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Modo: Corpus Pro

VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA QUE, EN LA REVISION, SE ORDENE LA REPOSICION.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 363/93. · Registro digital (IUS): 1255
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ALVARO COBOS SANCHEZ.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Mayo de 1994, , Pág. 370.

AMPARO EN REVISION 363/93. ALVARO COBOS SANCHEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO: Son inoperantes los argumentos que a manera de agravios expone el recurrente, sin que se esté en el caso de suplir la deficiencia de la queja en términos de lo previsto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, según se advierte del estudio integral del asunto.

El inconforme aduce que se violaron las reglas que rigen al juicio de garantías, porque el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, le fue notificado el proveído de veinticinco de los mismos mes y año, a virtud del cual se le requirió para que dentro del lapso de tres días, proporcionara el domicilio de la tercero perjudicado a fin de emplazarla, y no obstante que dicho lapso se encontraba corriendo, el Juez Federal, llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, cuando debió de haber diferido oficiosamente la misma.

Asimismo, el recurrente alega que el proceder del a quo de no diferir oficiosamente la audiencia constitucional y de llevarla a cabo, cuando estaba corriendo un término, le generó un estado de indefensión, ya que en la propia audiencia se mandaron agregar los informes que rindieron las responsables, y por tanto, no pudo ampliar su demanda de garantías, en la cual manifestó que lo haría en su oportunidad, toda vez que ignoraba la existencia del juicio natural, al no haber sido emplazado al mismo, y porque el Juez responsable omitió acordar su petición de que se le expidiera copia certificada de lo actuado, ni le permitió el acceso al expediente.

Antes de emprender el estudio de las violaciones a las reglas que rigen al juicio de garantías, aducidas por el recurrente, con la finalidad de dar mayor claridad a esta ejecutoria, resulta pertinente referir que de las constancias que integran el expediente del amparo, se advierte lo siguiente:

Que por auto de diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y tres (foja 3 frente), el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, admitió la demanda de garantías, pidió a las responsables rindieran sus informes con justificación y señaló las diez horas del día dos de junio del mismo año, para la celebración de la audiencia constitucional.

Con fecha veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y tres, el Juez Segundo de Distrito, dictó un proveído (foja 10 frente), el cual en lo que importa, textualmente dice: "...Vista la razón asentada por el actuario notificador de este Juzgado en el sentido de que no existe en esta ciudad el domicilio que señaló en su demanda de garantías de la tercero perjudicado (SUSANA LUCIA ROMERO DE MARTINEZ), en tales condiciones requiérase al quejoso ALVARO COBOS SANCHEZ, para que señale el domicilio correcto y exacto de la tercero perjudicado, esto en el término de tres días, con el apercibimiento que de no cumplir con lo aquí ordenado se le impondrá una corrección disciplinaria ... ".

El veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, a las doce horas con treinta minutos, el actuario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, se constituyó en el domicilio señalado por el quejoso con la finalidad de notificarle el proveído precisado en el párrafo que antecede, y no habiéndolo encontrado, le dejó citatorio para que lo esperara a las catorce horas con veinte minutos de la misma fecha; que el repetido actuario al constituirse por segunda ocasión en el domicilio que designó el amparista Alvaro Cobos Sánchez, no encontró a éste, no obstante el citatorio que para el efecto le fue dejado con antelación, y ante esa circunstancia lo dio por notificado mediante lista respectiva de treinta y uno de los mismos mes y año, según consta en las razones asentadas por el funcionario en cuestión (foja 14 frente).

Finalmente, en el acta de fecha dos de junio de mil novecientos noventa y tres (foja 64 frente), aparece que el Juez de Distrito, llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes, en la cual mandó a agregar los informes que rindieron las responsables (fojas 16 y 62), y a continuación dictó la sentencia hoy recurrida.

De lo anterior, es de concluirse que aun cuando existe el hecho en el cual el ahora inconforme apoya la violación a las reglas que rigen al juicio de garantías, pues es notorio que en la fecha en que se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, se encontraba corriendo el término que se le concedió al quejoso para que proporcionara el domicilio de la tercero perjudicado, habida cuenta que el auto relativo se le notificó por lista de treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y tres (foja 16 frente), esto es insuficiente para revocar el fallo impugnado y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo.

Lo anterior resulta así, porque no basta con que en una controversia de índole constitucional, pueda existir una transgresión a las reglas que la rigen, para que el Tribunal Colegiado ordene la reposición del procedimiento para el efecto de que ésta sea reparada, sino es menester que esa transgresión por ser de carácter procedimental genere un estado de indefensión a la parte que la sufre y, además, trascienda al sentido del fallo; esto es, que la irregularidad necesariamente sirva de base para negar o sobreseer en el juicio, en perjuicio de la parte que la sufrió, o bien para otorgar el amparo en favor de otra, hipótesis éstas que no se actualizan en la especie.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por este cuerpo colegiado, al resolver los amparos en revisión 149/93, 243/93, 321/93 y 585/92, que dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA QUE, EN LA REVISION, SE ORDENE LA REPOSICION.-No basta con que una controversia constitucional, pueda actualizarse una transgresión a las reglas que rigen al juicio de garantías, para que el Tribunal Colegiado en la revisión, ordene la reposición del procedimiento, para el efecto de que sea reparada, sino que es menester que esa violación, por ser de carácter procedimental, genere un estado de indefensión a la parte que la sufre y, además, trascienda al sentido del fallo; esto es, que la misma necesariamente sirva de base para negar la protección federal o sobreseer en el juicio, en perjuicio de una parte, o bien para conceder el amparo en beneficio de la otra.".

