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Modo: Corpus Pro

CERTIFICADOS MEDICOS EXHIBIDOS ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 785 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PARA SU VALIDEZ DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE SALUD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/95. · Registro digital (IUS): 3294
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, , Pág. 158.

CONTRADICCION DE TESIS 30/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.- El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo D-37/95, promovido por Guadalupe Picazo Arenas, determinó en la parte que aquí interesa lo siguiente:

"En cambio, es fundada la violación procesal que se plantea en el inciso f), que la peticionaria de garantías hace consistir, en que la responsable ilegalmente la declaró confesa.- En efecto, el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo estatuye que: `Si alguna persona no puede, por enfermedad u otro motivo justificado a juicio de la Junta concurrir al local de la misma para absolver posiciones o contestar un interrogatorio; previa comprobación del hecho, mediante certificado médico u otra constancia fehaciente que se exhiba, bajo protesta de decir verdad, ésta señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba correspondiente;...'.- Ahora bien, es cierto que la Junta responsable tiene la facultad de determinar si el certificado médico exhibido cumple con los requisitos que la ley exige, pues aun cuando el citado artículo no otorga en forma expresa tal facultad, al establecer en éste que la demostración de la enfermedad debe hacerse mediante la exhibición de un certificado médico, es lógico que el precepto se refiera a la presentación de un documento que conforme a la ley sea válido, pues las Juntas de Conciliación y Arbitraje están integradas por peritos en derecho y por ende deben conocer la connotación jurídica de los términos que se emplean en las disposiciones legales que se contienen en la Ley Federal del Trabajo, relacionándolas con los preceptos de la propia Ley o de otros ordenamientos conexos. En este sentido, cuando se exhiba un certificado médico, para los efectos que se precisan en el referido artículo 785, la Junta debe constatar que el mismo satisfaga los requisitos que establece la Ley General de Salud. Este ordenamiento en su artículo 83 (que está ubicado en el capítulo que se refiere a los profesionales, técnicos y auxiliares en el ramo de la salud) dispone: `Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares y las especialidades a que se refiere este capítulo, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les expidió el título, diploma o certificado y, en su caso, el número de su correspondiente cédula profesional. Iguales menciones deberán consignarse en los documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que realicen a su respecto'.- Del precepto transcrito se desprende que un certificado médico para tener validez legal debe contener las siguientes menciones: a) institución que expidió el título profesional; b) el número de la cédula profesional del mismo.- Por ende, si el certificado exhibido satisface tales requisitos, ello será suficiente para que la Junta proceda a tener por justificada la ausencia de la absolvente por enfermedad y en consecuencia señale nueva fecha para el desahogo de la prueba correspondiente, como lo establece el susodicho artículo 785 de la ley laboral.- No es óbice a lo anterior, el que conforme al artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo el proceso laboral deba tramitarse en la forma más sencilla posible, de tal modo que se cumplan las finalidades del derecho laboral, pues el requisito a que alude el artículo 785 de la propia Ley, del certificado médico debidamente expedido es de orden público y el cumplimiento de los requisitos que la Ley General de Salud exige para su expedición, no puede ser soslayado por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ni por ninguna otra autoridad.- En la especie, de las constancias del expediente principal, concretamente, de la diligencia de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y tres, se observa que LUISA MACIAS MARTINEZ, con el fin de justificar la ausencia de la hoy quejosa al desahogo de la confesional a su cargo, exhibió un certificado médico que contiene los siguientes datos: En forma impresa dice: `Dr. Arturo Sánchez Medel. UAP. Reg. Fed. de Contribuyentes SAMA- 591222, cédula profesional número 1092868'. Asimismo hace constar que: `El que suscribe legalmente autorizado para ejercer mi profesión a petición de la interesada y para los usos legales a que haya lugar hago constar que: LA SEÑORA GUADALUPE PICAZO ARENAS, después de analizarla presenta un cuadro compatible con artritis piógena de su rodilla derecha, por lo que se le prescriben diversos medicamentos y reposo absoluto en su domicilio particular sito en Avenida 40 Sur No. 596 del Infonavit Margarita, en esta ciudad de Puebla, por un lapso de tres semanas contadas a partir de la expedición de esta constancia médica. Siendo las diecisiete horas del día diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres, en esta ciudad de Puebla de los Angeles'.- Ahora bien, la responsable en proveído del veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y tres, determinó: `LA JUNTA ACUERDA: Por desahogada la presente audiencia confesional a cargo de la empresa demandada y del absolvente para hechos propios, con los resultados de la presente acta, y toda vez que la apoderada de la parte actora mediante la documental exhibida no acredita la imposibilidad de la actora para concurrir a la presente audiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 785 de la ley laboral, toda vez que el documento exhibido carece del número de autorización de la S.S.A. se tiene a la actora por confesa ficta al tenor de las posiciones que articula demandada, (sic) que en este acto se califican de legales. Para, (sic) se dice, lo anterior con fundamento en el artículo 788 y 789 de la ley laboral'.- Los párrafos precedentes demuestran que el certificado médico de referencia especifica el nombre del DR. ARTURO SANCHEZ MEDEL, quien egresó de la Universidad Autónoma de Puebla y que su cédula profesional es la número 1092868; por lo que, satisface los requisitos que exige el artículo 83 de la Ley General de Salud.- Por lo anterior, la Junta debió tener por justificada la ausencia de GUADALUPE PICAZO ARENAS a la diligencia en que debía desahogarse la confesional a su cargo y en los términos del artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo señalar nuevo día y hora para el desahogo de tal prueba; de modo que al no hacerlo así, sino que por el contrario, desestimó el referido certificado en virtud de que carece del registro de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (hoy Secretaría de Salud) declarándola confesa, obvio es que tal determinación resulta jurídicamente incorrecta pues, se insiste, el artículo 83 de la Ley Federal de Salud no exige que los certificados médicos satisfagan ese requisito.- En las condiciones apuntadas procede conceder a la quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene reponer el procedimiento exclusivamente para que se reciba la prueba confesional a cargo de la propia quejosa conforme a la ley y una vez cumplido lo anterior, con plenitud de jurisdicción dicte el laudo que en derecho proceda.- Finalmente, al resultar fundado el anterior concepto de violación, se estima innecesario examinar las cuestiones de fondo que se plantean en la demanda de garantías, acorde con la jurisprudencia número 440, visible a fojas 775, Segunda Parte del referido Apéndice, que dice: `CONCEPTOS DE VIOLACION CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO'."

