SEGURO SOCIAL, CUOTAS QUE SE CUBREN AL INSTITUTO MEXICANO DEL. NO TIENEN CARACTER DE CONTRIBUCIONES. * * * SEGURO SOCIAL, CUOTAS QUE SE CUBREN AL INSTITUTO MEXICANO DEL. NO ESTAN SUJETAS A LOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD PREVISTOS PARA LOS IMPUESTOS. - - -
Amparo en revisión 763/88 ...
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Este Tribunal Pleno es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 11 fracción V,inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se interpone contra una sentencia dictada por un juez de Distrito en la audiencia constitucional en un juicio de amparo en el que se reclama una ley y subsiste el problema de constitucionalidad.
SEGUNDO.- La recurrente expresó el siguiente agravio.
"UNICO.- Violación al artículo 77 fracción I y II de la Ley de Amparo sostiene el a quo que como al dorso de la constancia de entero provisional a cuenta de cuotas obrero-patronales de la tesorería del Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al cuarto bimestre de mil novecientos setenta y seis, que se acompañó a la demanda de garantías, "aparece que el pago se hizo el quince de agosto de mil novecientos ochenta y seis, cabe estimar que por lo menos en este momento conoció la quejosa el acto reclamado y que de esa fecha al veinticuatro de septiembre del mismo año en que fue presentada la demanda transcurrieron con exceso los quince días señalados por el artículo 21 de la Ley de Amparo, para impugnar los actos reclamados", por lo que, concluye, los actos reclamados tienen el carácter de tácitamente consentidos, en virtud de que los ordenamientos que se reclaman no fueron impugnados dentro de los treinta días contados a partir de su vigencia, ni dentro de los quince días contados a partir del primer acto de aplicación en perjuicio de la quejosa, en los términos de los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse este juicio con apoyo en los artículos 73, fracción XII y 74, fracción VII del mismo ordenamiento.- Tales razonamientos resultan equivocados, ya que aun cuando es verdad que la quejosa realizó el quince de agosto de mil novecientos ochenta y seis el pago provisional a que se hace mérito la resolución que se recurre, a cuenta de las cuotas correspondientes al cuarto bimestre de mil novecientos ochenta y seis, de ello no puede inferirse que desde ese momento conoció los actos que reclama, toda vez que dicho pago provisional tiene un fundamento legal distinto, a saber, el artículo 45 de la Ley del Seguro Social que dispone en la parte que interesa: `Los patrones y demás obligados, efectuarán provisionales (sic) a cuenta de las cuotas bimestrales a más tardar el día quince de cada uno de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año. El entero provisional de que se trate, será el equivalente al cincuenta por ciento del monto de las cuotas obrero-patronales correspondientes al bimestre inmediato anterior.'.-En estas condiciones, si dicho pago provisional no puede ser sino el equivalente al cincuenta por ciento del monto de las cuotas del bimestre inmediato anterior, esto es, el tercero de mil novecientos ochenta y seis, lógicamente se trata de un acto por completo distinto del que se reclama y no puede servir de apoyo para atribuir el conocimiento anticipado de éste; con tanta mayor razón, si, como se señaló en la demanda de garantías y se repite en la resolución que ahora se recurre, de la sola lectura de las cédulas de liquidación de cuotas obrero-patronales relativas al cuarto bimestre de mil novecientos ochenta y seis, `se ve una contribución desproporcionada e inequitativa a mi representada como se aprecia al compararlas con la liquidación emitida por la propia autoridad responsable, en relación con el tercer bimestre de mil novecientos ochenta y seis"'.
TERCERO.- El agravio expuesto por la recurrente es fundado. En efecto, la quejosa reclama los artículos 114, 115, 177 y 178 de la Ley del Seguro Social reformados que entraron en vigor el veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y seis, en cuanto modifican el porcentaje que debe pagar el patrón respecto de las cuotas que se enteran al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Ahora bien, el primer acto de aplicación de dichos numerales tuvo que ser necesariamente la liquidación correspondiente al cuarto bimestre de mil novecientos ochenta y seis (julio-agosto), sin embargo en autos no obra constancia alguna de notificación de esa liquidación.
El juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo estimando que la quejosa tuvo conocimiento de la liquidación correspondiente al cuarto bimestre de mil novecientos ochenta y seis, el día quince de agosto de ese año, fecha en la cual hizo el entero provisional relativo al bimestre citado, sin embargo ese criterio no es correcto, pues el artículo de la Ley del Seguro Social, en sus dos primeros párrafos ordena:
"El pago de las cuotas obrero-patronales será por bimestres vencidos, a más tardar el día quince de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año".
"Los patrones y demás sujetos obligados, efectuarán enteros provisionales a cuenta de las cuotas bimestrales a más tardar el día quince de cada uno de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año. El entero provisional de que se trate será el equivalente al cincuenta por ciento del monto de las cuotas obrero- patronales correspondientes al bimestre inmediato anterior".
