 fracción III, en relación con el numeral 192, todos de la Ley de Amparo, porque:
a) No se observaron diversas tesis jurisprudenciales que obligan al juzgador a examinar todas y cada una de las causales de improcedencia del artículo 73 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo;
b) La quejosa carece de interés jurídico para reclamar el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, porque éste previene una exención que no incide de manera directa en su patrimonio, por lo cual sólo le produce un agravio indirecto no reclamable en esta vía;
c) La quejosa no acreditó su interés jurídico para promover el juicio, pues en ninguna parte de la sentencia el juez señaló las pruebas con las cuales aquélla demostró estar constituida como sociedad mercantil que realiza actividades empresariales y poseer activos. "De igual forma, el artículo 203 del mismo código, en un segundo párrafo indica en relación con los documentos privados que la declaración de verdad hace fe de la declaración, mas no de los hechos declarados y hace remisión expresa al artículo 202 del mismo cuerpo legal que antes se ha mencionado" (sic);
d) La quejosa no manifestó ni demostró que el gravamen reclamado fuera exorbitante o ruinoso, no obstante que conforme a la tesis jurisprudencial publicada con el rubro de "IMPUESTOS, EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LOS.", el amparo contra impuestos únicamente procede en esos supuestos.
2. La exención del artículo 6o. de la ley reclamada no es contraria al principio de equidad, porque se establece en beneficio de sujetos que objetivamente considerados se hallan en una situación jurídica diferente a la de otros contribuyentes:
Las instituciones del sistema financiero han sido excluidas del impuesto para evitar que el gravamen se duplique sobre los mismos recursos, pues son intermediarios financieros que operan con recursos ajenos formalmente pero propios en el sentido estrictamente jurídico, por virtud de operaciones o documentos, lo cual impide diferenciarlos de otros activos.
Las sociedades cooperativas de producción y las sociedades de inversión se excluyeron porque no causan el impuesto sobre la renta a las actividades empresariales por estar en el régimen de las personas morales con fines no lucrativos y de incluirlas no podrían acreditar el pago que hicieran del impuesto.
Los contribuyentes menores y los que pagan el impuesto sobre la renta en bases especiales de tributación se excluyeron porque tributan en forma distinta de la establecida como régimen general.
Por las razones apuntadas, no es aplicable analógicamente la tesis invocada en la sentencia, porque se está en presencia de disposiciones especiales y se trata de una tesis aislada cuyo criterio no comparte en la actualidad esta Suprema Corte, según aparece de la tesis denominada "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL ARTICULO 32 TRANSITORIO DE LA LEY QUE ESTABLECE, REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 982, ES CONSTITUCIONAL.".
Asimismo, resulta inaplicable la tesis citada por el Juez con el rubro de "LEYES DE INGRESOS, IMPUGNACION DE LAS." para apoyar su determinación de conceder el amparo en contra de la ley reclamada, porque no guarda relación con las consideraciones que hizo en turno al tema de la exención.
3. La exención del artículo 6o. de la ley reclamada es constitucional porque se concede de manera general, abstracta, considerando la situación objetiva de diversas categorías de contribuyentes, sin beneficiar a sujetos individualmente considerados, de manera que se ajusta a los artículos 28 y 31, fracción IV, constitucionales; por lo demás, la interpretación del a quo en torno al servicio público de banca y crédito que el artículo 28 constitucional reserva en exclusiva al Estado, es inexacta, pues no se trata de un monopolio, privilegio exclusivo, ni de una exención de impuestos.
4. La consideración del Juez de que "el impuesto debe gravar sin excepciones a todos aquellos individuos o personas morales que tienen como actividad el comercio o la realización de actos comerciales, los cuales podrían definirse para el caso, como aquellos que señala el artículo 74 del Código de Comercio", no encuentra fundamento jurídico; la exención reclamada se ajusta a lo dispuesto por los artículos 13, 25, 26 y 28 constitucionales porque no se consagra para personas consideradas en lo individual y responde a los fines perseguidos con la rectoría económica del Estado, pues propugna por un trato igualitario a las empresas para que las que operen deficitariamente superen esa condición.
