PRUEBA NO ADMITIDA. CUANDO NO PROCEDE REVOCAR EL FALLO. * * * INFORME JUSTIFICADO. OMISION DE RENDIRLO. - - -
AMPARO EN REVISION 589/92. GLORIA BAUTISTA GARCIA Y OTROS.
CONSIDERANDO:
TERCERO.- Los agravios antes transcritos son inoperantes en parte e infundados en lo demás.
Por cuestión de orden, este Tribunal Colegiado primero analizará las violaciones al procedimiento del juicio de amparo que plantea la recurrente, pues de resultar fundadas sería ocioso el análisis de los otros en que se combaten las consideraciones que fundan el sobreseimiento.
Al respecto debe decirse que mediante acuerdo de siete de septiembre de mil novecientos noventa y dos (foja ciento seis), se dio vista al representante común de los quejosos con la manifestación vertida por el perito designado por el juzgador federal a quo, en el sentido de que para poder emitir su dictamen solicitaba copia simple del decreto expropiatorio emitido por el Ayuntamiento de Chinantla, Puebla, el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho y publicado en el Periódico Oficial del Estado el diez de junio del mismo año y del plano del centro de dicha población (foja ciento siete), omitiendo los peticionarios de garantías desahogar dicha vista, como se acordó en el proveído de cinco de octubre del año en curso (foja ciento diecisiete).
Por tanto, estuvo en lo correcto el Juez a quo al acordar la deserción de la probanza de mérito por considerar que el interesado no proporcionó los elementos necesarios para su desahogo; siendo de advertir, por lo demás, que el recurrente no rebatió esa argumentación del Juez de Distrito.
Por otra parte, debe tomarse en consideración que el sobreseimiento del presente juicio de garantías respecto de los actos del Gobernador Constitucional y Secretario de Gobernación, ambos del Estado de Puebla, se apoyó en el hecho de que ambos negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, y por lo que respecta a los demás, porque al no haberse demostrado que los quejosos estuvieran en posesión de los puestos a que se refieren en su demanda, no acreditaron que el acto reclamado afectara su interés jurídico. Por ende, aun en el supuesto no admitido de que fueran operantes los agravios y que las razones para declarar desierta la prueba pericial fueran incorrectas, de cualquier manera no habría lugar a ordenar la reposición del procedimiento si la referida probanza no demostraría la existencia de los actos del Gobernador y del Secretario de Gobernación ni el hecho de que los quejosos se encuentran en posesión de los bienes de los que dicen van a ser privados. Sirven de apoyo a lo anterior los criterios sustentados por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión números 332/88, 240/89, 73/90 y 433/90, 153/88 y 211/91, que respectivamente dicen: "PRUEBA NO ADMITIDA. CUANDO NO PROCEDE REVOCAR EL FALLO.- Aun cuando exista la omisión del Juez Federal por cuanto a que dejó de tener por admitida una prueba y ordenar su desahogo, cuando en el fondo esta situación no causa agravio a la recurrente por tratarse de una prueba que de desahogarse no modificaría el sentido de la resolución impugnada, no procede revocar tal fallo, puesto que, hacerlo resultaría ocioso"; y, "PRUEBA. DESECHAMIENTO DE LA QUE NO INFLUIRA EN EL SENTIDO DEL FALLO, NO CAUSA AGRAVIO.- La resolución del Juez de Distrito que niega la admisión de una prueba que no trasciende al resultado del fallo, no causa agravio a la parte que la ofrece; por otra parte, esa falta de influencia convierte en ocioso decretar la reposición del procedimiento del juicio para el sólo efecto de que la prueba sea admitida".
En cuanto a lo demás, debe decirse que son inoperantes los agravios. Ciertamente, el Juez Federal a quo consideró que los quejosos no acreditaron la posesión que dicen tener de los puestos de los que alegan se les pretende privar y que por lo mismo no demostraron su interés jurídico. Esta consideración no se impugna ni mucho menos se desvirtúa en los agravios que vierte la recurrente, razón por la que debe subsistir para continuar rigiendo la sentencia que se revisa. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias números 38 y 55 de este Tribunal Colegiado, publicadas bajo los rubros: "AGRAVIOS, CUANDO SE RECURRE EL SOBRESEIMIENTO"; y, "SOBRESEIMIENTO, FALTA DE EXPRESION DE AGRAVIOS CONTRA EL".
Tampoco expresan argumentación alguna en contra del sobreseimiento decretado por inexistencia de los actos reclamados del Gobernador Constitucional y Secretario de Gobernación, ambos del Estado de Puebla, pues en este aspecto nada se alega en el escrito de agravios, razón por la que se impone confirmar el fallo que se revisa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 4 de este Tribunal Colegiado, que dice: "AGRAVIOS INSUFICIENTES.- Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios".
Al margen de lo anterior, debe decirse que estuvo en lo correcto el Juez Federal, pues efectivamente el Gobernador Constitucional y el Secretario de Gobernación, al rendir sus informes justificados (fojas treinta y cinco y treinta y seis), negaron la existencia de los actos que de ellos reclaman los quejosos, sin que dicha negativa se hubiese desvirtuado con prueba en contrario.
