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Modo: Corpus Pro

MINISTERIO PUBLICO AL INCOAR OTRA AVERIGUACION POR DELITO DIVERSO AL INCULPADO ADVERTIDO CON POSTERIORIDAD AL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, NO INFRINGE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 19 CONSTITUCIONAL. MINISTERIO PUBLICO, CUANDO CON POSTERIORIDAD AL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, ADVIERTE UN DIVERSO DELITO, TIENE EL DEBER DE INCOAR OTRA AVERIGUACION EN LA QUE SE INVESTIGUE ESTE. MINISTERIO PUBLICO, LA FACULTAD QUE LE OTORGA EL ARTICULO 19 CONSTITUCIONAL PARA INICIAR OTRA AVERIGUACION POR DELITO ADVERTIDO DESPUES DEL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, GARANTIZA LA DEFENSA DEL INCULPADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/93. · Registro digital (IUS): 3289
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, , Pág. 98.

CONTRADICCION DE TESIS 13/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito al resolver el cinco de marzo de mil novecientos noventa y tres el juicio de amparo en revisión 285/92 interpuesto por Carlos José Palacio Valencia sostuvo en lo conducente lo que en seguida se anota:

"TERCERO. Suplidos en sus deficiencias, en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, es fundado el agravio relativo a que la causa penal de la que deriva el acto reclamado, motivo del amparo de que se trata, corresponde a los mismos hechos, respecto de los que el agente del Ministerio Público ya había ejercitado acción penal desde el veinte de julio de mil novecientos noventa y dado lugar al primigenio proceso penal 92/90, suficiente para otorgar la protección federal.

"El quejoso al rendir su declaración preparatoria en el proceso 36/92, manifestó que el ocho de abril del año pasado, se presentó en las celdas de la penitenciaría del Estado, un agente del Ministerio Público Federal, para pedir su colaboración sobre una investigación que se realizaba respecto del diverso proceso 92/90, instruido en su contra y de sus coacusados, por el delito de fraude y encubrimiento, esto con motivo de diversas declaraciones que había hecho a la prensa con Roberto Miranda Montoya, en relación a la forma en que se efectuaban actividades para `lavar dólares'".

"La responsable al decretar el auto de formal prisión contra el quejoso y el coacusado mencionado, manifestó que el segundo ejercicio de la acción penal por parte del representante social no era violatoria de garantías, en tanto que las nuevas investigaciones obedecieron a las declaraciones hechas ante la prensa y, que por esa razón, al examinar los elementos de convicción existentes en el proceso 92/90, encontró que era probada la comisión de un delito fiscal con motivo de los mismos hechos, además, porque su actuación reviste el carácter de legalidad que le confiere el artículo 19, constitucional.

"El juez de amparo al examinar el concepto de violación relativo a lo anterior, manifiesta que en sus alegatos, el quejoso no combate los fundamentos y motivaciones expuestos en ese punto, ni advierte deficiencia de la queja que suplir, por lo que comparte el criterio que en ese punto sostiene la autoridad judicial responsable.

"Es importante destacar, en primer término que resulta innecesario, como lo hizo el juez de amparo, decir que el quejoso no combatió los fundamentos y motivos en que se apoyó el acto reclamado, y luego tratar de suplir deficiencia, en tanto que no debe olvidarse que se trata de materia penal y que su condición de procesado lo exime de esa obligación existente en materias tales como civil, administrativa, etcétera, precisamente por el principio de suplencia deficiente en la defensa.

"Ahora bien, analizado el punto aludido, se advierte que resulta inconstitucional el acto reclamado, toda vez que si bien es verdad que se practicaron nuevas y diversas diligencias a las existentes en el primer proceso, con motivo de las declaraciones dadas por los acusados a la prensa, también es cierto que los hechos por los que inicialmente se ejercitó acción penal y fueron consignados ante el juez de la causa, son los mismos, esto es, que ya tenía conocimiento de ellos el representante social desde el diecisiete de julio de mil novecientos noventa, cuando el apoderado general de Casa de Cambio Multidivisas, sociedad anónima de capital variable, presentó ante la Procuraduría General de la República, denuncia de hechos, por estimar que había sido perjudicada en su patrimonio, y desde entonces, se vio involucrado en aquella investigación el quejoso, puesto que con motivo de su presunta participación en esa ocasión, está detenido en la penitenciaría del Estado y le es seguido el proceso por los delitos de fraude y encubrimiento.