5. La tasa fija prevista en la ley reclamada responde al principio de proporcionalidad, porque determina que las personas con activos de más valor paguen una cantidad mayor por concepto de impuesto, atendiendo de esa manera a su capacidad contributiva; la consideración de que la tasa del 2% implica un sacrificio mayor para quien tiene menos y menor para quien tiene más se apoya en hechos no demostrados y es contraria a la lógica, puesto que el sacrificio va directamente relacionado con la cantidad de activos que posea cada empresa; el juez tampoco razona su apreciación de que el impuesto atacado grava la riqueza directamente concebida en la totalidad de los activos e invoca una tesis no aplicable al caso, porque contiene el criterio sostenido por este Alto Tribunal al definir la proporcionalidad del impuesto que recae sobre el ingreso de las personas, objeto distinto del gravado por la ley reclamada.
TERCERO. El agravio del inciso a) del primer apartado resulta infundado, toda vez que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 73, último párrafo de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito no estaba obligado a examinar todas y cada uno de las causales de improcedencia reguladas por dicho precepto, sino únicamente las que de manera oficiosa considerara aplicables al asunto o, en caso distinto, las que hicieran valer las partes.
Cobra aplicación en el caso la siguiente tesis jurisprudencial:
"IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.-Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento."
(Tesis jurisprudencial número 22/1991, aprobada en sesión privada del veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y uno).
Es infundado también el agravio del inciso b), concerniente al interés jurídico de la quejosa para reclamar la exención del artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, atento al criterio sostenido por este tribunal en la tesis jurisprudencial que en seguida se copia:
"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. SI EL QUEJOSO ACREDITA SER SUJETO DE EL, TIENE INTERES JURIDICO PARA IMPUGNAR SU ARTICULO 6o., NO PROCEDIENDO SOBRESEER EN EL JUICIO, SINO ENTRAR AL ANALISIS DE SU CONSTITUCIONALIDAD.-Cuando en el juicio de amparo acredita el quejoso ser sujeto de la Ley que establece el impuesto al activo de las empresas, por ubicarse en cualquiera de las hipótesis que establece su artículo 1o., a saber: las sociedades mercantiles y las personas físicas que realicen actividades empresariales residentes en México, y las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto del activo atribuible a dicho establecimiento, así como las personas, distintas a las antes señaladas, que otorguen el uso o goce temporal de bienes que se utilicen en la actividad empresarial de otro contribuyente de los mencionados anteriormente, en relación con esos bienes; y, finalmente, las asociaciones o sociedades civiles que lleven a cabo actividades mercantiles, no puede decirse que carezca de interés jurídico para reclamar el artículo 6o. (ni ningún otro) de esa propia ley; ya que con independencia de que las exenciones que en él se establecen no afecten al patrimonio de la quejosa, lo cierto es que éste sí tiene interés jurídico para impugnar tal precepto, en cuanto consigna determinadas exenciones, ya que la acción constitucional se ejerce no porque se alegue afectación patrimonial, sino porque se estime que dichas exenciones son contrarias al principio de equidad que en favor de los gobernados tutela la fracción IV del artículo 31 constitucional, de donde se sigue que no procede sobreseer en el juicio por dicho motivo en relación al principio combatido, sino entrar al análisis de la constitucionalidad del mismo."
(Tesis jurisprudencial 31/1991 aprobada en la sesión privada del cinco de junio de mil novecientos noventa y uno).
El agravio sintetizado en el inciso c) siguiente es infundado, toda vez que la quejosa acreditó su interés jurídico para reclamar las leyes tributarias de que se trata, con las copias certificadas de la escritura pública exhibida en el juicio, de la cual se desprende que se halla constituida legalmente como sociedad mercantil (foja 64), y de su declaración del impuesto sobre la renta por el ejercicio de mil novecientos ochenta y ocho, en particular el apartado correspondiente al estado de posición financiera (foja 108), pues con tales instrumentos, valorados en términos de los artículos 202 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al juicio de amparo en términos del artículo 2o. de la ley de la materia, demuestra estar constituida legalmente como sociedad mercantil, realizar actividades empresariales y poseer activos.