Aunque es cierto que los quejosos ofrecieron las documentales consistentes en los permisos que obran en autos (fojas de la ocho a la veintiuno), de éstos sólo se desprende que el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa, el Presidente Municipal Constitucional, el Tesorero Municipal y el Regidor de Hacienda, todos de Chinantla, Puebla, les otorgaron permiso para ocupar ocho metros en el mercado de dicha población para que expendieran varias mercancías; es decir, de los referidos permisos únicamente se demuestra que cuentan con autorización para ejercer el comercio en los puestos indicados; pero, por sí solas, tales documentales son insuficientes para demostrar que se encuentran en posesión de los referidos puestos, pues para ello era menester que esas probanzas se adminicularan con una testimonial, que es la idónea para justificar el extremo consistente en la tenencia material de los bienes de los que dicen van a ser desposeídos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 127 de este Tribunal Colegiado, que dice: "POSESION. DOCUMENTALES QUE NO LA PRUEBAN.- Las documentales públicas consistentes en las cédulas de empadronamiento expedidas por el Ayuntamiento y sus refrendos, la solicitud de licencia sanitaria por revalidación, y los diversos recibos de contribución de agua potable, sólo demuestran que la negociación ubicada en el inmueble cuestionado se encuentra a nombre de la inconforme, y que los pagos por concepto de agua potable se efectuaron a su nombre, mas no justifican la tenencia material del inmueble".
No es cierto que los quejosos hayan exhibido constancias de que posean los puestos de los que dicen van a ser privados, pues fuera de los permisos que ya han sido analizados y estimados insuficientes para acreditar el extremo que pretenden, no aportaron otras constancias.
Por lo que respecta al acto reclamado consistente en la privación de la posesión que alegan detentar sobre los puestos para expendio de mercancías, debe decirse que no es verdad que la omisión de las autoridades responsables Presidente, Ayuntamiento, Tesorero, Regidor de Hacienda y Comandante de la Policía Municipal, todos de Chinantla, Puebla, de rendir su informe justificado, implique que tal acto reclamado sea cierto y por lo mismo inconstitucional, pues de conformidad con el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, dicha omisión sólo da lugar a que se tenga como presuntivamente cierto, pero de ninguna manera acredita el interés jurídico de los quejosos para solicitar la protección de la Justicia Federal, ni que el acto reclamado sea inconstitucional. Es decir, cuando en casos como el de la especie las autoridades responsables no rindan su informe justificado, de acuerdo al párrafo del precepto en comento, se presumirá cierto el acto reclamado, quedando a cargo del quejoso la prueba que determine su inconstitucionalidad, la que debe ser demostrada por quienes pidieron la protección de la Justicia Federal. Sirven de apoyo a lo anterior los criterios sustentados por este Tribunal Colegiado, al resolver los amparos en revisión números 341/89, 9/90, 368/92 y 521/92, y 54/90, 439/90 y 468/92, que respectivamente dicen: "INFORME JUSTIFICADO. OMISION DE RENDIRLO.- No es verdad que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado implique que el acto reclamado sea lisa y llanamente cierto, sino que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, ello sólo da lugar a que se tenga como presuntivamente cierto, pero tal circunstancia, de ninguna manera acredita el interés jurídico del quejoso para solicitar la protección constitucional, ni la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que legalmente sólo es demostrativa de la existencia presuntiva de este último, no de su falta de constitucionalidad, la que de acuerdo con el precepto en cita, mismo párrafo, debe ser justificada por quien pide amparo"; e, "INFORME JUSTIFICADO. FALTA DE.- De acuerdo con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto".
Las consideraciones que preceden conducen a confirmar la sentencia sujeta a revisión, decretando el sobreseimiento, el cual debe hacerse extensivo a los actos reclamados de las autoridades señaladas como ejecutoras, por razón de su jerarquía. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 13 de este Tribunal Colegiado, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios".
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV y 85 fracción II de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.- Se sobresee el juicio de garantías promovido por GLORIA BAUTISTA GARCIA, MARGARITA MUÑOZ BRAVO, JOSE HERNANDEZ GOMEZ, SUSANA GONZALEZ CACIQUE, DOLORES TORRALBA BAUTISTA, HILDA MARTINEZ SORIANO, ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, ELIGIO MENESES MUÑOZ, SEBASTIAN ESCALANTE, REFUGIO MARQUEZ MONTERO, AURELIA SARMIENTO ESCALANTE, CELIA BAUTISTA, GABRIEL BAUTISTA y ZOBEIDA PELAEZ BRAVO, contra actos que reclaman del Gobernador Constitucional y Secretario de Gobernación, ambos del Estado de Puebla, Presidente Municipal, Ayuntamiento Municipal, Tesorero Municipal, Regidor de Hacienda y Comandante de la Policía Municipal, todos del Municipio de Chinantla, Puebla; actos que han quedado debidamente precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gustavo Calvillo Rangel, José Galván Rojas y Tarcicio Obregón Lemus, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1228-cb22f96d/prueba-no-admitida-cuando-no-procede-revocar-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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