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Modo: Corpus Pro

DEMANDA, CONTESTACION DE LA. PRESUNCIONES EN CASO DE FALTA DE. * * * RELACION LABORAL. LUGAR DE LA PRESTACION DE SERVICIOS INTRASCENDENTE. - - -

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 93/92. · Registro digital (IUS): 1263
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CARMELITA LOZADA VIUDA DE BÁEZ.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, , Pág. 265.

Se publica íntegra la ejecutoria del amparo directo número 93/92.

Puebla, Puebla. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del día diez de marzo de mil novecientos noventa y dos.

VISTOS, para fallar los autos del juicio de amparo directo número 93/92; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado por conducto de la autoridad responsable el siete de febrero de mil novecientos noventa y dos, Carmelita Lozada viuda de Baez, por su propio derecho, solicitó ante el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en turno, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales, consistentes en el laudo dictado por la mencionada Junta el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y uno, en el expediente número D-2/252/91, que corresponde al juicio laboral promovido por Socorro Carranza Romero en contra de la negociación denominada Taller Mecánico Industrial Báez, del legítimo propietario del inmueble ubicado en el número mil ochocientos nueve de la Privada Dos Oriente de esta ciudad, de Saúl Mauricio Báez Medina, Rosa María Medina viuda de Báez y de la quejosa, así como de quien resultare responsable de la relación de trabajo.

Los puntos resolutivos del laudo reclamado dicen: "PRIMERO.- La parte actora: Socorro Carranza Romero, probó sus acciones ejercitadas. SEGUNDO.- La parte demandada: LEGITIMO PROPIETARIO DE LA NEGOCIACION DENOMINADO TALLER MECANICO INDUSTRIAL BAEZ, ubicado en la Privada dos oriente número mil ochocientos nueve de esta Ciudad, así como los demandados en lo personal Carmelita Lozada viuda de Baez con domicilio en la segunda calle de Francisco Neve, número dos mil quinientos veintidós de la Colonia Bella Vista de esta Ciudad, así como la demandada en lo personal Rosa Maria Medina viuda de Baez, con domicilio en la Avenida quince oriente número cuatrocientos diez de esta Ciudad no opusieron excepciones, ni defensas que la ley de la materia les otorga. TERCERO.- Consecuentemente se condena a la parte demandada al pago de las siguientes prestaciones: indemnización constitucional, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, retensión salarial y séptimos días, cuantificándose el importe de la condena en la cantidad líquida de: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS, CERO CENTAVOS, salvo error u omisión aritmética, más los salarios caídos o vencidos y los que se sigan venciendo hasta la total y definitiva cumplimentación de la presente resolución. Lo anterior en términos del considerando respectivo. CUARTO.- Se absuelve al demandado en lo personal señor: Saúl Mauricio Baez Medina, del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, en virtud de haber quedado excluido de la relación laboral. Lo anterior en términos del considerando respectivo.".

SEGUNDO.- Por auto de veinte de febrero de mil novecientos noventa y dos, el Presidente de este Segundo Tribunal Colegiado admitió en la vía directa la demanda de que se trata. La agente del Ministerio Público Federal de la adscripción se abstuvo de formular pedimento. Finalmente, por resolución de veintiocho de los mismos mes y año, se turnaron los autos al Magistrado ponente para los efectos del artículo 184 de la Ley de Amparo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Es cierto el acto reclamado según se desprende del informe justificado rendido por la autoridad responsable y de los autos originales del expediente laboral que fueron remitidos.

