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Modo: Corpus Pro

DESPIDO, NEGATIVA DEL. CUANDO NO ES EXCEPCION. * * * PERSONALIDAD ANTE LAS JUNTAS. - - -

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 59/92. · Registro digital (IUS): 1262
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: NORBERTO DAMIAN TRINIDAD.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, , Pág. 276.

Se publica íntegra la ejecutoria del amparo directo 59/92.

Puebla, Puebla. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del día diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y dos.

VISTOS para fallar los autos del juicio de amparo directo número 59/92; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.- Mediante demanda presentada por conducto de la autoridad responsable, con fecha quince de enero de mil novecientos noventa y dos, Norberto Damian Trinidad, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, mismos que hizo consistir en el laudo dictado el tres de diciembre de mil novecientos noventa y uno por la referida Junta, dentro del expediente número D-3/163/90, relativo al juicio laboral que promovió en contra de la empresa denominada "Maurer Spitalier", S.A. de C.V.

Los puntos resolutivos del laudo impugnado, son como sigue: "PRIMERO.- El actor Norberto Damian Trinidad, probó en parte sus acciones. SEGUNDO.- Los demandados Pablo Maurer Avalos y Eugenio José Pérez Rivero probaron sus defensas. TERCERO.- Consecuentemente se absuelve a los demandados del pago de la indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, jornada extraordinaria, días de descanso obligatorio, séptimos días, prima dominical, salarios retenidos. CUARTO.- La demandada sociedad mercantil, denominada Maurer Spitalier, S.A. de C.V., probó en parte sus defensas y excepciones, consecuentemente. QUINTO.- Consecuentemente, se condena a la empresa demandada al pago de la cantidad líquida de CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CERO CENTAVOS, por concepto de salarios devengados. SEXTO.- Se absuelve a la empresa demandada del pago de la indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, días de descanso obligatorio, séptimos días, prima dominical y jornada extraordinaria. SEPTIMO.- Se dejan a salvo los derechos del actor a efecto de que ejercite la acción correspondiente al reparto de utilidades ante la vía y autoridad competente.".

SEGUNDO.- Por acuerdo de fecha treinta de enero de mil novecientos noventa y dos, el Presidente de este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito admitió en la vía directa la demanda de que se trata. La agente del Ministerio Público Federal de la adscripción se abstuvo de expresar parecer. Finalmente, por diverso proveído de treinta y uno del mismo mes y año, se ordenó turnar el expediente al Magistrado ponente para los efectos del artículo 184 de la Ley de Amparo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- El acto reclamado es cierto, según se desprende del informe de la responsable y los autos originales que fueron remitidos.

SEGUNDO.- El laudo impugnado establece lo siguiente: "III. Que planteada la litis en el presente caso en cuanto a que la acción principal intentada por el actor Norberto Damian Trinidad, en contra de la parte demandada, fue la de reclamarle el pago de la indemnización constitucional más los salarios caídos por el despido injustificado del que se considera objeto cuando señala haber desempeñado con la debida eficiencia y absoluta probidad, sin haber incurrido jamás en causal alguna para que se le rescindiera su contrato individual de trabajo no obstante lo anterior con fecha veintisiete de marzo de mil novecientos noventa en la puerta de entrada de la negociación ubicada en el número trescientos siete de la calle Independencia de la ciudad de Atlixco, aproximadamente a las ocho horas el señor Pablo Maurer Avalos, le impidió la entrada a sus labores manifestándole que estaba despedido, por su parte la demandada sostiene, que el actor laboró normal e íntegramente hasta el día veintisiete de marzo de mil novecientos noventa tan es cierto lo anterior que tuvo una Junta de trabajo en esa fecha la cual se inició a las doce veinte horas y terminó hasta las quince diez horas, por lo que es falso que haya sido despedido a las ocho horas de ese día no habiéndose vuelto a tener noticias de él hasta el día de la notificación. IV. Que planteada la litis en los términos señalados en el considerando inmediato anterior, esta Junta del conocimiento concluye, que lógica y jurídicamente corresponde la carga de la prueba a la parte demandada, sirviéndose de base a lo anterior la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "DESPIDO DEL TRABAJADOR, CARGA DE LA PRUEBA.