El dispositivo transcrito en la parte conducente lleva a concluir que el entero provisional es realizado por los patrones sin conocer aún la liquidación correspondiente tomándose como base el cincuenta por ciento de lo pagado en el bimestre inmediato anterior, de tal suerte que al conocerse el monto de lo adeudado, es decir al notificarse la liquidación tendrá que descontarse la cantidad pagada provisionalmente cubriéndose solamente el restante.
Ese fue el procedimiento que en el presente caso siguió la quejosa, como se desprende de los autos, pues si bien realizó el quince de agosto de mil novecientos ochenta y seis un entero provisional a cuenta de las cuotas correspondientes al cuarto bimestre de ese año, también lo es que fue hasta la realización del pago definitivo cuando se hizo sabedora de la liquidación citada, cubriendo la diferencia resultante de descontar la cantidad enterada provisionalmente del adeudo total precisado en liquidación de referencia, lo que se advierte del texto de dicha liquidación.
En consecuencia debe tenerse como fecha de conocimiento del primer acto de aplicación de los artículos reclamados (liquidación correspondiente al cuarto bimestre de mil novecientos ochenta y seis), el quince de septiembre de ese año, día en el que se realizó el entero definitivo ya con pleno conocimiento de la citada liquidación, y es claro que de esa fecha al veinticinco de septiembre siguiente en que se presentó la demanda de amparo no transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo para promover el juicio constitucional, luego, la demanda no es extemporánea contrariamente a lo estimado por el juez a quo.
No obstante a lo anterior este alto tribunal advierte que respecto de los artículos 115 y 178 de la Ley del Seguro Social que impugnó la parte quejosa debe confirmarse el sobreseimiento decretado en el juicio, aunque por razones diferentes.
En efecto, este Tribunal Pleno advierte que los preceptos 115 y 178 de la Ley del Seguro Social reformados por decreto publicado el dos de mayo de mil novecientos ochenta y seis, no afectan los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues el exclusivo destinatario de ambos, es el Estado, no así los patrones, según se desprende del texto de los artículos 115 y 178 de la citada Ley del Seguro Social, son del tenor literal siguiente:
"Artículo 115. En todos los casos en que no esté expresamente prevista por ley o decreto la cuantía de la contribución del Estado para el seguro de enfermedades y maternidad, será igual al 7.143 por ciento del total de las cuotas patronales.- La aportación del Estado será cubierta en pagos bimestrales iguales, equivalentes a la sexta parte de la estimación que presente el Instituto para el año siguiente a la Secretaría de Programación y Presupuesto, en el mes de julio de cada ejercicio, formulándose el ajuste definitivo en el mes de enero del año siguiente".
Artículo 178. En todos los casos en que no esté expresamente prevista por ley o decreto la cuantía de la contribución del Estado para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, será igual al 7.143 por ciento del total de las cuotas patronales y se cubrirán en los términos del artículo 115. Como se puede apreciar del contenido de los preceptos legales antes mencionados, las dos normas citadas establecen el porcentaje que el Estado debe cubrir en las distintas ramas del Seguro Social, así como la forma de hacerlo, y en manera alguna contemplan cargas y obligaciones inherentes al patrón, de ahí que si con tal carácter se ostentó la quejosa para promover el presente juicio de garantías, es evidente que las disposiciones a examen no afectan sus intereses jurídicos.
Por ende, con fundamento en la fracción III del artículo 74, en concordancia con la fracción V del artículo 73, ambos de la Ley de Amparo, debe subsistir el sobreseimiento en cuanto a los artículos 115 y 178 de la Ley del Seguro Social.
CUARTO.- No habiéndose hecho valer por las partes ninguna otra causal de improcedencia, y toda vez que tampoco se advierte otra que pudiera operar de oficio, con fundamento en el artículo 91, fracción III de la Ley de Amparo se procede a examinar los conceptos de violación expuestos en la demanda ya transcritos en la parte conducente de esta resolución.
Los conceptos de violación marcados con los números 1, 2, 3 y 4 son jurídicamente ineficaces, pues en ellos la quejosa se concreta a expresar una serie de argumentos tendientes a evidenciar que las cuotas obrero-patronales que se cubren al Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen el carácter de contribuciones y por ende deben cumplir con los requisitos de proporcionalidad y equidad exigidos por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal.
Asimismo, argumenta que el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene el carácter de organismo fiscal autónomo y sus actos deben sujetarse a los artículos constitucionales que norman la materia tributaria.
En consecuencia, se aduce que los artículos 79, 114 y 177 de la Ley del Seguro Social que regulan lo relativo a los seguros de enfermedades generales y maternidad y de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, por diversas razones vulneran los ya citados principios de equidad y proporcionalidad.
