COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PROCEDE EL DESCUENTO DE LA PENSION DE INVALIDEZ QUE OTORGA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL MONTO TOTAL DE LA PENSION DE JUBILACION QUE OTORGA AL TRABAJADOR, CUANDO ESTE NO OTORGA LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.
CONTRADICCION DE TESIS 29/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló un Magistrado de Circuito.
TERCERO. El criterio que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, se contiene en la resolución que emitió el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cinco, pronunciada en el juicio de amparo directo número 641/94, promovido por Salvador Castañeda Méndez y coagraviados, que señala en lo conducente:
"TERCERO. Son jurídicamente infundados e inoperantes los conceptos de violación formulados por los quejosos por conducto de su representante legal. En efecto, contrario a lo que afirman los inconformes, la autoridad responsable Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, estuvo en lo correcto al pronunciar el laudo reclamado de fecha 25 de agosto de 1994, mediante el cual absolvió a la parte demandada Comisión Federal de Electricidad de las prestaciones reclamadas al considerar que los actores no acreditaron los extremos de la acción deducida y, en cambio, la demandada sí probó las excepciones opuestas, lo anterior dentro de los autos del juicio laboral expediente número 155/93. A manera de antecedentes cabe citar en lo esencial, los siguientes: a) Por escrito presentado el 20 de mayo de 1993, ante la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, Salvador Castañeda Méndez, Gilberto Caro Balderas, Ubaldo Gómez Martínez, Gustavo Ríos Núñez, Juan Quintana Vega, Antonio Villarreal Favela, Orlando Estrada Pérez, Antonio Arcos Hernández y Amalio Espeleta Vera, demandaron de la Comisión Federal de Electricidad, la abstención de efectuar retenciones económicas a sus pensiones jubilatorias catorcenalmente en forma injustificada y por consecuencia la devolución de aquellas cantidades retenidas y las que se sigan acumulando hasta la total solución del conflicto. b) La demandada produjo en tiempo su contestación, negando la procedencia de las pretensiones de los actores, a virtud de que los descuentos a sus pensiones jubilatorias se apegan a derecho según lo estipula el artículo 29 de la Ley del Seguro Social, cláusula 58, apartado 3, del contrato colectivo de trabajo, que tiene celebrado la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, así como a virtud de la cláusula décima primera del convenio general de incorporación de fecha 28 de febrero 1979, celebrado por la comisión y el sindicato citados en unión del Instituto Mexicano del Seguro Social. c) La demandada también opuso la excepción de cosa juzgada que alcanza a SALVADOR CASTAÑEDA MENDEZ, UBALDO GOMEZ MARTINEZ, JUAN QUINTANA VEGA, ANTONIO VILLARREAL FAVELA, ORLANDO ESTRADA VEGA Y AMALIO ESPELETA VERA, toda vez, que en 10 de abril de 1991, reclamaron ante la propia Junta hoy responsable las mismas prestaciones, entre otras; demanda que dio origen al juicio laboral 104/91 al cual recayó laudo absolutorio de fecha 12 de diciembre de 1991, excepción que fue obsequiada por la Junta, inclusive, se constata que los referidos quejosos acudieron a la vía constitucional en contra del laudo de referencia, dando lugar a la formación del juicio de amparo directo número 84/92, radicado en este propio tribunal federal, el cual se tiene a la vista y del que se obtiene que, se emitió resolución definitiva con fecha 9 de abril de 1992, que negó el amparo y protección de la Justicia Federal. d) Seguidos los trámites de ley la Junta del conocimiento dictó el laudo de fecha 25 de agosto de 1994, en el cual absolvió a la Comisión Federal de Electricidad de las prestaciones reclamadas por los actores, constituyendo dicho fallo el objeto del estudio que se analiza a la luz de los conceptos de violación expresados por los actores hoy quejosos. Por cuestión de método procede preferentemente el análisis de lo que los quejosos consideran ilegal en cuanto que respecto de Salvador Castañeda Méndez, Ubaldo Gómez Martínez, Juan Quintana Vega, Antonio Villarreal Favela, Orlando Estrada Vega y Amalio Espeleta Vera, la Junta estableció en el fallo reclamado, operante la excepción de cosa juzgada por haber comparecido ante la propia potestad de la responsable a reclamar las mismas prestaciones que ahora también pretenden obtener de la propia demandada. Pues bien, del estudio de las constancias de autos se advierte que con fecha 1o. de abril de 1991, los quejosos mencionados con antelación comparecieron ante la Junta, hoy responsable, a reclamar de la Comisión Federal de Electricidad la anulación parcial del convenio de jubilación con el que terminó la relación laboral, específicamente la cláusula segunda del dictamen de conclusiones