"Así es, después de la denuncia presentada por la casa de cambio, se practicaron investigaciones en las que se puso de manifiesto que Christian Van Den Eynde, en compañía de Alberto Cruz, se presentaron en Casa de Cambio Multidivisas, sociedad anónima de capital variable, con domicilio en esta ciudad, con un documento que denominaron cheque, número 541046, expedido en favor de Multibanco Mercantil de México, por Barnett Bank of South Florida, N.A., por la cantidad de $ 3'000,000.00 (tres millones de dólares de Norteamérica), para ser cambiado por efectivo en esa moneda. La persona moral aludida dijo consintió la operación bajo engaños, por lo que tramitó dos órdenes de pago por un total de 3,000'517,314.00 (tres mil millones quinientos diecisiete mil trescientos catorce pesos 00/100 M.N.), a Banamex, sucursal 690, ubicada en la ciudad de México, Distrito Federal, para ser abonados a las cuentas de cheques maestras números 511927-1 y 510117-8 cuyos titulares, respectivamente, son el quejoso y su esposa Julieta Illingworth de Palacio, y por último, el resto fue entregado a Christian Van Den Eynde.

"Al rendir informe los agentes de la Policía Judicial Federal, en razón de la anterior denuncia, expresan que con motivo de las órdenes de pago, para abonarse a la cuenta del quejoso y de su esposa, indagaron que los cuentahabientes y otras personas estaban tratando de retirar el dinero para cambiarlo a dólares, en las oficinas centrales de Banamex y que fue en ese lugar donde detuvieron al quejoso y a otras personas, recogiendo el numerario, esto al momento que pretendían hacer el cambio de moneda, declarando ante sus aprehensores, su coacusado Miranda Montoya, que fue contratado por los familiares de una persona secuestrada en Colombia, para tramitar su liberación, por lo que se trasladó a este país para entregar a los secuestradores un millón de dólares, así que consiguió cuentas de cheques, que correspondieron al quejoso y a su esposa, para que en ellas le fuera depositada la cantidad, a fin de que se cambiara el millón de dólares (fojas de la 117 a la 121), dando igual versión el ahora recurrente.

"Puestos a disposición del Ministerio Público los detenidos, se hicieron las investigaciones conducentes y finalmente, el veinte de julio de mil novecientos noventa, ejercita acción penal contra el quejoso y sus coacusados, por los delitos de fraude y encubrimiento, refiriendo en el acta respectiva que el primero y su esposa aceptaron, a través de sus cuentas de inversión, se transfiriera la cantidad correspondiente a un millón de dólares, independientemente de la diversa cantidad que serviría para cubrir su participación en los hechos, dinero que procedía del fraude perpetrado contra Casa de Cambio Multidivisas, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 248 a 261).

"Relacionadas las consideraciones expuestas, se pone de manifiesto que desde el diecisiete de julio de mil novecientos noventa, cuando se presentó la denuncia del apoderado de la citada casa de cambio, durante la indagatoria de la misma y como se expresa en el acta de consignación, la representación social se impuso de que, un grupo de personas presentaron para su cambio un cheque procedente del extranjero, el que resultó falso y no obstante, parte de la cantidad que amparaba, fue transferida a las cuentas de cheques del quejoso y de su esposa, además de que el primero de éstos retiró parte del depósito y fue detenido al momento de tratar de cambiar esa cantidad por dólares.

