LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DA LUGAR AL OTORGAMIENTO DEL AMPARO, NO AL SOBRESEIMIENTO.
CONTRADICCION DE TESIS 13/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES UNICO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 197-A de la Ley de Amparo y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto por los preceptos citados en el considerando anterior, toda vez que la formula el Ministro presidente de esta Cuarta Sala, quien lo hizo en los siguientes términos:
"Con fundamento en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y 27, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por medio del presente escrito denuncio la posible contradicción de tesis entre la sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 150/88 promovido por la Sección 29 del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petróleros de la República Mexicana, y la sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 1445/92 promovido por Marcos Santillán Hernández, a efecto de que esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decida qué tesis debe prevalecer."
TERCERO.-El secretario de Acuerdos del hoy Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al remitir las constancias respectivas informó que la resolución del juicio de amparo 150/88, dio lugar al primer precedente de la tesis jurisprudencial número cinco en materia laboral, por lo cual envió copia de las restantes ejecutorias relacionadas con la jurisprudencia de referencia, por lo que a continuación se transcriben las cinco ejecutorias.
El Tribunal Colegiado de mérito en el amparo directo 150/88 laboral, promovido por la Sección 29 del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sostuvo lo que a continuación se transcribe:
"CUARTO.-En el caso se estima innecesario estudiar las infracciones alegadas por el representante legal de la parte quejosa, en virtud de que se advierte una manifiesta violación al procedimiento, misma que a continuación se analiza con fundamento en lo establecido por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"Del análisis de las constancias que integran el expediente número 134/986, relativo al procedimiento laboral del que derivan los actos reclamados, se advierte claramente que el laudo reclamado no contiene la firma del representante obrero ADOLFO LOPEZ HERNANDEZ; irregularidad que según criterio sustentado por este tribunal produciría el sobreseimiento del juicio por considerar jurídicamente inexistente el acto mencionado. En la especie el criterio de este Tribunal Colegiado se encuentra contenido en la tesis 21, página 256, del tomo de los Tribunales Colegiados de Circuito y por tanto si se diera el sobreseimiento no sería posible que la responsable fuera obligada a dar cumplimiento alguno en perjuicio de la quejosa y a quien anteriormente se le dejaba en estado de indefensión.
"Contrariamente a lo anterior, este tribunal estima que el laudo como acto de decisión existe, aun cuando el laudo como documento adolezca de tales vicios que pueden ser convalidados, atento a los siguientes razonamientos.
"En efecto, el 'laudo' no es más que un acto jurídico procesal emanado del órgano encargado de la función jurisdiccional en asuntos laborales que decide sobre el fondo del conflicto planteado, según lo precisa la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, este acto procesal requiere de un elemento objetivo representativo, el documento; y cuando se habla de laudo, implícitamente se hace referencia al laudo como acto jurídico procesal y al laudo como documento; pero cuando se señala el mismo como acto reclamado, propiamente lo va a constituir el laudo documento, en cuanto tal, pero no porque sea el acto real de decisión, sino por ser ahí donde se encuentra plasmado el texto de la decisión.
"Una vez precisada la naturaleza jurídica del laudo resolución, es de admitirse que como acto jurídico procesal puede verse afectado por diversas irregularidades, las que de acuerdo con su origen y trascendencia producirán su inexistencia o su nulidad, por ser absoluta y relativa; el primer caso se refiere a su existencia misma, al ser, y no puede convalidarse o invalidarse algo que no existe, por cuanto a la nulidad absoluta se caracteriza por ser de imposible ratificación u homologación. La nulidad relativa, por el contrario, sí produce efectos que pueden ser convalidados y ratificados, porque el vicio que la origina no es trascendental.
"En la especie, la irregularidad por la ausencia de la firma del representante obrero no produce su inexistencia, sino su nulidad relativa, en virtud de que constituye vicio del laudo acto jurídico, cuyos efectos son susceptibles de convalidación u homologación y pueden ser ratificados. Consecuentemente, dicha irregularidad constituye una violación a las reglas fundamentales del procedimiento, que afecta la defensa de la quejosa y trasciende al resultado del fallo. Apoya lo anterior la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado que aparece publicada bajo el número 21, en la página 656, Tercera Parte del Informe rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al terminar el año de 1987, que dice: 'LAUDO, LA FALTA DE FIRMAS EN EL, PRODUCE NULIDAD RELATIVA Y NO INEXISTENCIA.-(La transcribe)'.