No es obstáculo para llegar a esta conclusión, la objeción de la recurrente de que los documentos como la declaración del impuesto sobre la renta no demuestran la verdad de los hechos manifestados, porque de los dispositivos invocados, así como de la relación armónica de dichos instrumentos, se llega a la convicción de que la quejosa es una sociedad mercantil en funcionamiento y que tiene activos, máxime que en autos no existe ningún elemento que contraiga su contenido, estimando este tribunal que ello es suficiente para reconocerle interés jurídico.
El agravio sintetizado en el inciso d) del primer apartado también es infundado, debido a que se apoya en una tesis jurisprudencial publicada con el número ochenta y uno de la Compilación de mil novecientos ochenta y ocho, Primera Parte, página ciento cuarenta y seis, bajo el rubro de "IMPUESTOS. EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD.", cuya invocación en casos como el presente ha dado lugar a que en repetidas ocasiones (como ocurrió al conocer de los amparo en revisión 3588/90 Inmobiliaria La Espiga, Sociedad Anónima de Capital Variable, 4542/90 Raúl Fernández Fernández, 1457/90 Panificadora Churubusco, Sociedad Anónima de Capital Variable, 4105/90 Consi Administrativos, Sociedad Anónima de Capital Variable y 1605/90 Emilio González Martínez y coagraviados, todos con la ponencia de la señora ministra Victoria Adato Green, resueltos en la sesión del doce de marzo de mil novecientos noventa y uno, por mayoría de votos), el Pleno de este alto Tribunal aclare que la inconstitucionalidad de un tributo puede derivar no únicamente de su carácter ruinoso o exorbitante, sino de su contradicción por otros motivos con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución o con cualquiera de las garantías establecidas en ella, de donde se sigue la aptitud de la quejosa para plantear violaciones de esta índole en el juicio de amparo propuesto en su contra violaciones de esa índole.
Son en cambio esencialmente fundados los agravios resumidos en los apartados 2, 3 y 5 de la relación precedente, toda vez que, contrariamente a lo sostenido en la sentencia, la tasa del 2% prevista en el artículo 2o. de la ley reclamada y la exención de su artículo 6o. no son violatorios de los principios de proporcionalidad y equidad aplicables en materia tributaria, según ha resuelto el Pleno de este alto tribunal en las siguientes tesis jurisprudenciales:
"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ARTICULO 2o. DE LA LEY QUE ESTABLECE LA TASA FIJA DEL 2% NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.-El artículo 2o. de la Ley que establece dicho tributo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, que determina la tasa fija de dos por ciento para el cálculo del monto del impuesto al activo de las empresas cumple con el requisito de proporcionalidad tributaria, toda vez que la capacidad contributiva de los causantes está en relación directa con sus activos. Al establecer este tributo, el legislador no tomó en cuenta la capacidad contributiva total, como acontece en el impuesto sobre la renta, sino el limitado objeto consistente en los activos del contribuyente, en mérito de lo cual, la fijación de una tasa única no viola el principio de proporcionalidad, ya que cada sujeto tributará en proporción directa a su propia capacidad."
(Tesis jurisprudencial número 20/1990, publicada en la Gaceta número treinta y cinco del Semanario Judicial de la Federación, página treinta y dos).
"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ARTICULO 6o. DE LA LEY, AL ESTABLECER LAS EXENCIONES NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.-El artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, que exenta del pago del tributo a las empresas que componen el sistema financiero, las sociedades de inversión y las cooperativas, los contribuyentes menores y los sujetos a bases especiales de tributación, los que están en período preoperativo, en el ejercicio de inicio de actividades o el subsecuente, y los que se hallen en el ejercicio de liquidación, no viola el principio de equidad consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque dichos sujetos exentos, tanto por sus características como por la naturaleza de sus actividades, están en situaciones distintas de la del resto de los contribuyentes de este impuesto, por lo cual ameritan un tratamiento fiscal desigual".
(Tesis jurisprudencial 23/1990, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página cuarenta).
"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ARTICULO 6o., FRACCION I, DE LA LEY, QUE EXENTA A LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL SISTEMA FINANCIERO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.-Las empresas que integran el sistema financiero, identificadas por el artículo 7o. B, fracción III, párrafo cuarto, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al que remite la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, operan como agentes intermediarios de crédito y, como tales, po
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/232-b7f5b393/activo-de-las-empresas-impuesto-al-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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