"Lo anterior, relacionado a que se inició una segunda averiguación contra el quejoso y Miranda Montoya, por haber declarado ante la prensa, la forma como hicieron las transacciones de una casa de cambio a una institución de crédito, y que estimó el representante social resultó dinero de una actividad delictuosa, por lo que ejercitó nueva acción penal, por el delito previsto en el artículo 115 bis, incisos b) y c), pues al ser consignados de nueva cuenta esos hechos, de acuerdo al acto reclamado, el quejoso es presunto responsable porque se verificaron diversas operaciones financieras en casas de cambio y en la institución Banamex, que se dice tuvieron inicio con el producto de una actividad ilícita, como fue el fraude cometido contra Casa de Cambio Multidivisas, Sociedad Anónima de Capital Variable, operaciones tales como depósitos en las cuentas de cheques del quejoso y su esposa, ya que acordaron conjuntamente la compra de un millón de dólares con la finalidad de ocultar o disfrazar el destino y origen de ese numerario.

"Pues bien, la comparación entre los hechos objeto de la averiguación 3286/90, del mes de julio de mil novecientos noventa, y la diversa 230/92, de siete de abril del año pasado, revela que se trata de los mismos hechos y esta circunstancia impide al Ministerio Público que inicie una nueva indagatoria, si ya tuvo conocimiento de hechos delictuosos que investigó, e incluso, consignó ante el Juzgado Segundo de Distrito (que también conoce del segundo proceso), puesto que no se trata de hechos diferentes, para que pueda actualizarse el supuesto del artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene las consideraciones en que se apoyó la responsable para declarar procedente el nuevo ejercicio de la acción penal.

"Por consiguiente, si desde la primera averiguación, el agente del Ministerio Público se dio cuenta de la participación del quejoso en los hechos que resultaron criminosos, y respecto de los que sólo se dictó auto de formal prisión por el delito de fraude y encubrimiento, se advierte que desde entonces, tuvo conocimiento de que su actividad también consistió en realizar y permitir operaciones en su cuenta de cheques y de otra persona, que ahora en el acto reclamado se califican como financieras, consistentes en depósito, transferencia y cambio de moneda, con el fin de ocultar o disfrazar el origen y destino del dinero que provenía de la actividad ilícita, así que es indudable que desde aquella ocasión pudo haber ejercitado acción penal y por los presentes delitos, de carácter fiscal y de asociación delictuosa, pues ya tenía conocimiento de los hechos que los tipificaban.

"Lo anterior así se estima porque como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el agente del Ministerio Público al momento de conocer posibles hechos delictuosos, realiza las investigaciones conducentes y ejercita acción penal, consignando hechos, pero es el juzgador a quien corresponde determinar el o los delitos, por los que habrá de seguirse el proceso, dejando el representante social su calidad de autoridad investigadora, para luego ser parte en el proceso, y las pruebas que podrá recabar, serán precisamente ante su cambio de investidura dentro del proceso, mas no fuera de éste, al punto de iniciar otra averiguación respecto de los mismos hechos y culminar con la acusación que haga en ese proceso, pero se insiste, respecto de los mismos hechos.

"Ahora bien, permitir que el representante social, una vez que ha consignado los hechos, inicie una averiguación respecto de los mismos, y recabe consecuentemente las mismas constancias probatorias a las que finalmente se les da eficacia para emitir una formal prisión por otros delitos, sería tanto como consentir una dualidad de personalidad, es decir, que actúe como autoridad y como parte, violando con ello el principio de igualdad que impera en todo juicio, amén de que se transgrede en forma flagrante la garantía de seguridad jurídica que precisamente contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo párrafo, y a su vez, admitir que se sigan a la par dos procesos en los que sentenciará por separado al acusado, a pesar de que se trata de los mismos hechos, situación que ha preocupado al legislador, tan es así, que el artículo 473 del Código Federal de Procedimientos Penales, prevé la acumulación de procesos que se sigan contra una misma persona, en términos del artículo 18 de ese ordenamiento legal, el que establece tanto el concurso ideal y real, precisamente, para evitar sentencias contradictorias y dobles sanciones, esto siempre en beneficio del reo, además de que se transgredería la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional, por darle crédito jurídico a pruebas que no lo posean, para el fin de la prisión preventiva. Así pues, se advierte que si está permitida la acumulación y el concurso que indiscutiblemente beneficia al acusado en la sanción, menos aún se consentiría un doble proceso por los mismos hechos que ya fueron consignados y respecto de los que se está siguiendo una causa.