Dicha ejecutoria dio origen a la tesis cuyo rubro y texto son como sigue:

"CONFESIONAL. REQUISITOS DEL CERTIFICADO MEDICO PARA JUSTIFICAR LA ENFERMEDAD DEL ABSOLVENTE.- Es cierto que la Junta responsable tiene la facultad de determinar si el certificado médico exhibido cumple con los requisitos que la ley le exige, pues aun cuando el artículo 785 de la ley laboral no otorga en forma expresa tal facultad, al establecer en éste que la demostración de la enfermedad debe hacerse mediante la exhibición de un certificado médico, es lógico que el precepto se refiere a la presentación de un documento que conforme a la ley sea válido, pues las Juntas de Conciliación y Arbitraje están integradas por peritos en derecho y por ende deben conocer la connotación jurídica de los términos que se emplean en las disposiciones legales que se contienen en la Ley Federal del Trabajo, relacionándolas con los preceptos de la propia Ley o de otros ordenamientos conexos. En este sentido, cuando se exhiba un certificado médico, para los efectos que se precisan en el referido artículo 785, la Junta debe constatar que el mismo satisfaga los requisitos que establece la Ley General de Salud. Este ordenamiento en su artículo 83 (que está ubicado en el capítulo que se refiere a los profesionales, técnicos y auxiliares en el ramo de la salud) dispone: `Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares y las especialidades a que se refiere este capítulo, deberán poner a la vista del público un anuncio que indique la institución que les expidió el título, diploma o certificado y, en su caso, el número de su correspondiente cédula profesional. Iguales menciones deberán consignarse en los documentos y papelería que utilicen en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que realicen a su respecto'. Del precepto transcrito se desprende que un certificado médico para tener validez legal debe contener, además del nombre del médico, las siguientes menciones: a) institución que expidió el título profesional; b) el número de la cédula profesional. No es óbice a lo anterior, el que conforme al artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, el proceso laboral deba tramitarse en la forma más sencilla posible, de tal modo que se cumplan las finalidades del derecho laboral, pues el requisito a que alude el artículo 785 de la propia Ley, del certificado médico debidamente expedido es de orden público y el cumplimiento de los requisitos que la Ley General de Salud exige para su expedición, no puede ser soslayado por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ni por ninguna otra autoridad".

