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Modo: Corpus Pro

EJIDATARIOS Y COMUNEROS. LOS ASPIRANTES A ESAS CALIDADES DISPONEN DEL PLAZO DE TREINTA DIAS PARA PROMOVER AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/96. · Registro digital (IUS): 4178
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Marzo de 1997, , Pág. 370.

CONTRADICCION DE TESIS 31/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló la presidenta de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito de cuya ejecutoria deriva dicha denuncia.

TERCERO.- Es conveniente, a continuación, determinar si existe la contradicción denunciada entre las tesis de referencia.

Con ese objeto, es necesario realizar las siguientes precisiones:

El Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis, el amparo directo 123/96, promovido por Juliana Castillo Saldaña, sostuvo, en lo que será materia de esta contradicción, lo siguiente:

"CUARTO.- Previamente al análisis de los conceptos de violación expresados por la quejosa, este órgano colegiado procede a interrumpir el criterio que venía sustentando en cuanto a la extemporaneidad del juicio de garantías promovido en materia agraria.- En primer término, debe señalarse que este órgano colegiado en diversas ejecutorias sostuvo el criterio de que el término para solicitar la protección de la Justicia Federal, por aquellos quejosos que no tuvieran el carácter de ejidatarios debidamente reconocido conforme al artículo 12 de la Ley Agraria, debían promover la acción constitucional en el término de quince días que para tal efecto establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, porque de lo contrario se surtía la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 del ordenamiento legal en cita, estimando consentido tácitamente el acto reclamado, y que el término establecido en el artículo 218 de la ley de la materia, que contemplaba una excepción a la regla general de quince días, sólo debía aplicarse en los casos en que la protección federal se impetrara por ejidatarios o comuneros en lo individual; siguiéndose el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicado en las páginas 593 y 594 del Tomo III del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro es el siguiente: 'EJIDATARIOS, ASPIRANTES A. TERMINO PARA INTERPONER AMPARO'.- Las razones en que se fundaron las ejecutorias de ese colegiado ya no se comparten, por lo que en términos del artículo 94, párrafo séptimo, de la Constitución Federal de la República Mexicana y 194 de la Ley de Amparo, se procede a modificar el criterio que se venía sustentado.- Para así estimarlo, conviene destacar que este órgano colegiado, reflexionando sobre el tópico de que se trata, considera que el artículo 218 de la Ley de Amparo debe interpretarse en forma sistemática con las demás disposiciones previstas en el libro segundo del ordenamiento legal en cita, de las que se desprenden que amparan a todas aquellas personas que pertenezcan a la clase campesina, independientemente de que tengan o no reconocido el carácter de ejidatarios. Razones estas suficientes para que este Tribunal Colegiado se aparte del criterio que venía sosteniendo e implante uno nuevo consistente en que en los amparos en materia agraria debe estarse al término genérico de treinta días para su interposición, previsto en el artículo 218 de la Ley de Amparo.- En este orden de ideas, debe denunciarse la posible contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, a que se ha hecho mérito, y el que adoptará esta potestad federal."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, emitió la jurisprudencia V. 2o. J/101, que aparece a foja 58 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 80, agosto de 1994, cuyo tenor literal es el siguiente:

"EJIDATARIOS, ASPIRANTES A. TERMINO PARA INTERPONER AMPARO.- Conforme al artículo 218 de la Ley de Amparo, el término para interponer la demanda de garantías será de 30 días cuando se trate de actos que causen perjuicio a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y régimen jurídico del núcleo de población al que pertenezcan, en consecuencia, aunque en la especie el amparo impetrado por quien reclamó el reconocimiento de derechos ejidales que correspondieron al de cujus, constituye un juicio constitucional de naturaleza agraria, al tratarse el quejoso de un aspirante a ejidatario que no tiene aún derechos individuales reconocidos o constituidos y, por ende, no pertenece legalmente al núcleo de población ejidal, la negativa a reconocerle los derechos reclamados, en el dictado de la sentencia impugnada, no puede ser combatida a través del juicio de amparo conforme a la regla de excepción prevista en el numeral 218 en estudio, sino que debe hacerse dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo. Efectivamente, quienes pertenezcan a la clase campesina y pretendan derechos ejidales o comunales, les es aplicable, para efecto de la interposición del juicio de garantías, el mencionado numeral 21, ya que esa fue la intención del legislador, al redactar como lo hizo, el analizado artículo 218, es decir, de haberse deseado por aquél, que el término de treinta días a que se refiere este último precepto legal, se hiciera extensivo a los aspirantes a algún derecho ejidal o comunal, así lo hubiera considerado expresamente.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.- Amparo directo 513/93.- Rogelio Molina Olivas.- 23 de noviembre de 1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: Ricardo Rivas Pérez.- Secretario: Ernesto Encinas Villegas.- Amparo directo 644/93.- Leoncio Samaniego Willes.- 12 de enero de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: Ricardo Rivas Pérez.- Secretaria: Rosenda Tapia García.- Amparo directo 59/94.- Luz Elena Enríquez Enríquez.- 24 de febrero de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alicia Rodríguez Cruz.- Secretario: Eduardo Anastacio Chávez García.- Amparo directo 208/94.- Petra Gutiérrez Chávez.- 4 de mayo de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alicia Rodríguez Cruz.- Secretario: Eduardo Anastacio Chávez García.- Amparo directo 285/94.- Manuel Morales Saavedra.- 15 de junio de 1994.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro Rivera.- Secretario: Ramón Parra López."

Las ejecutorias que dieron origen a la jurisprudencia antes citada, en la parte considerativa correspondiente, se fundan en los siguientes razonamientos:

Amparo directo 513/93, promovido por Rogelio Molina Olivas:

"CUARTO.- Resulta innecesario transcribir y analizar la parte considerativa de la sentencia reclamada, así como los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, por advertir este Tribunal Colegiado que en la especie opera la causal de improcedencia invocada por la tercero perjudicado en su libelo de alegatos agregado a fojas nueve y siguientes del presente toca y cuyo estudio debe ser previo al fondo del asunto planteado, por tratarse de una cuestión de orden público, con apoyo en lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 940, que bajo la voz de: 'IMPROCEDENCIA', aparece publicada en la página 1538, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988.- En efecto, asiste la razón al tercero perjudicado en sus argumentos esgrimidos, pues si el artículo 218 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en forma clara prevé que: 'Cuando el juicio de amparo se promueva contra actos que causen perjuicio a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico del núcleo de población a que pertenezcan, el término para interponerlo será de treinta días', entonces con meridiana claridad se advierte que el aludido término de treinta días para la interposición de la demanda de amparo no incluye o beneficia a los sujetos que son sólo aspirantes a ejidatarios o comuneros, como en el caso resultan ser las partes contendientes en el juicio de conflicto parcelario del que deriva el acto reclamado, Benita Olivas Vega viuda de Molina y Rogelio Molina Olivas, quienes no cuentan con resolución presidencial alguna en que se reconozcan sus derechos, certificado de derechos agrarios o resolución agraria ejecutoriada; por el contrario, precisamente en el procedimiento natural de donde deriva el acto reclamado litigaron entre ellos por la transmisión del certificado y título de derechos números 9553 y 179435 que correspondieran al extinto José Molina Sotelo, esposo y padre de los citados, respectivamente.- Ello es así, si se tiene en consideración que conforme al numeral 218, el término para interponer la demanda de garantías será de treinta días cuando se trate de actos que causen perjuicio a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico del núcleo de población al que pertenezcan; en consecuencia, aunque en la especie el amparo impetrado por quien reclamó el reconocimiento de derechos ejidales que correspondieron al de cujus, constituye un juicio constitucional de naturaleza agraria, al tratarse el quejoso de un aspirante a ejidatario que no tiene aún derechos individuales reconocidos o constituidos y, por ende, no pertenece legalmente al núcleo de población ejidal 'El Yaqui', del Municipio de Cajeme, Sonora, la negativa a reconocerle los derechos reclamados, en el dictado de la sentencia impugnada, no puede ser combatida a través del juicio de amparo conforme a la regla de excepción prevista en el numeral 218 en estudio, sino que debe hacerse dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo.- Efectivamente, a quienes pertenezcan a la clase campesina y pretendan derechos ejidales o comunales, les es aplicable, para efecto de la interposición del juicio de garantías, el mencionado numeral 21, ya que ésa fue la intención del legislador, al redactar como lo hizo, el analizado artículo 218, es decir, de haberse deseado por aquél, que el término de treinta días a que se refiere este último precepto legal, se hiciera extensivo a los aspirantes a algún derecho ejidal o comunal, así lo hubiera considerado expresamente.- Resultan aplicables en lo medular y sustancial las siguientes tesis sustentadas por la Sala Auxiliar y la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, respectivamente, aparecen publicadas en la página dieciocho, de los Volúmenes 199-204, así como en la página ciento cuarenta y uno, del Volumen 3, ambos de la Séptima Epoca del Semanario Judicial de la Federación y cuyas voces y textos son los siguientes: 'AGRARIO. AMPARO AGRARIO. TERMINO PARA INTERPONERLO.- Conforme al artículo 212, fracción III, de la Ley de Amparo, están sujetos a la regulación especial agraria los juicios en que la consecuencia del acto reclamado sea no reconocerles o afectarles a los campesinos los derechos que hayan demandado ante las autoridades, cuando lo hayan hecho como aspirantes a ejidatarios y comuneros. Y conforme al artículo 217, la demanda podrá interponerse en cualquier tiempo cuando se trata de actos que puedan tener por efecto privar del disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. En consecuencia, aunque el amparo pedido por quienes solicitaron la dotación ejidal de tierras que dicen tener en posesión, es un amparo agrario, como ese grupo no constituye aún un núcleo sujeto al régimen ejidal, la privación de sus posibles derechos no puede ser reclamada en cualquier tiempo, sino que debe ser reclamada dentro de los quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo. La excepción del artículo 217 se refiere sólo a la privación de derechos de un núcleo sujeto al régimen ejidal, y no a quienes solicitan constituirse en un núcleo ejidal, sin tener derechos constituidos como ejido, ya que esto requiere una resolución dotatoria, así sea provisional. Y las excepciones son de aplicación estricta, y no pueden ampliarse por analogía ni por mayoría de razón. Y el artículo 217 sólo se refiere a la situación prevista en la fracción I del artículo 212, pero no a las fracciones II y III, siendo así que el caso analizado queda previsto en la III.' y 'AGRARIO. TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL AMPARO.- Si los quejosos no constituyen un núcleo de población ejidal o comunal, en cuyo caso podrían intentar el amparo contra actos tendientes a privarlos de la propiedad, posesión o disfrute de sus bienes agrarios, en cualquier tiempo, debieron promover el juicio de garantías dentro del término de 15 días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, salvo el caso que dichos quejosos fueren ejidatarios o comuneros, pues en esta hipótesis el término para intentar dicho juicio, contra actos que afecten los intereses individuales de aquéllos, es de 30 días.'-Luego, acorde a la directriz planteada por la Sala Auxiliar de nuestro máximo tribunal de justicia de la Nación en la inicial tesis transcrita, si los campesinos aspirantes a la formación de un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal no disfrutan del beneficio procesal que el artículo 217 de la Ley de Amparo concede a los núcleos de población ejidal o comunal ya constituidos, por no encuadrar aquéllos en la hipótesis de privación del disfrute de derechos agrarios, ya que aún no son reconocidos éstos y, por ende, se ubican en el supuesto de quince días que prevé el citado numeral 21 del mismo ordenamiento, entonces con mayor razón, los aspirantes individuales a ejidatarios o comuneros tampoco se sitúan en la diversa hipótesis de treinta días establecida en el artículo 218 en estudio, pues sólo comprende a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros, siempre y cuando no afecten los derechos y régimen jurídico del núcleo de población a que pertenezcan, de lo que se colige también que se refiere a derechos agrarios ya constituidos y no presuntos y, consecuentemente, caen en el término de quince días que dispone el aludido numeral 21.- En mérito de lo expuesto, de las constancias de autos del juicio de conflicto parcelario número 225/T.U.A.28/92, de donde emana el acto reclamado, las que hacen prueba plena conforme a los artículos 120 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, así como de lo asentado en el capítulo de acto reclamado de la demanda de garantías, se advierte que la sentencia reclamada le fue notificada al impetrante del amparo el día seis de mayo de mil novecientos noventa y tres (foja ciento treinta y ocho).- Ahora bien, el término de quince días que prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo, principió el día diez de mayo del año en curso para finalizar el día veintiocho del mismo mes y año, con exclusión de los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés del citado mes de mayo en que no se laboró en el tribunal responsable, como se desprende de la certificación levantada a foja ocho del presente toca por el secretario de Acuerdos; luego, si la demanda de amparo de que se trata se presentó hasta el catorce de junio del presente año, claramente se advierte su extemporaneidad. En ese orden de ideas y con fundamento en la causal de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio de garantías, conforme a lo previsto en la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento legal.- En similares términos se pronunció este Tribunal Colegiado al resolver en sesión de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y tres, el juicio de amparo directo número 514/93 administrativo promovido por Hermenegildo Valenzuela Ubamea.- No es óbice para lo anterior, la admisión de la demanda de amparo por el presidente de este tribunal, de conformidad con lo dispuesto en la tesis jurisprudencial número 21 publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo IX-Febrero, página 71, pronunciada por este órgano colegiado y cuyo rubro es: 'AMPARO ADMITIDO POR AUTO DE PRESIDENCIA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE ADVIERTE UN MOTIVO LEGAL QUE LA DETERMINE.'-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: UNICO.- Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Rogelio Molina Olivas, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable precisada en el resultando primero de esta ejecutoria."