- En conflictos originados por el despido de un trabajador, toca a éste probar la existencia del contrato y el hecho de no estar ya laborando cuando esas circunstancias sean negadas por el patrón, mientras que a este último demostrar el abandono o bien los hechos que invoque como causa justificada de rescisión del contrato de trabajo. Tesis de jurisprudencia, Apéndice 1917-1985, 5a. Parte, Cuarta Sala. P. 71, es decir que le corresponde a la parte actora la carga de probar que el mismo laboró para la demandada por lo que se procede a valorar las pruebas ofrecidas y admitidas a las partes en primer término las de la parte actora con el fin de buscar la realidad que se investiga en la presente causa. V. En relación a la prueba TESTIMONIAL a cargo de Miguel Jiménez Temoc y Francisco Toto Cruz, celebrada el día doce de febrero del presente año y que obra de la foja ochenta y dos y seis del expediente en que se actúa y de la cual se infiere que no beneficia los intereses de su oferente en virtud de la serie de contradicciones en la que incurren los deponentes al vertir sus respectivos testimonios así como las repreguntas que les fueron formuladas ya que no precisan las circunstancias del despido alegado incurriendo con esto con una falta de credibilidad a los mismos ya que no son capaces de precisar el tiempo que duró los hechos narrados por el actor así como de no precisar cuántas personas había en el lugar por lo que no resultan idóneos y dignos de fe para probar la litis planteada en el presente caso, por lo que carece de valor la declaración de los mismos ya que al ser repreguntados incurren en contradicción a lo declarado en primer término, por lo que hace al desahogo de la prueba de INSPECCION celebrada el quince de febrero de mil novecientos noventa y uno y que obra de la foja noventa y ocho a cien del expediente en que se actúa y toda vez que de la misma se desprende que no exhibió la documentación requerida se le tuvieron por presuntivamente ciertos los hechos que pretendió acreditar la parte actora, si bien es cierto que no exhibió la documentación requerida también lo es que opuso como defensa el hecho de que el actor tenía en su poder los documentos concernientes a su persona y de la cual se puede desprender lo anterior que el mismo fue interpelado a través del Notario Público Uno de los del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, licenciado Guillermo Fernández de Lara S., a través del instrumento número 15628 del volumen número 152 de fecha veintisiete de marzo de mil novecientos noventa, y por el cual el fedatario público a lo cual manifestó que únicamente tenía en su poder la documentación relativa a la sociedad mercantil MAURER SPITALIER, S.A. de C.V., y que no puede entregar hasta que se declare el adeudo de las comisiones que verbalmente se le propusieron al señor antes indicado por lo que al estar la prueba de inspección de contradicción con la prueba DOCUMENTAL PUBLICA antes indicada motivo por el cual no se le concede valor probatorio alguno a esta probanza de inspección por lo que no beneficia la misma a su oferente, en relación a la litis planteada, además de que la misma no es prueba idónea para acreditar el despido, asimismo de la prueba CONFESIONAL ofrecida por la parte actora a cargo del representante legal MAURER SPITALIER, S.A. DE C.V., asimismo a cargo de Pablo Maurer Avalos, y finalmente la de Eugenio José Pérez Rivero, misma que fue desahogada el día once de marzo del año en curso y que obra a foja ciento siete del expediente en que se actúa y de la cual se desprende que fueron declaradas desiertas por la Junta actuante y por ende no beneficia los intereses de la parte en relación a la litis planteada, asimismo consta de autos que no existe prueba alguna que favorezca a la parte actora en cuanto a la litis planteada. VI. Que si bien es cierto que la carga de la prueba no corresponde a la demandada y a efecto de no violar garantías individuales consagradas por la Constitución General de la República, resulta realizar el estudio y análisis de las pruebas admitidas por esta Junta del conocimiento a la parte demandada, así tenemos por lo que hace a la prueba CONFESIONAL a cargo del actor Norberto Daniel Trinidad, celebrada el once de marzo de mil novecientos noventa y uno, y que obra a fojas ciento siete, ciento ocho y ciento nueve del expediente en que se actúa, misma que fue declarado el absolvente confeso ficto al tenor de las posiciones que le fueron articuladas y calificadas de legales y la cual beneficia a la parte demandada en cuanto a la litis planteada ya que se le tuvo por confeso de las posiciones marcadas con los números dieciocho, diecinueve y veinte, y por lo que hace a la prueba TESTIMONIAL a cargo de Rafael Flores Hernández, Mario Carreón Gutiérrez y Leticia Alonso Flores, y la cual se llevó a cabo el día cinco de abril del presente año misma que obra a fojas 6 ciento diez del expediente en que se actúa misma que no beneficia los intereses del oferente ya que la prueba fue declarada por la Junta actuante por desistida a su oferente de la misma, por lo que hace a la prueba DOCUMENTAL PUBLICA consistente en la copia certificada del instrumento notarial 15628 de fecha veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y la cual obra de la foja sesenta y nueve a setenta y cinco del expediente en que se actúa