"Lo anterior así se estima, porque si bien es cierto que con la consignación se inicia el ejercicio de la acción penal y en esa etapa concluyen sus facultades constitucionales, como autoridad empero, aunque sigue teniendo la titularidad de la acción penal ya que ésta concluirá en la acusación, en el acto mismo de la consignación deja de ser autoridad para ser parte en el proceso, y desde ese momento, su actuación está dirigida por el órgano jurisdiccional, así que está impedido para recabar nuevas declaraciones y menos aun, iniciar una nueva averiguación como hizo el representante social en la especie, puesto que todas las actuaciones que practique inobservando las formalidades anteriores, tienen el carácter de nulas.

"Por lo tanto, si la representación social advirtió ya iniciada la secuela de aquel procedimiento, que aparecía un diverso delito del que se estaba siguiendo, lo correcto era ampliar el ejercicio de la acción penal, pero dentro del mismo proceso, solicitando ante el juez de la causa la orden de aprehensión, respecto de los mismos hechos y por el diverso delito del que se estaba siguiendo, poniéndolo a disposición del juez del proceso para lo que en ley corresponda y se cumpliera la garantía de seguridad jurídica aludida, pues es imperativo constitucional, que el acusado tenga pleno conocimiento de los hechos que se le imputan y los elementos que se tomen en cuenta para tenerlo o no como presunto responsable del nuevo delito por el que se acusa. Por consiguiente, cabe concluir que la actuación del Ministerio Público, al abrir una nueva averiguación respecto de los mismos hechos, viola las garantías del quejoso.

"Son aplicables la tesis publicada en el Volumen 145-150, Segunda Parte, páginas 110 y 111, Séptima Epoca, además la diversa que aparece en la página 3954, Tomo LXXXIII, que respectivamente dicen: `MINISTERIO PUBLICO, TESTIMONIOS ANTE LA POLICIA JUDICIAL POSTERIORES A LA CONSIGNACION DEL. Sabido es que la consignación representa el inicio del ejercicio de la acción penal, de acuerdo con las facultades exclusivas que le concede al Ministerio Público el artículo 21 de la Carta Magna. Entre los efectos más importantes de dicho acto, se encuentra el de que hasta ese momento conserva su carácter de autoridad en la persecución de los delitos y se convierte en parte. Si bien con la consignación no concluyen las funciones constitucionales que le competen al Ministerio Público y sigue siendo titular de la acción penal, sin embargo, su actividad, como parte en el proceso, deja de ser autoritaria y las actuaciones que le corresponden deben ser encauzadas a través del órgano jurisdiccional, y es ante y bajo el control de éste, donde debe aquél desahogar los elementos de convicción tendientes a robustecer la acción penal. Bajo este presupuesto, una vez hecha la consignación, le está vedado al Ministerio Público recibir declaraciones respecto de los hechos que fueron materia de aquélla, y la forma correcta de allegarlas al