Los argumentos antes sintetizados como se dijo, son jurídicamente ineficaces atento que este Tribunal Pleno en casos similares ha sustentado el criterio de que las cuotas obrero-patronales que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social, no tienen su apoyo en la fracción IV, del artículo 31 de la Constitución Federal, sino en las fracciones XIV y XXIX del artículo 123 de la Carta Magna y la finalidad del establecimiento de estas primas es distinta a la de los tributos, pues mientras las primeras tienen como objetivo una protección a favor de los trabajadores contra los riesgos y eventualidades que pudieran suceder en el desempeño de sus labores, los segundos tienen como objetivo el de contribuir a los gastos públicos de la Federación, de los estados o de los municipios, con independencia de que el artículo 267 de la Ley del Seguro Social establezca el pago de las cuotas, los recargos y los capitales constitutivos tienen el carácter de "fiscal"(sic), pues tal aseveración es, por una parte, puramente práctica y por la otra el término "fiscal" es genérico y puede aplicarse tanto a los impuestos como a cualquier otra prestación o contraprestación a favor del Estado o de un organismo descentralizado que por estar prevista en la Ley como obligación a cargo de los particulares puede ser exigida coactivamente, sin que ello signifique por necesidad de que se trata de las contribuciones a que alude el artículo 31, fracción IV constitucional.
En congruencia con lo anterior, las cuotas obrero-patronales citadas no pueden ni deben estar sujetas a los requisitos de proporcionalidad y equidad a que el precepto constitucional alude, especialmente si se considera que: a) las cuotas de referencia tienen el carácter de primas y no de contribuciones; b) en cuanto a su asimilación con lo créditos fiscales sólo tiene un fin meramente práctico dada la exigencia de la prestación del servicio público de aseguro que al Instituto Mexicano del Seguro Social, le fue encomendado por el Congreso de la Unión y; c) el interés público existente para que dicha prestación sea proporcionada con eficiencia y oportunidad en beneficio de los asegurados.
De la manera anterior, si las cuotas obrero-patronales tienen su origen constitucional y su fundamento en el artículo 123, fracciones XIV y XXIX de la Constitución, y no en el artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental no deben sujetarse a los requisitos de proporcionalidad y equidad fiscales que exige el último de los dispositivos citados y por ende, los argumentos expuestos por la quejosa en los primeros cuatro conceptos de violación de la demanda de garantías resultan jurídicamente ineficaces.
Este Tribunal Pleno sustentó idéntico criterio al resolver los siguientes asuntos: "Amparo en revisión 5001/87, promovido por Mundo Viviente, S.A., en sesión celebrada el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho por mayoría de once votos de los señores ministros de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castañón León, Díaz Infante, Fernández Doblado, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Moreno Flores, Suárez Torres y Presidente del Río Rodríguez, en contra del voto de los señores ministros Azuela Güitrón, Pavón Vasconcelos, Adato Green, González Martínez, Villagordoa Lozano, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero y Schmill Ordóñez.- Amparo en revisión 1308/87, promovido por Encajes Mexicanos, S.A., en sesión celebrada el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho, por mayoría de once votos de los señores ministros de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castañón León, Díaz Infante, Fernández Doblado, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, Moreno Flores y Suárez Torres en contra del voto de los señores ministros Azuela Güitrón, Pavón Vasconcelos, Adato Green, González Martínez, Villagordoa Lozano, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez."
Por otra parte la quejosa a fojas 13 de la demanda argumenta una violación al artículo 28 constitucional en los términos siguientes: "En un mero acto de poder, el Estado elude su obligación de contribuir cabalmente y obliga a uno solo de los otros dos asegurados básicos a que asuma injustamente la carga de su elusión, resultando en fondo que es entonces el patrón quien presta el servicio porque es dicho agente quien simplemente lo mantiene.- Con fraude a la Constitución y a la propia ley de la materia, violentando el sistema financiero inicialmente estructurado para asegurar la supervivencia y salud operativa del Instituto, lo que se entiende en base a lo dispuesto por los preceptos 239, 242, 243, 244 y 259 al 266 de la Ley del Seguro Social, el Estado está dejando de mantener al Seguro Social como le corresponde. Al modificar la ley, el Estado actúa inequitativamente, pues materialmente obliga a otro a que haga lo que él mismo debería hacer, que es, mantener el Seguro Social.- Este hecho implica una violación a lo dispuesto en el artículo 28 constitucional, en cuya virtud resulta ahora, como principio fundamental de nuestro Estado de Derecho, que es el Estado rector de la actividad económica del país debiendo ser por ello, el principal aportador de los servicios económicos que dicha rectoría implica. La realidad es que en materia de Seguridad Social no lo es y, sin embargo, hace uso arbitrario del poder público.".