de la demandada, donde se estableció que dichos trabajadores entregarían a la empresa patronal los cheques y/o su equivalente en dinero que por concepto de pensión de invalidez les otorga y en la actualidad perciben del Instituto Mexicano del Seguro Social, reclamando la reintegración de las cantidades que por tal concepto son descontados por la demandada del monto que por pensión de jubilación reciben de la empresa patronal en el porcentaje que respectivamente les corresponde. Corroborándose tal circunstancia con las constancias que obran en el juicio de amparo directo número 84/92, que se tiene a la vista, cuyas generalidades quedaron precisadas en los antecedentes narrados con anterioridad. Por ende, sí es operante la excepción de cosa juzgada, opuesta por la demandada y obsequiada por la Junta respecto de los quejosos precisados con anterioridad. Cabe citar la jurisprudencia número 538 que aparece publicada en la página 922 del más reciente Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'COSA JUZGADA. EFICACIA DE LA. Para que la sentencia ejecutoria dictada en un juicio, surta efectos de cosa juzgada en diverso juicio, es necesario que haya resuelto el mismo fondo substancial controvertido nuevamente en el juicio donde se opone la excepción perentoria. Para ello es necesario que concurran identidad en las causas, en las cosas, en las personas y en las calidades con que éstas intervinieron.'- En otro orden de ideas, no asiste razón al resto de los quejosos, en cuanto alegan que la Junta para absolver a la demandada tomó como base la obligación que tienen de reembolsar a la Comisión Federal de Electricidad los porcentajes correspondientes de sus pensiones jubilatorias de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 29 y 128 de la Ley del Seguro Social, por ser de la misma naturaleza, las cláusulas 68 y 59 del contrato colectivo de trabajo en relación con el convenio general de incorporación, ya que, bajo esa perspectiva según los informes, se aparta de los principios de equidad y de humanidad, porque los descuentos que sufren sus pensiones jubilatorias merman su patrimonio familiar, mismos que la empresa puede recuperar por otros mecanismos los descuentos que sufren. Ahora bien, resultan infundados los motivos de inconformidad vertidos en ese sentido porque, como correctamente lo estableció la Junta responsable en el laudo reclamado, de las pruebas ofrecidas por la demandada consistentes en el contrato colectivo de trabajo de 1992, que contiene la cláusula 58, apartado tres; Convenio General de Incorporación, celebrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, representados los dos primeros organismos por su respectivo director general y, el último de los nombrados por su secretario general, de fecha 28 de febrero de 1979, en donde obra la cláusula décimo primera, se advierte que, la demandada se subrogó en las obligaciones que la institución de seguridad social tiene con respecto al pago de pensión de invalidez con los asegurados, sustitución de obligaciones que solamente operaría cuando los trabajadores dieran cumplimiento a lo establecido por el primer apartado de la referida cláusula 58 del contrato colectivo, es decir, una vez que entregaran a la demandada la documentación necesaria que en el caso les expida el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuestión esta última que no es ajena al conocimiento de los quejosos cuando en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y desahogo de pruebas, en vía de réplica, adujeron: 'Asimismo, los actores manifiestan que en cumplimiento a la cláusula 58 del contrato colectivo de referencia y como consecuencia de la jubilación de que han sido objeto, jamás se han negado a proporcionar a la empresa la documentación necesaria para que la misma recupere el monto de las pensiones de invalidez tal como lo establece la Ley del Seguro Social y al no mediar requerimiento alguno y menos así que se concrete qué tipo de documentación, nos encontramos los actores en una absoluta imposibilidad jurídica, de satisfacer tal disposición contractual.'- Por ello, con independencia de que no obre requerimiento de por medio, los actores están en aptitud legal de acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social a solicitar la documentación idónea a fin de cumplir con lo estatuido por la aludida cláusula 58. A mayor abundamiento, a foja 136 de autos obra la cláusula décimo primera del citado Convenio General de Incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social que literalmente dice: 'En los casos en que un trabajador hubiere reunido los requisitos necesarios para ser jubilado por parte de la Comisión, así como los requisitos de la ley para que el Instituto le otorgue pensión, sólo recibirá esta última, quedando la Comisión obligada a cubrir la diferencia existente entre ambas prestaciones, únicamente cuando la cuantía de la jubilación fuere superior a la pensión del Instituto.'