"Por ello, lo procedente es conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo impugnado y reponga el procedimiento a partir de la violación de carácter formal apuntada, corrigiéndola; y hecho esto, notifique personalmente a las partes la resolución para lo que a sus intereses convenga."
Al resolver el amparo directo 778/91 laboral, promovido por Miguel Angel León Solís, el citado tribunal sostuvo:
"SEGUNDO.-Son innecesarias las transcripciones y el estudio de las consideraciones en que se apoya el laudo reclamado y los conceptos de violación formulados por el apoderado del quejoso, en virtud de que en el presente caso, en suplencia de la queja deficiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte la existencia de una violación procesal que obliga a conceder el amparo al quejoso a fin de que la Junta responsable ordene la reposición del procedimiento del juicio laboral.
"En efecto, de las constancias que obran en el expediente laboral número 54/990, que la Junta responsable remitió como justificación de su informe, se desprende que el acta de discusión y votación del dictamen que dio lugar a que se pronunciara el laudo reclamado, solamente aparece firmada al calce por los representantes del trabajo y del capital, como funcionarios que en ella intervinieron (foja 97), no así por el representante del gobierno ni por el secretario de Acuerdos que dio fe del acto. Tampoco obra la firma de dicho secretario, al pie del laudo pronunciado el catorce de agosto del presente año (foja 102), aunque sí está firmado por el representante del gobierno, licenciado Pedro Morales Ruiz, el representante obrero, licenciado Luis Martínez Alejandro y el representante del capital, licenciado Jesús M. de la Cruz V., quienes integran la referida Junta.
"Ahora bien, la falta de firmas del secretario de Acuerdos en el acta de discusión y votación y en el laudo reclamado que tampoco firmó el representante del gobierno, da lugar a la nulidad relativa de dichas actuaciones, pues aun cuando existen como actos jurídicos procesales que decidieron sobre el fondo del conflicto planteado, el documento en donde se hace constar que se tomó la decisión y en el que se encuentra inserto el texto de la misma, adolecen de las firmas mencionadas, lo cual es una irregularidad que constituye una violación a las reglas fundamentales del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 721 y 839 de la Ley Federal del Trabajo que respectivamente dicen: (Los transcribe).
"De lo anteriormente expuesto se concluye que para la validez de las resoluciones de los tribunales laborales se requiere que estén debidamente firmadas, habida cuenta que la firma que estampa la autoridad en esos documentos, es el signo gráfico mediante el cual se responsabiliza de los mismos, y por ende, si el acta relativa a la audiencia de discusión y votación del laudo y el propio laudo no fueron signadas por el secretario que intervino en ella, a pesar de que era su obligación, atento a lo que disponen los artículos 721 y 839 de la Ley Federal del Trabajo, ni en dicha resolución obra la firma del representante del capital, pero acorde al primero de dichos numerales se le debe tener por conforme con su contenido, es incuestionable que, como ya se dijo, carece de validez, porque las actuaciones procesales deben ser autorizadas por ese funcionario, y si se trata de un amparo promovido por el trabajador, debe suplirse la queja deficiente de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 107 constitucional y 76 de la Ley de Amparo, ordenándose reponer el procedimiento a partir de dicha audiencia. Es de invocar al respecto en lo conducente la tesis de este propio tribunal, sustentada en el amparo directo 150/988 promovido por el Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y resuelto en sesión plenaria el diecisiete de junio de mil novecientos ochenta y ocho por unanimidad de votos en cuyo rubro y texto se lee: 'LAUDO, LA FALTA DE FIRMAS EN EL, PRODUCE NULIDAD RELATIVA Y NO INEXISTENCIA'. (La transcribe).
"En consecuencia, procede conceder al quejoso el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento del juicio laboral número 778/991, promovido por Miguel Angel León Solís en contra de Francisco Priego Hernández, a efecto de que formule un nuevo proyecto de laudo, celebre la audiencia de discusión y votación y cumpla con lo establecido en los mencionados preceptos."