procedimiento es ofreciendo la prueba testimonial correspondiente al juzgador. Aun en el caso de que el declarante llegue a ser procesado, efectuada la consignación, su comparecencia debe obtenerse a través de la orden de aprehensión que solicite el Ministerio Público, pero lograda que sea no le es permisible declararlo, sino que inmediatamente debe proceder a ponerlo a disposición del juez y será en su preparatoria donde depondrá en relación a los hechos que se le atribuyen. De manera que si alguno de los testigos que sirvieron de base para deducir la responsabilidad penal del inculpado en el delito que se le imputa, fueron declarados por elementos de la Policía Judicial, posteriormente a la consignación, habiendo sido detenidos sin que existiera orden de aprehensión, las declaraciones de aquéllos, ante órgano distinto de su jurisdicción, son legalmente nulas' y `ACCION PENAL, AMPLIACION DE LA. Lo que el párrafo segundo del artículo 19 constitucional exige es únicamente que si, en la secuela de un proceso, apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, o que se ha cometido otro delito que no fue señalado en el auto de formal prisión, se dicte nuevo auto de formal prisión en que se señale el delito realmente cometido o el nuevo delito que aparezca haberse cometido además del ya indicado en el primer auto de prisión preventiva; o, lo que es lo mismo, que sobre todo delito que se impute el acusado, haya una resolución expresa que declare su presunta responsabilidad, porque lo que se persigue, es que el procesado tenga conocimiento exacto de cuáles son los hechos delictuosos que se le imputan, y cuáles fueron los elementos que se tuvieron en cuenta para presumirlo responsable de ese hecho, a fin de poder normar su defensa, respondiendo a los cargos que se le hacen con las comprobaciones y argumentaciones procedentes; pero suponer que el precepto constitucional que se viene estudiando exija precisamente que la nueva acusación del Ministerio Público deba ser forzosamente presentada en expediente separado y no en el mismo proceso en que se dictó el auto de formal prisión, a pesar de que el estado de ese proceso permita que se dicte nuevo auto de prisión preventiva, como base ampliada del procedimiento criminal que se sigue, sin dañar o entorpecer la tramitación del juicio, es suponer que un precepto constitucional se ocupe de un simple detalle de tramitación de expediente, lo que resultaría absurdo, porque el mismo artículo previene que si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá aquél ser objeto de acusación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente; de lo que resultaría que, de seguirse la teoría mencionada, habría que formar nuevo expediente con el nuevo auto de formal prisión, para inmediatamente formado, procedimiento absurdo, por no tener objeto práctico alguno y ser grandemente perjudicial a la pronta administración de justicia, por la dilación que suponen los trámites relativos a esa acumulación.'

