COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. JUBILACION POR INVALIDEZ Y PENSION LEGAL POR ESE CONCEPTO. SI EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA 58, PUNTO 3, DEL CONTRATO COLECTIVO (PARA EL BIENIO 1992-1994) LA CITADA COMISION CUBRE INTEGRAMENTE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE DERIVAN DE LA LEY Y DEL CONTRATO, PUEDE RECUPERAR EL MONTO DE LA PRESTACION LEGAL.
CONTRADICCION DE TESIS 27/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El criterio que sostiene el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, se contiene en la resolución que pronunció el veinte de abril de mil novecientos noventa y cinco, al conocer del juicio de amparo directo 56/95, promovido por María Elena Salas Vanegas, en contra del laudo de treinta de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, pronunciado por la Junta Especial Número Veinticuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente 184/93, relativo al juicio laboral seguido por la referida actora en contra de la Comisión Federal de Electricidad, División Bajío, Zona Aguascalientes y/o el responsable de la fuente de trabajo.
Dicha resolución del Tribunal Colegiado señala en lo conducente:
"CUARTO. Los conceptos de violación expresados por la peticionaria de amparo, son del tenor literal siguiente: `PRIMERO. El laudo que se impugna viola las garantías de legalidad, por cuanto la autoridad responsable, al resolver la litis planteada, no apreció debidamente las pruebas aportadas, ni valoró los argumentos expresados en mi demanda y en la ampliación a la misma, violando los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y, consecuentemente, no está el laudo combatido debidamente fundado y motivado, lo que implica otra violación a la garantía consagrada en el artículo 16 constitucional, por el que se exige que esté debidamente fundado y motivado, no satisfaciendo el laudo mencionado tales requisitos. En efecto, la autoridad responsable en su laudo impugnado en su considerando III, foja diez, después de reconocerme mi antigüedad en forma real y correcta y determinar que, conforme a la cláusula 67 del contrato colectivo, se debe cuantificar el pago de mi pensión en un 82%, inmediatamente, expresa: `...siendo improcedente lo que pretende la actora respecto a su manifestación de que cuando exceda de ciento ochenta días de antigüedad se le deberá tomar el año completo, ya que no se acreditó así, por lo que únicamente le corresponde el 82% al 80% que se le cubrió...'- Lo anterior, no se apega a lo afirmado y solicitado en mi ampliación de la demanda, dentro de la audiencia que tuvo verificativo el siete de octubre de mil novecientos noventa y tres, foja tres, once renglones al terminar se manifestó que, en relación a la solicitud de reconocimiento de mi antigüedad que se reclama, hay que señalar que en los formatos que usa la propia demandada para calcular la retención del impuesto sobre producto del trabajo en su renglón C, señala claramente que en toda fracción de más de ciento ochenta días se considerará como un año completo y, en el caso, han transcurrido más de los doscientos tres días, con lo cual se cumplen los veintidós años de servicio que se me deben de reconocer como antigüedad total al servicio de la empresa demandada, por cumplirse los extremos señalados, no sólo en los formatos, sino en las cláusulas del contrato colectivo de trabajo, cláusula 31 del mismo y en las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y en los criterios jurisprudenciales de los Tribunales de Circuito y solicité, desde ese momento, se le apercibiera a la empresa demandada exhibiera y pudiera probar lo expresado. La autoridad responsable, no tomó en cuenta, ni lo expresado en la audiencia en la que amplié mi demanda, ni requirió a la demandada para que exhibiera el documento señalado, violando con ello lo dispuesto en el artículo 782 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, dejándome sin oportunidad de probar mi aserto, máxime que la Junta responsable, una vez que se le solicitó apercibiera a la demandada a exhibir los formatos aludidos con base en el primer precepto de la ley de la materia invocada, debió ordenar el examen de dichos documentos y, al no hacerlo, violó en mi perjuicio el artículo 782 de la ley de la materia. Además, no tomó en cuenta las cláusulas 9 y 31 del contrato colectivo de trabajo, relacionándolas con los artículos 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo. Pues, en la cláusula novena, párrafo segundo expresamente se señala que en los casos de duda respecto a alguna de las cláusulas del presente contrato, se aplicará la norma que más beneficie al trabajador y la cláusula 31 que expresamente regula la cuantificación de los lapsos menores de un año. Por lo tanto, si se relacionan ambas cláusulas citadas y bajo la luz de lo que ordenan los artículos 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo, se verá que sí es procedente la pretensión de que toda fracción de ciento ochenta días