DILIGENCIA DE NOTIFICACION. LA FALTA DE CERCIORAMIENTO DEL DOMICILIO EN LA. RESULTA VIOLATORIO DE GARANTIAS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON).
CONTRADICCION DE TESIS 29/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Las consideraciones que tomó en cuenta el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito al resolver el amparo directo número 345/93 son del tenor literal siguiente:
AMPARO DIRECTO CIVIL: 345/93
QUEJOSO: JOSE GUADALUPE MURILLO CARDONA Y MARTHA PATRICIA MEDINA JACOBO DE MURILLO.
AUTORIDADES RESPONSABLES: Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.
ACTO RECLAMADO: Sentencia pronunciada por dicha autoridad el quince de enero de mil novecientos noventa y tres en el toca 323/92 relacionado con el expediente 2084/91 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el apoderado de Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito en contra de los quejosos.
CONSIDERANDO:
"CUARTO. Los conceptos de violación son parcialmente fundados mas inoperantes, en la medida de las consideraciones siguientes:
"Por cuestión de método, en primer término, se estudia la violación procesal de que se duele José Guadalupe Murillo Cardona, misma que resulta infundada. En efecto, él la hace consistir en su indebido emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 2084/91, promovido en su contra y de la también quejosa Martha Patricia Medina Jacobo de Murillo, por parte del licenciado Carlos Villarreal Alvarez, apoderado general para pleitos y cobranzas de Bancomer, Sociedad Anónima, según éste, porque el fedatario encargado de tal diligencia no se cercioró mediante razón pormenorizada que el mismo viviera en el domicilio ubicado en la calle Huizache 249 del Fraccionamiento Santo Domingo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, sin embargo, contrariamente a su opinión y como atinadamente lo advirtió el magistrado de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no es cierto que esa actuación se aparte de los requisitos previstos por el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente a la materia mercantil y esto es así, porque el párrafo segundo del numeral dice: `Si no se encontrare presente la persona interesada a la primera búsqueda, se le dejará citatorio para que espere en hora fija dentro de las horas hábiles del día siguiente después de que el notificador se cerciore, por el informe de dos vecinos, de que la persona de que se trata vive ciertamente en el lugar designado, de todo lo que tomará razón pormenorizada en los autos, suscribiéndola los vecinos, si quisieren y supieren hacerlo', luego, si el actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, se ajustó estrictamente a esa disposición, en tanto que, llegó al convencimiento de que el demandado vivía en el lugar donde actuaba, precisamente, por el dicho de dos vecinos que se negaron a dar sus nombres y que no encontrándolo presente procedió a dejar cita de espera para hora fija dentro de las horas hábiles del día siguiente, entendiendo el emplazamiento con su esposa, o sea, Martha Patricia Medina Jacobo de Murillo, en cuyo poder dejó un instructivo, que por cierto, cumple con los lineamientos que al efecto dispone el párrafo tercero del artículo en comento, pues contienen el nombre y apellido del promovente, el objeto y naturaleza de la promoción, el del juez o tribunal que manda practicar la diligencia, copia íntegra de la determinación que se manda notificar, la fecha y hora en que se expide el instructivo y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, a quien se le corrió traslado con la copia de la demanda y documentos anexos, en su conjunto reafirma lo correcto de la conclusión de la responsable cuando sostiene que el emplazamiento se ajustó a los cánones legales.
"Máxime, que la versión del fedatario encuentra eco en la circunstancia de que Murillo Cardona, en el inciso e) de la cláusula decimaoctava de la escritura pública 35,345 del veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho, pasada ante la fe del notario público 43 con ejercicio en esta ciudad capital, que contiene el contrato de crédito simple con garantía hipotecaria en primer lugar (base de la acción), convino expresamente con Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito, que en caso de que este último exigiera anticipadamente el pago de las obligaciones ahí contenidas, como así aconteció pues los acreditados dejaron de pagar lo convenido, el emplazamiento y demás notificaciones se haría en el inmueble hipotecado, aún más, en el que también dijo tener su casa habitación, que es precisamente el sitio donde se realizó el emplazamiento a estudio, por lo que el acta relativa es fiel reflejo de la realidad.