En el amparo directo 284/91 laboral, promovido por Benito Chablé Torres y Julián López Cupil, el Tribunal Colegiado de referencia sostuvo:
"SEGUNDO.-Son innecesarias las transcripciones y el estudio de las consideraciones en que se apoya el laudo reclamado y los conceptos de violación formulados por los apoderados de los quejosos, en virtud de que en el presente caso, en suplencia de la queja deficiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte la existencia de una violación procesal que obliga a conceder el amparo a los quejosos a fin de que la Junta responsable ordene la reposición del procedimiento del juicio laboral.
"En efecto, de las constancias que obran en el expediente laboral número 514/989, que la autoridad responsable remitió como justificación de su informe, se desprende que el acta de discusión y votación del dictamen que dio lugar a que se pronunciara el laudo reclamado, solamente aparece firmada al calce por los representantes del gobierno, del trabajo y del capital, como funcionarios que en ella intervinieron (foja 53), no así por el secretario de Acuerdos que dio fe del acto. Tampoco obra la firma de dicho secretario, al pie del laudo pronunciado el veintisiete de septiembre del año que antecede (foja 63), aunque sí está firmado por el representante del Gobierno, licenciado Oscar Escobar Castillejos, el representante obrero, Lenín Galmiche García y el representante del capital, licenciado Santiago Castro García, quienes integran la referida Junta.
"Ahora bien, la falta de firma del secretario de Acuerdos en el acta de discusión y votación y en el laudo reclamado, da lugar a la nulidad relativa de dichas actuaciones, pues aun cuando existen como actos jurídicos procesales que decidieron sobre el fondo del conflicto planteado, el documento en donde se hace constar que se tomó la decisión y en el que se encuentra inserto el texto de la misma, adolecen de la firma mencionada, lo cual es una irregularidad que constituye una violación a las reglas fundamentales del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 721 y 839 de la Ley Federal del Trabajo, que dicen: (Los transcribe).
"De lo anteriormente expuesto se concluye que para la validez de las resoluciones de los tribunales laborales se requiere que estén debidamente firmadas, habida cuenta que la firma que estampa la autoridad en esos documentos, es el signo gráfico mediante el cual se responsabiliza de los mismos, y por ende, si el acta relativa a la audiencia de discusión y votación del laudo y el propio laudo no fueron signados por el secretario que intervino en ellos, a pesar de que era su obligación atento a lo que disponen los artículos 721 y 839 de la Ley Federal del Trabajo, es incuestionable que, como ya se dijo, carece de validez, porque las actuaciones procesales deben ser autorizadas por ese funcionario, y si se trata de un amparo promovido por el trabajador, debe suplirse la queja deficiente de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 107 constitucional y 76 de la Ley de Amparo, ordenándose reponer el procedimiento a partir de dicha audiencia. Es de invocar al respecto en lo conducente, la tesis de este propio tribunal sustentada en el amparo directo 150/988, promovido por el Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y resuelto en sesión plenaria el diecisiete de junio de mil novecientos ochenta y ocho por unanimidad de votos, en cuyo rubro y texto se lee:
'LAUDO, LA FALTA DE FIRMAS EN EL, PRODUCE NULIDAD RELATIVA Y NO INEXISTENCIA'. (La transcribe).
"En consecuencia, procede conceder al quejoso el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento del juicio laboral número 514/989, promovido por Benito Chablé Torres y Julián López Cupil, en contra de Petróleos Mexicanos, a fin de que formule un nuevo proyecto de laudo, celebre la audiencia de discusión y votación y cumpla con lo establecido en los mencionados preceptos."
En el amparo directo 1210/91 laboral, promovido por Matías Espinosa E. y José Luis Mar Flores, dicho tribunal sostuvo:
"SEGUNDO.-Es innecesaria la transcripción y el estudio de las consideraciones en que se apoya el laudo reclamado y los conceptos de violación formulados por los quejosos, en virtud de que en el presente caso, en suplencia de la queja deficiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte la existencia de una violación procesal que obliga a conceder el amparo a los peticionarios de garantías, a fin de que la Junta responsable ordene la reposición del procedimiento del juicio laboral.