se considerará un año completo y la suscrita quejosa por el reconocimiento correcto y debido que me hace la responsable, contaba con veintiún años doscientos cinco días que se traducen en veintidós años cumplidos y conforme a la tabla de la cláusula 67 por veintidós años me corresponde el 84% de pensión jubilatoria. Consecuentemente, con base en lo expresado, es procedente se me otorgue la protección de la Justicia Federal, al violarse en mi perjuicio los preceptos de la ley de la materia ya invocada y por ende, las garantías de legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. El laudo que se impugna viola la garantía de legalidad consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales, por cuanto la autoridad responsable, al resolver la litis planteada no valoró, ni analizó la cláusula 29, relacionada con la cláusula 20, fracción III, y la 40, fracción V, inciso b) del pacto colectivo, al negar que la ropa de trabajo forme parte del salario y se integre para el cálculo de la jubilación. En efecto, la Junta responsable, en el considerando III de su laudo que se impugna en la foja diez dice: `...pretendiendo se le integre al salario lo correspondiente a ropa de trabajo de acuerdo a la cláusula 20, fracción II, inciso 2) del contrato colectivo de trabajo y convenio de particularidades, cláusula 40, fracción V, inciso b), de lo cual se manifiesta que esta prestación es improcedente, toda vez que dicha ropa de trabajo se entrega al personal en activo y no al personal jubilado por ser un medio de protección para desempeñar el trabajo y por lo tanto no puede formar parte integrante del salario...'- De lo anterior se desprende que la Junta responsable, no analizó debidamente las cláusulas del contrato colectivo de trabajo, pues en la cláusula 20, fracción III, inciso I, párrafo segundo se dice: `Al personal de oficina, así como al personal de las regiones de producción y personal permanente de las residencias de construcción, cuatro juegos de ropa y cuatro pares de zapatos. En los casos anteriores, al personal de oficina se entregará el número de juegos pactados o la cantidad que convengan las partes para substituir esta obligación, misma que se cubrirá en el mes de marzo y será revisada anualmente...' Como puede verse tal prestación se da a todo el personal, pero al de oficinas se les puede dar en efectivo, es decir, en una cantidad fija determinada y convenida, como viene sucediendo desde hace más de seis años y no la reciben más que en el mes de marzo y tal cantidad que se da una vez al año se entrega por vales como una cantidad específica y conforme a la cláusula 29 del pacto colectivo y el artículo 84 de la ley de la materia es una prestación que integra el salario, y para cuantificarla, como es anual, se debe calcular por día y efectuando el cálculo se debe integrar al salario diario integrado para que, en el caso, forme parte de la cuantificación de la pensión jubilatoria. Por otra parte, lo que se reclama es que tal prestación se evalúe y se integre al salario que sirve de base para cuantificar la pensión, no que se le otorgue a los jubilados en especie, puesto que éstos antes de su jubilación eran activos y recibían tal prestación, por lo cual se les debe cuantificar para efectos de determinar el monto de su pensión jubilatoria cuando proceda. En consecuencia, la responsable no fija litis en lo que respecta a este punto en forma correcta, puesto que toda prestación que reciba el trabajador por su trabajo debe integrar el salario, conforme al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo y al no considerarlo viola este precepto, así como los 841 y 842 del mismo ordenamiento laboral, violando en mi perjuicio la garantía de legalidad consagrada en los artículos 14 y 16 de la Constitución, por cual (sic) se me debe otorgar la protección de la Justicia Federal, por las razones ya expuestas. TERCERO. El laudo que se impugna viola las garantías de legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por cuanto la autoridad responsable, al absolver a la demandada, Comisión Federal de Electricidad, de pagar a la suscrita quejosa la prestación que reclamé en el inciso c) del proemio de mi demanda y ampliación, no apreció debidamente las pruebas aportadas, ni valoró los argumentos expresados, violando en mi perjuicio los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y, consecuentemente, dicho laudo no se encuentra debidamente fundado y motivado. En efecto, la autoridad responsable en el considerando tercero del laudo que se combate a partir de la foja número once hasta la foja dieciocho hace suya la argumentación esgrimida por la demandada en su contestación a la demanda sin especificar el porqué estima correctamente las razones y argumentos que transcribe, por lo cual consideramos por esta razón que dicho laudo no se encuentra debidamente fundado y motivado y viola, consecuentemente, los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo. Pero independientemente de lo anterior, hay que señalar que la