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Modo: Corpus Pro

AMPARO RESUELTO POR UN JUEZ DE DISTRITO DEL QUE DEBIO CONOCER EL TRIBUNAL COLEGIADO EN AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 205/992. · Registro digital (IUS): 1242
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SAÚL GARZÓN GARCÍA Y OTRA.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Julio de 1992, , Pág. 80.

Amparo en revisión 205/992, Saúl Garzón García y otra.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- La sentencia recurrida es como sigue: "SEGUNDO.- Se advierte en la especie la causal de improcedencia que hacen valer el tercero perjudicado y sus apoderados prevista en la fracción XII del artículo 73, así como la diversa XVIII del citado artículo en relación con el 193, ambos dispositivos legales de la Ley de Amparo, que se advierte de oficio cuyo estudio es preferente de conformidad con el último párrafo del mencionado artículo 73 y con apoyo en la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, publicada bajo el rubro: `IMPROCEDENCIA'.- En efecto, los quejosos hacen valer en su demanda de garantías que el emplazamiento realizado en el juicio laboral es ilegal (foja 4) y que en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, se cometieron violaciones de legalidad y seguridad jurídica; de la copia certificada que ofrecieron como prueba las autoridades responsables derivadas del expediente D-2/122/90, que tiene valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., se desprende que los quejosos promovieron incidente de nulidad de actuaciones por considerar que no estuvieron debidamente emplazados (fojas 47 y 48), que fue resuelto dicho incidente el once de diciembre de mil novecientos noventa (fojas 67 y 68); y que esa resolución se notificó a los ahora quejosos el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y uno (foja 69). Se estima que a partir de esta fecha los quejosos estuvieron en posibilidad de impugnar el mencionado emplazamiento y la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y como la demanda de amparo la interpusieron hasta el siete de febrero último, es indudable que transcurrió en exceso el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, por lo que surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la tesis visible en la página 105, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, publicada bajo el rubro: `ACTOS CONSENTIDOS', lo que obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio de conformidad con la fracción III del artículo 74 de la citada Ley de Amparo y con apoyo en la tesis visible en la página 2898, del citado Apéndice, publicada bajo el rubro: `SOBRESEIMIENTO'.- Con relación al laudo pronunciado en el expediente D-2/122/90, porque se dice es ilegal el emplazamiento realizado en ese expediente, las autoridades responsables remitieron copia certificada deducida de ese expediente cuyas constancias tienen valor probatorio pleno, como se mencionó en el párrafo anterior, debiendo darle igual valoración a la copia certificada derivada de ese expediente que ofrecieron como prueba los quejosos, se advierte lo siguiente: a).- El tercero perjudicado promovió juicio laboral en contra de los quejosos y otro, reclamándoles diversas prestaciones (foja 22); b).- Por acuerdo de diecisiete de abril de mil novecientos noventa, se admitió la demanda, se ordenó emplazar a los demandados y se señalaron las once horas con treinta minutos del día veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas (foja 27); c).- El mencionado día se celebró la audiencia referida a la que no comparecieron los demandados (fojas 34 a 36); d).- Mediante escrito de ocho de junio de mil novecientos noventa, los ahora quejosos promovieron incidente de nulidad de actuaciones por no estar debidamente emplazados (fojas 47 a 49); e).- Por resolución de once de diciembre de mil novecientos noventa, se declaró improcedente ese incidente (fojas 67 y 68); f).- La mencionada resolución se les notificó a los quejosos en el domicilio señalado en autos, mediante instructivo que recibió Francisca Martínez Vázquez (foja 69); g).- El dieciséis de octubre pasado, se pronunció el laudo en el que se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones (fojas 76 a 79, 102 a 109); g).- Ese laudo se notificó a los demandados el dieciséis de enero último, a través del quejoso Saúl Garzón García (fojas 80 y 110).- Del estudio y análisis de lo anterior, se advierte que los quejosos son los demandados en el juicio laboral de que se trata, sin embargo al no haber constancia de que en contra de la resolución pronunciada en el incidente de nulidad de actuaciones que promovieron por considerar que no estuvieron debidamente emplazados, hayan promovido el medio de defensa como lo es el juicio de amparo indirecto, por tanto, debe decirse que quedó firme el mencionado emplazamiento al haberlo consentido tácitamente. Ahora bien, como el laudo reclamado es una consecuencia legal y necesaria del emplazamiento realizado en el juicio de origen, que quedó firme porque los quejosos no promovieron oportunamente el medio de defensa en contra de la resolución pronunciada en el incidente de nulidad de actuaciones y como el citado laudo no se reclama por vicios propios, ya que se hace derivar del emplazamiento que fue analizado con motivo del citado incidente de nulidad con el que consintieron porque no lo impugnaron oportunamente, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia número 99, visible en la página 53, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 38, del mes de febrero pasado, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada bajo el rubro: `ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA', lo que obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio de conformidad con la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis visible en la página 2898, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, publicada bajo el rubro: `SOBRESEIMIENTO'. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto atribuido al Actuario adscrito a la Junta por no reclamarlo por vicios propios ya que se hace derivar del emplazamiento reclamado, de conformidad con la jurisprudencia número 1812, visible en las páginas 2912 y 2913 del citado Apéndice, publicada bajo el rubro: `SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS'."