SEGUNDO.- El laudo reclamado establece: "II. Que la relación laboral que se refieren los artículos 1o., 3o., 5o., 8o., 10 y 20 de la Ley Federal del Trabajo ha quedado legalmente establecida entre la parte actora: Socorro Carranza Romero y la parte demandada: LEGITIMO PROPIETARIO DEL TALLER MECANICO INDUSTRIAL BAEZ ubicado en la Privada dos oriente número mil ochocientos nueve de esta Ciudad, así como con los demandados en lo personal: señores: Carmelita Lozada viuda de Baez, Rosa Maria Medina viuda de Baez. Excluyéndose de la relación laboral al demandado en lo personal en virtud de que como se desprende de la demanda el señor: Saúl Mauricio Baez Medina, únicamente era encargado en la negociación demandada, en tal virtud también era trabajador de la demandada; y con los hechos que se le imputan a dicho codemandado no se desprenden los elementos de la relación laboral, pues inclusive la hoy actora manifiesta que prestó sus servicios personales para la negociación demandada, en tal virtud no se cumplieron los supuestos a que se refieren los artículos que anteceden en el presente punto del considerando, por cuanto hace a este codemandado físico consecuentemente se absuelve al señor: Saúl Mauricio Baez Medina, del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la parte actora; y por cuanto hace a los demás demandados ha quedado legalmente establecida la relación laboral para con la actora en virtud de las confesiones expresas que se desprenden de la demanda y en razón de que a la parte demandada se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer pruebas, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 875 inciso b), c), 873 y 879 de la Ley Federal del Trabajo, y toda vez que dentro de lo actuado no existe prueba alguna que le beneficie a la parte demandada al respecto, motivo por el cual se tienen por ciertos los hechos afirmados por la parte actora en su escrito inicial de demanda. III. Que la hoy actora reclamó el pago de la indemnización constitucional, más los salarios caídos o vencidos, en virtud del despido injustificado del cual se consideró fue objeto apoyándose para ello en los hechos narrados en su demanda a los cuales se hicieron referencia en el punto primero del resultando. Planteada la litis en cuanto a que la hoy actora asevera que con fecha: veintidós de junio de mil novecientos noventa y uno, poco después de las trece horas, al haber terminado sus labores le solicitó a las señoras: Rosa María Medina viuda de Baez y Carmelita Lozada viuda de Baez que le pagaran el importe de sus salarios correspondientes a los días del veintidós de junio de mil novecientos noventa y uno, diez al quince y del diecisiete se dice diecisiete de los antes dichos, manifestándole la señora: Rosa María Medina viuda de Baez que no tenía dinero y que para evitar problemas a partir de ese momento ya no había trabajo para ella, pues estaba despedida, repitiendo esto mismo la señora: Carmelita Lozada viuda de Baez, Por lo que la hoy actora considero que fue objeto de un despido injustificado ... Y de que a la parte demandada se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer pruebas en virtud de que el compareciente no contestó la demanda precluyendo su derecho para hacerlo y de igual manera no ofreció pruebas y al no existir pruebas dentro de lo actuado que le favorezca a la parte demandada al respecto, motivo por el cual se tienen por ciertos los hechos afirmados por la parte actora en su escrito inicial de demanda, a mayor abundamiento al legítimo propietario del taller mecánico Industrial Báez se le tuvo por confeso ficto de todas y cada una de las posiciones que le fueron formuladas y calificadas de legales visibles a fojas 33 del expediente en que se actúan, y toda vez que dentro de lo actuado no existe prueba alguna que desvirtúe dicha presunción motivo por el cual surte efectos jurídicos de prueba plena la confesional a cargo del legítimo propietario del inmueble demandada, beneficiando de esta manera a su oferente en relación con la litis planteada; y por lo que se refiere a las demás pruebas ofrecidas y admitidas por la parte actora, en virtud de que consta de autos que se desistió a su entero perjuicio de sus demás pruebas, motivo por el cual en nada benefician a su oferente en relación con la litis planteada, pudiendo agregarse que dichas probanzas resultan inútiles e intrascendentes, pues tampoco en nada le perjudican ya