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. (TC063001-9 LAB). Amparo directo 37/95.- Guadalupe Picazo Arenas.- 16 de marzo de 1995.- Unanimidad de votos.- Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta.- Secretaria: María Guadalupe Herrera Calderón.

CUARTO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo D-374/990, promovido por Compañía Industrial Lumac de Puebla, Sociedad Anónima de Capital Variable, estimó lo siguiente:

"QUINTO.- Es esencialmente fundado el primero de los conceptos de violación hechos valer, mismo que pone de manifiesto la existencia de una violación al procedimiento que afecta a la empresa quejosa, consistente en que la Junta responsable declaró ilegalmente confeso a Carlos Eduardo Díaz Cid.- En efecto, de las constancias que integran el expediente de origen, se advierte que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas del juicio laboral, el actor ofreció entre otras pruebas, la confesional a cargo de Carlos Eduardo Díaz Cid, persona que dijo ostentaba el cargo de gerente de la empresa demandada, probanza que la Junta responsable admitió, señalando día y hora para su desahogo.- En la fecha señalada para el desahogo de esa probanza, diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, compareció el apoderado de la demandada, Ismael Juárez Ventura, el que bajo protesta de decir verdad exhibió un certificado médico expedido por el doctor Rafael Padilla Guzmán, manifestando que este certificado justificaba la incapacidad física de Carlos Eduardo Díaz Cid para comparecer al desahogo de la prueba confesional a su cargo, solicitando se señalara nuevo día y hora para que tuviera verificativo tal probanza. Al respecto, la Junta del conocimiento acordó en lo conducente: `...por lo que hace a la documental que exhibe el compareciente por la demandada, el mismo no constituye una constancia fehaciente que acredite la imposibilidad del absolvente CARLOS EDUARDO DIAZ CID para comparecer a esta audiencia en virtud de que el documento en cita no contiene el registro de salubridad correspondiente, ni tampoco el lugar en que se encontraría en reposo el absolvente, situación que tampoco se menciona en el mismo, no señalándose que estuviese imposibilitado para concurrir a esta audiencia, por lo que con fundamento en el artículo 785 no se logra acreditar en base al mismo la imposibilidad física de CARLOS EDUARDO DIAZ CID para comparecer a esta audiencia. En tal forma en lo dispuesto por los artículos 788 y 789 de la ley laboral se declaran confesos fictos a los absolventes CARLOS EDUARDO DIAZ CID y ALFONSO BARRUETA SOSA de las posiciones que fueron articuladas y calificadas de legales...'.- En ese orden de ideas, es pertinente señalar que el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo, que sirvió de fundamento a la autoridad responsable para declarar confeso fictamente a Carlos Eduardo Díaz Cid, establece esencialmente que, si alguna persona no puede, por enfermedad u otro motivo justificado a juicio de la Junta, concurrir al local de la misma para absolver posiciones o contestar un interrogatorio, previa comprobación del hecho, mediante certificado médico u otra constancia fehaciente que se exhiba, bajo protesta de decir verdad, ésta señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba correspondiente.- Esto permite sostener que, como bien lo aduce la quejosa, el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo, no exige que el certificado médico con que se pretenda justificar la inasistencia de alguna persona para concurrir a las audiencias ante la Junta, contenga el registro de salubridad y el domicilio del profesional que lo expida o el lugar donde guarda reposo el enfermo, por lo que la Junta no debe requerir tales requisitos, pues de aceptarse esto, quedaría a su arbitrio incluir datos que no contiene el citado precepto, el que tampoco le concede facultad discrecional de aceptar o no el certificado médico referido, ya que como se advierte de la propia disposición, se indican dos hipótesis, la primera es para el caso de enfermedad y la segunda por otro motivo justificado a juicio de la Junta; de lo que se sigue, que la responsable sólo puede