MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ESTABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACION, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR.
CONTRADICCION DE TESIS 31/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en su tesis TC121035CIJ, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, página novecientos seis, establece:
"MEDIDAS DE APREMIO. LOS JUECES DEBEN SEGUIR UN ORDEN PARA APLICARLAS.- De una interpretación armónica del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de acuerdo con lo establecido por el 14 de la Constitución Federal, que consagra la garantía individual del respeto a la libertad personal como uno de los más preciados derechos con que cuenta el ser humano, se puede establecer que un correcto uso de la facultad discrecional de los Jueces tienen para emplear cualquier medida de apremio, para hacer cumplir sus determinaciones, debe ejercerse siguiendo el orden que establece la ley, y sólo en caso de reincidencia o rebeldía y agotados los otros medios, finalmente se impondría el arresto, previo apercibimiento."
La ejecutoria de la que emerge el criterio citado se pronunció en el toca 233/93, el seis de octubre de mil novecientos noventa y tres, en la que en lo conducente se consideró lo siguiente:
"TERCERO.- Son substancialmente fundados los agravios que se analizan.
"En efecto, aduce en esencia la quejosa, que la sentencia impugnada viola en su perjuicio el artículo 73, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, por inexacta interpretación de la ley; que no son infundados los conceptos de violación como en forma incorrecta lo adujo el a quo, toda vez que sostiene, lo que en ellos se alegó no fue que las medidas de apremio fueran inconstitucionales sino que el arresto decretado no era legal porque antes debió haberse agotado los otros medios de coacción, y que por tanto el arresto reclamado sí es violatorio de garantías, pues además no fue parte en el juicio ejecutivo mercantil 2031/91, del que emana el acto reclamado.
"En efecto, el Juez Federal no resolvió conforme a derecho al negar el amparo solicitado, toda vez que el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, establece: `Los Jueces para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear cualesquiera de los siguientes medios de apremio que juzguen eficaz: I.- La multa hasta por las cantidades a que se refiere el artículo 62, fracción II la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia; II.- El auxilio de la fuerza pública; III.- El cateo por orden escrita; IV.- El arresto hasta por quince días.- Si el caso exige mayor sanción, se dará parte a la autoridad competente.' Como puede advertirse, si bien es verdad que el precepto en cita otorga facultades a los Jueces para hacer cumplir sus determinaciones y dispone que pueden emplear cualquiera de los medios de apremio que juzguen eficaz, sin embargo, al hacerse una interpretación armónica del precepto en cita, con lo establecido por la Constitución Federal de la República en su artículo 14, que consagra como garantía individual el respeto a la libertad personal como uno de los más preciados derechos con que cuenta el ser humano, consecuentemente se establece que la facultad discrecional de los Jueces para emplear cualquier medio de apremio está en la relación con que juzguen eficaz a cada caso concreto, por lo que deben de llevar un orden legal, esto es, imponer en primer término multa o auxiliarse de la fuerza pública o decretar un cateo, incluso por dos o tres ocasiones y sólo en caso de reincidencia en el incumplimiento, se reitera, una vez agotados los medios a que se aluden, finalmente imponer el arresto, previo su apercibimiento. Luego, como de las constancias de autos se advierte que la autoridad responsable, para imponer el arresto que constituye el acto reclamado, si bien lo hizo en razón de que la quejosa, no obstante los requerimientos que se le hicieron mediante acuerdos de fechas veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y tres y veintiocho de abril del mismo año (fojas 19 y 25), no cumplió con ellos, también lo es que la citada autoridad, previamente a la imposición del arresto como medida de apremio no agotó, como ya se señaló, los diversos medios que le preceden. Por tanto, lógicamente que la medida decretada a la promovente del amparo, sin que antes se hayan agotado los medios de coacción que la ley establece, se considera violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. En consecuencia, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado."
En igual sentido se pronunció el Tribunal Colegiado de referencia en la ejecutoria dictada el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y tres al resolver el toca 174/93, en la que, en lo conducente, se establece:
"Son fundados los conceptos de violación aducidos por el quejoso, supliendo sus deficiencias, de conformidad con el artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo y por tratarse el acto reclamado de una orden de arresto, por la que se privaría al quejoso de su libertad personal.