la cual fue objetada por la parte actora y toda vez que esta última tenía la obligación de probar su objeción misma que no acreditó dentro de autos motivo por el cual se le concede valor probatorio pleno en relación a la litis planteada, beneficiando con ésta a la oferente de la prueba. VII. Que toda vez que han sido estudiadas y valoradas las pruebas ofrecidas por las partes la Junta del conocimiento considera que no es procedente la acción principal intentada por el actor, toda vez que al corresponderle la carga de la prueba y el demostrar que fue despedido y que no laboró el día veintisiete de marzo de mil novecientos noventa, y al no favorecerle prueba alguna de las que ofreció y le fueron admitidas así como de los autos no existir prueba que le favorezca y por el contrario la parte demandada al no corresponderle la carga de la prueba, que sí le benefician las pruebas confesionales y la instrumental pública en el sentido de que el actor sí laboró el día veintisiete de marzo de mil novecientos noventa, ya que en el presente caso resultaba indispensable que el actor probase su acción es decir que fue despedido y que no laboró el día veintisiete de marzo del año próximo pasado, y tomando en consideración esta Junta del conocimiento todas y cada una de las pruebas admitidas a las partes, en conciencia a verdad sabida y en búsqueda de la verdad real que se investiga, concluye que el actor Norberto Damian Trinidad, no probó su acción de despido y que contrariamente la demandada MAURER SPITALIER, S.A. DE C.V., probó sus defensas y excepciones opuestas por ella, consecuentemente se absuelve a dicha demandada del pago de la indemnización constitucional más los salarios caídos y en forma concomitante el pago de la prima de antigüedad ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados por las distintas fracciones que conforman el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, por lo anterior con fundamento por lo dispuesto en los artículos 48 y 162 de la Ley Laboral, asimismo se absuelve a los demandados físicos Pablo Maurer Avalos y Eugenio José Pérez Rivero, del pago de las prestaciones antes indicadas. VIII. Que el actor se encuentra reclamando el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, días de descanso obligatorio así como prima dominical, por lo que hace a las primeras tres prestaciones esto es prima vacacional, vacaciones y aguinaldo corresponde la carga de la prueba a la parte demandada en términos de lo dispuesto por los artículos 784 y 804 de la Ley Laboral, el cual al dar contestación a su demanda opuso la excepción de prescripción, por lo que se limita al estudio de estas prestaciones al último año de la prestación de los servicios del actor, esto es el año de mil novecientos ochenta y nueve, lo anterior con fundamento en los artículos 516 en correlación con el artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que de las pruebas ofrecidas por la parte demandada tenemos que la prueba CONFESIONAL a cargo del actor y la cual obra a foja ciento siete, ciento ocho y ciento nueve del expediente en que se actúa y del cual se desprende que el actor se le tuvo por confeso ficto de las posiciones que le fueron articuladas muy particular en las marcadas con los numerales veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete que señalan que le fueron cubiertas las prestaciones reclamadas correspondientes a vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, por todo el tiempo que prestó sus servicios para la empresa, asimismo que tiene en su poder la documentación relativa al pago de tales prestaciones por lo que se le concede valor probatorio a la misma, asimismo tenemos que de la prueba documental pública se acredita que fue interpelada por fedatario público y el cual respondió que sí los tenía en su poder, no obstante que esta prueba fue objetada por la actora también lo es que esta última correspondía probar su objeción cosa que no aconteció dentro de lo actuado razón por la cual al relacionarse esta prueba con la prueba confesional esta Junta determina que efectivamente la parte demandada acreditó sus excepciones y defensas en relación al pago de estas prestaciones, resultando procedente absolver a la demandada del pago del aguinaldo, prima vacacional y vacaciones, correspondiente a los años de mil novecientos ochenta y nueve y mil novecientos noventa, en virtud de que se limitó la litis a los años señalados por la excepción de prescripción opuesta por la demandada, de igual forma se encuentra reclamando el pago de jornada extraordinaria consistente en dos horas laboradas diariamente de domingo a sábado de cada semana, asimismo reclama el pago de los días y prima dominical, por lo que hace a esta última prestación denominada prima dominical, al mismo no le asiste la razón para realizar su reclamo, toda vez que la misma se cubre tan sólo para aquellos trabajadores que laboran en domingo y descansan cualquier otro día de la semana, por lo que no es conducente condenar a la empresa demandada a su pago y en consecuencia