"No es óbice a lo anterior, el hecho de que el notificador no haya dado fe de la media filiación de la persona con quien entendió el emplazamiento ni de los vecinos que señala, pues al margen de que la primera resultó ser esposa y codemandada de José Guadalupe Murillo Cardona, que una vez más viene a reafirmar el raciocinio antes precisado, es conveniente destacar que se trata de la actuación de un funcionario investido de fe pública y consecuentemente, debe prevalecer su aseveración en el sentido de que entendió esa diligencia con una persona quien dijo llamarse Martha Patricia Medina Jacobo de Murillo y que en ese momento no se encontraba el demandado, sin olvidar que este órgano jurisdiccional federal, en las ejecutorias del diez de junio y quince de septiembre de mil novecientos noventa y dos, respectivamente, dictadas en los expedientes 120/92 y 446/92 sostuvo que la identificación de los vecinos no la exige el dispositivo legal en cita.
"En otro orden de ideas y no obstante que la parte quejosa esgrime que se trata de argumentos que ven al fondo del asunto que se encuentra alejado de la realidad pues abordan el tema relativo a la falta de conocimiento de su parte de los documentos base de la acción, en seguida se procede a su estudio de lo que resulta: Asevera que todo auto de exequendo debe contener la descripción detallada de los documentos base de la acción. Afirmación que carece de sustento jurídico, pues independientemente de que el fundamento legal que invoca, o sea, los artículos 1061, fracción III y 1396 del Código de Comercio, no prevén ello pues se refieren a los documentos que debe acompañar el actor a su demanda y el requerimiento que se debe efectuar al deudor, para que dentro del término de cinco días comparezca ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviera para ello, es importante puntualizar que, no exige tal requisito el artículo 1392 de esa codificación, ya que solamente dispone que presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda y costas.
"Una vez demostrado lo inexacto del argumento que se examina y en atención a que el fedatario asentó en el acta relativa a la diligencia de emplazamiento que corrió traslado a José Guadalupe Murillo Cardona `...por medio de la entrega de las copias simples del escrito inicial de demanda y demás anexos que hace referencia la parte actora...', como lo concluyó la responsable, es obvio que entre estos últimos se encontraban comprendidos el contrato de crédito simple en forma de apertura con garantía hipotecaria en primer lugar y la certificación contable que demuestra su incumplimiento, porque son los que el accionante refiere en su demanda y como consecuencia, no es dable sostener que los impetrantes desconocieran su contenido, precisamente, porque la razón de ello y no la que invocan (descripción detallada de los documentos base de la acción, en el auto de exequendo), es de que la parte demandada tenga oportuno conocimiento de esos documentos y por consiguiente, que esté en posibilidad de hacer valer las objeciones respectivas, que es lo que verdaderamente garantiza una adecuada defensa y de ahí lo importante que se corra el traslado de ley, tan es así, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 812 del Tomo XIX de la Quinta Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que se lee bajo la voz de `EMPLAZAMIENTO', ha dicho que si al hacerlo no se entregan al demandado los documentos y copias que la ley previene, el emplazamiento es ilegal.
"Así las cosas, como se precisó con antelación, es claro que el emplazamiento del quejoso se ajustó a los requisitos legales y la parte de la sentencia reclamada que se pronunció en tal sentido no viola garantía individual alguna.
"En seguida, se estudian los conceptos de violación que cuestionan al fondo del asunto, de lo que se concluye lo siguiente:
"Resulta parcialmente cierta la omisión argüida por los quejosos, puesto que, la responsable no estudió en su totalidad el agravio que hicieron consistir en que el juez Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, omitió el examen de la certificación contable exhibida en juicio y por ende que era inexistente, pues únicamente se concretó a sostener lo contrario, esto es, que sí existe y que las sumas ahí contenidas coinciden con las que son materia de la reclamación sin aludir a la cuestión total del argumento. Omisión que es irrelevante, pues teniendo a la vista esa documental se advierte que se trata de una certificación contable expedida a Eduardo Sánchez Silva, contador general facultado del Centro Regional Monterrey de Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito, en la que hace constar que el estado de cuenta del contrato de crédito simple en forma de apertura número 003-31-2-01731-2 celebrado el veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y ocho, por dicha institución crediticia con los señores José Guadalupe Murillo Cardona y Martha Patricia Medina Jacobo de Murillo hasta el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y uno, es el siguiente: capital insoluto no vencido (veintisiete millones doscientos sesenta y un mil diez pesos 00/100 M.N.), refinanciamiento dispuesto (cincuenta y seis millones trescientos cuarenta y dos mil novecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), diez erogaciones vencidas (tres millones cuatrocientos setenta y dos mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), prima de seguro vencida (cuatrocientos treinta y un mil dieciocho pesos 00/100 M.N.), intereses moratorios (cuatro millones seiscientos veintidós mil quinientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), total a pagar (noventa y dos millones ciento veintinueve mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) luego, si al tenor del párrafo segundo del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, la misma hace fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios y no habiéndose actualizado tal oposición, pues los quejosos no ofrecieron prueba alguna sobre el particular, aún más, tampoco objetaron oportunamente su contenido, es obvio que surte sus efectos plenamente y por ende, aunque fundado el concepto de violación debe declararse inoperante, ya que por los motivos apuntados ningún sentido práctico tendría conceder la Protección Federal solicitada.
