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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL, CUOTAS QUE SE CUBREN AL INSTITUTO MEXICANO DEL. NO ESTAN SUJETAS A LOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD PREVISTOS PARA LOS IMPUESTOS. * * * SEGURO SOCIAL, CUOTAS QUE SE CUBREN AL INSTITUTO MEXICANO DEL. NO TIENEN CARACTER DE CONTRIBUCIONES. - - -

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 303/88. · Registro digital (IUS): 16881
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: RECKITTAND COLMAN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Localización: Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988, , Pág. 81.

Amparo en revisión 303/88...

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y 11, fracción V, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que dicho recurso se interpone contra una sentencia dictada por un juez de Distrito en un juicio de amparo en el que se reclamaron dos leyes por estimarlas directamente violatorias de la Constitución, y, subsiste en el recurso el problema de constitucionalidad.

SEGUNDO. En vía de agravios se expresa lo siguiente:

"Señalan textualmente los considerandos Segundo, Tercero y Cuarto de la resolución recurrida lo siguiente (los transcribe). Lo anteriormente expuesto, viola en perjuicio de mi representado lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 79, 155 y 192 de la Ley de Amparo, como paso a demostrar a continuación: 1. En primer término, cabe hacer notar que, aun cuando las tesis de jurisprudencia citadas por el a quo, tienen referencia directa al caso concreto, y que las mismas interrumpieron la jurisprudencia en sentido contrario, no es óbice para no estudiar los argumentos que hace valer mi representada, pues las tesis citadas no constituyen jurisprudencia definida, y por tanto no tienen el carácter de obligatorias. En los anteriores términos, el decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social, sí debió ser refrendada por los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social, pues el texto del artículo 92 constitucional es definitivo, en el sentido de que se refiere a "TODOS" los decretos del Presidente de la República, entre los que forzosamente se encuentran aquellos de promulgación de leyes, no importando cuál sea la interpretación que se le pretenda dar a dicha disposición constitucional. Siguiendo el mismo orden de ideas, antes de proceder a hacer las reformas a la Ley Orgánica de la Administración pública Federal se debió reformar de manera ineludible lo dispuesto por el precepto constitucional citado, ya que de otra forma, y como aconteció en la especie, el primero se encuentra en contraposición directa con el precepto de la Carta Magna por lo que no debe ser obedecido, por no ser obligatorio al ser ilegal. Aceptar la interpretación que se le ha pretendido dar al texto del artículo 92 constitucional, es a la luz de nuestro sistema de derecho, absurdo, pues implicaría cada vez que nuestros legisladores cometan un error, en perjuicio directo de la población, se puede subsanar a través de interpretar a conveniencia el precepto de la Constitución de que se trate, más si se hace en casos como el en que nos ocupa en el cual el texto de la Carta Magna no puede ser más claro; y se viola pretendiendo darle una ambigüedad que no le corresponde, causando en estos términos perjuicios gravísimos a nuestro sistema jurídico, pues con ello se pone en duda la existencia de una verdadera seguridad jurídica. Independientemente de lo anterior, es inaceptable que el juez a quo haya soslayado de manera intencionada el análisis del razonamiento que se hizo valer en las páginas 12, 13 y 14 de la demanda de amparo y que se contiene en los supuestos A, B, C y D que aparecen en la propia página 13 de dicha demanda. El hecho de que el juez de Distrito no haya resuelto las interrogantes que se plantean en dicho razonamiento, colocó a la quejosa en absoluto estado de indefensión y por lo tanto, de acuerdo a la ley, reclamo que la justicia federal se haga cargo de dichos razonamientos y resuelva en consecuencia. 2. Una vez más, el juez de Distrito, pierde de vista el verdadero sentido de lo que expone la quejosa en el segundo concepto de violación en el que mi representada alega que las reformas reclamadas a la Ley del Seguro Social, son violatorias de las garantías que otorgan los artículos 14 y 16, así como el 31, fracción IV, constitucionales, esto es en cuanto hace a la proporcionalidad y equidad de las contribuciones. En efecto, lo que mi representada reclama en el mencionado concepto de violación, es que es injusto el cambio realizado en el porcentaje a pagar, disminuyendo la parte del Estado e incrementando `sin motivo ni fundamento' la parte correspondiente a los patrones, ya que como el mismo juez reconoce, las cuotas del Seguro Social son en beneficio de la colectividad, no únicamente del sector patronal, por lo que corresponde de manera equitativa su pago, y en partes iguales tanto al trabajador, como al patrón y al Estado, pues el mencionado beneficio colectivo es en favor de los tres sectores por igual. Como mi representada señala en el concepto de violación respectivo, los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, así como