se absuelve de tal pago a la empresa denominada MAURER SPITALIER, S.A. DE C.V., por lo que hace a las otras prestaciones indicadas anteriormente y al corresponderle la carga de la prueba a la demandada por lo que hace a su pago, tenemos lo conducente para realizar la valoración de las pruebas acreditar las excepciones y defensas opuestas por la demandada en relación a estas prestaciones, así tenemos que de la PRUEBA CONFESIONAL a cargo del actor y la cual beneficia a los intereses de la demandada toda vez que al absolvente se le tuvo por confeso ficto de las posiciones articuladas beneficiándole particularmente las posiciones marcadas con los numerales especialmente once, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, del pliego de posiciones y que se relacionan directamente con el pago de las prestaciones reclamadas mismas que fueron cubiertas al actor así como de que tiene en su poder la documentación requerida y relacionada directamente con tales prestaciones, asimismo se desprende que de la prueba documental pública consistente en el instrumento notarial que corre agregado a los autos y relativo a la interpelación hecha al actor y la cual si bien fue cierto fue objetada a la actora también, se dice, fue objetada por la actora, también lo es que la misma tenía la obligación de probar su objeción, cosa que no aconteció en la especie dentro de lo actuado, razón por la cual se concede valor probatorio tanto a esta prueba como a la prueba confesional en relación a la litis planteada, esto es que la demandada acreditó haber cubierto el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, jornada extraordinaria, séptimos días y días de descanso obligatorio, resultando procedente absolver a la demandada del pago de tales prestaciones, todo lo anterior con fundamento en los artículos 68, 69, 71, 72, 73, 76, 80 y 87 de la Ley Federal del Trabajo. IX. Que el actor se encuentra reclamando el pago de salarios retenidos comprendido del quince al veintisiete de marzo del año próximo pasado, el cual fue expresamente confesado por la demandada así como el veintisiete del mismo mes y año y toda vez que se acreditó que el actor laboró hasta el día veintisiete de marzo del año próximo pasado, resulta conducente en términos del artículo 99 de la Ley Federal del Trabajo, el condenar a la parte DEMANDADA al pago de CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS CERO CENTAVOS, por concepto del pago de salarios devengados correspondientes a la semana antes indicada. X. Por lo que hace al pago de reparto de utilidades que reclama el actor, esta Junta del conocimiento se declara incompetente para conocer de tal reclamación, dejando a salvo los derechos del actor para ejercitarlos en la vía y ante la autoridad competente. XI. De igual forma se absuelve a los demandados físicos del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el actor en virtud de que no resultaron responsables de la relación laboral, esto es, de la indemnización constitucional, salarios caídos, prima vacacional, aguinaldo, jornada extraordinaria, días de descanso, séptimos días, prima dominical, salarios retenidos.".

TERCERO.- Como conceptos de violación textualmente se expresa: "A). Conforme a lo establecido por el artículo 14 de la Constitución General de la República, ninguna persona puede ser privada de sus derechos, bienes o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes emitidas con anterioridad al hecho"; y en el presente caso se violan las disposiciones legales invocadas, ya que el laudo emitido por la responsable es ilegal, violando las leyes del procedimiento como se pasa a demostrar: I. En la especie, se viola en mi perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 constitucional en razón de la resolución emitida por la Junta responsable respecto del incidente de falta de personalidad promovido en contra de los comparecientes por la demandada, dentro del expediente número D-3/163/90 y con fecha ocho de octubre de mil novecientos noventa, por lo siguiente: a. En primer término es de mencionarse que comparecieron a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, los demandados físicos, señores Pablo Emilio Maurer Avalos y Eugenio José Pérez Rivero Maurer, acompañados de sus apoderados licenciado Carlos Manuel Lemini Avila, Parra y en representación del segundo de los demandados físicos el licenciado Ricardo Luis Martínez Rojas, por la demandada persona moral Maurer Spitalier, S.A. de C.V., compareció su administrador único licenciado Eugenio José Pérez Rivero Maurer y además los licenciados antes mencionados Avila Parra y Martínez Rojas, se ostentaron como representantes legales de la empresa demandada Maurer Spitalier, S.A. de C.V., exhibiendo para el caso los instrumentos notariales que según los acreditaba como apoderados respectivamente. Ahora bien, en la resolución emitida por la responsable en relación al incidente de falta de personalidad, establece que con base al instrumento notarial exhibido el incidente es improcedente ya que del mismo se