En el amparo directo 644/93, promovido por Leoncio Samaniego Willes, en la parte que nos interesa, se sostuvo lo siguiente:

"TERCERO.- Resulta innecesario transcribir y analizar la parte considerativa de la sentencia reclamada, así como los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, por advertir este Tribunal Colegiado que en la especie opera la causal de improcedencia invocada por la tercero perjudicado en su libelo de alegatos agregado a foja nueve y siguientes del presente toca y cuyo estudio debe ser previo al fondo del asunto planteado, por tratarse de una cuestión de orden público, con apoyo en lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 940 que bajo la voz de: 'IMPROCEDENCIA', aparece publicada en la página 1538, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988.- En efecto, del estudio de lo contenido en el artículo 218 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales se advierte de manera clara que: 'Cuando el juicio de amparo se promueva contra actos que causen perjuicio a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico del núcleo de población a que pertenezcan, el término para interponerlo será de treinta días.', entonces con meridiana claridad se advierte que el aludido término de treinta días para la interposición de la demanda de amparo no incluye o beneficia a los sujetos que son sólo aspirantes a ejidatarios o comuneros, como en el caso resultan ser las partes contendientes en el juicio de conflicto parcelario del que deriva el acto reclamado, Martina Zazueta Carrizoza y Leoncio Samaniego Willes, quienes no cuentan con resolución presidencial alguna en que se reconozcan sus derechos, certificado de derechos agrarios o resolución agraria ejecutoriada; por el contrario, precisamente en el procedimiento natural de donde deriva el acto reclamado litigaron entre ellos por la transmisión del certificado y título de derechos agrarios número 162123, del poblado Bacame, Municipio de Etchojoa, del Estado de Sonora, que correspondieran al extinto Miguel Samaniego Flores, esposo y tío de los citados, respectivamente.- Ello es así, si se tiene en consideración que conforme al numeral 218, el término para interponer la demanda de garantías será de treinta días cuando se trate de actos que causen perjuicio a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico del núcleo de población al que pertenezcan; en consecuencia, aunque en la especie el amparo impetrado por quien reclamó el reconocimiento de derechos ejidales que correspondieron al de cujus, constituye un juicio constitucional de naturaleza agraria, al tratarse el quejoso de un aspirante a ejidatario que no tiene aún derechos individuales reconocidos o constituidos y, por ende, no pertenece legalmente el núcleo de población ejidal 'El Yaqui', del Municipio de Cajeme, Sonora, la negativa a reconocerle los derechos reclamados, en el dictado de la sentencia impugnada, no puede ser combatida a través del juicio de amparo conforme a la regla de excepción prevista en el numeral 218 en estudio, sino que debe hacerse dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo.- Efectivamente, a quienes pertenezcan a la clase campesina y pretendan derechos ejidales o comunales, les es aplicable, para efecto de la interposición del juicio de garantías, el mencionado numeral 21, ya que esa fue la intención del legislador, al redactar como lo hizo, el analizado artículo 218, es decir, de haberse deseado por aquél, que el término de treinta días a que se refiere este último precepto legal, se hiciera extensivo a los aspirantes a algún derecho ejidal o comunal, así lo hubiera considerado expresamente.- Resultan aplicables en lo medular y sustancial las siguientes tesis sustentadas por la Sala Auxiliar y la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, respectivamente, aparecen publicadas en la página dieciocho, de los Volúmenes 199-204, así como en la página ciento cuarenta y uno, del Volumen 3, ambos de la Séptima Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y cuyas voces y texto son los siguientes: 'AGRARIO. AMPARO AGRARIO. TERMINO PARA INTERPONERLO.- Conforme al artículo 212, fracción III, de la Ley de Amparo, están sujetos a la regulación especial agraria los juicios en que la consecuencia del acto reclamado sea no reconocerles o afectarles a los campesinos los derechos que hayan demandado ante las autoridades, cuando lo hayan hecho como aspirantes a ejidatarios y comuneros. Y conforme al artículo 217, la demanda podrá interponerse en cualquier tiempo cuando se trate de actos que puedan tener por efecto privar del disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. En consecuencia, aunque el amparo pedido por quienes solicitaron la dotación ejidal de tierras que dicen tener en posesión, es un amparo agrario, como ese grupo no constituye aún un núcleo sujeto al régimen ejidal, la privación de sus posibles derechos no puede ser reclamada en cualquier tiempo, sino que debe ser reclamada dentro de los quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo. La excepción del artículo 217 se refiere sólo a la privación de derechos de un núcleo sujeto al régimen ejidal, y no a quienes solicitan constituirse en un núcleo ejidal, sin tener derechos constituidos como ejido, ya que esto requiere una resolución dotatoria, así sea provisional. Y las excepciones son de aplicación estricta, y no pueden ampliarse por analogía ni por mayoría de razón. Y el artículo 217 sólo se refiere a la situación prevista en la fracción I del artículo 212, pero no a las fracciones II y III, siendo así que el caso analizado queda previsto en la III.' y 'AGRARIO. TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL AMPARO.