- Asimismo, a foja 144 obra la cláusula 58 del contrato colectivo de trabajo que en el último párrafo expresa: 'Con motivo de la incorporación al IMSS operará en materia de sustitución de obligaciones las modalidades siguientes: 1. Cuando los trabajadores tengan derecho, de acuerdo con este contrato y la Ley del Seguro Social, la C.F.E., les pagará directa e íntegramente sus salarios y tendrá derecho a recuperar lo correspondiente a los subsidios, a cuyo efecto les expida dicho Instituto. ...3. Las prestaciones establecidas en la Ley del Seguro Social en favor de los trabajadores, en los casos de riesgos no profesionales, así como las pensiones de invalidez o vejez, sustituirán en la proporción respectiva a las correspondientes del contrato colectivo, cuando la coincidencia ocurra durante la vigencia de la relación de trabajo. Para facilitar el disfrute de las prestaciones económicas a los trabajadores, la C.F.E. cubrirá a éstos íntegramente el monto de las pensiones jubilatorias que les correspondan en los términos de este contrato, y en virtud de la sustitución de obligaciones tendrá derecho a recuperar del IMSS, en los casos de coincidencia del párrafo anterior, el importe de las pensiones de invalidez y vejez que establece la Ley del Seguro Social, para lo cual los trabajadores proporcionarán a la C.F.E., toda la documentación necesaria...'- Cuestión que se corrobora con el contenido de la cláusula segunda del dictamen de conclusiones emitido por la Comisión Federal de Electricidad con relación a cada uno de los trabajadores, expresamente dice: 'De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la cláusula 58 del Contrato Colectivo de Trabajo, la Comisión pagará íntegramente al jubilado el monto de la pensión jubilatoria y en virtud de la sustitución de obligaciones, tendrá derecho a recuperar del IMSS, el importe de la pensión de invalidez otorgada en los términos de la Ley del Seguro Social, para lo cual el jubilado proporcionará a la Comisión la documentación necesaria' (fojas 81, 93 y 114). De lo anterior se deduce que la Junta responsable estuvo en lo correcto al resolver como lo hizo, ya que de las disposiciones transcritas se advierte el soporte jurídico que autoriza legalmente el descuento que opera sobre determinado porcentaje del monto de la pensión jubilatoria que corresponde a cada uno de los impetrantes, descuento que no fue emitido arbitrariamente en forma unilateral por el organismo con la anuencia del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y con la intervención del Instituto Mexicano del Seguro Social, en observancia al Convenio General de Incorporación celebrado entre dichas entidades cuyos términos quedaron transcritos en este propio considerando. Por tanto, mientras los quejosos no den cumplimiento a las modalidades establecidas por la cláusula 58 del contrato colectivo de trabajo consistente en la entrega de la documentación que les expida el Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de que opere la sustitución de obligaciones de parte de la empresa demandada, ésta, conserva la facultad y, por ende, legalidad para rescatar del monto de la pensión jubilatoria por invalidez el porcentaje que le reclamaron. Por ello, la Junta responsable no viola los principios de equidad y humanidad a que se refieren los impetrantes en su libelo constitucional; amén de que, contrario a lo que aducen, no existe precepto legal alguno que los constriña a acudir personalmente a gestionar la obtención de la documentación a que se refiere la cláusula 58 del contrato colectivo. Finalmente, resulta inoperante lo aducido por los inconformes en cuanto que la responsable no valoró las pruebas documental e inspección ocular consistentes en recibos de pago donde se constata el descuento que alegan y la que se llevará a cabo en las oficinas de la demandada para acreditar el mismo fin, por la sencilla razón de que no los ofrecieron como prueba de su parte ni los exhibieron en el juicio laboral y, respecto de la prueba de inspección ocular, no se obtiene dato alguno que favorezca a los quejosos, en razón de que la propia demandada acepta, desde la contestación a la reclamación a ella formulada, que se descuenta cierto porcentaje a la pensión jubilatoria pero, con base en lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley del Seguro Social, cláusula 58 del contrato colectivo y en lo pactado en el Convenio General de Incorporación. Similar criterio ha sustentado este Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo número 84/92, promovido por Antonio Villarreal Favela y coagraviados contra actos que reclamaron de la Junta Especial Número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, aprobado por unanimidad de votos en sesión plenaria de fecha nueve de abril de mil novecientos noventa y dos."