SEGUNDO.- La parte recurrente expresa por vía de agravios lo que sigue: "CONCEPTOS DEL AGRAVIO. La sentencia recurrida se considera que existe una causal de improcedencia prevista en la fracción XII y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Esta apreciación es incorrecta e infundada porque la autoridad responsable, al resolver no estudió debidamente las violaciones cometidas durante el procedimiento, mismas que nos dejaron en completo estado de indefensión, resultando conculcatorias de garantías de audiencia y seguridad jurídica. En efecto como se desprende de las copias certificadas deducidas del expediente laboral D- 2/122/90, los suscritos promovieron incidentes de nulidad de actuaciones en contra del supuesto emplazamiento realizado, mismo que se resolvió el día once de diciembre de mil novecientos noventa, notificando esta resolución interlocutoria el día veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y uno, a la señora FRANCISCA MARTINEZ VAZQUEZ. Sin embargo, dicho incidente únicamente se ocupó del emplazamiento, no así de las posteriores violaciones al procedimiento que se realizaron por la Honorable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, motivo por el cual no debe sobreseerse el presente juicio de garantías, debiéndose entrar al estudio de todas y cada una de las violaciones hechas valer por los quejosos en su demanda, por tratarse de violaciones cometidas durante el procedimiento y que nos dejan en completo estado de indefensión. Lo anterior se afirma en virtud de que el día veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, no obstante que la parte demandada no había sido legal y debidamente emplazada se desahogó dicha audiencia, encontrándose en la etapa de demanda y excepciones el actor procedió a modificar su demanda, prosiguiendo con la substanciación, situación que resulta violatoria de las garantías de audiencia y seguridad jurídica, al no haber diferido la audiencia multicitada en su etapa de demanda y excepciones con el objeto de que se me notificara personalmente con la modificación de la demanda realizada por el trabajador, por contener nuevos hechos. Cabe hacer mención y así lo hago de su conocimiento a ustedes ciudadanos magistrados que la presente violación no fue materia del incidente de nulidad de actuaciones, motivo por el cual es procedente se impugne mediante el presente juicio de garantías, toda vez que nos dejó en completo estado de indefensión. 2.- FUENTE DEL AGRAVIO. Considerando segundo y punto resolutivo único. PRECEPTOS VIOLADOS.- Los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República y 193 de la Ley de Amparo. CONCEPTOS DEL AGRAVIO.- La sentencia que se impugna se funda en una presunta tesis jurisprudencial visible en la página 105 de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, publicada bajo el rubro: `ACTOS CONSENTIDOS', y apoyada la tesis visible en la página 2898 del citado Apéndice, publicada bajo el rubro: `SOBRESEIMIENTO' que no es aplicable al presente amparo, entre otros, por los siguientes motivos: a).- La falta de emplazamiento que se hace valer resulta ser la primera violación dentro del procedimiento por el cual se nos dejó en completo estado de indefensión, y que constituye el origen de las siguientes violaciones al procedimiento; ahora bien el incidente promovido de nulidad de actuaciones interpuesto en contra del emplazamiento, si bien es cierto la interlocutoria no se impugnó dentro del término que establece la ley, esto no obsta para que se tengan por consentidos los actos de la autoridad responsable que resultan violatorios al procedimiento realizados posteriormente el emplazamiento. b).- La falta de notificación personal de la modificación de la demanda realizada por el actor en la etapa de demanda y excepciones, resulta ser una violación al procedimiento posterior, que tiene íntima relación con la primera, toda vez que no estábamos enterados de la existencia del juicio laboral, consecuentemente nos dejó en completo estado de indefensión, cabe aclarar que la presente violación tiene relación con la mencionada en el inciso anterior, aunque es independiente de la misma. c).- En conclusión, no obstante que se promovió el incidente de nulidad en contra del emplazamiento, por ser la primera violación al procedimiento, esto no impide la procedencia del presente juicio de garantías, toda vez que la segunda violación mencionada en el inciso que antecede, es consecuencia de la primera mencionada en el inciso `A', al no estar enterados de la existencia del mencionado juicio laboral, mismo que se tramitó sin nuestro conocimiento, sin haber sido oídos ni vencidos en juicio. 3.- FUENTE DEL AGRAVIO. Considerando segundo y punto resolutivo único. PRECEPTOS VIOLADOS.- Artículos 73 fracciones XII y XVIII, 74 fracción III de la Ley de Amparo. CONCEPTOS DEL AGRAVIO.- La indebida aplicación de los preceptos citados, puesto que el amparo promovido no es improcedente, y, por tanto, no procedía tampoco el sobreseimiento. En efecto, la procedencia del amparo se deriva del artículo 114 fracción II de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado se refiere a violaciones cometidas durante el procedimiento mismas que nos dejan en un estado de indefensión, privándonos de los derechos que la Ley Federal del Trabajo nos concede".