"En efecto, de las constancias que obran en el expediente laboral número 597/989, que remitió la autoridad responsable como justificación de su informe, se desprende que el acta de discusión y votación del dictamen que dio lugar a que se pronunciara el laudo reclamado (foja 66), aun cuando sí está firmada por el representante del gobierno, licenciado Oscar Escobar Castillejos, el representante obrero, Lenín Galmiche García y el representante del capital, licenciado Santiago Castro García, carece de la firma del secretario de Acuerdos que dio fe del acto.
"Ahora bien, la falta de dicha firma da lugar a la nulidad relativa del laudo impugnado, porque aun cuando exista como acto jurídico procesal que decidió sobre el fondo del conflicto planteado, si el acta en donde se hizo constar que se discutió el dictamen y fue aprobado por unanimidad, carece de la firma mencionada, ello, como ya se dijo, constituye una irregularidad que da lugar a la nulidad relativa del acto, acorde a lo dispuesto en los artículos 721 y 839 de la Ley Federal del Trabajo, que en su orden dicen: (Los transcribe).
"De consiguiente, para la validez de las resoluciones de los tribunales laborales, se requiere que estén debidamente firmadas, habida cuenta que la firma que estampa la autoridad en esos documentos, es el signo gráfico mediante el cual se responsabiliza de los mismos, por lo que es incuestionable que dicho laudo está afectado de nulidad relativa, por la falta de firma del secretario en el acta donde se discutió y aprobó por unanimidad, careciendo por tanto de validez, porque las actuaciones procesales deben ser autorizadas por ese funcionario, y si se trata de un amparo promovido por el trabajador, debe suplirse la queja deficiente de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 107 constitucional y 76 de la Ley de Amparo, ordenándose reponer el procedimiento a partir de dicha audiencia. Es de invocar al respecto en lo conducente, la tesis de este propio tribunal sustentada en el amparo directo 150/988, promovido por el Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y resuelto en sesión plenaria el diecisiete de junio de mil novecientos ochenta y ocho por unanimidad de votos, en cuyo rubro y texto se lee:
'LAUDO, LA FALTA DE FIRMAS EN EL, PRODUCE NULIDAD RELATIVA Y NO INEXISTENCIA'. (La transcribe).
"En consecuencia, procede conceder al quejoso el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento del juicio laboral número 597/989, promovido por Matías Espinosa E. y José Luis Mar Flores, en contra de Petróleos Mexicanos, a fin de que formule un nuevo proyecto de laudo, celebre la audiencia de discusión y votación y cumpla con lo establecido en los mencionados preceptos."
Finalmente al resolver el amparo directo 678/90 laboral, promovido por Víctor Manuel Pérez Reyes, el Tribunal Colegiado de referencia, sostuvo:
"Es innecesaria la transcripción y el estudio de las consideraciones en que se apoya el laudo reclamado, así como de los conceptos de violación formulados por Petróleos Mexicanos, a virtud de que supliendo la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, deberá concederse al quejoso la protección constitucional.
"En efecto, los artículos 721 y 839 de la Ley Federal del Trabajo, respectivamente disponen: (Los transcribe).
"En el caso, del examen del laudo reclamado se advierte que no está firmado por el secretario de la Junta responsable, motivo por el cual carece de un requisito formal de validez, en razón de que en materia laboral solamente son válidas las actuaciones cuando están autorizadas por el secretario de la Junta. Por tanto, aun cuando dicho laudo existe como acto jurídico procesal que resolvió el fondo del conflicto planteado, el documento en donde se hizo constar que se tomó la decisión y en el que se encuentra plasmado el texto de la misma, adolece de la firma del secretario a quien corresponde dar fe del acto, lo que ya se dijo, es un vicio formal que da lugar a su nulidad relativa, habida cuenta que es susceptible de consolidarse estampando la firma faltante; asimismo, dicha irregularidad constituye una violación a las reglas fundamentales del procedimiento que afecta las defensas del quejoso y trasciende al resultado del fallo, el cual no es válido por faltarle la firma mencionada. Apoya lo anterior la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado que aparece publicada bajo el número 21, en la página 656, Tercera Parte del Informe rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al terminar el año de 1987 que dice:
'LAUDO, LA FALTA DE FIRMAS EN EL, PRODUCE NULIDAD RELATIVA Y NO INEXISTENCIA'. (La transcribe).