Es infundado el argumento transcrito porque el artículo 28 constitucional en ninguna de sus partes impone al Gobierno la obligación de "mantener" (sic) al Instituto Mexicano del Seguro Social, como incorrectamente lo pretende la quejosa, ni tampoco se "violenta el sistema financiero inicialmente estructurado para asegurar la supervivencia y salud operativa del Instituto", argumento, este último, que se plantea simplemente de manera dogmática. En efecto, la propia Ley del Seguro Social en su artículo 239 señala: "Los servicios de solidaridad social serán financiados por la Federación, por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por los propios beneficiados...", así pues ni la Carta Magna ni la ley secundaria establecen un sistema financiero para dicho Instituto que encuentre su exclusivo apoyo en las aportaciones del Gobierno, antes al contrario, el Seguro Social es en esencia patronal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, fracciones XIV y XXIX de la Constitución Federal, y por razones de solidaridad social la cuota se divide también entre los trabajadores y la Federación, pero en ningún momento se actualiza la transgresión al artículo 28 de la Carta Fundamental de que se duele la quejosa.
Por último el concepto de violación marcado con el número cinco de la demanda constitucional es también infundado. En él se alega que a mitad del año de mil novecientos ochenta y seis, el Congreso de la Unión expidió las reformas a los preceptos reclamados de la Ley del Seguro social, alterando la cantidad que por concepto de contribuciones de seguridad social se debía recaudar durante el ejercicio correspondiente señalada en la Ley de Ingresos de la Federación para ese año de mil novecientos ochenta y seis, violentándose el principio de anualidad de las contribuciones.
En efecto, las cuotas obrero-patronales no tienen el carácter de contribuciones, como ya quedó explicado y en consecuencia no puede violarse con la expedición de los artículos reclamados el "principio de anualidad" aplicable solamente a la materia tributaria, lo cual es una consecuencia lógica de las bases que sustentan la presente ejecutoria.
A mayor abundamiento es de señalarse que ya este Tribunal Pleno ha sostenido en jurisprudencia firme y definida que aun tratándose de contribuciones dicho principio no se vulnera si el tributo federal es creado en una ley en sentido material y formal, es decir proveniente del Congreso de la Unión, pues la Carta Magna sólo impone la obligación de contribuir a los gastos públicos de la Federación, Estados y Municipios de la manera proporcional y equitativa que dispongan "las leyes" (en plural) sin referirse necesariamente a la Ley de Ingresos. Informe de mil novecientos ochenta y cinco, Parte Pleno, página 369, jurisprudencia No. cuatro, publicado bajo el rubro: "CONTRIBUCIONES. NO EXISTE INCONVENIENTE CONSTITUCIONAL ALGUNO PARA DECRETAR UNA CONTRIBUCION (IMPUESTOS, DERECHOS O CONTRIBUCION ESPECIAL) QUE DEBA RECAUDARSE EN UN AÑO DETERMINADO AUN SIN ESTAR ENUMERADA EN LA LEY DE INGRESOS DE ESE AÑO.". Lo anterior, se reitera, es una consideración realizada a mayor abundamiento, pues tratándose de cuotas obrero-patronales al no tener el carácter de contribuciones, las leyes que las contienen no pueden violar el principio de anualidad fiscal.
En consecuencia, habiendo resultado jurídicamente ineficaces los conceptos de violación expuestos en la demanda, se impone negar la protección constitucional solicitada.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.- Se modifica la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de garantías a que este toca se refiere respecto de los artículos 115 y 178 de la Ley del Seguro Social, en términos del considerando tercero de esta ejecutoria.
TERCERO.- La justicia de la Unión, no ampara ni protege a PROLIMP,S.A., en contra de los artículos 114 y 177 de la Ley del Seguro social y sus actos de aplicación en términos del considerando cuarto de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno por mayoría de veinte votos se aprobó la modificación de la sentencia y el sobreseimiento, y el señor ministro González Martínez votó en contra de dicho sobreseimiento; y por unanimidad de veintiún votos se aprobó la negativa de amparo. Por mayoría de once votos de los señores ministros de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castañón León, Díaz Infante, Fernández Doblado, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, Moreno Flores y Suárez Torres se aprobaron los términos del mismo proyecto; y los señores ministros Alba Leyva, Azuela Güitrón, Pavón Vasconcelos, Adato Green, González Martínez, Villagordoa Lozano, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez emitieron su voto en contra de la consideración de que las cuotas obrero-patronales no son de naturaleza fiscal. Los señores ministros Azuela Güitrón y Villagordoa Lozano expresaron que formularán voto particular.- Firman los CC. Presidente y Ponente, con el Secretario General de Acuerdos da fe.- Carlos del Río Rodríguez, Luis Fernández Doblado, J. Javier Aguilar Domínguez, Secretario.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16880-10f6d140/seguro-social-cuotas-que-se-cubren-al-instituto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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