TERCERO.- No se examina la parte considerativa de la sentencia recurrida ni los agravios que se hacen valer en su contra, por las razones siguientes:

Saúl Garzón García y Silvia García de Garzón, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y actuaria adscrita a la misma, los que se hicieron consistir concretamente en el laudo de dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y uno, dictado en el expediente D-2/122/990, relativo al juicio laboral promovido por Ricardo Lozano García en contra de los quejosos.

Ante tal situación, resulta incuestionable que si el acto reclamado lo constituye un laudo dictado por una Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, debió reclamarse a través del amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, en términos de los artículos 107 fracciones III y V de la Constitución General de la República, 44 y 158 de la Ley de Amparo, y 44 fracción I inciso d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un acto con que culminó el procedimiento laboral de referencia, que decidió el juicio en lo principal y en contra del cual la Ley de la Materia no establece recurso ordinario alguno por el que pudiera ser revocado o modificado.

No es obstáculo para ello, el hecho de que los quejosos hayan reclamado dentro de los conceptos de violación, una infracción a las leyes del procedimiento, consistente en el ilegal emplazamiento al juicio de origen, pues dado el planteamiento hecho en la demanda, y según constancias que obran en autos, la parte quejosa antes de que se pronunciara el laudo acudió ante la Junta responsable y promovió el incidente de nulidad de actuaciones a partir del emplazamiento a juicio. Por lo tanto, lo relativo a la legalidad del emplazamiento, debió ser planteado en la demanda de amparo directo que en su caso se interpusiera contra el laudo, por encuadrar en el supuesto previsto por el artículo 159 fracción I de la Ley de Amparo, que señala que en los juicios seguidos ante Tribunales del Trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley. Es aplicable en lo conducente la tesis que este Tribunal ha sustentado al resolver los amparos en revisión números 148/990, 53/991 y 470/991, que dice: "EMPLAZAMIENTO. FALTA DE. JURISPRUDENCIA NO APLICABLE EN AMPARO INDIRECTO.- El artículo 159 fracción I de la Ley de Amparo, establece como violaciones a las leyes del procedimiento que afectan las defensas del quejoso `cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley', y esta hipótesis se surte cuando el quejoso se entera de la existencia del juicio antes de que se falle en definitiva, pues teniendo oportunidad legal de concurrir al juicio a defenderse podría suceder que el fallo le favoreciera, y sólo en caso de que así no fuera podría alegar la falta o ilegal citación como violación al procedimiento." En este supuesto no tiene aplicación la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "EMPLAZAMIENTO. FALTA DE.- Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en el juicio por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifiesta que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes". La expresión "... contra el fallo dictado en su contra..." contenida en esa tesis debe entenderse que se refiere a cuando ya se hubiera pronunciado sentencia definitiva o laudo en el juicio generador del acto reclamado y se acude ante los Tribunales Federales alegando la falta de emplazamiento."