"Además, si el actor allegó al juicio de origen la documental consistente en la escritura pública 35,345 del veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho, pasada ante la fe del notario público 43 con ejercicio en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, que contiene el contrato de crédito con garantía hipotecaria celebrado entre Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito, actualmente Sociedad Anónima y los quejosos, de cuyo texto se advierte que el primero concedió a los últimos un crédito hasta por la cantidad de ciento cincuenta y nueve millones quinientos noventa y seis mil diez pesos, como acertadamente lo razonó la responsable y en términos del primer párrafo del invocado artículo 68, adminiculada a la certificación contable, constituye un título ejecutivo que trae aparejada ejecución.
"Ahora bien, si el artículo 1194 del Código de Comercio, señala que el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones, y resulta que en la especie se satisface lo primero pues el actor intentó la acción con título ejecutivo que cumple con los requisitos legales y demostró su impago, la consecuencia legal y necesaria era la condena por las prestaciones exigidas, que correctamente se decretó por el total del adeudo y no sólo las erogaciones vencidas, como injustificadamente lo pretenden los quejosos, pues así lo acordaron las partes en el contrato base de la acción; siendo irrelevante si se denunció o no este último, pues al margen de que no existe acuerdo de voluntades sobre ello, no debe perderse de vista que la acción intentada es la de pago y no la de terminación del crédito.
"Respecto de las cantidades líquidas sobre las cuales se decretó la condena, es de señalarse lo siguiente: Esa cuestión fue motivo de controversia en la segunda instancia y sobre el particular la responsable sostuvo que no era el momento adecuado para hacerla valer de ahí que estimó inoperantes los agravios aducidos y si frente a esto los quejosos únicamente dicen que dicha condena es violatoria de garantías, es claro que para nada impugnan el argumento en que se apoyó la autoridad para fallar en la forma en que lo hizo y así, es de advertirse que tal concepto de violación es inoperante, porque por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra parte, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen fijos para seguir rigiendo la sentencia reclamada, sin que sea posible suplir la deficiencia de la queja pues se trata de un amparo en materia civil que es de estricto derecho.
"En tales condiciones y no habiéndose demostrado que la sentencia reclamada viola garantía individual alguna, procede negar la Protección Federal solicitada."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito para sustentar la tesis de jurisprudencia número nueve, con el rubro:
"DILIGENCIA DE NOTIFICACION. LA FALTA DE CERCIORAMIENTO DEL DOMICILIO EN LA. RESULTA VIOLATORIO DE GARANTIAS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON)", estableció las consideraciones cuyo tenor literal son las siguientes:
AMPARO DIRECTO CIVIL: 329/90.
QUEJOSO: MARCOS MAYA VILLAGOMEZ.
AUTORIDAD RESPONSABLE: Magistrado de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, juez Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial y actuario de su adscripción.
ACTO RECLAMADO: "...sentencia definitiva de fecha doce de junio de mil novecientos noventa dictada en el toca de apelación en definitiva 273/89..."
CONSIDERANDO:
"CUARTO. Es fundado el segundo concepto de violación y suficiente para otorgar el amparo, atento a las siguientes consideraciones.