"Consecuentemente, cabe concluir que el acto combatido viola las garantías de legalidad, exacta aplicación de la ley y seguridad jurídica, por lo que, al no observarlo así el juez de Distrito, transgrede los artículos 76, 77 y 78, de la Ley de Amparo, lo que convierte en ilegal su resolución y amerita que se revoque y en su lugar se conceda la Protección Constitucional.

"Destacado lo anterior, cabe decir que resulta innecesario el examen del resto de los agravios, pues el anterior es suficiente para conceder el amparo solicitado".

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en el considerando tercero de la ejecutoria mayoritaria pronunciada el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y tres, en el juicio de amparo en revisión 286/92 donde Roberto Miranda Montoya figuró como quejoso recurrente, para negarle al disconforme la protección constitucional solicitada, sostuvo las siguientes consideraciones:

"TERCERO. Son infundados los agravios que se hacen valer, como se verá a continuación.

"El juez de Distrito considera que el acto reclamado, consistente en el auto de formal prisión decretado al quejoso Roberto Miranda Montoya (y otro), como presunto responsable en la comisión del delito previsto en el artículo 115-bis, fracción I, incisos b) y c) del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 95 del mismo ordenamiento, además del diverso ilícito de asociación delictuosa contemplado en el artículo 164 del Código Penal Federal, relacionado con el 13 del propio ordenamiento, no infringe el artículo 19 constitucional, porque está demostrado en autos que, probablemente, Miranda Montoya recibió de Carlos José Palacio Valencia la suma de un millón de dólares de una cuenta perteneciente a este último en la sucursal Banamex, ubicada en la calle Isabel la Católica, en el centro del Distrito Federal, misma cantidad que se iba a pagar por el rescate de un colombiano secuestrado, suma que en mayor cantidad se abonó a la cuenta de Palacio Valencia, proveniente del cheque número 541046 que Christian Van Dan Eynde compró en la casa de cambio Multidivisas, por la cantidad de tres millones de dólares, a cargo de Barnett Bank of South Florida, N.A., cheque que resultó falso; que de la declaración preparatoria del inculpado, precisa el juez federal, se desprende su reconocimiento en el sentido de que pensaba retribuir a Palacio Valencia por sus servicios, consistentes en que le facilitara su cuenta para transferir la suma de un millón de dólares, que se pedía por el rescate del colombiano plagiado, admitiendo también que al ser detenido, le fue mostrado el cheque original por la cantidad de mil ciento veintiún millones setecientos treinta mil pesos; reconocimiento que aparece corroborado con la versión del coacusado Carlos José Palacio Valencia, quien admite que se efectuó la transferencia en su cuenta y la de su esposa, y ello demuestra que el quejoso, acompañado de Palacio Valencia, recibió la suma de un millón de dólares proveniente en mayor cantidad de un cheque comprado en esta capital a cargo de un Banco extranjero, el cual fue devuelto por resultar falso, según dictamen del contador público Gilberto Nava Bautista; todo lo cual revela que, según el juez de Distrito, el dinero obtenido por el quejoso y coacusado, fueron producto de una actividad ilícita, pues inclusive, el impetrante proporcionó datos relacionados con su contacto en Colombia; que en cuanto se refiere al delito de asociación delictuosa, el auto de formal procesamiento tampoco resulta violatorio de garantías, y que de los autos se deriva el dato de que en la comisión de los hechos intervinieron tres o más personas, por lo que negó al quejoso el amparo solicitado.

"En el primero de los agravios se aduce que el juez de Distrito no estudió la deficiente aplicación que del artículo 19 constitucional realizó la autoridad responsable, ya que de las constancias de autos se desprende que se sometieron a un segundo juicio los mismos hechos que son materia de estudio en otro proceso, que se ventila con el número 92/90, por el delito de fraude, lo que en opinión del ahora recurrente, infringe el contenido de la segunda parte del precepto constitucional mencionado.

"El agravio planteado es infundado, porque aun asumiendo que el juez de Distrito no tomó en consideración la posibilidad de que el acto reclamado infringiera garantías individuales, por las razones que ahora se esgrimen; ello seguramente obedeció a las circunstancias de que, por una parte, la situación que hoy se alega, no formó parte de la litis constitucional, al no plantearse en los conceptos de violación, y porque fundamentalmente, en su fuero interno consideró que no se da la infracción que en esta instancia se alega, pues categóricamente establece que, en el caso sometido a su conocimiento, se reúnen los requisitos previstos en el precepto constitucional aludido, y en opinión de este Tribunal Colegiado, le asiste razón al juez federal, por lo siguiente:

"El primero y segundo párrafos del artículo 19 constitucional, prevén lo siguiente: `Ninguna detención podra exceder del término de tres días, sin que se justifique con un auto de formal prisión, en el que se expresarán el delito que se impute al acusado; los elementos que constituyen aquél, lugar, tiempo y circunstancia de ejecución, y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado. La infracción de esta disposición hace responsable a la autoridad que ordene la detención o la consienta, y a los agentes, ministros, alcaides o carceleros que la ejecuten... Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de acusación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente...'