CUARTO. Las resoluciones del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, son las que a continuación se transcriben:
1) Amparo directo número 126/91, promovido por la Comisión Federal de Electricidad, resuelto el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y uno.
En lo conducente se consideró lo siguiente:
"CUARTO. Los conceptos de violación son infundados. En efecto, por lo que hace al primero, el laudo combatido no transgrede en perjuicio de la empresa quejosa garantía constitucional alguna, habida cuenta que este Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito al resolver el juicio de amparo número 271/90, promovido por la propia Comisión Federal de Electricidad, por ejecutoria de fecha 8 de agosto de 1990, en lo que atañe al Fondo de Habitación y Servicios Sociales de los Trabajadores Electricistas, estimó que: '...debe considerarse como parte del salario del trabajador, y dado lo anterior, no obstante que el actor únicamente expresó en su demanda laboral la cantidad que supuestamente se le adeudaba por tal concepto debe decirse que en todo caso, le correspondía probar a la quejosa que no adeudaba tales prestaciones de acuerdo con lo establecido en la fracción XII del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, pues es ella quien tiene la obligación legal de conservar los elementos probatorios necesarios para ello, tales como recibos, nóminas, etc., y si ninguna probanza aporta, procede condenarla al pago de dicha reclamación como aconteció en el caso.'- De lo anterior, se sigue que habiendo reclamado en la especie los trabajadores Francisco Luna Hernández, Fidel Muñoz Macías, Martín Rodríguez Luna y Heliodoro Rodríguez Luna, ahora terceros perjudicados, el pago de la cantidad que resulte por concepto de fondo de habitación y servicios sociales, en los términos previstos por la cláusula 66 del contrato colectivo de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad; dicha prestación debe ser considerada como parte integrante del salario y, por tanto, al haberlo estimado así la responsable, no incurrió en violación alguna de garantías. Al condenar la responsable a la quejosa por el pago de Fondo de Habitación y Servicios Sociales, demandado por los ahora terceros perjudicados, no causa perjuicio alguno al Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, toda vez que como ha quedado anotado debe tomarse como verdad legal el que ese fondo, constituye una parte integrante del salario como así lo estableció este propio colegiado en la ejecutoria invocada, y en tales condiciones debe prevalecer sobre los argumentos de la peticionaria de garantías. La Junta responsable no causa perjuicio alguno a la quejosa al condenarla al pago, a los actores de las aportaciones que éstos realizaron al Fondo de Habitación y Servicios Sociales de los Trabajadores Electricistas, cuenta habida que basta que la cláusula 66 del contrato colectivo en comento regule dicho beneficio para los trabajadores y el derecho de éstos para obtenerlo como se desprende de su lectura. La responsable al considerar que la Comisión Federal de Electricidad acepta que existe un Reglamento de Fondo de Habitación y Servicios Sociales de los Trabajadores Electricistas no viola a la quejosa garantía de legalidad alguna, toda vez que esta conclusión llegó a analizar su contestación de demanda, así como lo establecido en el antepenúltimo párrafo de la cláusula 66 del contrato colectivo invocado que dice: 'El Fondo está constituido y su funcionamiento se ajustará a las disposiciones del reglamento que las partes convengan'; siendo inexacto que la empresa demandada adujera que el Reglamento en comento no llegó a emitirse, ya que lo que afirmó fue que era obsoleta su aplicación y en ningún momento negó la existencia del mismo; de aquí que tuvo por cierto que éste está anexo al contrato colectivo de 1970-1972, el cual fue ofrecido como prueba por los obreros quejosos, los que pidieron a la responsable se trajera a la vista el expediente 177/89, en el que obra este contrato. Como el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, no contempla la forma de cuantificar las devoluciones a los trabajadores de las cantidades relativas al Fondo de Habitación, se actualiza la hipótesis que contempla el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que la responsable al tomar en consideración el artículo 141 de la citada Ley, acató el primer precepto legal, esto es, tener en cuenta normas que regulen casos semejantes. Analizando el segundo motivo de inconformidad este tribunal considera que la responsable no conculca garantía alguna en perjuicio de la empresa quejosa al condenársele a que deje de condicionar a los actores del juicio principal de invalidez con la pensión que reciben por parte del IMSS a partir de la fecha en que fueron jubilados, toda vez que el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, dispone: 'Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.'