"En el indicado apartado concretamente se adujo que la sentencia combatida es violatoria de las garantías individuales de legalidad y audiencia consagradas en el artículo 14 constitucional, por no haber sido emitida conforme a la ley y su interpretación, además de que se dictó en un procedimiento viciado en el que se incumplió con las formalidades de la citación a juicio, pues la diligencia de emplazamiento practicada por el actuario adscrito al juzgado del conocimiento no se ajustó a las disposiciones contenidas en los artículos 68, 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
"En efecto, el artículo 69 invocado establece: `La primera notificación a las partes, y salvo los casos determinados en la ley, deberá hacérseles personalmente en el domicilio designado al efecto, por el actuario, por el secretario o por el juez cuando actuare con testigos de asistencia, pudiendo en este caso autorizar a cualesquiera de los empleados. Si no se encontrare presente la persona interesada a la primera búsqueda, se le dejará citatorio para que espere en hora fija dentro de las horas hábiles del día siguiente, después de que el notificador se cerciore, por el informe de dos vecinos, de que la persona de que se trata, vive ciertamente en el lugar designado, de todo lo que tomará razón pormenorizada en los autos, suscribiéndola los vecinos si quisieren y supieren hacerlo. Si el interesado no estuviere presente en el lugar y hora fijados en el citatorio, la notificación se llevará a efecto por medio de un instructivo, en el que se hará constar el nombre y apellido del promovente, el objeto y naturaleza de la promoción, el del juez o tribunal que mande practicar la diligencia, copia íntegra de la determinación que se mande notificar, la fecha y hora en que se expida el instructivo y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. De las sentencias, en vez de copia íntegra, se insertarán sólo sus puntos resolutivos.'
"Al respecto, cabe precisar que la determinación de la responsable de conferirle validez plena a la citación al juicio de donde provino el acto reclamado, resulta incorrecta en razón de que la diligencia de emplazamiento efectuada el veintidós de octubre de mil novecientos ochenta y siete por el actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, incumplió con las formalidades exigidas por los numerales preindicados de la legislación procesal civil de esta entidad, dado que al constituirse el actuario notificador en el domicilio señalado como el de la parte codemandada, Marcos Maya Villagómez, sito en la finca número 823 Oriente de la calle Arteaga de esta ciudad, no se cercioró mediante razón pormenorizada de que el nombrado demandado viviera ciertamente en el lugar en donde se había constituido, pues el hecho de que en la diligencia de mérito se mencione `...En virtud de no encontrarse presente el demandado Marcos Maya Villagómez procedí a entender la diligencia con una persona que se negó a dar su nombre, y dijo que el domicilio del señor Marcos Maya Villagómez lo es en Arteaga 823 Oriente de esta ciudad, lo que confirmé con el dicho de los vecinos inmediatos quienes me informaron que el domicilio de Marcos Maya Villagómez es el ubicado en Arteaga 823 Oriente de esta ciudad...'; tales afirmaciones de manera alguna constituyen la razón pormenorizada requerida por el artículo 69 del ordenamiento legal en cita, sino por el contrario, evidencian el desacato al señalado numeral y convierten en irregular la diligencia de notificación del auto inicial del juicio de origen, al ser inconcuso que el funcionario notificador omitió precisar circunstancialmente cómo fue que llegó a la convicción de que en el domicilio donde se había constituido vivía el reclamante de amparo, pues incluso no se especificaron las características físicas de la persona con quien se entendió el irregular emplazamiento, ni la identidad de los supuestos vecinos, deficiencias que como ya se dijo, conducen a estimar defectuosa e ilegal la diligencia de citación a juicio, por no ajustarse a las normas que rigen el procedimiento y traer en consecuencia la imposibilidad del demandado de contestar las reclamaciones hechas en su contra, de oponer excepciones, de ofrecer pruebas y de alegar en el juicio, con la consiguiente transgresión a las garantías de legalidad y audiencia, motivo por el cual es procedente conceder la Protección Constitucional solicitada para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado con posterioridad al auto de radicación y mediante nueva diligencia de emplazamiento, en la que se observen los lineamientos preestablecidos en el varias veces citado Código Procesal Civil local, se siga el juicio por su trámite legal y en su oportunidad se resuelva lo conducente, siendo innecesario analizar los argumentos vertidos en el primer concepto de violación, en atención al otorgamiento del amparo.