"En autos aparece acreditado, efectivamente, que el Ministerio Público, mediante oficio del veinte de julio de mil novecientos noventa, consignó la averiguación previa que instruyó en contra de Roberto Miranda Montoya y otros, por el delito de fraude (fojacincuenta y uno), de la que correspondió conocer inicialmente al juez Séptimo de Distrito en el Distrito Federal en Materia Penal (foja trescientos nueve), el que tomó al acusado su declaración preparatoria (fojas de la trescientos dieciséis a la trescientos veintiuno), y le dictó auto de formal prisión el veinticinco de julio de mil novecientos noventa (fojas de la trescientos treinta y siete a la trescientos sesenta y ocho), declarándose legalmente incompetente para seguir conociendo de la causa mediante resolución del veintisiete de julio del mismo año, ordenando remitir el expediente al juez de Distrito en turno en esta entidad (foja trescientos noventa), correspondiendo su conocimiento al juez Segundo de Distrito en el Estado, el que mediante determinación del ocho de octubre de mil novecientos noventa, admitió la competencia (fojas de la cuatrocientos noventa y tres a la cuatrocientos noventa y siete), continuando la secuela del proceso hasta la conclusión del período de instrucción. También se advierte de autos que, a la altura de esa etapa procesal, el Ministerio Público instruyó diversa averiguación, por el delito previsto y sancionado por los artículos 115-bis, fracción I incisos b) y c), en relación con el 95, ambos del Código Fiscal de la Federación, además del ilícito de asociación delictuosa contemplado en el artículo 164 del Código Penal Federal, relacionado con el 13 del propio ordenamiento, en contra de Roberto Miranda Montoya y otros; averiguación que radicó el juez Segundo de Distrito en el Estado mediante acuerdo del veinte de abril de mil novecientos noventa y dos (fojas mil quinientos cuarenta y siete y mil quinientos cuarenta y ocho), formando nuevo expediente con el número de registro en su índice 36/92, y tomando declaración preparatoria al acusado el doce de junio de mil novecientos noventa y dos (fojas de la mil seiscientos cincuenta y nueve a la mil seiscientos setenta y cuatro), habiéndose pronunciado auto de formal prisión, por los delitos imputados, el dieciocho de junio del mismo año.

"Sin embargo, contrario a lo alegado por la parte recurrente, la sola particularidad de que el Ministerio Público, con base en un conjunto de hechos de diversa índole, entre los cuales se encontraban los que dieron origen a la averiguación y posterior ejercicio de la acción penal por el delito de fraude, haya luego instaurado y consignado una diversa averiguación por distintos ilícitos, que ahora son materia del auto de formal procesamiento impugnado, no implica la infracción de contenido de la segunda parte del artículo 19 constitucional, en primer lugar, porque de acuerdo con su interpretación literal, este precepto de la Carta Magna garantiza únicamente que, abierto un proceso por el delito o delitos que señala el auto de bien preso, el juzgador deberá mantener inalterable la naturaleza del imputado, y no podrá condenar por otro distinto, con el objeto de que el inculpado pueda, en relación con el mismo, producir sus defensas, las cuales, de otro modo, serían nugatorias; de manera que si durante la secuela del procedimiento apareciere otro delito no señalado en el auto de formal prisión, deberá ser objeto de acusación separada, sin perjuicio de ser el proceso acumulado al primero, si fuere conducente. Pero el artículo 19 constitucional no hace referencia a hechos, sino a delitos, por lo que basta que se trate de delitos distintos; pero aun aceptando que para los efectos del caso no deba sólo tomarse en cuenta el término delito, sino los hechos que lo constituyen, cabe decir que en la especie no se trata de los mismos hechos, pues son distintos los que configuran el delito de fraude, de los que integran tanto el ilícito previsto en el Código Fiscal como el de asociación delictuosa, aun cuando los hechos materia del primer auto de formal prisión y los del segundo forman parte de un conjunto de hechos genéricos y complejos, pues es evidente que la totalidad de los hechos en cada proceso, sólo deben tomarse en cuenta los que integran cada infracción, los cuales en el caso son distintos, además de que tampoco se está en la hipótesis de que los delitos de cada uno de los autos de formal prisión puedan absorberse entre sí ni se trata sólo de una distinta denominación o catalogación, sino que pueden coexistir y, por lo tanto, el fraude por un lado y el delito previsto en el Código Fiscal y la asociación delictuosa por el otro, pueden ser materia de distintos procesos, según los términos del artículo 19 constitucional, segundo párrafo, sin perjuicio de su posterior acumulación, pues se trata de distintos hechos, aun cuando todos estén envueltos en un conjunto de hechos genéricos y complejos. Es aplicable el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: `Cuando no se está en presencia de un solo hecho que pueda designarse o catalogarse bajo distinta denominación o clasificación jurídica, sino de hechos complejos que admiten la realización simultánea y conjunta de diversos delitos, si el Ministerio Público no abarca desde el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3289-44dd7552/ministerio-publico-al-incoar-otra-averiguacion-por-delito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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