los de enfermedad y maternidad, cubren riesgos ordinarios de vida, no riesgos de trabajo, en los que, a diferencia de los primeros, sí es responsabilidad de los patrones cubrirlos por ser riesgos que ocurren en la empresa, y dependen de cada actividad en particular. En el caso de las reformas que nos ocupan en el presente juicio de amparo no existe una justificación ni económica ni de carácter jurídico para realizarlas, pues de la manera más arbitraria se incrementa la carga para una de las partes, disminuyéndose por consiguiente la carga estatal. Siendo así, los argumentos que esgrime el a quo para desestimar el concepto de violación expuesto por mi representada, no son aplicables pues además de lo expuesto anteriormente y tomando en consideración que como el propio a quo lo reconoce a foja 5 de la resolución recurrida, las cuotas pagadas al Seguro Social son contribuciones fiscales, por lo tanto les son aplicables las disposiciones del artículo 31 de la Carta Magna, en particular la fracción IV en lo que se refiere a la equidad y proporcionalidad de las contribuciones, principios que se aplican tanto a los patrones como al Estado y que en las reformas que se combaten en el presente juicio, son violados como ha quedado expuesto. El a quo cita por analogía la tesis 27 visible a páginas 397 del Informe de 1985 correspondiente al Pleno, misma que en el presente caso no es aplicable, pues el régimen de los impuestos es diverso a aquel correspondiente a los derechos y el incremento de los primeros tiene que estar debidamente fundado y motivado, es decir, además de atender a una necesidad de la sociedad que deba ser regulada debe de estar debidamente fundada en la Constitución, así como en las leyes secundarias, en el presente caso de las reformas a la Ley del Seguro Social, no se motiva en estos términos el incremento que se reclama ni se encuentra debidamente fundado, pues contraviene directamente lo dispuesto por los artículos 92 y 31, fracción IV así como el 14 y 16 constitucionales, como ha quedado demostrado. Asimismo, el juez de Distrito argumenta que la exposición de motivos de la ley original del Seguro Social, no tiene el carácter de ley obligatoria y que además el hecho de que en ella se contemple la naturaleza tripartita de las cuotas que al propio Instituto deben pagar por igual las partes, no da el derecho de pagar siempre el mismo porcentaje. Respecto a lo anterior, es procedente recordar que las exposiciones de motivos de las leyes contienen el espíritu con que las mismas fueron creadas. En el caso concreto, dicha exposición de motivos contempla como equitativo el que las partes paguen los porcentajes que la ley original señalaba hasta antes de las reformas reclamadas, y dichas reformas sin la motivación debida cambian dichos porcentajes, violando el espíritu de equidad de la propia ley, junto con las disposiciones constitucionales que las regulan. Amén de lo anterior, estando de acuerdo con que las multicitadas exposiciones de motivos no garantizan que las cuotas se deban siempre pagar en el mismo porcentaje establecido en la ley original, éstas sí indican cuál es el espíritu de la propia ley, razón por la cual, al hacerse las reformas reclamadas, mi representada consideró violadas sus garantías ya que las autoridades responsables en ningún momento exponen las razones por las que dichos porcentajes se deben incrementar en su perjuicio y disminuirse en beneficio del propio Estado. Por lo anterior, es procedente el revocar la sentencia reclamada y previo el estudio de los conceptos de violación expuestos en el capítulo correspondiente de la demanda de amparo, a la luz de la Constitución General de la República, se conceda a mi representada el amparo y protección de la justicia federal que solicita. 3. En conjunción con todo lo anteriormente expuesto, el a quo, para desestimar el tercero de los conceptos de violación que hace valer mi mandante en su demanda de amparo, expresa que la motivación de un acto legislativo, consiste en que la ley que se emita se tiene que referir a relaciones sociales que requieran ser jurídicamente reguladas, y en la especie, al reformar la Ley del Seguro Social, no se especifica en ningún momento de dicha reforma cuál es la necesidad de reformar las disposiciones materia de la misma, o cuáles son las relaciones sociales que necesitan ser reguladas a través de una reforma tan arbitraria como la combatida, pues sin mayor anotación al respecto, se incrementa el porcentaje a pagar por una de las partes, con el respectivo decremento en la carga de otra de ellas, violándose así lo dispuesto por el artículo 31 fracción IV constitucional, según ha quedado demostrado. Por lo que hace a la falta de fundamentación, aun con lo expuesto por el a quo, la reforma que se combate, contiene vicios de ilegalidad desde su concepción, violando lo establecido por los numerales 14, 16, 31 fracción IV, 72 y 92 de la Constitución Federal, por lo que en los términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, los conceptos de violación debieron ser estudiados por el a quo en forma conjunta, y no hacer diferentes análisis parciales de los mismos a fin de desestimar cada una de sus partes por separado, perdiéndose así el sentido que en conjunto entrañan".