que los hechos que la actora pretendía probar con dichas probanzas han quedado legalmente acreditados, al tener a la parte demandada por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer pruebas con apoyo en lo dispuesto por los artículos 873 y 879 de la Ley de la Materia, por lo que esta Junta del conocimiento procediendo en conciencia, a verdad sabida, en búsqueda de la verdad real que se investiga dentro de la presente causa concluye: Que la parte actora: Socorro Carranza Romero, probó sus acciones ejercitadas y que contrariamente la parte demandada no opuso excepciones, ni defensas que la Ley de la Materia les otorga consecuentemente se condena a la parte demandada: legítimo propietario de la negociación denominada "TALLER MECANICO INDUSTRIAL BAEZ" ubicado en la calle se dice: en la Privada dos oriente número mil ochocientos nueve de esta Ciudad, así como a los demandados en lo personal señora: Carmelita Lozada viuda de Baez, con domicilio en la Segunda Calle de Francisco Neve número dos mil quinientos veintidós de la colonia Bella Vista de esta Ciudad, y Rosa María Medina viuda de Baez, con domicilio en la Avenida quince oriente, número cuatrocientos diez de esta Ciudad, al pago de la indemnización constitucional, más los salarios caídos o vencidos con apoyo en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de la Materia, por lo que la parte demandada deberá pagar la cantidad líquida de: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS, CERO CENTAVOS, por concepto de indemnización constitucional, más los salarios caídos o vencidos y los que se sigan venciendo hasta la total y definitiva cumplimentación de la presente resolución, contados a partir del día veintidós de junio de mil novecientos noventa y uno a razón de VEINTE MIL PESOS, CERO CENTAVOS DIARIOS, cantidad esta última que se toma como base para los efectos de la cuantificación de las prestaciones reclamadas. Conforme a lo anterior y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo se condena a la parte demandada al pago de la cantidad líquida de: CUARENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS, por concepto de Prima de Antigüedad proporcional al período comprendido del diecisiete de abril al veintidós de junio de mil novecientos noventa y uno, y conforme a los dos meses y cinco días en que la hoy actora prestó sus servicios para la parte demandada; asimismo se condena a la parte demandada al pago de la cantidad líquida de VEINTE MIL PESOS CERO CENTAVOS, por concepto de vacaciones proporcionales al período comprendido del diecisiete de abril al veinticinco de junio de mil novecientos noventa y uno a razón de dos punto cinco días de salario diario; y al pago de la cantidad líquida de CINCO MIL PESOS, CERO CENTAVOS, por concepto de prima vacacional proporcional al período antes mencionado, lo anterior con apoyo en lo dispuesto por los artículos 76 y 80 de la Ley de la Materia; asimismo se condena a la parte demandada al pago de la cantidad líquida de CINCUENTA MIL PESOS, CERO CENTAVOS, por concepto de aguinaldo proporcional al año de mil novecientos noventa y uno, a razón de dos punto cinco días de salario diario, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo por lo que se refiere a la retención salarial reclamada por la hoy actora, se condena a la parte demandada al pago de la cantidad líquida de CIENTO VEINTE MIL PESOS CERO CENTAVOS, por concepto de seis días de retención salarial, comprendidos del período del diez al quince de junio de mil novecientos noventa y uno; asimismo se condena a la parte demandada al pago de la cantidad líquida de CIENTO VEINTE MIL PESOS CERO CENTAVOS por concepto de seis días de retención salarial, comprendidas en el período del diecisiete al veintidós de junio de mil novecientos noventa y uno, lo anterior fundamento en lo dispuesto por los artículos 82, 90, 98, 99, 100, 101, 109 y demás relativos aplicables de la Ley de la materia. Por cuanto hace al pago de los séptimos días reclamados por la hoy actora se procede conforme a lo establecido por el artículo 69 de la Ley de la materia y se condena a la parte demandada al pago de la cantidad líquida de CIENTO OCHENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS, por concepto de séptimos días reclamados por la actora en el período comprendido del diecisiete de abril al veintidós de junio de mil novecientos noventa y uno, a razón de nueve séptimos días.".