"En efecto, la responsable, Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en los Mochis, Sinaloa, mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil número 1097/90 (foja 110), requirió al hoy promovente para que entregara al depositario judicial nombrado por la parte actora en dicho juicio, los bienes que le habían sido embargados, en diligencia de dieciséis de octubre de mil novecientos noventa (foja 90), fundando la citada medida de apremio en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en este Estado.
"El treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos el citado Juez ordenó el arresto del quejoso en vista de que éste no había hecho entrega de los bienes muebles embargados, como se le había ordenado en su diverso proveído antes citado.
"Ahora, el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, establece textualmente: `Artículo 73.- Los Jueces para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualesquiera de los siguientes medios de apremio que juzguen eficaz: I.- La multa hasta por las cantidades a que se refiere el artículo 62, fracción II, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia; II.- El auxilio de la fuerza pública; III.- El cateo por orden escrita; IV.- El arresto hasta por quince días. Si el caso exige mayor sanción, se dará parte a la autoridad competente.'
"En dicho orden de ideas, si bien es verdad que el precepto transcrito en el párrafo anterior, otorga facultades a los Jueces para hacer cumplir sus determinaciones y que éstos pueden emplear cualquiera de los medios de apremio que juzguen eficaz, este tribunal estima que de una correcta interpretación del precepto en cita, tomando en cuenta lo establecido por el artículo 14 de nuestra Carta Magna, el cual consagra como garantía individual el respeto a la libertad personal, como uno de los más preciados derechos con que cuenta el ser humano, debe llegarse al convencimiento de que la aludida facultad discrecional de los Jueces para hacer uso de cualesquiera de los medios de apremio previstos por la ley, debe de seguir el orden en que se encuentran establecidos en el propio precepto legal, para que su empleo se haga de acuerdo con el grado de rebeldía de quien se opone o dificulte el cumplimiento de una resolución judicial. Es decir, que para que la autoridad judicial imponga al contumaz un arresto, que constituiría el más drástico de los medios de apremio que legalmente puede imponer tal autoridad, precisamente porque significa la pérdida de la libertad personal, es preciso que aquél persista en su rebeldía, después de que el juzgador hubiera agotado, en su orden, las demás medidas de apremio que le concede la ley.
"En tal virtud, como de las diversas constancias que integran los autos, se observa que el Juez responsable para imponer el arresto que constituye el acto reclamado no siguió el orden establecido en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles aplicable, pues no agotó previamente las demás medidas de apremio a que se refieren las fracciones I, II y III del precepto legal en cita, debe concluirse que el arresto reclamado por el quejoso violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales. Por lo tanto, lo procedente es concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitó.
"La concesión del amparo se hace extensiva y respecto del acto de ejecución atribuido al secretario y director de Seguridad Pública del Municipio de Ahome, Sinaloa, porque al haberse considerado violatorio de garantías individuales el acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora, su ejecución también importa violación de garantías constitucionales."
TERCERO.- Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 142/94 promovido por José Enrique Castillo Ibarra, en ejecutoria de trece de julio del presente año, por unanimidad de votos sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:
"CUARTO.- Son infundados los conceptos de violación formulados.
"En efecto, resulta evidente en principio que en la parte correspondiente a los conceptos de violación, el quejoso ningún razonamiento plantea para poner de relieve la infracción a las disposiciones constitucionales que invoca; pero tomando en consideración que para el examen de la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario realizar un estudio integral de la demanda de amparo, este Tribunal Colegiado advierte que en el capítulo relativo a los antecedentes, el peticionario refiere que la orden de arresto reclamada se encuentra relacionada con la entrega de un vehículo embargado en el juicio natural, que no es de su propiedad, argumento en el que, seguramente, hace descansar la ilegalidad del acto reclamado.
"Empero, el argumento es infundado, porque en autos no está demostrado que el bien mueble embargado pertenezca a una persona distinta al peticionario de garantías, pues lo único que está acreditado es que mediante diligencia de doce de noviembre de mil novecientos noventa y uno, el actuario adscrito al juzgado responsable practicó embargo sobre un vehículo (fojas veinticuatro y veinticinco), y que requerido que fue el demandado para la entrega del bien no cumplió con lo mandado (foja sesenta y cuatro), así que a este respecto no le asiste razón al quejoso, ahora recurrente.