TERCERO. Con apoyo en la tesis jurisprudencial 158, de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, este Tribunal Pleno, analiza oficiosamente una causal de improcedencia que opera en el caso, respecto de los artículos 115 y 178 de la ley reclamada, toda vez que tales dispositivos no afectan los intereses jurídicos de la quejosa.

En efecto, los citados artículos 115 y 178 de la Ley del Seguro Social, reformados por decreto publicado el dos de mayo de mil novecientos ochenta y seis, refieren:

"ARTICULO 115. En todos los casos en que no esté expresamente prevista por ley o decreto la cuantía de la contribución del Estado para el seguro de enfermedades y maternidad, será igual al 7.143 por ciento del total cuotas patronales. La aportación del Estado será cubierta en pagos bimestrales iguales, equivalente a la sexta parte de la estimación que presente el Instituto para el año siguiente a la Secretaría de Programación y Presupuesto, en el mes de julio de cada ejercicio, formulándose el ajuste definitivo en el mes de enero del año siguiente."

"ARTICULO 178. En todos los casos en que no esté expresamente prevista por ley o decreto la cuantía de la contribución del Estado para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, será igual al 7.143 por ciento del total de las cuotas patronales y se cubrirán en los términos del artículo 115."

De la lectura de los dispositivos transcritos, se aprecia que se establecen en las aportaciones que debe cubrir el Estado en los distintos ramos del Seguro Social y la fecha de pago; sin que contemplen obligaciones inherentes al patrón (carácter con que se ostenta la quejosa), de ahí que procede sobreseer en el juicio respecto de dichos dispositivos, con base en los artículos 74, fracción III y 73 fracción V, de la Ley de Amparo.

CUARTO. Los agravios son infundados.

Aquellos en los que se alude a la falta de refrendo del decreto impugnado, por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social porque este Tribunal Pleno ha sostenido que los decretos del ejecutivo promulgatorios de una ley, únicamente deben estar refrendados por el Secretario de Gobernación, así como que el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no viola el artículo 92 constitucional.