TERCERO.- Como conceptos de violación la quejosa expresa los siguientes: "Si bien es cierto que a la suscrita se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, celebrada el día 3 de septiembre de 1991 y por perdido el derecho de ofrecer pruebas como lo alude la responsable en el considerando segundo del laudo que ahora se combate, no es menos cierto que esto no es suficiente para que se dictara el laudo condenatorio pues el hecho de que se me hubiera tenido por contestada la demanda y por perdido el derecho de ofrecer pruebas en los términos ya mencionados, esto no necesariamente implica un laudo condenatorio, así lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se transcribe: "... DEMANDA, FALTA DE CONTESTACION A LA NO IMPLICA NECESARIAMENTE LAUDO CONDENATORIO.- La circunstancia de que el demandado no conteste la demanda en el período de arbitraje, y que tampoco ofrezca prueba alguna al celebrarse la audiencia respectiva ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, sólo ocasiona que esta autoridad, le tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas; pero no es obstáculo para que dicha Junta tomando en cuenta lo actuado en el expediente laboral, absuelva al demandado de la reclamación, si el propio demandante se encarga de probar la improcedencia de su reclamación. Amparo directo 11209/84. Luis Munguía Alardi. 28 de octubre de 1985. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ulises Schmill Ordóñez. Secretario: Aurelio Pulido Cervantes. Precedentes: Amparo Directo 7204/81. Ingeni la Joja, S.A. 2 de junio de 1982. Unanimidad de 4 votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: Héctor Santacruz Fernández. Amparo Directo 7115/80. María Cristina Santos Castillo. 9 de marzo de 1981. 5 votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: F. Javier Mijangos Navarro. Amparo Directo 1166/73. Juan Manuel Sosa Millán. 6 de julio de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Y el Honorable Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Tesis que a continuación se transcribe: "... DEMANDA LABORAL. SU FALTA DE CONTESTACION NO IMPLICA NECESARIAMENTE LAUDO CONDENATORIO CUANDO DE AQUELLA SE DESPRENDE QUE LA RELACION LABORAL NO EXISTIO CON ALGUNO DE LOS DEMANDADOS, aún cuanto se tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo la demanda laboral, conforme a lo dispuesto por el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo ello no implica que se condene necesariamente en el laudo a uno o varios de los demandados, si de dicha demanda se desprende por manifestación de la parte actora, que no existió la relación laboral en términos de los artículos 20 y 21 de esa ley con alguno de ellos, esto en estricta aplicación del artículo 749 de ese ordenamiento, toda vez que se tendrá por confesión expresa y espontánea de las partes, sin necesidad de ser ofrecida como prueba, las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio. Amparo Directo 149/88. Pedro Bonilla Sánchez. 5 de julio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretario: Ezequiel Tlecuitl Rojas. Informe 1988. Tercera Parte. Vol. II. Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Pág. 748. Supuesto que emerge en la especie, habida cuenta que de las confesiones realizadas por el actor en los puntos primero y segundo así como tercero del escrito inicial de demanda de fecha 22 de julio del año próximo pasado de los cuales se desprende que la actora laboró para el Taller de Costura demandado ubicado en la privada 2 oriente número 1809 de esta ciudad, en el carácter de secretaria y no aparece que la ahora tercer perjudicada hubiese laborado en forma personal como secretaria de la suscrita ella, reconoce que prestaba sus servicios para el taller mencionado en el carácter precitado y no para la solicitante del amparo y protección de la Justicia Federal, también se desprende que de haber sido cierto que laboró para mi hubiese indicado en su demanda el lugar en que prestaba sus servicios y que es en el que ella menciona en su demanda como del taller y no aparece que hubiere laborado en el domicilio mio que señaló para mi emplazamiento, de haber laborado para mi como falsamente alega hubiese señalado el de la casa marcada con el número 2522 de la Calle Francisco Neve de la Colonia Bella Vista de esta Ciudad, por lo que debe considerarse que no existió relación laboral entre nosotros y únicamente deberá condenarse al legítimo propietario del taller demandado. Concluyéndose por lo tanto que la actora laboró para el taller y no para la suscrita y por lo tanto no existe relación laboral entre la suscrita y la actora en el juicio del conocimiento, por lo que la Junta actuó ilegalmente al condenarme al pago de las prestaciones reclamadas, procediendo se me conceda el amparo y protección de la Justicia Federal, para que se deje sin efecto el invocado laudo y se pronuncie uno nuevo en el que se declare la no justificación de la relación laboral en el Juicio mencionado y se me absuelva de todas y cada una de las prestaciones reclamadas.".