Con base en lo anterior, debe concluirse que el juez de Distrito a quo carecía de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías en la vía indirecta, pues como ha quedado demostrado, en casos como el de la especie, el laudo debió reclamarse a través del amparo en la vía directa ante un Tribunal Colegiado de Circuito. En consecuencia y con fundamento en los artículos 44, 49 y 94 de la Ley de Amparo, así como 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en términos de su artículo 2o, debe declararse insubsistente la sentencia recurrida y toda vez que obran en autos los elementos indispensables para examinar la constitucionalidad del acto reclamado, este tribunal se avoca al conocimiento del asunto sin necesidad de ordenar una nueva tramitación en forma de amparo directo. Es aplicable al caso la tesis que este tribunal ha sustentado al resolver los amparos en revisión números 227/990, 151/991, 203/991 y 528/991, que dice: "AMPARO RESUELTO POR UN JUEZ DE DISTRITO DEL QUE DEBIO CONOCER EL TRIBUNAL COLEGIADO EN AMPARO DIRECTO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 94 de la Ley de Amparo, cuando un Tribunal Colegiado conoce del recurso de revisión interpuesto contra una resolución dictada por el juez de Distrito en un juicio de amparo que debió conocerse en única instancia, procederá a declarar insubsistente la sentencia recurrida y, de existir en autos los elementos indispensables para conocer de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se avocará al conocimiento de los conceptos de violación que hizo valer la quejosa ante el juez del conocimiento dictando la resolución que proceda, sin que exista necesidad de ordenar nueva tramitación en forma de amparo directo".

CUARTO.- Los puntos resolutivos del laudo reclamado son como sigue: "PRIMERO.- El actor RICARDO LOZANO GARCIA, demostró sus acciones ejercitadas. SEGUNDO.- La parte demandada legítimo propietario del negocio denominado SERVICIO AUTOMOTRIZ GARZON, SAUL GARZON GARCIA Y SEÑORA SILVIA GARCIA DE GARZON, no opusieron excepciones ni defensas. TERCERO.- Se condena a la parte demandada antes referida al pago de indemnización constitucional, veinte días de salario por cada año de servicios, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extras, prima de antigüedad, mismas que dan una cantidad líquida de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, CERO CENTAVOS, más el pago de los salarios caídos a partir del trece de marzo de mil novecientos noventa y hasta que se cumplimente el presente laudo; en términos del considerando correspondiente".

No se transcribe la parte considerativa del laudo reclamado, en virtud de que no se impugna por violaciones cometidas en el mismo, sino por violaciones al procedimiento que afectaron las defensas de los quejosos, trascendiendo al resultado del fallo.

