IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.
Amparo en revisión 244/92, María Gema Elba Elizabeth Zamora y González.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- La sentencia recurrida establece lo siguiente: "SEGUNDO.- El diligenciario encargado de los expedientes pares del Juzgado Sexto de lo Civil de esta ciudad, omitió rendir su informe justificado. TERCERO.- No habrán de examinarse los conceptos de violación que hace valer la quejosa, en razón de que de las constancias remitidas por el Juez Sexto de lo Civil de esta ciudad deducidas del expediente número 228/89, relativo al juicio ejecutivo mercantil que se sigue en contra de la amparista, a las cuales se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., se advierte que existe una causa de improcedencia del juicio de garantías en que se actúa, siendo de las a que se refiere la fracción XVIII del artículo 73, de la Ley de Amparo, la que dada su naturaleza de orden público es de examinarse de oficio como lo dispone el último párrafo del artículo 73, del ordenamiento legal en cita. En efecto, existe dentro de las constancias a que ya se hizo referencia, el auto de fecha siete de febrero último, por el cual el Juez Sexto de lo Civil de esta Ciudad, ordena requerir a la hoy quejosa para que en el término de tres días hiciera entrega al depositario nombrado en autos los bienes que le fueron embargados, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría un arresto de cinco días, mismo que le fue notificado el doce de febrero del mismo año. Dentro de las actuaciones de referencia no existe constancia alguna con la que se acredite que la hoy amparista haya impugnado por lo medios legales el auto por el cual se le apercibió de arresto, por lo que es incuestionable que el arresto que hoy combate se deriva de un acto consentido y que es la consecuencia legal, necesaria y directa del apercibimiento citado, de ahí que, por ser el acto reclamado la consecuencia legal, necesaria y directa del auto de requerimiento que consintió la hoy amparista, el juicio de amparo que promueve es improcedente, sirviendo de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 19, visible en la página 38, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, intitulada: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". También debe sobreseerse con respecto a la falta de emplazamiento que reclama la amparista, toda vez que en contra de las notificaciones que se llegaren a omitir dentro del procedimiento respectivo, existe medio de defensa para obtener su revocación o nulificación, como es el que se refiere el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de aplicación supletoria al Código de Comercio, según su artículo 1054, pues no existe constancia en autos de que ya no se hubiese dictado sentencia definitiva, por tanto el juicio de garantías que promueve es improcedente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 73, de la Ley de Amparo, lo que relacionado con lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento legal, obliga, como ya se dijo, al sobreseimiento en el presente juicio, sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos reclamados de las autoridades ejecutoras puesto que éstos no se combaten por vicios propios, siendo aplicable al respecto la jurisprudencia número 280, visible en la página 480, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Octava Parte, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.".
SEGUNDO.- En vía de agravios, textualmente se expresa: "1. Este me lo causan los considerandos primero y segundo de la resolución impugnada, en virtud de que el A QUO, fundamentalmente razona en el sentido de que en el caso a estudio, surge causal de improcedencia y en consecuencia de ello debe sobreseerse la demanda de garantías por mi interpuesta. 2. El A QUO, en ningún momento hace un estudio jurídico e interpreta legalmente lo previsto por la ley, y en consecuencia de ello me priva de las garantías de seguridad y audiencia que se consagran en el dispositivo constitucional número 14. 3. Tanto la responsable, como el A QUO reconocen en forma cierta la existencia del acto reclamado, por lo que se debió de haber entrado al estudio de fondo en cuanto a la inconstitucionalidad que emana del acto de la autoridad responsable y decidir conforme a derecho la demanda de garantías. Fundamentalmente, el acto reclamado se hizo consistir en la falta de emplazamiento a juicio, ya que en el juicio de origen se emplazó a persona distinta a mi persona, sin embargo en éste, se han dictado órdenes de posible privación de mi libertad. En consecuencia dejó de aplicarse la Jurisprudencia número 138, visible en la página 405 del Semanario Judicial de la Federación de los años de 1917 a 1985. Tercera Sala, Cuarta Parte, bajo el rubro "EMPLAZAMIENTO FALTA DE.". El A QUO, al no entrar al fondo de la demanda de garantías, dejó de estudiar la documental pública consistente en el acta de nacimiento que se acompañó, y con la cual se prueba que entre la demandada en el juicio generador de la demanda de garantías, y persona, no existe identidad, por lo que se viola claramente los dispositivos constitucionales mencionados. Carece de fundamentación y por consecuencia de motivación la resolución que aquí se impugna, en virtud de que el A QUO, en ningún momento determina sobre qué ley, se basa para emitir el fallo que perjudica a mis intereses, por lo que en la especie dicha resolución carece de efectos legales, ya que sólo se concreta a hacer una mera reproducción de lo dicho por la responsable en el auto que se impugnó mediante el juicio de garantías. Por otro lado, cabe mencionar que el A QUO, en ningún momento hace consideración alguna sobre los actos reclamados de todas y cada una de las demás autoridades responsables, por lo que en la especie, toda esta resolución, viola lo previsto por el artículo 77, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo en vigor".