aplicar su criterio o juicio en la segunda hipótesis, pero no se le faculta para que imponga los requisitos para la admisión del referido certificado, por lo que debió haberlo considerado suficiente para acreditar la falta de asistencia de Carlos Eduardo Díaz Cid al desahogo de la prueba confesional y no declarar a éste confeso fictamente. Comparte el criterio anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado Supernumerario del Primer Circuito en Materia de Trabajo, que aparece publicada en el Informe rendido por su presidente al terminar el año de mil novecientos ochenta y siete, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 347, que dice: `CERTIFICADO MEDICO PARA JUSTIFICAR INASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS. REQUISITOS QUE DEBE CONTENER.- En el certificado médico con que se pretenda justificar la inasistencia de alguna persona para concurrir a las audiencias ante la Junta, ésta no debe exigir que contenga el domicilio del profesional que lo expida o el lugar donde guarda reposo el enfermo, pues de aceptarse esto, quedaría al arbitrio de la Junta incluir modalidades que no contiene el artículo 785, de la Ley Federal del Trabajo, y tampoco le concede facultad discrecional de aceptar o no el certificado médico referido, ya que como se advierte de la propia disposición, se indican dos hipótesis, la primera es para el caso de enfermedad y la segunda por otro motivo justificado a juicio de la Junta, de lo que se desprende que la responsable sólo aplicará su criterio o juicio en la segunda hipótesis, pero no se le otorga potestad para que imponga los requisitos para la admisión del referido certificado médico'.- Además de lo anterior, conviene precisar que, contrariamente a lo estimado por la Junta responsable, el certificado médico en comento, sí señala la imposibilidad de Carlos Eduardo Díaz Cid para comparecer al desahogo de la prueba confesional, pues expresa que el examinado presentó cuadro clínico de salmonelosis que le imposibilita para trabajar por cinco días, padecimiento que indudablemente también le impedía asistir a la diligencia de que se trata, siendo innecesario que el certificado precisara todas aquellas actividades que además de la apuntada, la enfermedad del examinado le impedía realizar.- Por las razones indicadas debe concluirse que resulta ilegal que la Junta del conocimiento haya declarado confeso fictamente a Carlos Eduardo Díaz Cid, dado que considerando suficiente el certificado médico que se exhibió para justificar su inasistencia al desahogo de la prueba confesional, debió señalar nuevo día y hora para que tuviera verificativo esa probanza, lo que dejó de hacer; violación que afecta las defensas de la ahora quejosa y trasciende al resultado del fallo, pues dicha confesión ficta junto con la declarada con relación a Alfonso Barrueta Sosa, sirvió a la responsable para estimar probada la relación de trabajo y el despido alegados por el actor, violación prevista por el artículo 159, fracción III de la Ley de Amparo.- En las condiciones relatadas, existiendo una violación procesal que afecta las defensas de la empresa quejosa, lo procedente es conceder a ésta el amparo y protección solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponiendo el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación en comento, señale nueva fecha para desahogar únicamente la prueba confesional ofrecida por el actor a cargo de Carlos Eduardo Díaz Cid, y valorando tal probanza junto con las demás que obran en autos, dicte el laudo que conforme a derecho proceda.- Habiendo resultado fundado el concepto de violación estudiado y bastante para otorgar la Protección Constitucional en los términos que se indican, este tribunal considera innecesario hacerse cargo de los planteamientos restantes que ven al fondo del laudo reclamado, pues como se ha visto éste habrá de quedar insubsistente. Tiene aplicación la jurisprudencia número 10, sustentada por este cuerpo colegiado, que dice: `CONCEPTO DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.- Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae como consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos'."