"En el escrito de agravios, el inconforme alega que el Juez responsable no observó el orden establecido para la aplicación de los medios de apremio que prevé el artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, cuyo tenor es el siguiente:
"`Artículo 42.- Los Magistrados y los Jueces para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear cualesquiera de los siguientes medios de apremio: I.- Multa de cien a quinientos pesos, que se duplicará en caso de reincidencia; II.- Auxilio de la fuerza pública; III.- Cateo por orden escrita; IV.- Arresto hasta por quince días. Si el caso exigiere mayor pena, se consignará al Ministerio Público para los efectos legales.'
"Se ve de lo apuntado que tampoco en este aspecto le asiste razón al hoy recurrente, porque desde luego salta a la vista que al contener el pronombre indeterminado `cualesquiera', la norma es indicativa de que la autoridad jurisdiccional, para hacer cumplir sus determinaciones, puede emplear indistintamente, uno u otro, los medios de apremio ahí consignados, sin sujetarse en consecuencia, a un orden determinado, de modo que el hecho de que la responsable no haya observado el orden que refiere el inconforme, en nada le agravia."
CUARTO.- En la especie, debe señalarse que sí existe contradicción entre los criterios sustentados por los tribunales de referencia.
En efecto, la contradicción consiste en que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en las ejecutorias pronunciadas en los juicios de amparo en revisión civil números 233/93 y 174/93, promovidos, por Ana Lorena Verdugo Zazueta e Italo César Larrinaga Gastelum, respectivamente, consideró que de una interpretación armónica de los artículos 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa y 14 de la Constitución General de la República que consagra la garantía individual del respeto a la libertad personal como uno de los más preciados derechos con que cuenta el ser humano, se puede establecer que un correcto uso de la facultad discrecional de los Jueces para emplear cualquiera de los medios de apremio, está en relación con el que juzguen eficaz a cada caso concreto, por lo que deben llevar un orden legal, esto es, imponer en primer término, multa o auxiliarse de la fuerza pública o decretar un cateo incluso por dos o tres ocasiones y sólo en caso de reincidencia en el incumplimiento, se reitera, una vez agotados los medios a que se aluden, finalmente imponer el arresto, previo su apercibimiento.
En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión civil número 142/94, promovido por José Enrique Castillo Ibarra, consideró que al contenerse en la redacción del precepto, el pronombre indeterminado "cualesquiera", la norma es indicativa de que la autoridad jurisdiccional, para hacer cumplir sus determinaciones, puede emplear indistintamente, uno u otro, los medios de apremio ahí consignados, sin sujetarse en consecuencia, a un orden determinado.
Las relacionadas consideraciones permiten colegir que sí existe la contradicción de criterios denunciada, la que radica en determinar si en los términos de la redacción de los artículos 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León y 73 de similar ordenamiento jurídico para el Estado de Sinaloa, que establecen los medios de apremio, permiten al órgano jurisdiccional la aplicación de la medida que estime eficaz al caso concreto, sin seguir el orden en que se encuentran establecidas, o si en caso contrario, debe respetarse dicho orden.
No es óbice a lo anterior el hecho de que se trate de preceptos de legislaciones de dos entidades federativas, habida cuenta que el criterio sostenido por los tribunales contendientes, versa sobre el mismo problema jurídico, pero además, ha de considerarse que en el caso concreto dichas disposiciones legales son, en su redacción, casi idénticas, lo que permite el análisis de la presente contradicción.
En apoyo de lo anterior se invoca, a contrario sensu, el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala, en la tesis 3a.LIV/91, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Octava Epoca, correspondiente a marzo de mil novecientos noventa y uno, página cuarenta y ocho, que a la letra dice:
"CONTRADICCION DE TESIS. INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JURIDICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DISTINTAS.- Es inexistente la contradicción de tesis cuando los Tribunales Colegiados examinan el mismo problema jurídico pero lo hacen fundándose e interpretando disposiciones legales distintas y no coincidentes, de tal suerte que de lo sostenido por uno y otro tribunales no puede surgir contradicción, pues para ello sería necesario que hubieran examinado el problema jurídico a la luz de un mismo dispositivo legal o de preceptos distintos pero que coincidan en cuanto a lo que establecen, y que hubieran sostenido criterios diversos."