responsable basándose en la argumentación de la demandada se equivoca al señalar que la Comisión Federal de Electricidad tiene derecho a recuperar las prestaciones de la misma naturaleza existentes en el contrato colectivo de trabajo y en la Ley del Seguro Social puesto que nunca podrá darse tal equiparación toda vez que el artículo 28 de la Ley del Seguro Social indica claramente que para que esto proceda debe existir una valuación actuarial entre las prestaciones de la Ley del mismo Seguro Social (sic) y las del pacto colectivo, valuación actuarial que la demandada se abstuvo de acreditar al igual que no exhibió el convenio de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del procedimiento laboral, por lo cual se ignora el motivo por el que la responsable afirme categóricamente sin existir dicha valuación actuarial, que las pensiones jubilatorias y las de invalidez son similares. Por otra parte, el artículo 123 apartado A, fracción XXVIII, incisos f), g) y h) de la Constitución Política establecen la nulidad de los convenios que permita a los patrones retener el salario, los que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo y enfermedades profesionales y todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio de los trabajadores, lo anterior, amén de que la obligación de la responsable en caso de duda, conforme a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 17, la obliga a estar en favor de la parte obrera. Muy por el contrario, la responsable le otorga la razón a la demandada, sin apreciar que la Ley del Seguro Social en su artículo 10 indica que las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables, resultando, por tanto, ilegal la retención y descuento que hace la demandada en los recibos de pago de la pensión jubilatoria de la suscrita quejosa, como se señaló en la demanda y en la ampliación a la misma, que constituye una forma de embargo o similar al mismo, a lo cual la Junta responsable pretende darle validez legal a esos descuentos y se aparta por completo de lo que la lógica jurídica le impone y, antes que esto, el deber de considerar que en base a la Constitución ya mencionada y de acuerdo al estudio de las pruebas que obran en autos debió declarar nulo el convenio de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como nulo debió declararse el dictamen jubilatorio formulado por la demandada supuestamente a favor de la suscrita quejosa, por contener éste en sus conclusiones fracciones e incisos por los cuales se les obliga a renunciar a sus derechos, como asegurada, no obstante que fuese la propia renuncia sino que encaminada a favor de la demandada, situación que por ilegal reitero la responsable debió reparar en ello y declarar dicho convenio jubilatorio carente de validez y jurídicamente ineficaz, por oponerse a las disposiciones de orden público y constitucional. Todo lo anterior lo ha sostenido el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito dentro de los amparos directos laborales, con los cuales se constituyó jurisprudencia que se ofreció como prueba y, aun sin haberse ofrecido es obligación de la responsable conocer, máxime que ha sido publicada durante el año que transcurre en la Gaceta Laboral, órgano de difusión oficial de la Secretaría del Trabajo y aplicarla en mi beneficio, aún más, cuando los juicios se derivaron de la misma responsable, siendo los expedientes de amparo directo laboral números 389/92. Comisión Federal de Electricidad. Dos de octubre de mil novecientos noventa y dos. Número 217/88. Alfredo Rivera Segura. Veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho. Número 741/89. Antonio Díaz Delgado y coagraviados. Veinte de junio de mil novecientos noventa. Número 621/89. Rafael Rodríguez Luna y coagraviados. Veintisiete de junio de mil novecientos noventa. Número 126/91. Comisión Federal de Electricidad. Veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y uno. También la responsable se abstuvo de analizar que si bien es cierto el pacto colectivo establece la jubilación por incapacidad por el trabajo, ésta es y seguirá siendo jubilación contractual que nada tiene que ver con el origen de la pensión de invalidez que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo anterior se confirma de la sola lectura de la cláusula 60 del contrato colectivo de trabajo que obra en autos y que la responsable ni siquiera advirtió y mucho menos estudió al respecto, no obstante de haberse ofrecido dicha cláusula especialmente. Asimismo ruego a ese tribunal tenga a la vista la citada jurisprudencia número nueve, TC092025. LABORAL; cuyo encabezado dice Comisión Federal de Electricidad. TRABAJADORES JUBILADOS DE LA (SIC) DERECHO A PERCIBIR COMPLETA LA PENSION JUBILATORIA CON INDEPENDENCIA DE LA INVALIDEZ. Dictada dicha jurisprudencia por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, tal como se invocó en la audiencia del día veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cuatro, al formular la réplica a la contestación de la demanda. Por las razones antes expuestas, es procedente se conceda a mi favor el amparo y protección de la Justicia Federal, toda vez que la autoridad responsable no valoró las pruebas aportadas ni tomó en cuenta los argumentos que se hicieron valer en la demanda, en la aplicación a la demanda y en la réplica y al no hacerlo violó en mi perjuicio los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, infringiendo en mi perjuicio la garantía de legalidad consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales.'