La ejecutoria transcrita, dio origen a la tesis que a continuación se transcribe:

"CERTIFICADO MEDICO EXHIBIDO PARA JUSTIFICAR LA INASISTENCIA A LAS AUDIENCIAS. REQUISITOS QUE DEBE CONTENER.- El artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo, no exige que el certificado médico con que se pretenda justificar la inasistencia de alguna persona para concurrir a las audiencias ante la Junta, contenga el registro de salubridad y el domicilio del profesional que lo expida o el lugar donde guarda reposo el enfermo, por lo que la Junta no debe requerir tales requisitos, pues de aceptarse esto, quedaría a su arbitrio incluir modalidades que no contiene el citado precepto, mismo que tampoco le concede facultad discrecional de aceptar o no el certificado médico referido, ya que como se advierte de la propia disposición, se indican dos hipótesis, la primera es para el caso de enfermedad y la segunda por otro motivo justificado a juicio de la Junta, de lo que se sigue, que la autoridad sólo puede aplicar su criterio o juicio en la segunda hipótesis, pero no se le otorga potestad para que imponga requisitos para la admisión del citado certificado médico".

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 374/90.- Compañía Industrial Lumac de Puebla, S.A. de C.V.- 28 de septiembre de 1990.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Galván Rojas.- Secretario: Armando Cortés Galván.

QUINTO.- Con el propósito de establecer y delimitar la materia de la contradicción de tesis denunciada, se estima pertinente hacer una síntesis de las características de los asuntos sometidos al conocimiento de cada uno de los Tribunales Colegiado de Circuito antes mencionados.

1.- El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, conoció del juicio de amparo directo D-37/95, promovido por Guadalupe Picazo Arenas en contra del laudo dictado por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, y pronunció resolución el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cinco.

En dicha sentencia, el Tribunal Colegiado declaró fundado uno de los conceptos de violación expresados por la quejosa, con base en las siguientes consideraciones:

a) Es fundada la violación procesal hecha valer por la amparista, consistente en que la Junta responsable indebidamente la declaró confesa, al desestimar el certificado médico exhibido para justificar su ausencia en el desahogo de la prueba confesional.

b) Si bien es cierto que el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo, no otorga en forma expresa a las Juntas la facultad de determinar si un certificado médico, exhibido con el fin de justificar la ausencia de una de las partes para absolver posiciones o contestar un interrogatorio, cumple con los requisitos que exige la ley, también lo es que al referirse el precepto legal mencionado a que la demostración de la enfermedad debe hacerse mediante la aportación de un certificado médico, lo lógico es que se trate de un documento que conforme a la ley sea válido, por lo que siendo los integrantes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje peritos en derecho, debe estimarse que tienen la facultad de constatar si un certificado médico cumple con los requisitos que establece la Ley General de Salud, concretamente en su artículo 83.

c) Los requisitos que deben contener los certificados médicos para poder considerarlos como válidos, de conformidad con el numeral antes citado son dos, tener la mención de la institución que expidió el título profesional al médico que lo suscribe y el número de su cédula profesional; por lo que si el documento exhibido colma esos requisitos es suficiente para justificar la ausencia de la absolvente por enfermedad y la Junta deberá señalar nueva fecha para el desahogo de la prueba correspondiente.

d) El certificado médico presentado por la quejosa en el juicio laboral, cumple cabalmente con los mencionados requisitos, pues especifica el nombre del profesionista que lo expidió, de la universidad de donde egresó y el número de su cédula profesional, por lo que la Junta responsable no debió desestimar dicha documental por carecer del número de registro de la Secretaría de Salud, pues este último requisito no lo contempla el artículo 83 de la Ley General de Salud que regula esta clase de actos.

En virtud de lo anterior, concluye el Tribunal Colegiado concediendo la Protección Constitucional a la quejosa, para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y ordene reponer el procedimiento para recibir la prueba confesional a cargo de la propia quejosa y en su oportunidad dicte un nuevo laudo que conforme a derecho proceda.

2.- El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, conoció del juicio de amparo directo D-374/990, promovido por Compañía Industrial Lumac de Puebla, S.A. de C.V., en contra del laudo dictado por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, y pronunció resolución el veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa.

En dicha sentencia, el Tribunal Colegiado declaró fundado uno de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, con apoyo en las siguientes consideraciones:

a) Es fundada la violación procesal hecha valer por la agraviada, consistente en que la Junta responsable indebidamente declaró confesó a Carlos Eduardo Díaz Cid, gerente de la empresa demandada, al desestimar el certificado médico exhibido con el fin de justificar la imposibilidad de acudir a la audiencia para absolver posiciones.

b) El artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo no exige que el certificado médico con el que se pretenda justificar la inasistencia de alguna de las partes a concurrir a las audiencias ante las Juntas, deba contener el registro de salubridad y el domicilio del profesionista que lo expida, o el lugar donde debe guardar reposo el enfermo, por lo que de aceptar que para que dicho documento sea válido debe contener los aludidos requisitos, se estarían exigiendo datos que no están contemplados en el mencionado precepto legal, lo cual es inaceptable.

c) El numeral en comento no concede a la Junta la facultad discrecional de aceptar o no los certificados médicos exhibidos, pues sólo puede aplicar su criterio tratándose de la segunda hipótesis que contempla, referida ésta a los casos en que por otro motivo justificado dejen de asistir las partes a las audiencias,pero no se advierte que le otorgue facultades para imponer requisitos, tratándose de la admisión de certificados médicos.