En efecto, los artículos de que se trata, establecen, respectivamente, lo siguiente:
"Artículo 42.- Los Magistrados y los Jueces para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualesquiera de los siguientes medios de apremio:
"I.- Multa de cien a quinientos pesos que se duplicará en caso de reincidencia;
"II.- Auxilio de la fuerza pública;
"III.- Cateo por orden escrita;
"IV.- Arresto hasta por quince días. Si el caso exigiere mayor pena se consignará al Ministerio Público para los efectos legales."
"Artículo 73.- Los Jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualesquiera de los siguientes medios de apremio que juzguen eficaz:
"I.- La multa hasta por las cantidades a que se refiere el artículo 62, fracción II, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia;
"II.- El auxilio de la fuerza pública;
"III.- El cateo por orden escrita;
"IV.- El arresto hasta por quince días. Si el caso exige mayor sanción, se dará parte a la autoridad competente."
De la anterior transcripción se advierte la coincidencia entre ambos dispositivos y la circunstancia de que en éstos sólo se señalan los medios de apremio de que el juzgador puede valerse para hacer cumplir sus determinaciones, sin especificar el orden en que deben aplicarse, es decir, sin precisar reglas para su aplicación.
QUINTO.- Tomando en cuenta que el fundamento y apoyo de los artículos supratranscritos se encuentra en el artículo 17, párrafo tercero constitucional, que al disponer que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones" autoriza al Congreso de la Unión y a las Legislaturas Locales o Congresos de las entidades federativas, respectivamente, para proveer en la esfera de su competencia, el establecimiento de los medios de apremio necesarios que permitan a los tribunales y Jueces la plena ejecución de sus resoluciones; por tanto, si al hacer uso de dicha autorización, los cuerpos legislativos, no sujetaron la aplicación de los medios de apremio a orden alguno, ni a reglas de aplicación, que tuvieran que ser observadas en el ejercicio de la facultad discrecional de imponer una medida de apremio, ha de considerarse que la única limitación existente para la autoridad judicial radica en el hecho de que al decidir el empleo de cualesquiera de los medios que enumera el precepto en comento, deberá expresar con claridad la motivación que tenga para ello, lo que implica el debido respeto a las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
A mayor abundamiento, debe tenerse presente que el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, estatuye: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
En esta tesitura, ha de considerarse que para garantizar la plena ejecución de las resoluciones judiciales, el legislador, en cumplimiento del mandato constitucional de mérito, determinó los medios de apremio necesarios para que los Jueces puedan hacer cumplir sus resoluciones, sin sujetarlos al orden en que se listan, o reglas de aplicación, pues en primer término, la norma constitucional que se analiza no lo indica en ese sentido y en segundo término, de tener que observar el orden de la enumeración que se hace en los preceptos a estudio, no sólo no se garantizaría la ejecución de las resoluciones sino que se obstaculizaría la actividad jurisdiccional del juzgador, contrariándose así lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional supracitado.
Consecuentemente, lo correcto es que los Jueces hagan uso del arbitrio de aplicar en cada caso la medida de apremio que por la experiencia, la lógica y el buen sentido, juzguen eficaz, tal y como lo prevén las normas en comento, para compeler al contumaz a cumplir con una determinación judicial, respetando desde luego las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es, no se trata de dejar a la arbitrariedad de las autoridades la imposición de los medios de apremio, sino que basados en su arbitrio y expresando las razones (debida motivación) por las que se utiliza el medio de que se trate, elijan entre los que a su alcance señalan las multicitadas normas adjetivas en materia civil, con la finalidad de lograr el cumplimiento de sus resoluciones en aras de una pronta y expedita impartición de justicia.