QUINTO.- Como conceptos de violación se expresó lo siguiente: "PRIMERO.- Se viola en mi perjuicio los preceptos constitucionales violados, por la autoridad responsable, toda vez que no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que el juicio laboral que se siguió en mi contra, no me fue legal y debidamente notificado, por lo que resulta ilegal el procedimiento, consecuentemente es injusto e ilegal el laudo de fecha dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y uno dictado por la Junta Especial Número Dos de las de la Local de Conciliación y Arbitraje en el que se me condena al pago de las prestaciones asentadas en el punto resolutivo tercero. SEGUNDO.- En efecto, tanto el citatorio previo, como la cédula de emplazamiento realizada al legítimo propietario de la negociación `SERVICIO AUTOMOTRIZ GARZON' y/o quien resulte responsable de la relación laboral, el primero, de fecha ocho de mayo de mil novecientos noventa, y el segundo, de fecha nueve del mismo mes y año, son violatorios del artículo 14 constitucional, en atención a que el ciudadano Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de las de la Local de Conciliación y Arbitraje, no observó el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, sin actuar conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, siendo violatorio del artículo 16 constitucional en atención a que la autoridad responsable causa molestias en nuestras propiedades, posesiones y derechos sin fundar ni motivar la causa legal del procedimiento, no ajustándose a la dispuesto por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. El ciudadano Actuario el día ocho de mayo de mil novecientos noventa se constituyó en el domicilio ubicado en la casa marcada con el número dos mil ciento diez letra "A" de la calle veintitrés Poniente de esta ciudad, con el objeto de emplazar a los demandados, legítimo propietario de la negociación `SERVICIO AUTOMOTRIZ GARZON' y/o quien resulte responsable de la relación laboral, habiendo entendido la diligencia con el señor SAUL GARZON GARCIA, quien como lo asienta el ciudadano Actuario dicha persona dijo ser gerente general de la empresa, así como también en el momento de cerciorarse de ser el lugar señalado para la notificación, uno de los elementos que sirvieron para llegar a la convicción de que se trataba del domicilio correcto y de ser la negociación demandada asentó que le fueron mostrados los papeles de la empresa, como lo manifiesta el ciudadano Actuario ya había identificado plenamente el domicilio señalado para la notificación, así como también mediante los papeles que dice que le fueron mostrados se había cerciorado que el señor SAUL GARZON GARCIA era el gerente de la empresa; no obstante lo anterior el ciudadano actuario lejos de llevar la notificación conforme a lo dispuesto por el artículo 743 en su fracción I que establece el actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local; y la fracción II establece ... en lo conducente: Si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal de aquélla. No obstante lo anterior procede a dejar citatorio previo sin manifestar la razón por la cual no llevó a cabo el emplazamiento; mismo que obra a foja siete del expediente número D-2/122/90, en donde no aparece firma de la persona que se dice ser SAUL GARZON GARCIA, constituyéndose nuevamente el día nueve de mayo de mil novecientos noventa a las catorce horas en el domicilio antes mencionado y una vez más en la razón asentada al cerciorarse de ser el domicilio correcto manifestó nuevamente que se le mostraron los papeles de la empresa, y que estando presente el señor SAUL GARZON GARCIA se procedió a notificar a la persona moral `SERVICIO AUTOMOTRIZ GARZON'; no apareciendo en la cédula de emplazamiento firma alguna de la persona que recibió tanto el citatorio previo como la cédula de emplazamiento y anexos; por lo anterior se desprende claramente que es ilegal el emplazamiento practicado a `SERVICIO AUTOMOTRIZ GARZON', ya que los papeles a que se refiere el ciudadano Actuario tanto en el citatorio previo como cédula de emplazamiento, en ningún momento señala qué tipo de documentos le mostraron, ahora bien suponiendo sin conceder que se haya constituido en el domicilio de la negociación `SERVICIO AUTOMOTRIZ GARZON', y se le hayan mostrado papeles como el mismo señala, debió haber practicado en ese momento el emplazamiento al demandado, por ser el domicilio correcto y por haberse cerciorado plenamente que SAUL GARZON GARCIA, previo análisis de los papeles se trataba del gerente general de la empresa, lo cierto es que los papeles de la empresa solamente existen en la mente del ciudadano Actuario ya que nunca se constituyó en el domicilio ubicado en la casa marcada con el número dos mil ciento diez letra `A' de la avenida veintitrés poniente de esta ciudad, ya que de haberlo hecho, se hubiera percatado que no se trata de una empresa o persona moral sino de una negociación con nombre y giro comercial `SERVICIO AUTOMOTRIZ GARZON' y, que el señor SAUL GARZON GARCIA no es el gerente general de la empresa a quien se le atribuye ese carácter, sino el propietario de la negociación `SERVICIO AUTOMOTRIZ GARZON', de lo anterior se desprende que el ciudadano Diligenciario tomó los datos que asienta tanto en el citatorio previo como en la cédula de emplazamiento realizado al legítimo propietario de la negociación `SERVICIO AUTOMOTRIZ GARZON' y/o quien resulte