desprende que el licenciado Eugenio José Pérez Rivero Maurer compareció ante notario Benjamín del Callejo García, notario titular de la número diecisiete, acreditando la existencia de la sociedad Maurer Spitalier, S.A. de C.V., y que en dicho instrumento se menciona la cláusula que dice que se constituye de acuerdo a las disposiciones relativas a la Ley General de Sociedades Mercantiles y es una sociedad anónima de capital variable que se denominará Maurer Spitalier, y que con ello se acredita la existencia legal de la sociedad. Lo establecido por la responsable en la resolución emitida respecto del incidente de falta de personalidad planteado en contra de los comparecientes por la empresa demandada resulta ser ilegal, ya que conforme al instrumento notarial que se exhibió y en base al cual se interpuso el incidente de falta de personalidad, resulta ser el instrumento número 43958 del volumen 252 de la Notaría Pública número diecisiete de esta ciudad, ahora bien, conforme a dicho instrumento comparece ante el notario el señor Eugenio José Pérez Rivero Maurer en su supuesto carácter de administrador único de la sociedad anónima de capital variable, Maurer Spitalier, a otorgar poder general para pleitos y cobranzas y asuntos laborales, entre otros a los señores licenciados Carlos Manuel Lemini Avila Parra y Ricardo Luis Martínez Rojas y a nombre de su representada otorga el supuesto poder; estableciendo el notario que el mencionado administrador único a efecto de justificar la existencia de su representada y su nombramiento como tal, supuestamente exhibe el acta constitutiva de la sociedad y el acta de asamblea general ordinaria de accionistas de fecha treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y nueve y protocolizada por el propio notario, asentando lo anterior el propio notario en el instrumento de que se viene hablando en el capítulo de "personalidad"; pues bien, de lo asentado por el notario en el capítulo de personalidad, no se puede llegar a la conclusión de que el mencionado y supuesto administrador único de la sociedad le haya justificado la legal existencia de su representada, ya que incluso el notario en el mismo capítulo expresa que transcribe las disposiciones estatutarias que interesan al otorgamiento de la escritura del poder, incluyendo la del acta protocolizada y pasa a transcribir supuestamente y en la cláusula primera transcribe: "Los señores... constituyen en este acto entre sí de acuerdo con las disposiciones relativas a la Ley General de Sociedades Mercantiles ...", transcribiendo las cláusulas que creyó convenientes también a la escritura que otorgaba, resultando claro que de esta transcripción, no se puede llegar a tener por demostrada la legal existencia de la sociedad en razón de que no se mencionan siquiera los nombres, domicilio y nacionalidad de las personas físicas o morales que resulten ser los socios fundadores de la sociedad, requisito esencial para la validez del acto constitutivo de una sociedad mercantil y ante tal situación de que no se sabe quiénes resultan ser los socios y por consecuencia con cuántas acciones cuenta cada una de ellas, tampoco se puede establecer los derechos de éstos y todas las consecuencias que resultan del hecho de tener el carácter de socio por lo que, se concluye que ante esta circunstancia no puede establecerse que el instrumento notarial que otorga supuestamente el administrador único a nombre de su supuesta representada, lleve a la consideración de que dicha sociedad exista legalmente, ya que ni siquiera se está en posibilidad de saber si incluso el nombramiento de administrador único con las facultades inherentes al cargo que le fue otorgado por los que resulten ser los socios, ya que no existen elementos para ello y toda vez que conforme a la ley esta cuestión no se puede dejar el arbitrio de justificarlo o no, ya que ante el desconocimiento de quiénes son los socios, se contraviene lo dispuesto por el artículo 6 fracción I de la Ley General de Sociedades Mercantiles, además de que no es suficiente la sola manifestación del notario de tener a la vista determinado documento para que aun cuando se transcriba parte de él se tenga por existente, máxime aún que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia firme a establecido que los notarios podrán dar fe del acto de que se le encomiende, pero no de los que resulten ser accesorios al acto encomendado, y si como en el presente caso, el acto que se le encomienda, resulta ser el otorgamiento de un poder general para pleitos y cobranzas, resulta ser que si omite la inserción del acta constitutiva de la sociedad, no puede resultar de que dé fe de que se le probó la existencia legal de la sociedad, ya que en todo caso debió insertar esa acta si se le hubiese presentado, por lo que no constar los nombres, domicilio y nacionalidad de los socios y no estar inserta el acta constitutiva de la sociedad no puede tenerse por demostrada la legal existencia de la sociedad de que se trata, ya que del acto del cual da fe resulta ser un otorgamiento