"No obsta a la anterior conclusión lo considerado por el magistrado responsable en el sentido de que `...en ningún momento se le negó (al actuario) que el domicilio al que acudió correspondía ciertamente al señor Marcos Maya Villagómez, quien en ningún momento procesal ha promovido pruebas para desvirtuar la fe pública del actuario, aun en esta instancia, sin perjuicio de que no basta la afirmación de que se le emplazó en un domicilio distinto al suyo, sino además manifestar cuál era el que le correspondía y la comprobación de éste al momento del emplazamiento...' en virtud de que aun y cuando no se refutan tales aseveraciones por el peticionario de garantías, debe decirse que la inexistencia de la negativa no implica la certidumbre de que habla el numeral 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, esto es, que ciertamente viva el demandado en el lugar designado; por otra parte, la ausencia de pruebas y la falta de manifestación del domicilio correcto y su comprobación, no son motivo suficiente para justificar la legalidad del acta de emplazamiento, toda vez que el otorgamiento del amparo obedeció a vicios de origen en la diligencia de mérito, pues la norma es categórica y precisa, no requiere de interpretación al resaltar que es el actuario a quien corresponde la obligación de cerciorarse no simplemente que sea el domicilio del notificado, sino que ahí viva, so pena de nulidad de esa actuación; en ese orden, resulta irrelevante la existencia de pruebas que desvanecieran el dicho del actuario notificador y acreditaran la ubicación del domicilio del notificado en el momento del emplazamiento, y por ende, también deriva inaplicable la ejecutoria transcrita en el fallo reclamado.
"Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 76, 77, 78, 158, 190 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve:
"UNICO. Para el efecto precisado en el considerando cuarto de esta resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Marcos Maya Villagómez, respecto del acto que reclamó del magistrado de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, precisado en el resultando único de la presente ejecutoria."
RECURSO DE REVISION: 151/91
AMPARO INDIRECTO CIVIL: 845/91
QUEJOSO RECURRENTE: GILBERTO DE LA FUENTE RAMOS.
AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, actuario adscrito a dicho juzgado entre otros.
ACTO RECLAMADO: "...la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil número 586/90..."
CONSIDERANDO:
"QUINTO. Son fundados los conceptos de violación relacionados con la ilegalidad del emplazamiento, atento a las siguientes consideraciones:
"Concretamente se adujo, que en lo que respecta a las notificaciones en los procedimientos mercantiles resultan aplicables las disposiciones de los códigos procesales locales, en forma supletoria; en el caso la diligencia de citación a juicio practicada por la actuario adscrito al juzgado del conocimiento no se ajustó a las disposiciones contenidas en los artículos 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa.
"Al respecto, cabe precisar que el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil de donde provienen los actos reclamados, resulta incorrecto en razón de que la diligencia respectiva efectuada el veinte de febrero del año en curso por el actuario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, incumplió con las formalidades exigidas por los numerales 69 y 70 de la legislación procesal civil vigente en el Estado de Nuevo León, dado que al constituirse el actuario notificador en el domicilio señalado como el de la parte demandada, Gilberto de la Fuente Ramos, sito en Paseo de los Geranios número 5457, departamento 1, colonia del Paseo Residencial en esta ciudad, no se cercioró mediante razón pormenorizada de que el nombrado demandado viviera ciertamente en el lugar donde se había constituido, pues el hecho de que en la diligencia de mérito se diga `...al efecto, cerciorándome previamente por el dicho de dos vecinos del lugar, del sexo masculino, que viven en los departamentos contiguos tres y cuatro y encontrándome en el domicilio correcto requerí su presencia y no encontrándolo presente procedí a dejar cita de espera con una persona que dijo llamarse Judith González Díaz y que se encontraba de visita en dicho lugar...'; tales afirmaciones no constituyen la razón pormenorizada requerida por el artículo 69 del ordenamiento legal en cita, sino por el contrario evidencian el desacato al señalado dispositivo legal y convierte en irregular la diligencia de notificación del auto inicial del juicio de origen, al ser inconcuso que el funcionario notificador omitió precisar circunstancialmente cómo fue que llegó a la convicción de que en el domicilio donde se había constituido vivía el reclamante de amparo, pues incluso no se especificaron las característicasfísicas de los vecinos que supuestamente habitan en los departamentos contiguos al ocupado por el quejoso, ni la de la persona con quien se entendió el irregular emplazamiento, deficiencias que como ya se dijo, conducen a estimar defectuosa e ilegal la diligencia de citación a juicio por no ajustarse a las normas que rigen el procedimiento y traer en consecuencia la imposibilidad del demandado de contestar las reclamaciones hechas en su contra, de oponer excepciones, de ofrecer pruebas y de alegar en el juicio, con la consiguiente violación a las garantías de audiencia, motivo por el cual es procedente conceder la Protección Constitucional solicitada para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado con posterioridad al auto de exequendum y mediante nueva diligencia de emplazamiento, en la que se observen los lineamientos establecidos en el Código Procesal Civil de aplicación supletoria en materia mercantil, se siga el juicio por su trámite legal y en su oportunidad se resuelva lo conducente, siendo innecesario analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los demás actos reclamados, en atención al otorgamiento del amparo.
"Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se revuelve:
"PRIMERO. Se revoca la sentencia materia de la revisión.
"SEGUNDO. Para el efecto especificado en la parte final del considerando quinto de la presente resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a Gilberto de la Fuente Ramos respecto de los actos que reclamó del juez Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, actuario de su adscripción, director de Seguridad Pública del Estado, director de Seguridad Pública Municipal y director de Tránsito y Transporte, todos residentes en esta ciudad, actos precisados en el resultando único de esta ejecutoria."
RECURSO DE REVISION: 136/91
AMPARO INDIRECTO CIVIL: 469/91
QUEJOSO RECURRENTE: DAVID MARIN ALVARADO.
AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, como autoridad ordenadora y como autoridades ejecutoras: los actuarios adscritos a dicho juzgado entre otros.
ACTO RECLAMADO: "La autoridad señalada como ordenadora reclamó: Todas las actuaciones habidas dentro del expediente 1195/90, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por la licenciada Dalila Balderas Lara, en contra del suscrito, desde el ilegal emplazamiento hasta la sentencia definitiva..." "...el último acto dictado y que es el de fecha catorce de febrero de mil novecientos noventa y uno. Y además, la orden de embargo, del embargo mismo, la sentencia definitiva de ejecución de ésta, tendientes a rematar mi casa, en virtud de que no se me emplazó ni se me ha emplazado legalmente al juicio de referencia. De las autoridades señaladas como ejecutoras, reclamo: De los CC. actuarios adscritos al Juzgado Cuarto de lo Civil, el ilegal emplazamiento que aparece hecho al suscrito dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil..."
CONSIDERANDO:
"CUARTO. Por razón de método se estudiará el segundo agravio, el cual resulta fundado por las siguientes razones:
"Expresa el recurrente que la diligencia actuarial de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento es ineficaz porque no reúne las formalidades exigidas por la legislación local, sino la mercantil que no es aplicable al caso concreto.
"Es cierto lo que afirma el recurrente respecto a que en materia de notificaciones de los juicios ejecutivos mercantiles deben aplicarse las reglas del procedimiento local, de conformidad con la jurisprudencia consultable en la página 571, del Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, bajo la voz: `EMPLAZAMIENTOS EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DEL DERECHO COMUN', lo cual soslayó el juez de Distrito a quo. Lo anterior es así, pues el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil de donde provienen los actos reclamados, resulta incorrecto en razón de que la diligencia de fecha seis de julio de mil novecientos noventa, efectuada por el actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, incumplió con las formalidades exigidas por los numerales 69 y 70 de la legislación procesal civil vigente en el Estado de Nuevo León, dado que al constituirse el actuario notificador en el domicilio señalado como el de la parte demandada, DAVID MARIN ALVARADO, sito en Avenida Pablo A. de la Garza # 2311 `A' de la colonia Moderna en esta ciudad, no se cercioró mediante razón pormenorizada de que el nombrado demandado viviera ciertamente en el lugar donde se había constituido, pues el hecho de que en la diligencia de mérito se diga `...por lo que una vez constituida en dicho procedo a cerciorarme de la autenticidad del mismo por el dicho de dos vecinos los cuales se negaron a proporcionar sus nombres y de que efectivamente en el domicilio en que me encuentro constituida lo es del demandado, según el dicho de los vecinos del 2411 y 2305 de la misma acera, por lo que al no encontrarlo presente, procedo a d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3238-82171031/diligencia-de-notificacion-la-falta-de-cercioramiento-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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