TERCERO.- Los agravios antes transcritos son infundados.
En efecto, la circunstancia de que las autoridades responsables hayan admitido la certeza del acto reclamado, no impide legalmente al Juez del conocimiento que analice las causales de improcedencia que en su concepto se actualicen, pues la certeza del acto no implica su inconstitucionalidad; y desde otro punto de vista debe indicarse que la declaración de improcedencia del juicio presupone la existencia del acto impugnado. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión números 323/88, 325/91, 527/91 y 529/91, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.- La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, analizar las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales.".
Por otra parte cabe decir que si la sentencia recurrida no se ocupó de los conceptos de violación expresados en la demanda de garantías, fue porque el a quo no podía entrar a su estudio para haber estimado que era de sobreseerse en el juicio por existir una causal de improcedencia cuyo estudio puede hacerse incluso en forma oficiosa, por ser una cuestión de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 6 de este Tribunal Colegiado, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.".
Por la misma razón, es lógico que no se analizaran ni valoraran las pruebas tendientes a demostrar lo alegado en vía de conceptos de violación, ya que tales pruebas únicamente serían atendibles de analizarse la constitucionalidad de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 141 de este Tribunal Colegiado, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PROCEDE EL ESTUDIO DE LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON EL FONDO DEL NEGOCIO.- Las pruebas relacionadas con el fondo del negocio tendientes a demostrar los hechos a que se refieren los conceptos de violación expresados en la demanda, no pueden ser materia de estudio, al decretarse el sobreseimiento del juicio, ya que tales pruebas únicamente se tendrán en cuenta en el caso de entrarse al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados."
Como correctamente lo consideró el Juez Federal, si la quejosa fue demandada en el juicio generador del acto reclamado, pues incluso compareció al mismo a contestar la demanda, haciendo valer sus defensas y excepciones (foja veinte), y como tal no hizo valer el recurso de apelación establecido en el artículo 1340 del Código de Comercio, en contra del auto de siete de febrero de mil novecientos noventa y dos (foja cuarenta y dos), por el que se le requirió para que entregara los bienes embargados, apercibida que de no hacerlo se le impondría un arresto por cinco días, proveído del cual se tuvo conocimiento el doce de febrero del mismo año, por así constar en la notificación respectiva (foja cuarenta y dos vuelta), es incuestionable que el acto reclamado consistentes en la orden de arresto decretada en su contra por la autoridad responsable (foja cuarenta y dos vuelta), efectivamente sólo es una consecuencia lógica y natural del acuerdo por el que se le previno, el cual no impugnó a través del medio de defensa ordinario que le concede la ley que rige el acto reclamado, y, por lo mismo, la imposición de dicha medida de apremio efectivamente es un acto derivado de otro que la ley reputa consentido, actualizándose por ende la causal de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 193 ambos de la Ley de Amparo, que invocó el Juez Federal para decretar el sobreseimiento del juicio de garantías conforme al artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 77 de este Tribunal Colegiado, que dice: "ARRESTO, AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA EL.- Cuando en el juicio de garantías se reclama el auto que decreta la imposición del arresto con el que fue apercibido el quejoso, como medida de apremio dentro de un procedimiento civil en el que es parte, y no hizo valer los recursos ordinarios que la ley le concede contra el apercibimiento con el que fue conminado, el amparo resulta improcedente porque tal resolución no es sino la consecuencia lógica y natural del acuerdo con el que se previno al quejoso, el cual no fue impugnado y por lo mismo tal imposición del arresto es un acto derivado de otro que la ley reputa como consentido.".
Dicho lo anterior en otras palabras, estuvo en lo correcto el Juez a quo, al haber sobreseído en el juicio de garantías, porque efectivamente si no agotó el recurso de apelación establecido en el artículo 1340 del Código de Comercio en contra del auto que previno a la quejosa con imponerle la referida medida de apremio, dicho proveído lo consintió; luego, el acto reclamado resulta ser un acto derivado de aquel que consintió y por ello es claro que se surte la referida causal de improcedencia que fundó el sobreseimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 112 de este Tribunal Colegiado, publicada bajo el rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.".
También estuvo en lo correcto el Juez Federal al sobreseer en el juicio respecto del acto consistente en la falta de emplazamiento, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado, las cuales por ser documentos públicos tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o., no se desprende que ya se hubiese dictado sentencia definitiva, pues no existe constancia alguna que así lo demuestre, de ahí que en términos del artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, de aplicación supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, debió promover el incidente de nulidad de actuaciones a partir de la notificación omitida o mal realizada; para lograr que se declarara la nulidad de lo actuado a partir de dicha diligencia y así estar en aptitud de contestar la demanda correspondiente; por ello, si tenía a su alcance un medio de impugnación capaz de nulificar el acto consistente en todo lo actuado a partir de la falta de emplazamiento y no hizo valer previamente a la interposición del juicio de garantías, resulta incuestionable que no observó el principio de definitividad que rige en esta materia, y, por ende, se surtió la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que obliga a decretar el sobreseimiento conforme al artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita. Ello es así, dado que como demandada en el juicio generador del acto reclamado pudo intervenir en el procedimiento haciendo valer el incidente referido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 27 de este Tribunal Colegiado, publicada bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE SENTENCIA Y EL QUEJOSO FIGURA COMO DEMANDADO EN EL JUICIO.".