de un poder y no otro, por lo que resulta bastante claro que conforme al instrumento notarial que se exhibió ante la responsable con número 43958 y por el cual se pretende justificar la legal existencia de la sociedad y que el administrador único tiene facultades para otorgar poder a los profesionistas mencionados, resulta ser insuficiente para demostrar ambas situaciones, más aún que en el mencionado instrumento el notario manifiesta que transcribe incluso lo relativo al acta protocolizada ante él relativa a la asamblea general ordinaria de accionistas de fecha treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y nueve, situación que realmente no existen en el instrumento, pues basta leer el mismo para darse cuenta de que no existe referencia alguna a dicha acta de asamblea por lo que, al no existir la supuesta transcripción y que es esencial para el documento que otorga, resulta que en dicho poder tampoco se puede establecer que el administrador único haya sido nombrado legalmente como tal, como tampoco se puede establecer que haya sido nombrado por la sociedad o más bien por la asamblea de accionistas máximo órgano de decisión de la sociedad y con ello gozar de las facultades inherentes al cargo, por lo que se demuestra que no se justifica legalmente el nombramiento de administrador único en la persona del señor Eugenio José Pérez Rivero Maurer conforme a lo que consta en el instrumento notarial y por el cual otorga el supuesto poder a los profesionistas mencionados, concluyendo que dicho instrumento ni justifica la legal existencia de la sociedad, ni justifica tampoco el nombramiento de administrador único en la persona del señor Eugenio José Pérez Rivero Maurer, y por consiguiente nunca se podrá justificar que éste tenga facultades legalmente para otorgar poder alguno y por lo tanto es obvio que no se ajusta a lo dispuesto por la fracción III del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo; y por todo lo anteriormente expuesto se demuestra que la responsable al no estudiar el incidente planteado, viola en mi perjuicio mis garantías individuales al no resolver en el sentido de que efectivamente no se demostró la legal existencia de la empresa demandada y de que su supuesto administrador único carece de facultades para otorgar poder alguno, por lo que por esto debió de resolver en el sentido de que los comparecientes no tenían personalidad para intervenir en juicio y por lo tanto debió de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho para ofrecer pruebas, por lo que solicito se me conceda por este motivo el amparo y protección de la Justicia Federal y se me restituya en el goce de las mismas, ordenando a la responsable dicte resolución en el sentido anteriormente mencionado. b). Como se dijo anteriormente, por la empresa demandada Maurer Spitalier, S.A. de C.V., compareció el señor Eugenio José Pérez Rivero Maurer, ostentándose como supuesto administrador único, quien a efecto de pretender justificar su nombramiento exhibió el instrumento notarial número 43504 del volumen 244 de la Notaría Pública número diecisiete de esta ciudad, instrumento en el cual se protocoliza supuestamente un acta de asamblea general ordinaria de accionistas de su supuesta representada y de fecha treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y nueve, y por la cual según se le nombró como administrador único de la sociedad, otorgándosele además, supuestamente, un poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de riguroso dominio; conforme a la resolución emitida por la responsable respecto del incidente de falta de personalidad planteado y del cual se viene hablando, le reconoce al señor Eugenio José Pérez Rivero Maurer la personalidad como tal, siendo esto absolutamente ilegal, ya que nunca justifica dicho nombramiento, e incluso en este mismo instrumento notarial no se justifica la legal existencia de la sociedad que dice representa, ya que no se hace constar los nombres de los que resultan ser los socios de la sociedad en cuestión y que en este caso resulta fundamental, ya que si se pretende establecer que el acta protocolizada se pretende establecer el nombramiento de administrador único, con justificación se debe hacer constar en las transcripciones o copia del acta de constitución de la sociedad para insertar al instrumento, los nombres de los socios que efectúan la asamblea general ordinaria y en su caso nombran al supuesto administrador único, y si como en el presente caso en el instrumento número 43504 del cual se viene hablando, en su capítulo de "personalidad y legal existencia de la sociedad" no se hace constar siquiera en su primera cláusula del acta constitutiva los nombres de los socios, es obvio que conforme a este instrumento no se puede tener la certeza de que los supuestos socios que ce

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1262-b8c2199e/despido-negativa-del-cuando-no-es-excepcion-personalidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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