"Por ello procede conceder al quejoso la protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo impugnado y reponga el procedimiento a partir de la violación de carácter formal apuntada, corrigiéndola, y hecho esto, notifique personalmente a las partes la resolución, para lo que a sus
intereses convenga."
Las resoluciones anteriores dieron lugar a la jurisprudencia que a continuación se transcribe:
"LAUDO, LA FALTA DE FIRMA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA EN EL, PRODUCE NULIDAD RELATIVA Y NO INEXISTENCIA.-El laudo como acto de decisión existe, aun cuando como documento adolezca de vicios que puedan ser convalidados. Como acto jurídico procesal, puede verse afectado por irregularidades que produzcan su nulidad absoluta, que es de imposible ratificación u homologación o la relativa, que es susceptible de convalidación, y la falta de firma del secretario de la Junta en el laudo reclamado, es una irregularidad que no produce inexistencia, sino nulidad relativa, en virtud de que es un vicio que puede convalidarse. Por tanto, procede en ese caso conceder el amparo y no sobreseer por inexistencia del acto reclamado."
CUARTO.-El Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 1445/92, promovido por Marcos Santillán Hernández, sostuvo:
"UNICO.-En la especie, resulta innecesario transcribir el acto reclamado y los conceptos de violación, realizar el resumen de la secuela procesal y analizar los motivos de la insatisfacción, en tanto que, como se precisa en líneas posteriores, existe motivo de sobreseimiento en el presente.
"En el caso se impugna el laudo de treinta de octubre de mil novecientos noventa y uno, pronunciado por la Junta Especial Número Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad capital, en el expediente laboral 974/89, iniciado por Marcos Santillán Hernández en contra de Ferrocarriles Nacionales de México.
"Ahora bien, del examen de los autos anexos se advierte, que la susodicha resolución fue firmada por el presidente, el representante de los trabajadores y el secretario de la referida autoridad, mas no así por el representante de los patrones (foja 99), así certificado por el fedatario de este Tribunal Colegiado, en el folio 15 de estos autos, no asentándose en la precitada omisión ninguna razón que exponga su causa; por tanto, de lo antes transcrito se desprende indudablemente la falta de formalidad del acto que puso término al conflicto, ya que como se infiere del numeral 839 del Código Obrero, la suscripción de los integrantes del citado cuerpo colegiado y diverso funcionario, es requisito esencial del procedimiento, que en la especie no se acató, lo cual lleva a la consideración de la nulidad del expresado fallo final, al carecer de una firma, necesaria para atribuirle eficacia legal al acto reclamado, resultando el laudo un simple escrito sin ninguna fuerza, lo cual determina se esté en lo previsto en la fracción IV, primer párrafo, del artículo 74, de la Ley de Amparo, y por ello ante la procedencia del sobreseimiento en este juicio.
"Sirve de apoyo analógico el criterio de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 370, Séptima Epoca, volumen 30, Quinta parte, consultable en el rubro: 'LAUDOS, FALTA DE FIRMA EN LOS.'.
"No escapa a este Tribunal Colegiado, que la Junta debe cumplir con su obligación de proveer en todos los procedimientos de esta naturaleza el fallo correspondiente, con los requisitos legales, lo cual no le queda vedado por esta resolución y ni tampoco las partes dejan de tener potestad de exigir el pronunciamiento del en cuestión.
"Similar criterio sostuvo este órgano jurisdiccional al resolver los amparos directos DT-534/3696/87, DT- 3045/89(319) y DT- 9385/91(933)."
QUINTO.-De las transcripciones anteriores se advierte que existe contradicción de tesis entre el criterio sostenido por el hoy Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo laboral número 150/88, promovido por la Sección 29 del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, pues en esa sentencia dicho órgano colegiado, sostuvo que la falta de firma de uno de los integrantes de la Junta, concretamente del representante obrero, no produce la inexistencia del laudo reclamado sino una nulidad relativa por constituir una violación a las reglas fundamentales del procedimiento, por lo cual concedió el amparo para efectos; en cambio el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo laboral número 1445/92, promovido por Marcos Santillán Hernández, sostuvo que la falta de firma de uno de los integrantes de la Junta, en el caso, el representante de los patrones, produce la inexistencia del laudo reclamado, por lo que sobreseyó en el juicio de garantías.