responsable de la relación laboral, de la demanda del actor en donde le atribuye al señor SAUL GARZON GARCIA el carácter de gerente general de la empresa, ocupándose únicamente el ciudadano Actuario de transcribir dicha información al citatorio previo y cédula de emplazamiento, complementándola con la información de rutina que se asienta en todos los citatorios previos y cédulas de emplazamiento, tales como: Nomenclatura oficial visible. Dijo ser el domicilio correcto para emplazar, por la razón social, así como por papeles de la misma; por todo lo anteriormente manifestado se desprende claramente que el ciudadano Actuario no realizó el emplazamiento, consecuentemente resulta ilegal violatorio de mis garantías de legalidad y seguridad jurídica, ya que para que tuviera validez el supuesto emplazamiento, y por lo asentado en el citatorio previo y cédula de emplazamiento de habérsele mostrado los papeles de la empresa, debió haber asentado datos tales como: Registro Federal de Causantes, número de Registro Municipal, así como el nombre del propietario de la negociación, además debe aparecer la firma de la persona con quien se entiende la diligencia de emplazamiento, y de no poderse identificar con algún documento fehaciente, debe asentarse la razón de la media filiación; en el presente caso no se dan los supuestos antes mencionados. Por lo que dicho emplazamiento no se ajusta a lo establecido por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDO.- Asimismo resulta ilegal el citatorio previo y cédula de emplazamiento realizada al señor SAUL GARZON GARCIA y/o quien resulta responsable de la relación laboral, con fecha ocho de mayo de mil novecientos noventa y el segundo de fecha nueve del mismo mes y año, ya que no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, sin actuar conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, violando el artículo 14 constitucional, así como el artículo 16 constitucional en atención a que la autoridad responsable causa molestias a nuestras propiedades, posesiones y derechos sin fundar ni motivar la causa legal del procedimiento; no cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. Como se ha manifestado con anterioridad el ciudadano Diligenciario supuestamente se constituyó en el domicilio ubicado en la casa marcada con el número dos mil ciento diez letra "A" de la calle veintitrés Poniente de esta ciudad, cerciorándose de ser el lugar señalado para notificación, entendiendo la diligencia con quien se dice es el señor SAUL GARZON GARCIA, no obstante que el ciudadano Actuario ya se había cerciorado plenamente de ser el domicilio correcto, ya que manifiesta que coincide la nomenclatura oficial visible, así como por dicho de SAUL GARZON GARCIA de ser el domicilio correcto para emplazarlo, así como también se había cerciorado de que era la persona que debía ser notificada y que trabajaba en la negociación demandada, habiéndose cerciorado de su identidad como lo asienta tanto en el citatorio previo como cédula de emplazamiento realizado al legítimo propietario de la negociación `SERVICIO AUTOMOTRIZ GARZON', al habérsele mostrado los papeles de la empresa, en donde se debió dar cuenta que era el propietario de la negociación demandada, no obstante lo anterior procedió a dejarle citatorio previo, en donde no aparece la firma de la persona con quien se entendió la diligencia de emplazamiento; constituyéndose nuevamente al día siguiente (nueve de mayo de mil novecientos noventa y uno), siendo las catorce horas con cinco minutos en el domicilio señalado para emplazar a los demandados, cerciorándose nuevamente de ser el lugar para la notificación y entendiendo la diligencia con quien dijo ser SAUL GARZON GARCIA se procedió a emplazarlo; lo anterior resulta ser ilegal, ya que no obstante de que el ciudadano Actuario dijo haber entendido la diligencia con el demandado en lo personal y éste manifestar que no tenía con que identificarse, el ciudadano Actuario en ningún momento describe físicamente a la persona con la que supuestamente entendió la diligencia, por lo que se concluye que de igual manera que el anterior citatorio previo y cédula de emplazamiento realizado al legítimo propietario de la negociación `SERVICIO AUTOMOTRIZ GARZON', se concretó a vaciar los datos aportados por el actor en su demanda, ya que como se observa y si se comparan tanto los citatorios previos como las cédulas de emplazamiento mismas que obran de la foja siete a la diez, son idénticamente iguales los datos asentados, así como también en ninguno de ellos aparece la firma de la persona con quien se entendió dichas diligencias, así como tampoco identifica a la persona que recibió los documentos a que me he venido refiriendo. Por todo lo anteriormente manifestado es evidente que el ciudadano Actuario nunca realizó el emplazamiento, y para cubrir dicha omisión intacta perfeccionarlo inventando que dejó un citatorio previo para tratar de encuadrarlo en el artículo 743 fracciones III y IV, de la Ley Federal del Trabajo, ya que los datos asentados tanto en el citatorio previo y cédula de emplazamiento resultan ser de rutina, por lo que no puede considerarse legal el emplazamiento realizado por no haberse practicado conforme al a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1242-a83ccd2c/amparo-resuelto-por-un-juez-de-distrito-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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