CUARTO.- Los antecedentes del asunto de acuerdo con las constancias de autos, son los siguientes:

Por escrito presentado el veintitrés de julio de mil novecientos noventa y uno, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, Socorro Carranza Romero, por su propio derecho, promovió juicio laboral en contra de la negociación denominada Taller Mecánico Industrial Báez, del legítimo propietario del inmueble ubicado en el número mil ochocientos nueve de la Privada dos Oriente de esta ciudad, de Saúl Mauricio Báez Medina, Rosa María Medina viuda de Báez y Carmelita Lozada viuda de Báez, así como de quien resultare responsable de la relación de trabajo, reclamándoles el pago de las siguientes prestaciones: Indemnización constitucional, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, salarios retenidos, séptimos días y salarios caídos.

Como hechos narró los siguientes: 1. El diecisiete de abril de mil novecientos noventa y uno, inició la prestación de sus servicios en la negociación denominada Taller Mecánico Industrial Báez, ubicado en el número mil ochocientos nueve de la Privada dos Oriente de la ciudad de Puebla, que esto fue en razón del contrato por escrito y por tiempo indefinido que celebró con Carmelita Lozada viuda de Báez y Rosa María Medina viuda de Báez, las que se ostentaron como propietarias de la fuente de trabajo y del inmueble donde ésta se ubica, asignándole el puesto de secretaria. 2. Que su trabajo consistía en realizar todas y cada una de las funciones de secretaria, estando sujeta a una jornada de trabajo comprendida de lunes a viernes de cada semana de ocho a catorce horas, y de quince a dieciocho horas, mientras que los días sábados laboraba de nueve a trece horas, descansando todos los domingos sin goce de salario; que como salario diario recibía la cantidad de veinte mil pesos, el que se le pagaba los días sábados de cada semana, por lo que esta prestación se debe integrar en términos de lo dispuesto por los artículos 84 y 89 de la Ley Federal del Trabajo. 3. Que durante la prestación de sus servicios para los demandados estuvo subordinada jurídicamente a las órdenes de Carmelita Lozada viuda de Báez y Rosa María Medina viuda de Báez, las que siempre se ostentaron como propietarias de la fuente de trabajo y del inmueble donde ésta se ubica; que también recibió órdenes de Saúl Mauricio Báez Medina, el que era el encargado de la fuente de trabajo, que las citadas personas indistintamente le pagaban sus salarios. 4. Que siempre laboró con responsabilidad y eficiencia, pero que los demandados dejaron de pagarle su salario correspondiente a la semana comprendida del diez al quince de junio, indicándole Rosa María Medina viuda de Báez, que se lo pagaría la semana siguiente, ya que no tenía dinero, lo que la demandante aceptó por necesitar el trabajo; sin embargo, el sábado veintidós de junio de mil novecientos noventa y uno, poco después de las trece horas, al haber terminado sus labores, le solicitó a Carmelita Lozada viuda de Báez y a Rosa María Medina viuda de Báez que le pagaran el importe de sus salarios correspondientes a los días del diez al veintidós de junio del referido año, manifestando la segunda que no tenía dinero y que para evitar problemas a partir de ese momento ya no había trabajo para la actora, pues estaba despedida, repitiendo esto mismo Carmelita Lozada viuda de Báez. Por lo anterior, es evidente que fue despedida injustificadamente. 5. Que la parte demandada le retuvo indebidamente el importe de sus salarios correspondientes del diez al veintidós de junio de mil novecientos noventa y uno.