- QUINTO. Los conceptos de violación expuestos por la quejosa, este tribunal los considera infundados y por tanto ineficaces para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Para poner de manifiesto lo anterior, es preciso remitirnos a las constancias que obran en autos, consistentes en las actuaciones originales del procedimiento laboral 184/93, las que fueron remitidas a este cuerpo colegiado por el presidente de la Junta Especial Número Veinticuatro, de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Aguascalientes, en apoyo a su informe con justificación, a las cuales se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Para una mejor comprensión del asunto, se destacarán en forma significativa diversas de las actuaciones realizadas en el procedimiento aludido, que cobran relevancia en el caso a estudio, las que son a saber: María Elena Salas Vanegas, por su propio derecho, presentó demanda laboral en contra de Comisión Federal de Electricidad, el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y tres, en la que señaló las siguientes prestaciones: `a). La modificación y corrección de la base de la pensión jubilatoria con la cual fui jubilada formalmente el veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y dos, por el organismo público antes mencionado y que no se ajustó a lo establecido en el contrato colectivo de trabajo. b). El pago de las diferencias que resulten de la corrección de la base de la pensión jubilatoria, así como el pago de las diferencias por los aumentos que no se hicieron a mi pensión, conforme a los incrementos salariales durante el año de mil novecientos noventa y dos a la fecha y que tengo derecho de acuerdo al contrato colectivo del trabajo. c). La devolución del importe de los cheques que el Instituto Mexicano del Seguro Social me otorga como pensión de invalidez desde el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno hasta la fecha y que suman la cantidad de N$9,918.87'. Por proveído pronunciado el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y tres, la Junta Especial Número Veinticuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Aguascalientes, admitió a trámite la demanda de referencia, ordenando emplazar a la parte demandada y señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. En la fecha señalada anteriormente, la parte actora amplió su demanda, motivo por el cual la Junta señalada hoy como responsable suspendió la audiencia correspondiente y señaló nuevo día y hora para que tuviera verificativo la misma. Llegado el día, Juan Manuel Ponce Sánchez, en su carácter de apoderado de la Comisión Federal de Electricidad, dio contestación a la demanda que le fuera instaurada a su representada, negando que la actora tuviera acción y derecho para solicitar todas y cada una de las prestaciones que enumeró en su escrito inicial de demanda; y asimismo, hizo valer la excepción de incompetencia, misma que fue resuelta el ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, en la que la Junta Especial Número Veinticuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Aguascalientes se declaró competente para conocer del juicio, por lo que señaló nuevo día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Así pues, al llegarse el día y hora señalados por la autoridad responsable para que tuviera verificativo la audiencia de mérito, ambas partes ofrecieron las pruebas que estimaron convenientes a sus intereses, y desahogadas que fueron las mismas, por proveído de veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, se turnó el asunto al auxiliar correspondiente con el objeto de que emitiera el dictamen respectivo, mismo que fue realizado el día veintitrés del mes y año en cita y elevado a la categoría de laudo el día treinta siguiente. Laudo en el cual se declaró parcialmente procedente la acción intentada por la actora y en esa misma medida, justificadas las excepciones y defensas propuestas por la parte demandada; por lo que se condenó a Comisión Federal de Electricidad a reconocerle a María Elena Salas Vanegas una antigüedad a partir del mes de enero del año de mil novecientos setenta y uno, y como consecuencia de ello, se le pagara a ésta una pensión del ochenta y dos por ciento; absolviéndole de pagar la prestación que identificó en su escrito inicial de demanda con el inciso c), así como de los incrementos del 1% y 13% que fueron reclamados en la ampliación de demanda. El fallo en mención, es el que constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. Por