"Sin embargo no existe contradicción de tesis entre los criterios sostenidos por el hoy Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver los amparos directos 778/91, 284/91, 1210/91 y 678/90, pues de la lectura integral de la resolución citada en primer término se advierte, que lo que carece de firma por parte del secretario de Acuerdos de la Junta y del representante del gobierno es el acta relativa a la audiencia de discusión y votación del dictamen que dio lugar a que se pronunciara el laudo reclamado y en el amparo citado en segundo lugar se aprecia que carece de firma del secretario de referencia tanto el acta de discusión así como el laudo; en el amparo citado en tercer término se aprecia que lo que carece de firma por parte del funcionario de mérito es el acta en donde se hizo constar la discusión del dictamen y, finalmente en el amparo citado en último término se advierte que carece de firma del multicitado secretario el laudo reclamado. Luego, esas cuestiones se refieren a situaciones diversas sobre la que versa la presente contradicción.
En tales condiciones, sólo se surte la contradicción de tesis precisada en el párrafo primero de este considerando, entre las consideraciones sostenidas por el hoy Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito al resolver el amparo directo laboral número 150/88 y las consideraciones sostenidas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo laboral número 1445/92. Por tanto, en la presente resolución sólo estas ejecutorias serán materia de análisis.
SEXTO.-Esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que debe prevalecer el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y no el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por las razones que a continuación se exponen.
Debe partirse de que el sobreseimiento en el amparo pone fin al juicio, sin hacer declaración alguna respecto de si la Justicia de la Unión ampara o no a la parte quejosa y, por tanto, que sus efectos no pueden ser otros que dejar las cosas tal como se encontraban antes de la interposición de la demanda, lo que se traduce en que quedan inalterados los actos reclamados.
Por tanto, seguir el criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, implicaría dejar firme el laudo reclamado por carecer de firma de alguno de los miembros de la Junta responsable, lo cual iría en franca violación a lo dispuesto por los artículos 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen la obligación para los miembros de la Junta, de firmar el laudo.
Además, aun en el supuesto de considerar que la falta de firma de alguno de los miembros de la Junta en el laudo reclamado, pudiera producir la inexistencia de dicho laudo, de todas formas debe concederse el amparo a la parte quejosa para el efecto de que esa irregularidad sea subsanada, tomando en consideración que tanto la Constitución General de la República, como la Ley Federal del Trabajo, obligan a la Junta a dirimir el conflicto de manera pronta, completa e imparcial, dictando los laudos a verdad sabida y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia.
Por las consideraciones expuestas esta Sala no comparte el criterio establecido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo laboral número 1445/92.
No constituye obstáculo para arribar a la consideración anterior, lo aducido por el tribunal de referencia al final de la resolución que se analiza, en el sentido de que la Junta debe cumplir con su obligación de proveer en todos los procedimientos de esta naturaleza el fallo correspondiente, con los requisitos legales, lo cual no le queda vedado por dicha resolución y que ni las partes dejan de tener potestad de exigir el pronunciamiento del laudo con todos sus requisitos.
Lo anterior es así, porque de seguir el criterio sostenido por el mencionado tribunal, se dejaría en completo estado de indefensión a quien acude en demanda de amparo, habida cuenta de que la Ley Federal del Trabajo no prevé recurso o medio de defensa que la parte afectada por un laudo que carece de firma de uno de los miembros de la junta, pueda agotar con la finalidad de que esa omisión sea subsanada y, al sobreseer en el juicio de garantías no existiría resolución alguna que obligara a la autoridad responsable a cumplir con esa omisión a ella imputable.
En tales condiciones, el criterio que debe prevalecer, es el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de acuerdo con la siguiente tesis con carácter de jurisprudencia obligatoria.
LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DA LUGAR AL OTORGAMIENTO DEL AMPARO, NO AL SOBRESEIMIENTO.-Como los efectos del sobreseimiento en el juicio de amparo son dejar las cosas tal como se encontraban antes de la interposición de la demanda, sobreseer en el juicio de garantías porque el laudo reclamado carec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/145-e7453247/laudo-la-falta-de-firma-de-uno-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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