La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a quien correspondió el conocimiento del asunto, admitió la demanda, ordenó emplazar a los demandados y señaló día y hora para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo.

En la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, se tuvo por fracasada la primera etapa en virtud de que la actora y Abel Castor Zamora Castilla, quien dijo tener interés en el asunto, no llegaron a ningún arreglo. En la de demanda y excepciones, la actora ratificó su demanda y dada la no comparecencia de los demandados se les tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo. Al respecto, es pertinente destacar que la Junta responsable no reconoció personalidad como demandado al compareciente Abel Castor Zamora Castilla.

En la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, la actora ofreció: La confesional a cargo del legítimo propietario del Taller Mecánico Industrial Báez, de Carmelita Lozada viuda de Báez, Mauricio Báez Medina, Rosa María Medina viuda de Báez y del legítimo propietario del inmueble ubicado en el número mil ochocientos nueve de la Privada dos Oriente de la ciudad de Puebla; la testimonial; la presuncional legal y humana; y la instrumental de actuaciones. Asimismo, toda vez que ninguno de los demandados compareció a esa etapa, se les tuvo por perdido su derecho para ofrecer pruebas. Del expediente laboral se advierte que el legítimo propietario de la negociación demandada no compareció al desahogo de la prueba confesional a su cargo, motivo por el cual se le declaró confeso fictamente al tenor de las posiciones que fueron calificadas de legales en la diligencia respectiva, mientras que la demandante desistió de las restantes confesionales y de la probanza testimonial.

Previos los trámites procesales correspondientes, el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y uno, la Junta del conocimiento dictó el laudo correspondiente, cuyos puntos resolutivos son los transcritos en el resultando primero de esta ejecutoria. Dicho laudo constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías.

QUINTO.- Son infundados los conceptos de violación hechos valer.

La quejosa argumenta en esencia que la circunstancia de que en el juicio laboral se le hubiese tenido por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho para ofrecer pruebas, no es suficiente para que se dictara en su contra laudo condenatorio, pues de las propias manifestaciones de la actora contenida en los puntos uno y dos de hechos de su demanda, se desprende que admitió haber laborado sólo para la negociación denominada Taller Mecánico Industrial Báez, pero no refirió que haya trabajado en forma personal para la amparista y en el domicilio de esta última, por lo que no puede decirse que haya tenido relación laboral con ella, por lo que resultan aplicables las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "DEMANDA, FALTA DE CONTESTACION A LA NO IMPLICA NECESARIAMENTE LAUDO CONDENATORIO." y "DEMANDA LABORAL, SU FALTA DE CONTESTACION NO IMPLICA NECESARIAMENTE LAUDO CONDENATORIO CUANDO DE AQUELLA SE DESPRENDE QUE LA RELACION LABORAL NO EXISTIO CON ALGUNO DE LOS DEMANDADOS.".

Estos argumentos son infundados y para corroborarlo, por principio, debe dejarse debidamente precisado que conforme a lo establecido por los artículos 873 y 879 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio generador del laudo reclamado se tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo por no haber comparecido los demandados a la etapa de demanda y excepciones de la audiencia de ley (fojas 17 y 18) y eso determinó que se tuvieran por ciertos los hechos en que la actora sustentó su acción principal, y además al no haber tampoco comparecido los demandados a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, no ofrecieron probanza alguna que invalidara la presunción de certeza de tales hechos, siendo inexacto que la actora, a través de las manifestaciones que emitió en su demanda, se haya encargado de demostrar la inexistencia de la relación laboral con quien hoy pide amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al fallar los juicios de amparo directo números 56/988, 278/990, 394/990 y 178/991, que dice: "DEMANDA, CONTESTACION DE LA. PRESUNCIONES EN CASO DE FALTA DE.- Si conforme a lo establecido en el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, se tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, por no haber comparecido la demandada a la audiencia de demanda y excepciones, y se tuvieron por ciertos los hechos, esto significa que al no haber ofrecido la demandada ninguna prueba que invalidara la presunción de certeza de tales hechos, los mismos quedaron firmes en el sentido expuesto por el trabajador, por lo que, en consecuencia, procede la condena al pago por esos conceptos".