- Si los quejosos no constituyen un núcleo de población ejidal o comunal, en cuyo caso podrían intentar el amparo contra actos tendientes a privarlos de la propiedad, posesión o disfrute de sus bienes agrarios, en cualquier tiempo, debieron promover el juicio de garantías dentro del término de 15 días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, salvo el caso que dichos quejosos fueren ejidatarios o comuneros, pues en esta hipótesis el término para intentar dicho juicio, contra actos que afecten los intereses individuales de aquéllos, es de 30 días.'-Luego, acorde a la directriz planteada por la Sala Auxiliar de nuestro máximo tribunal de justicia de la Nación en la inicial tesis transcrita, si los campesinos aspirantes a la formación de un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal no disfrutan del beneficio procesal que el artículo 217 de la Ley de Amparo concede a los núcleos de población ejidal o comunal ya constituidos, por no encuadrar aquéllos en la hipótesis de privación del disfrute de derechos agrarios, ya que aún no son reconocidos éstos y, por ende, se ubican en el supuesto de quince días que prevé el citado numeral 21 del mismo ordenamiento, entonces con mayor razón, los aspirantes individuales a ejidatarios o comuneros tampoco se sitúan en la diversa hipótesis de treinta días establecida en el artículo 218 en estudio, pues sólo comprende a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros, siempre y cuando no afecten los derechos y régimen jurídico del núcleo de población a que pertenezcan, de lo que se colige también que se refiere a derechos agrarios ya constituidos y no presuntos y, consecuentemente, caen en el término de quince días que dispone el aludido numeral 21.- En mérito de lo expuesto, de las constancias de autos del juicio de conflicto parcelario número 012/T.U.A. 28/93, de donde emana el acto reclamado, las que hacen prueba plena conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, así como de lo asentado en el capítulo siguiente al de acto reclamado de la demanda de garantías, se advierte que la sentencia reclamada le fue notificada al representante legal del quejoso el día veinte de septiembre de mil novecientos noventa y tres (foja cuatrocientos setenta y nueve).- Ahora bien, el término de quince días que prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo, principió el día veintiuno de septiembre del año próximo pasado, para finalizar el día once de octubre de ese mismo año, con exclusión de los días veinticinco y veintiséis de septiembre, dos,tres, nueve y diez de octubre en que no se laboró en el tribunal responsable, como se desprende de la certificación levantada a foja veinte vuelta del presente toca por el secretario de Acuerdos; luego, si la demanda de amparo de que se trata se presentó hasta el dos de noviembre de mil novecientos noventa y tres, claramente se advierte su extemporaneidad.- En ese orden de ideas y con fundamento en la causal de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio de garantías, conforme a lo previsto en la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento legal.- Se cita por aplicable la tesis V.2o. 120 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo XIII-Mayo, página 446, sustentada por este Tribunal Colegiado, cuyo rubro y texto son: 'EJIDATARIOS. ASPIRANTES A. TERMINO PARA INTERPONER AMPARO.- Conforme al artículo 218 de la Ley de Amparo, el término para interponer la demanda de garantías será de 30 días cuando se trate de actos que causen perjuicio a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y régimen jurídico del núcleo de población al que pertenezcan, en consecuencia, aunque en la especie el amparo impetrado por quien reclamó el reconocimiento de derechos ejidales que correspondieron al de cujus, constituye un juicio constitucional de naturaleza agraria, al tratarse el quejoso de un aspirante a ejidatario que no tiene aún derechos individuales reconocidos o constituidos y, por ende, no pertenece legalmente al núcleo de población ejidal, la negativa a reconocerle los derechos reclamados, en el dictado de la sentencia impugnada, no puede ser combatida a través del juicio de amparo conforme a la regla de excepción prevista en el numeral 218 en estudio, sino que debe hacerse dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo. Efectivamente, quienes pertenezcan a la clase campesina y pretendan derechos ejidales o comunales, les es aplicable, para efecto de la interposición del juicio de garantías, el mencionado numeral 21, ya que ésa fue la intención del legislador, al redactar como lo hizo, el analizado artículo 218, es decir, de haberse deseado por aquél, que el término de treinta días a que se refiere este último precepto legal, se hiciere extensivo a los aspirantes a algún derecho ejidal o comunal, así lo hubiera considerado expresamente.'-No es óbice para lo anterior, la admisión de la demanda de amparo por el presidente de este tribunal, de conformidad con lo dispuesto en la tesis jurisprudencial número 21, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo IX-Febrero, página 71, pronunciada por este órgano colegiado y cuyo rubro es: 'AMPARO ADMITIDO POR AUTO DE PRESIDENCIA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. CUANDO CON POSTERIORIDAD SE ADVIERTE UN MOTIVO LEGAL QUE LA DETERMINE.'-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: UNICO.- Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Leoncio Samaniego Willes, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable precisado en el resultando primero de esta ejecutoria."