cuestión de técnica, en este considerando se analizarán los conceptos de violación expuestos por la quejosa en el orden en que así fueron mencionados en el escrito inicial de demanda. En esta tesitura, se puntualizará a continuación el primer motivo de queja expuesto por la quejosa en el que señaló: 1. Señala que la autoridad responsable no apreció debidamente las pruebas aportadas, ni valoró los argumentos expresados en la demanda inicial y ampliación de la misma, violando con ello el contenido de los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, así como las garantías individuales previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales. También aduce que la Junta responsable incorrectamente declaró improcedente la solicitud formulada en el sentido de que, cuando excede de ciento ochenta días la antigüedad, debe de tomarse como un año completo para el efecto de computar la citada antigüedad. Puesto que en los formatos que usa la Comisión Federal de Electricidad para calcular la retención del impuesto sobre productos del trabajo en su renglón C, señala que toda fracción de más de ciento ochenta días se considerará como un año completo, siendo que en el caso han transcurrido más de doscientos tres días, con lo cual se cumplen veintidós años de servicios; situación que se corrobora con el contenido de la cláusula 31 del contrato colectivo de trabajo. Continua afirmando la quejosa que la autoridad responsable no obstante que solicitó que se le requiriera a la Comisión Federal de Electricidad para que exhibiera los formatos de referencia, no hizo lo conducente violando con ello lo dispuesto por los artículos 782 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, dejando a la quejosa sin oportunidad de probar su afirmación. Para concluir señalando que la Junta responsable no tomó en cuenta el contenido de las cláusulas nueve y treinta y uno del contrato colectivo de trabajo, mismas que se relacionan con los artículos 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo. Tal motivo de queja debe declararse infundado. Ello es así, pues la quejosa hace depender el mismo del hecho consistente en que la Junta señalada como responsable no requirió a la Comisión Federal de Electricidad para que exhibiera en el procedimiento de origen los formatos que usa para calcular la retención del impuesto sobre productos del trabajo y al respecto debe señalarse lo siguiente. De las constancias que integran el procedimiento natural, se advierte que en la diligencia verificada el siete de octubre de mil novecientos noventa y tres y que corre agregada a fojas de la veintisiete a la veintinueve del cuaderno principal, mediante la cual María Elena Salas Vanegas amplió su demanda, solicitó a la autoridad responsable requiriera a la Comisión Federal de Electricidad con el objeto de que exhibiera los formatos que usa para calcular la retención del impuesto sobre el producto del trabajo. También se advierte, que en dicha diligencia, en la que intervino María Elena Salas Vanegas, la autoridad responsable se limitó a suspender la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, por virtud de la ampliación de demanda formulada por ésta, sin que hubiese obsequiado la solicitud de la quejosa que se ha citado en el párrafo que antecede; y no obstante ello, la peticionaria no formuló inconformidad alguna al respecto. Pero aún más, al ofrecer las pruebas que estimó conducentes para acreditar la acción intentada, lo que tuvo lugar en la diligencia verificada el veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cuatro, que corre agregada de la foja seiscientos setenta y seis a seiscientos ochenta y tres del cuaderno principal, no se desprende, que María Elena Salas Vanegas hubiese ofrecido como prueba, el formato que la Comisión Federal de Electricidad usa para calcular la retención del impuesto sobre el producto del trabajo; y menos aún, se advierte de la actuación que se comenta, que la quejosa hubiese manifestado algo en torno a la omisión en que incurrió la autoridad responsable al no requerir a dicha persona moral por la exhibición de dichos documentos, de conformidad a lo solicitado por ésta en su ampliación de demanda. Todo lo anterior se cita con el objeto de poner de manifiesto que María Elena Salas Vanegas, con la actividad desplegada en el procedimiento natural en torno a la petición que formuló en el sentido de que se requiriera a la Comisión Federal de Electricidad para el efecto de que exhibiera en autos los formatos que usa para calcular la retención del impuesto sobre productos del trabajo, se traduce en un consentimiento tácito, consistente en que el documento en cuestión no fuera tomado en consideración por la autoridad responsable para resolver el conflicto planteado, pues como se ha resaltado en párrafos que anteceden, María Elena Salas Vanegas no produjo manifestación alguna en el devenirdel procedimiento natural, tendiente a que la Junta responsable proveyera de conformidad su solicitud y lo que es más, el