En efecto, Socorro Carranza Romero narró en su demanda (hechos primero a cuarto), que ingresó a la fuente de trabajo por contrato escrito que por tiempo indeterminado celebró con Carmelita Lozada viuda de Báez (quejosa) y Rosa María Medina viuda de Báez, las que se ostentaron como propietarias de la negociación Taller Mecánico Industrial Báez y le daban órdenes, estando subordinada jurídicamente a éstas mientras les trabajó, quienes además, indistintamente, le cubrían su salario como contraprestación a los servicios que realizaba, habiendo señalado que incluso, fueron las que la despidieron injustificadamente. En ese orden de ideas, debe estimarse, contrariamente a lo que se afirma, que Carmelita Lozada viuda de Báez tiene la calidad de patrón de la demandante a que se refieren los artículos 8o., 10 y 20 de la Ley Federal del Trabajo, pues de esos hechos que quedaron firmes en el sentido expuesto por la actora, ante la contestación de demanda en sentido afirmativo y la inexistencia de prueba que desvirtuara la confesión ficta derivada de esa circunstancia, se desprende que existió relación de trabajo entre Socorro Carranza Romero y la amparista, en tanto está demostrado el elemento esencial de esa relación consistente en la subordinación de la trabajadora al patrón y el pago de un salario por éste como contraprestación de los servicios, subordinación que se tradujo en un poder jurídico de mando como patrón, correlativo a un deber de obediencia por la trabajadora; por lo que fue correcto que la Junta responsable condenara también, a quien hoy pide amparo, al pago de las prestaciones derivadas del conflicto individual generador del acto reclamado. Es pertinente destacar que idéntico criterio fue sustentado por este Tribunal al fallar el juicio de amparo directo número 278/990, siendo además aplicable la Jurisprudencia número 157 de este Cuerpo Colegiado, que dice: "RELACION LABORAL. PRUEBA DE LA.- Para que se tenga por demostrada la relación laboral, debe acreditarse el elemento esencial de la misma consistente en la subordinación, esto es, que la demandada tenía un poder jurídico de mando como patrón, correlativo a un deber de obediencia del trabajador, ya que de conformidad con el artículo 134 fracción III del Código Laboral, el trabajador está obligado a desempeñar un servicio bajo la dirección del patrón a cuya autoridad está subordinado en todo lo concerniente a la actividad para la cual fue contratado.".

No es obstáculo para lo anterior, lo alegado por la quejosa en cuanto a que si la actora hubiera laborado para ella, habría referido en su demanda que trabajó en el domicilio de la amparista. Esto es así; pues para tener por probada la relación de trabajo es intrascendente que se acredite o no el lugar en el que se desempeñaban los servicios, siendo lo esencial para ello, que se demuestre, como en el caso lo está, la subordinación del trabajador al patrón y el pago de un salario por este último como contraprestación de los servicios del primero; por lo que es irrelevante para la existencia de aquella relación, que patrón y trabajador se encuentren en el mismo lugar de la prestación del trabajo, ya que puede suceder y ser permitido que desde diverso lugar de la fuente de trabajo el patrón ejerza su facultad de mando, imponiendo su voluntad al trabajador y éste está obligado a obedecer acomodando su actividad a esa voluntad.

En las condiciones relatadas, no se actualiza la hipótesis prevista por las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la quejosa invoca y transcribe, cuyos rubros son: "DEMANDA, FALTA DE CONTESTACION A LA, NO IMPLICA NECESARIAMENTE LAUDO CONDENATORIO." y "DEMANDA LABORAL, SU FALTA DE CONTESTACION NO

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1263-6016bec5/demanda-contestacion-de-la-presunciones-en-caso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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