Por otra parte, en el amparo directo 59/94, promovido por Luz Elena Enríquez Enríquez, en la parte conducente, se dijo lo siguiente:

"III. En el caso a estudio, no se transcribirán las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada, ni los conceptos de violación expuestos para combatirla, toda vez que no serán objeto de estudio por este tribunal, en virtud de advertirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el diverso 74, fracción III, de la propia ley reglamentaria, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías promovido.- En efecto, de la propia manifestación expresa vertida por la quejosa en el apartado V de su demanda de garantías (foja 4 del toca de amparo), se advierte a todas luces que la sentencia reclamada le fue notificada el tres de noviembre de mil novecientos noventa y tres. Tal manifestación se encuentra corroborada con la certificación que al respecto formuló el secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario responsable (foja 9 vuelta del propio toca).- Ahora bien, como la demanda de la protección constitucional se presentó hasta el tres de diciembre del citado año, según el sello de recibido de la propia responsable que aparece estampado a foja 4 del mencionado toca y según la señalada certificación, luego, es evidente que nos encontramos ante la presencia de actos consentidos tácitamente, pues no se promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días que señala el artículo 21 de la ley de la materia, el cual feneció el veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y tres.- Lo anterior resulta así, tomando en consideración que la impetrante del juicio de control constitucional, es una aspirante a la calidad de ejidatario, que no tiene aún de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4178-041d30f3/ejidatarios-y-comuneros-los-aspirantes-a-esas-calidades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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