En apoyo de lo expuesto se citan diversos precedentes sustentados por las entonces Tercera y Cuarta Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo texto es como sigue:
"MEDIDAS DE APREMIO.- La ley autoriza a los Jueces para usar de las medidas de apremio, como elemento indispensable para que puedan vencer la resistencia de las partes o la de los que tienen intervención en el procedimiento, para cumplir las determinaciones judiciales; pero para que pueda ser legítimo y constitucional el uso de tales medidas de apremio, la orden relativa debe ser justificada en el sentido de que la resistencia sea voluntaria e inmotivada.
"Tercera Sala, Tomo XXXI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, página 1215."
"MEDIOS DE APREMIO.- No existe ninguna ley ni costumbre que establezcan que los medios de apremio que enumera el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles de 1884, deban ser aplicados en el orden en que los lista dicha disposición legal; en tal virtud, los Jueces pueden emplear cualesquiera de ellos a su arbitrio. Nota: el artículo citado, corresponde al 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 1932.
"Tercera Sala, Tomo XLI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, página 1043."
"MEDIOS DE APREMIO, APLICACION DE LOS.- No es verdad que conforme a la ley los Jueces, para hacer cumplir sus determinaciones deban imponer, por su orden, los medios de apremio que establece la ley procesal civil, ya que la propia ley deja a su criterio la aplicación de los que estime más adecuados para hacerse obedecer.
"Tercera Sala, Tomo XL del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, página 3433."
"MEDIOS DE APREMIO.- La facultad que tienen los Jueces para usar de medidas de apremio a fin de hacer cumplir sus determinaciones, no significa que sea potestativo para ellos el mandar o no, que se cumplan sus determinaciones; lo que es potestativo es la elección de la medida de apremio más adecuada para el caso, y la negativa a dictar esas medidas, cuando se desobedezcan sus mandamientos y las soliciten los interesados en su cumplimiento, constituye una violación de garantías.
"Tercera Sala, Tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, página 491."
"APREMIO, APLICACION DE LOS MEDIOS DE, EN MATERIA DE TRABAJO.- Conforme a lo preceptuado por el artículo 174 de la Ley Federal del Trabajo, el presidente de una Junta está facultado para emplear posteriormente, los medios de apremio a que el citado precepto se refiere, pues en el mismo no se establece que sólo deberá emplearse el tercero a continuación del segundo, ni éste a continuación del primero, toda vez que indudablemente queda a discreción del propio presidente, el emplear aquel medio de apremio que sea, a su juicio, el más eficaz y pertinente para lograr, en cada caso, el cumplimiento de sus determinaciones.
"Cuarta Sala, Tomo LXIV del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, página 1520."
Dentro de este contexto, es de concluirse que debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con algunas precisiones, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, la tesis correspondiente debe quedar redactada con el siguiente rubro y texto:
- De la interpretación del artículo 17 constitucional se llega a la conclusión de que las Legislaturas Locales tienen facultades para establecer en las leyes que expiden los medios de apremio necesarios de que dispondrán los Jueces y Magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de la administración de justicia pronta y expedita que a cargo de éstos establece el precepto constitucional supracitado; luego, si el legislador no establece un orden para la imposición de las medidas de apremio que enumere en la norma respectiva, ha de considerarse que corresponde al arbitrio del juzgador, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzgue eficaz para compeler al contumaz al cumplimiento de una determinación judicial, debiendo en ello, como en cualquier acto de autoridad, respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es, expresando las razones (debida motivación) por las que utiliza el medio de que se trate.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO.- Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Décimo Segundo Circuito y Segundo del Cuarto Circuito, al fallar respectivamente en los amparos en revisión civil números 233/93, 174/93; y, 142/94.
SEGUNDO.- Se declara que debe prevalecer, en los términosprecisados en esta resolución, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al fallar el amparo en revisión civil 142/94.
TERCERO.- Remítase de inmediato la tesis que se sustenta en la presente resolución a la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis, para su publicación, así como a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito en cumplimiento a lo previsto por el artículo 195 de la Ley de Amparo.
Notifíquese y cúmplase; con testimonio de esta resolución comuníquese a los Tribunales Colegiados sustentantes, y en su oportunidad archívese el expediente.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno por unanimidad de once votos de los Ministros: Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Castro y Castro (ponente), Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y presidente Aguinaco Alemán.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3616-28f7e3c1/medios-de-apremio-si-el-legislador-no-establece · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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