- La cláusula 67 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, establece el derecho a la jubilación para los trabajadores que hayan laborado para dicha empresa, con la fijación de la correspondiente pensión en debida proporción a los años de servicios prestados; de donde se colige que, la prestación relativa a la pensión jubilatoria asignada, deriva de la negociación colectiva que aparece plasmada en el contrato de trabajo celebrado entre la empresa y el Sindicato aludidos. En la especie se observa también que con fecha 28 de febrero de 1979, celebró Convenio de Incorporación entre el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la empresa Comisión Federal de Electricidad, por el cual los trabajadores afiliados al primero quedaron incorporados bajo el régimen de seguridad social que otorga el Instituto mencionado; advirtiéndose por lo demás que, en la cláusula décima primera del aludido convenio se estipuló: 'En los casos en que un trabajador hubiere reunido los requisitos necesarios para ser jubilado por parte de la Comisión, así como los requisitos de ley para que el Instituto le otorgue pensión, sólo percibirá esta última, quedando la Comisión obligada a cubrir la diferencia existente entre ambas prestaciones, únicamente cuando la cuantía de la jubilación fuere superior a la pensión del Instituto.'- Por otra parte, el artículo 128 de la Ley del Seguro Social preceptúa, en qué casos y bajo qué condiciones, procede se decrete por el Instituto el estado de invalidez del asegurado; en tanto que el numeral 129 del citado ordenamiento establece el derecho a percibir una pensión definitiva por el concepto señalado, cuando se estime el estado de invalidez como de naturaleza permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis jurisprudencial número 23, visible en la página 24, correspondiente a la Cuarta Sala del Informe rendido por su presidente al concluir el año de 1986, ha sostenido: 'CONVENIOS ENTRE SINDICATO Y EMPRESA QUE ESTIPULEN RENUNCIA DE DERECHOS, INVALIDEZ DE LOS. Cualquier convenio, aun cuando lo celebre el Sindicato titular del contrato colectivo con la empresa, que tenga como objetivo la modificación de las condiciones de trabajo por imposibilidad de cumplirlas, no puede ser válido si en el mismo se estipulan condiciones inferiores a los derechos que la ley otorgue a los trabajadores.'- De este modo se estima conveniente señalar que este Tribunal Colegiado estima que, conforme al espíritu de la jurisprudencia antes transcrita y al texto del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, es nulo y por tanto no puede tener validez legal alguna, todo convenio celebrado entre el Sindicato titular del contrato colectivo de trabajo y la empresa aun cuando sea con la intervención de un organismo público descentralizado como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, en cuanto que en el mismo se estipula renuncia de los trabajadores a sus derechos o bien a toda prestación que se deriva de sus servicios prestados; y por tanto, si la pensión jubilatoria es una prestación de las que emanan del propio contrato colectivo en virtud de los años de servicio prestados, resulta inconcuso que debe tenerse como carente de toda validez la estipulación encaminada a que el trabajador jubilado no reciba íntegra la pensión que le corresponde, con independencia de diversas prestaciones que emanan de la ley, cualquiera que esta fuera. Ahora bien, en el caso los actores quejosos Fidel Muñoz Macías, Heliodoro Rodríguez Luna, Martín Rodríguez Luna y Francisco Velasco Hernández, reclaman de la empresa Comisión Federal de Electricidad, el pago íntegro de sus correspondientes pensiones mensuales jubilatorias, con sus incrementos, y por otra parte el del importe de los descuentos que sobre las mismas se les han aplicado, y la suspensión inmediata de tales descuentos, explicando que el monto de éstos asciende a la pensión mensual de invalidez otorgada a cada uno de ellos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En tanto que la empresa demandada, aceptando la realización de los referidos descuentos aduce como defensa que, los mismos se encuentran justificados conforme a lo estipulado en la cláusula 58 del contrato colectivo de trabajo respectivo, y en la cláusula décima primera del Convenio de Incorporación suscrito por el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, la propia Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social. En este orden de ideas cabe considerar que, las pensiones de jubilación e invalidez son de naturaleza jurídica diferente y tienen distinto origen. En efecto, en tanto que la jubilación es una prestación derivada de la negociación colectiva y plasmada en el contrato de trabajo respectivo, la pensiónpor invalidez es una prestación que se otorga por mandato del artículo 128 de la Ley del Seguro Social; y mientras la primera encuentra su justificación en el tiempo acumulado que el trabajador haya laborado para la empresa demandada, y viene a ser un reconocimiento a los servicios prestados durante el mínimo de años convenido en el pacto colectivo, la segunda es producto de la protección y seguridad social que consagran la Constitución General de la República en su artículo 123, apartado 'A', fracción XXIX, y la ley que la reglamenta, toda vez que se da tratándose de los estados de invalidez derivados de una enfermedad o accidentes no profesionales, o por defecto o agotamiento físico o mental que impidan el desempeño del trabajo según lo previene la fracción II del numeral invocado en primer término. Por lo anterior, se considera que al condenar la Junta responsable a la empresa Comisión Federal de Electricidad al pago íntegro de la pensión jubilatoria que corresponde a cada uno de los actores con sus respectivos incrementos, así como también del importe de los descuentos que sobre las mismas ha aplicado y por último de la suspensión inmediata de los propios descuentos, no incurre en violación de garantías en perjuicio de la aquí quejosa. Este Tribunal Colegiado ha sostenido el mismo criterio expuesto con antelación, al resolver los diversos juicios de amparo directo laboral números 621, 721/89, promovidos por Rafael Rodríguez Luna y coagraviados, Antonio Díaz Delegado y coagraviados."