Así justamente se establece en las tesis de Jurisprudencia números 3 y 4 las que fueron aprobadas en sesión privada celebrada el martes diez de mayo del presente año, que respectivamente dicen: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS. CORRESPONDE UNICAMENTE AL SECRETARIO DE GOBERNACION EL DE LAS LEYES APROBADAS POR EL CONGRESO DE LA UNION. En materia de refrendo de los decretos del Ejecutivo Federal, el Pleno de la Suprema Corte ha establecido las tesis jurisprudenciales ciento uno y ciento dos, visibles en las páginas ciento noventa y seis y ciento noventa y siete, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación -mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y cinco- cuyos rubros son los siguientes: `REFRENDO DE LOS DECRETOS DEL EJECUTIVO POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO RESPECTIVOS' y `REFRENDO DE UNA LEY, CONSTITUCIONALIDAD DEL'. Ahora bien, el análisis sistemático de los artículos 89, fracción I y 92 de la Constitución General de la República, conduce a interrumpir las invocadas tesis jurisprudenciales en mérito de las consideraciones que en seguida se exponen. El primero de los preceptos mencionados establece: "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia'. A su vez, el artículo 92 dispone: `Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado o jefe del Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos'. De conformidad con el primero de los numerales reseñados el Presidente de la República tiene, entra otras facultades, la de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión,función ésta que lleva a cabo a través de la realización de uno de los actos que señala el artículo 92 constitucional, a saber, la emisión de un decreto mediante el cual ese alto funcionario ordena la publicación de la ley o decreto que le envía el Congreso de la Unión. Esto significa, entonces, que los decretos mediante los cuales el titular del Poder Ejecutivo Federal dispone la publicación de las leyes o decretos de referencia constituyen actos de los comprendidos en el artículo 92 en cita, pues al utilizar este precepto la locución "todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente..." es incuestionable que su texto literal no deja lugar a dudas acerca de que también a dichos decretos promulgatorios, en cuanto actos del Presidente, es aplicable el requisito de validez previsto por el citado artículo 92, a saber, que para ser obedecidos deben estar firmados o refrendados por el secretario de Estado a que el asunto o materia del decreto corresponda. Los razonamientos anteriores resultan todavía más claros mediante el análisis de lo que constituye la materia o contenido del decreto promulgatorio de una ley. En efecto, en la materia de dicho decreto se aprecian dos partes fundamentales: la primera se limita a establecer por parte del Presidente de la República, que el Congreso de la Unión le ha dirigido una ley o decreto cuyo texto transcribe o reproduce y la segunda a ordenar su publicación para que la ley aprobada por el Congreso de la Unión pueda ser cumplida u observada. Por consiguiente, si la materia del decreto promulgatorio está constituida en rigor por la orden del Presidente de la República para que se publique o dé a conocer la ley o decreto para su debida observancia, mas no por la materia de la ley o decreto oportunamente aprobados por el Congreso de la Unión, es de concluirse que el decreto respectivo única y exclusivamente requiere para su validez constitucional de la firma del Secretario de Gobernación cuyo ramo administrativo resulta afectado por dicha orden de publicación, toda vez que es el acto que emana de la voluntad del titular del Ejecutivo Federal y, por ende, el que debe ser refrendado, sin que deba exigirse, además, la firma del Secretario o Secretarios de Estado a quienes corresponda la materia de la ley o decreto que se promulgue o publique, pues sería tanto como refrendar un acto que ya no proviene del titular o del órgano ejecutivo sino del órgano legislativo, lo cual, evidentemente, rebasa la disposición del artículo 92 constitucional, pues dicho precepto instituye el refrendo sólo para los actos del Presidente de la República ahí detallados. Lo hasta aquí expuesto lleva a concluir que es inexacto que el artículo 92 constitucional exija, como se sustenta en las jurisprudencias transcritas, que el decreto promulgatorio de una ley deba refrendarse por parte de los Secretarios de Estado cuyos ramos sean afectados por la misma ley, pues tal interpretación no tiene fundamento en el precepto constitucional en cita ni en otro alguno de la ley suprema."

"REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DE LAS LEYES. EL ARTICULO 13 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL NO VIOLA EL ARTICULO 92 CONSTITUCIONAL. El artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no es contrario al 92 de nuestra Carta Magna cuando señala que los decretos promulgatorios de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión sólo requieren el refrendo del Secretario de Gobernación para su validez, pues la materia de dichos decretos está constituida únicamente por la orden del Presidente de la República para que se publique o se dé a conocer la ley o el decreto del órgano legislativo Federal para su debida observancia, mas no por la materia misma de la ley o decreto oportunamente aprobado por el Congreso de la Unión; luego es de concluirse que el decreto respectivo única y exclusivamente requiere para su validez constitucional, mediante el cumplimiento del imperativo formal establecido en nuestra ley suprema, de la firma del Secretario de Gobernación cuyo ramo administrativo resulta afectado por dicha orden de publicación, toda vez que es el acto que emana de la voluntad del titular del Ejecutivo Federal y, por ende, el que debe ser refrendado. Así pues, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no es incongruente con el 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Tampoco asiste la razón a la recurrente, al estimar que las cuotas que se cubren al Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen el carácter de contribuciones y por ello, deben ajustarse a los requisitos de proporcionalidad y equidad que prevé el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal.