d) Contrariamente a lo estimado por la Junta responsable, el certificado médico exhibido por la demandada en el juicio laboral, sí es suficiente para justificar la ausencia de Carlos Eduardo Díaz Cid para comparecer al desahogo de la prueba confesional, pues expresa que dicha persona presentó un cuadro clínico de salmonelosis que le imposibilitaba para trabajar por cinco días, padecimiento que indudablemente le impedía asistir a la diligencia aludida, siendo innecesario que en el documento de referencia también se especificaran todas aquellas actividades que además de la apuntada, le impedía realizar dicha enfermedad.

En virtud de las consideraciones precedentes, el Tribunal Colegiado resuelve concediendo el amparo a la empresa quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y repusiera el procedimiento a partir del momento en que se cometió la referida violación, se señalara nueva fecha para desahogar la prueba confesional a cargo de Carlos Eduardo Díaz Cid y valorando esta probanza y las demás existentes en autos, dictara un nuevo laudo conforme a derecho procediera.

Debe decirse que las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados, derivadas de las ejecutorias antes resumidas cuya transcripción se efectuó con anterioridad, básicamente contienen los mismos elementos a que se ha hecho mención, pues el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sostiene en esencia, que aun cuando el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo no otorga facultades a las Juntas para determinar si los certificados médicos exhibidos en el juicio para justificar la ausencia de una de las partes al desahogo de la prueba confesional son válidos, lo cierto es que sí deben constatar si dichos documentos satisfacen los requisitos previstos en el artículo 83 de la Ley General de Salud, el cual previene que deben contener el nombre de la institución que expidió el título profesional y el número de la cédula profesional del médico que los suscribe.

Por su parte en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, se establece esencialmente, que en virtud de que el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo no exige que el certificado médico con que se pretenda justificar la ausencia de una persona para concurrir a las audiencias ante la Junta, contenga el registro de salubridad del médico que lo expidió, su domicilio y el lugar donde deba guardar reposo el examinado, la Junta no debe requerir tales requisitos, porque no están contenidos en la norma de referencia; además de que ésta tampoco concede a las Juntas facultad discrecional alguna para aceptar o rechazar el certificado de referencia, ni mucho menos para imponer requisitos para la admisión de tales certificados.

De los antecedentes relatados se desprende que sí existe la contradicción de tesis denunciada, y para demostrarlo es preciso referirse en primer lugar a las semejanzas que guardan los criterios de ambos órganos colegiados, para posteriormente mencionar sus divergencias, las cuales permiten llegar a la conclusión de que en el caso se da la contradicción de criterios.

Pues bien, en los laudos reclamados en amparo directo de los que conocieron tanto el Segundo como el Tercer Tribunales Colegiados, ambos del Sexto Circuito, la Junta de Conciliación y Arbitraje (en ambos casos la misma), desestimó los certificados médicos exhibidos en los juicios laborales para justificar la ausencia de una de las partes en el desahogo de la prueba confesional, por considerar que no reunían los requisitos necesarios para su validez, entre otros, el número del registro de salubridad del profesionista que los expidió.

En ambos casos, los Tribunales Colegiados declararon fundados los conceptos de violación hechos valer, en el sentido de que era ilegal que las Juntas hubieran desestimado los certificados médicos respectivos y consecuentemente, también era violatorio de garantías que se hubiera declarado confesos a los absolventes de las pruebas correspondientes, por lo que los dos órganos colegiados concluyeron en conceder la Protección Constitucional por la indicada violación procesal.

Asimismo, los dos tribunales coinciden, al estimar que el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo, no concede facultades en forma expresa a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para determinar la validez de un certificado médico.

También existe coincidencia en cuanto a que ambos tribunales sostienen que el precepto legal de referencia no establece ningún requisito para declarar la validez del documento en cuestión.

Finalmente, los dos órganos colegiados llegan a la conclusión de que si las Juntas carecen de facultades para exigir requisitos que no contempla la ley de la materia, tratándose de la admisión de certificados médicos, fue contraria a derecho su actuación al desestimar los certificados que fueron exhibidos en el juicio labora

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3294-a9a676e0/certificados-medicos-exhibidos-ante-las-juntas-de-conciliacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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