formato en cuestión no fue ofrecido como prueba. Por todo lo anterior, debe decirse que la quejosa consintió en todo momento la omisión en que incurrió la autoridad responsable, al no requerir a la Comisión Federal de Electricidad para que aportara al procedimiento natural el formato mencionado, lo que conlleva a estimar que estuvo de acuerdo en que dicho documento no constituyera una prueba, máxime que ni ella ni la hoy tercera perjudicada la ofreció con tal carácter. Independientemente de lo anterior, debe puntualizarse que la quejosa parte de un supuesto falso para el planteamiento del concepto de violación en estudio, pues indebidamente estima que las reglas que se aplican para calcular la retención del impuesto sobre el producto del trabajo, tienen que ser aplicadas con respecto al cómputo para calcular su antigüedad. Ello es así, pues tratándose de antigüedad, las reglas que se fijan en torno a este concepto están delimitadas en la Ley Federal del Trabajo y en el caso, en el contrato colectivo. Para ello, basta hacer mención a las cláusulas 31 y 67 del Contrato Colectivo para los Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, pues en la primera se señala que para el caso de que en dicho instrumento se requieran años completos, los lapsos menores no se tomarán en consideración; y en la segunda se específica el porcentaje de salario diario que debe ser cubierto a un trabajador por concepto de jubilación, en la cual casuísticamente aduce años completos de servicio. Luego entonces, si la cláusula 67 del contrato colectivo de trabajo, es aquella que da las bases para la jubilación de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, y al hablar del porcentaje del salario diario que a cada uno de ellos les corresponde, se refiere a años completos de servicio, no cabe interpretación alguna al respecto, como equivocadamente lo pretende la peticionaria en el motivo de queja que se analiza. En otras palabras, si la referida cláusula 67 del contrato colectivo de trabajo específica a qué porcentaje corresponde el salario diario por años de servicio, para los efectos de la jubilación no pueden ni deben tomarse en consideración los lapsos menores de un año; situación que prevé la cláusula 31 del contrato aludido, la que fue citada por la propia quejosa. Atento a lo anterior, debemos concluir que en la especie, la Junta responsable no infringió el contenido de los artículos 782 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, habida cuenta de que en el primer precepto se contiene una facultad potestativa para aquélla, consistente en practicar las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad y requerir a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate, sin que tal situación se traduzca en un imperativo; y por otra parte, el segundo artículo invocado obliga a la autoridad a dictar laudos claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente, dispositivo que no se infringe y lejos de esto, en acatamiento a su contenido, la responsable pronunció el laudo hoy impugnado, atento a las consideraciones que se han expuesto al analizar el primer concepto de violación esgrimido por la peticionaria. En el segundo concepto de violación la quejosa aduce las siguientes argumentaciones: Principia afirmando que la Junta responsable no analizó el contenido de la cláusula 29 del contrato colectivo de trabajo, relacionada con la 20, fracción III y 40, fracción V, inciso b), al negar que la ropa de trabajo forma parte del salario y se integre para el cálculo de la jubilación, aduciendo que esta prestación sólo se entrega al personal en activo y no así al jubilado por ser un medio de protección para desempeñar el trabajo. En tal sentido aduce que la consideración en cita es inacertada, pues la cláusula 20, fracción III, inciso I), del contrato colectivo de trabajo, señala que dicha prestación se da a todo el personal, pero al de oficinas se les puede dar en efectivo; es decir, una cantidad fija determinada, la que recibió la quejosa por más de seis años en el mes de marzo, por lo que debe considerarse como una prestación que integra el salario, concluyendo que lo que se reclama es que tal prestación se evalúe y se tome en consideración para integrar el salario que sirve de base para cuantificar su pensión. El concepto de violación expuesto es infundado, puesto que como correctamente lo expresa la Junta señalada como responsable, el concepto ropa de trabajo no integra el salario para efecto del pago de la pensión jubilatoria. Al respecto, este Tribunal Colegiado ha sostenido en lo medular, lo siguiente: `Anotado lo anterior, debe decirse que es verdad que la ropa de trabajo prevista por la cláusula 20, fracción III, del pacto colectivo, es una prestación que Comisión Federal de Electricidad prop
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3799-95a66c22/comision-federal-de-electricidad-jubilacion-por-invalidez-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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