2) Amparo directo número 389/92, promovido por la Comisión Federal de Electricidad, fallado el dos de octubre de mil novecientos noventa y dos.
En lo que interesa a esta contradicción, se consideró lo siguiente:
"SEXTO. Por razón de método se analizan conjuntamente los conceptos de violación que esgrime la quejosa Comisión Federal de Electricidad en primero y segundo términos, y que hace consistir en que la Junta responsable pronunció un laudo incongruente y adverso a lo dispuesto por los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, al aplicar retroactivamente y en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 748 y 804 de dicha Ley, dado que no obstante que la antigüedad cuyo reconocimiento reclaman los actores, se refiere a varios años anteriores a la reforma procesal de 1980, sin embargo, aplica en su perjuicio dichos preceptos al establecer que correspondió a la parte demandada la carga probatoria de la antigüedad de los trabajadores demandantes; que en esas condiciones, la Junta debió concluir que a quien correspondió la carga probatoria es a los actores. Dichos motivos de inconformidad, son infundados, habida cuenta de que los derechos de antigüedad que reclaman dichos trabajadores actores, en el juicio laboral relacionado con el presente amparo, fueron ejercitados en la fecha en que formularon su correspondiente demanda laboral y en esas condiciones, es claro que tales derechos de antigüedad debieron regirse por las disposiciones vigentes en tal época, de acuerdo al criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis relacionada en último término con la jurisprudencia número 1658 que obra a foja 2693, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación. Compilación 1917-1988 que a la letra dice: 'RETROACTIVIDAD, NO LA CONSTITUYE LA APLICACION DE LEYES PROCESALES. Como los procedimientos en los juicios están formados por actos sucesivos que no se desarrollan en un solo momento, deben regirse por las disposiciones vigentes en la época en que tienen verificativo, sin que ello constituya aplicación retroactiva de la ley.' Así como el precedente de la Cuarta Sala de dicho alto tribunal que obra a foja 609 de la compilación 1979-1986, que a la letra dice: 'RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. APLICACION QUE NO LA IMPLICA. Las leyes del procedimiento son de aplicación inmediata a todas las contenidas que se inician o que están pendientes al tiempo en que entren en vigor. Pero esto no implica retroactividad, porque la aplicación de las leyes procesales mira a un hecho existente en la actualidad, esto es a la litis, no a un hecho pasado, cual es el negocio jurídico, y menos a la acción que se ejercita.' Por otra parte, cabe añadir que como bien lo consideró la Junta responsable, partiéndose de la base que la fuente de trabajo demandada reconoció a los actores una antigüedad diversa a la que señala en su referida demanda laboral, luego entonces correspondió a ésta, probar su afirmación de conformidad con las diversas tesis jurisprudenciales que invoca en su laudo bajo la voz: 'ANTIGUEDAD PRUEBA DE LA', que en lo conducente dice: 'La admisión que un patrón hace de la existencia de la relación laboral que lo vincula con un trabajador, lógicamente implica se le reconozca una antigüedad determinada (un día o varios años), por lo que, si se ejercitan acciones reclamando prestaciones económicas, derivadas de la antigüedad del trabajador, el patrón demandado, si no está conforme con la antigüedad que l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4045-dccc2922/comision-federal-de-electricidad-procede-el-descuento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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