Ahora bien, se afirma que en la especie no se reúnen los requisitos para que se ordene la reposición del procedimiento, porque incluso si se estimara incorrecto el fallo del Juez de Distrito, de llevar a cabo la audiencia constitucional, cuando se encontraba corriendo el término concedido al quejoso para que proporcionara el domicilio de la tercero perjudicado, tal circunstancia no generó estado de indefensión al hoy recurrente, ya que sólo le impidió cumplir con el requerimiento que para ese efecto le fue realizado.

Más aún, el hecho de que el quejoso no pudiera cumplir con la prevención que se le realizó, no afectó a sus defensas, ya que en todo caso sería a la tercero perjudicado a la cual afectaría el que no se le hubiera emplazado al juicio de garantías, pero esa afectación únicamente se actualizaría siempre y cuando se le hubiera otorgado la protección federal al amparista, lo que no ocurrió en la especie, dado que se negó tal beneficio.

Consecuentemente, es claro que ningún agravio puede irrogar al recurrente la circunstancia de que el a quo omitiera diferir de oficio la audiencia constitucional, pues como ya se vio, el proceder del Juez Federal, en todo caso pudo afectar a parte distinta al quejoso.

No es óbice a lo anterior, lo alegado de que la falta de diferimiento oficioso en la audiencia le generó estado de indefensión, ya que no concurrió a dicha audiencia, y por tanto, no se le dio vista con los informes que rindieron las responsables los cuales se mandaron a agregar en el curso de la misma, lo que generó que no pudiera ampliar su demanda de garantías.

Se afirma lo anterior, porque independientemente de que el quejoso, hoy recurrente, estimara que debía diferirse de oficio la audiencia constitucional, tenía la obligación de concurrir a ella, y en su caso, pedir ya sea en forma verbal o por escrito, su diferimiento o suspensión, apoyando tal petición, tanto en el hecho de que se encontraba corriendo un término que le fue concedido, como para que se le diera vista con los informes de las responsables, a fin de ampliar su demanda de garantías, pues si bien es cierto que el artículo 149 de la Ley de Amparo, no impone a las partes la obligación de concurrir a la audiencia, ello en forma alguna implica que éstas no tengan la carga procesal de estar presentes en la misma a fin de que en ella estén en aptitud de ejercitar sus derechos, como es el de solicitar su diferimiento o suspensión de la repetida audiencia, razón por la que no se cumple con tal carga debiendo soportar las consecuencias de su inasistencia; máxime cuando la facultad del Juez Federal, de diferir o suspender la multicitada audiencia cuando los informes no se rindan con la anticipación debida está supeditada a la petición correspondiente del quejoso o tercero perjudicado.

Ilustra lo anterior, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la Jurisprudencia 5/90, emitida al resolver la contradicción de tesis 19/89 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Sexto Circuito, consultable a foja 21 de la Gaceta número 34 del Semanario Judicial de la Federación, octubre de 1990, que es del tenor literal siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POTESTAD DEL JUEZ PARA DIFERIRLA O SUSPENDERLA.-El artículo 149 de la Ley de Amparo, al establecer que el Juez podrá diferir o suspender la audiencia a solicitud del quejoso o tercero perjudicado, otorga al Juez potestad decisoria al emplear la palabra 'podrá', debiendo por ello quedar a su prudente arbitrio el conceder o negar el diferimiento o suspensión de la audiencia constitucional, según proceda; por ende, aunque las partes así lo soliciten, indefectiblemente procederá esa consecuencia.".

Congruentemente con todo lo anterior, debe decirse que la violación a las reglas que rigen al juicio de garantías alegada por el recurrente, no generó a éste, un estado de indefensión y sobre esa base, deben declararse inoperantes los agravios que al respecto se hacen valer en esta revisión.

Por último, es menester dejar establecido que la circunstancia de que se omitiera emplazar al juicio de garantías a la tercero perjudicado, no amerita la reposición del procedimiento, puesto que en el fallo que en el mismo se dictó, le beneficia en forma notable, dado que se negó la protección federal al quejoso; además de que las consideraciones en que se apoyó esa determinación no son combatidas.

Es aplicable al caso, la Jurisprudencia número 193, de este cuerpo colegiado, que dice: "TERCERO PERJUDICADO FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA.-Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio, debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada.".

En las relatadas condiciones lo que procede es confirmar la sentencia que se revisa; máxime cuando las consideraciones que condujeron al a quo a negar la protección federal no son combatidas por el quejoso, ahora recurrente.

Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1o., fracción I, 83 fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, 43 y 44, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia que se revisa.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías promovido por Alvaro Cobos Sánchez en contra de actos del diligenciario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil de esta ciudad, encargado de los expedientes "nones", mismos que se hicieron consistir en la falta de emplazamiento, así como de las notificaciones subsecuentes que se "hicieron" dentro del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Susana Lucía Romero de Martínez en contra de Araceli González Orduño y del hoy quejoso.

TERCERO.-La Justicia de la Unión, no ampara ni protege a Alvaro Cobos Sánchez en contra de los actos que reclama del Juez Tercero de lo Civil de esta ciudad y director del Centro de Readaptación Social del Estado de Puebla, mismos que hizo consistir del primero en todo lo actuado en el expediente número 665/91, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Susana Lucía Romero de Martínez en contra de Araceli González Orduño y del hoy quejoso, así como en la orden de arresto decretada en dicho juicio, y de la segunda autoridad en la ejecución de la orden de arresto antes señalada.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen, y en su oportunidad archívese este toca como asunto concluido.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito licenciados Tarcicio Obregón Lemus, Gustavo Calvillo Rangel y José Galván Rojas, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos, que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1255-d43bc785/violaciones-al-procedimiento-del-juicio-de-amparo-requisitos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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