Es conveniente precisar que si uno de los actos reclamados se hizo consistir en la falta de emplazamiento al juicio generador y la quejosa dijo tener conocimiento de la existencia del juicio instaurado en su contra, y no existe constancia alguna de que en el mismo se haya pronunciado la sentencia definitiva, debió agotar previamente el medio de defensa ordinario que le concede la ley como lo es el incidente de nulidad de actuaciones, pues el juicio de garantías como medio extraordinario de defensa, sólo es procedente en contra de actos definitivos, debiendo entenderse por tales; aquellos respecto de los que no existe medio alguno ordinario de defensa, que hecho valer, pueda producir el efecto de modificar, revocar o anular el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado, al resolver el amparo en revisión número 17/89, que dice: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AMPARO IMPROCEDENTE. (SUPLETORIEDAD DE LA LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).- Si el acto reclamado se hizo consistir en la falta de emplazamiento a juicio ejecutivo mercantil y la peticionaria de garantías aduce que tuvo conocimiento de la existencia del juicio natural antes de que se dictara sentencia definitiva en el mismo; teniendo el carácter de parte en este, es inconcuso que se encontraba obligada a agotar el medio de defensa ordinario consistente en el incidente de nulidad de actuaciones que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, de aplicación supletoria al Código de Comercio en términos del diverso 1051, pues el juicio de garantías como medio extraordinario de defensa, sólo es procedente en contra de actos definitivos, debiendo entenderse por tales, aquellos respecto de los que no existe ningún medio ordinario de defensa o recurso que hecho valer pudiera producir la modificación, revocación o anulación del acto.".
Conviene precisar que la quejosa María Gema Elba Elizabeth Zamora y González, en la demanda de garantías aceptó ser parte demandada en el juicio generador del acto reclamado; que de las constancias remitidas por la responsable se desprende que a quien se demandó fue a María Gema Zamora G., (foja trece) y que quien contestó la demanda fue María Gema Zamora González de Castrejón, (foja veinte). Por tanto, si en la especie no se acreditó que se tratara de personas distintas como lo pretende la recurrente, deben desestimarse sus argumentaciones.
Además, cabe destacar que si la orden de arresto fue decretada en contra de María Gema Zamora G., como quiera que sea, en el supuesto no consentido de que se tratara de personas distintas, extremo no demostrado, no le afectaría en sus intereses jurídicos que se haya decretado tal medida de apremio en contra de persona diversa como lo asevera.
Tampoco tiene razón la recurrente cuando alega que la sentencia carece de fundamentación porque no se invoca la ley en que se fundó el Juez a quo para decretar el sobreseimiento, puesto que por principio, invocó el artículo 73 último párrafo de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; respecto del acto reclamado consistente en el arresto decretado en su contra se invocó la fracción XVIII del mismo artículo 73 del ordenamiento legal en cita, en relación con la jurisprudencia publicada bajo el rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA". Y finalmente en cuanto al acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento también invocó el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, de lo anterior se desprende que sí se invocaron los preceptos legales aplicables al caso concreto.
Finalmente, debe decirse que sí se hizo mención a los demás actos reclamados de las otras autoridades responsables, supuesto que al final de la sentencia recurrida, el sobreseimiento decretado respecto de los actos de las autoridades ordenadoras se hizo extensivo a los actos reclamados de las autoridades ejecutoras, por no combatirse por vicios propios; carácter éste que tienen el diligenciario encargado de los expedientes pares adscrito al Juzgado Sexto de lo Civil de los de esta ciudad, el procurador general de Justicia y el coordinador de la Policía Judicial, ambos del Estado de Puebla, de ahí que tampoco tenga razón sobre el particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 13 de este Tribunal Colegiado, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.".
Las consideraciones que preceden conducen a confirmar la sentencia sujeta a revisión, sin que se esté en el caso de suplir la deficiencia de la queja, dado que este tribunal no advierte que se haya cometido en contra de la recurrente una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, 43 y 44, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.- Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.- Se sobresee el juicio de garantías promovido por MARIA GEMA ELBA ELIZABETH ZAMORA Y GONZALEZ, contra actos que reclama del Juez Sexto de lo Civil de los de esta capital, diligenciario encargado de los expedientes pares adscrito al mismo, procurador general de Justicia y coordinador de la Policía Judicial, ambos del Estado de Puebla; actos que han quedado debidamente precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo, y en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gustavo Calvillo Rangel, José Galván Rojas y José Mario Machorro Castillo, este último Secretario en funciones de Magistrado por ministerio de ley, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; siendo ponente el primero de los nombrados quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1243-c59a8a8d/improcedencia-del-amparo-aun-cuando-la-responsable-admita · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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