En efecto, este Tribunal Pleno ha sostenido el criterio de que las cuotas obrero-patronales que se paguen al Instituto Mexicano del Seguro Social, no tienen su apoyo en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, sino en las fracciones XIV y XXIX del artículo 123 de la Carta Magna y la finalidad del establecimiento de estas primas es distinta a la de los tributos, pues mientras las primeras tienen como objetivo una protección a favor de los trabajadores contra los riesgos y eventualidades que pudieran suceder en el desempeño de sus labores, los segundos tienen como objetivo el de contribuir a los gastos públicos de la Federación, de los estados o de los municipios, con independencia de que el artículo 267 de la Ley del Seguro Social establezca el pago de las cuotas, los recargos y los capitales constitutivos tienen el carácter de "fiscal" (sic), pues tal aseveración es, por una parte, puramente práctica y por la otra el término "fiscal" es genérico y puede aplicarse tanto a los impuestos como a cualquier otra prestación o contraprestación a favor del Estado o de un organismo descentralizado que por estar prevista en la ley como obligación a cargo de los particulares puede ser exigida coactivamente, sin que ello signifique por necesidad de que se trata de las contribuciones a que alude el artículo 31, fracción IV constitucional.

En congruencia con lo anterior, las cuotas obrero-patronales citadas no pueden ni deben estar sujetas a los requisitos de proporcionalidad y equidad a que el precepto constitucional alude, especialmente si se considera que: a). Las cuotas de referencia tienen el carácter de primas y no de contribuciones; b). En cuanto a su asimilación con los créditos fiscales sólo tienen un fin meramente práctico dada la exigencia de la prestación del servicio público de aseguro que al Instituto Mexicano del Seguro Social, le fue encomendado por el Congreso de la Unión y; c). El interés público existente para que dicha prestación sea proporcionada con eficiencia y oportunidad en beneficio de los asegurados.

De la manera anterior, si las cuotas obrero-patronales tienen su origen constitucional y su fundamento en el artículo 123, fracciones XIV y XXIX de la Constitución, y no en el artículo 31 fracción IV de la ley fundamental no deben sujetarse a los requisitos de proporcionalidad y equidad fiscales que exige el último de los dispositivos citados.

Este tribunal sustentó idéntico criterio al resolver los amparos en revisión 5001/87, promovido por Mundo Viviente, S.A. 1308/87 de Encajes Mexicanos, S.A., 763/88 de Prolimp, S.A. 4774/87 de Compañía Industrial de Orizaba, S.A. y Acabados Río Blanco, fallados en sesiones de veintiocho de abril, y siete de julio del presente año, por mayoría de once votos de los señores ministros de Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castañón León, Díaz Infante, Fernández Doblado, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, Moreno Flores y Suárez Torres.

Finalmente, el agravio relativo a la falta de motivación del decreto impugnado también es infundado pues este Tribunal Pleno ha sostenido que no es indispensable que los actos legislativos se encuentren fundados y motivados, conforme se establece en la tesis de Jurisprudencia número 36 que aparece publicada en la Primera Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.- Por fundamentación y motivación de un acto legislativo se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la constitución correspondiente le confiere (fundamentación) y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica".

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de garantías a que este toca se refiere, respecto de los artículos 115 y 178 de la Ley del Seguro Social.

TERCERO.- La justicia de la Unión no ampara ni protege a Reckitt & Colman de México, S.A. de C.V., en contra de los artículos 114 y 117 de la Ley del Seguro Social y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en términos del considerando cuarto de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su origen, y en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno y por unanimidad de dieciocho votos de los señores ministros: López Contreras, Cuevas Mantecón, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y del Río Rodríguez, se aprobaron los puntos resolutivos del proyecto, los señores ministros: Alba Leyva, Azuela Güitrón, Pavón Vasconcelos, Adato Green, González Martínez, Villagordoa Lozano, Díaz Romero y Schmill Ordóñez, se manifestaron en contra del considerando cuarto del proyecto, en el sentido de que las cuotas obrero-patronales no son de naturaleza fiscal. El señor ministro Azuela Güitrón se reservó el derecho de formular voto particular. Fue ponente el señor ministro Cuevas Mantecón. Firman los ministros Presidente y ponente, con el Secretario General de Acuerdos que da fe. Carlos del Río Rodríguez, Raúl Cuevas Mantecón y José Javier Aguilar Domínguez, secretario.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16881-8164c7be/seguro-social-cuotas-que-se-cubren-al-instituto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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