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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. NO ESTAN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR TANTO, CARECEN DE ACCION PARA DEMANDAR LA REINSTALACION O LA INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE. TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO; POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA SOLICITAR SU REINSTALACIÓN O EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/92. · Registro digital (IUS): 356
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Cuarta Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Mayo de 1993, , Pág. 189.

CONTRADICCION DE TESIS 29/92. ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Corresponde a continuación con consecuencia, verificar si en el caso existe la contradicción denunciada entre las tesis de referencia.

El juicio de amparo directo 103/92, radicado en el Tercer Tribunal Colegiado Segundo de Circuito, tiene como antecedentes, los que enseguida se narran:

Ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de México se tramitó el juicio laboral 277/91, en el que Guzmán Troche González, demandó al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Lerma, perteneciente a dicho Estado, en el que prestaba sus servicios como Oficial Mayor, el pago de la indemnización constitucional y salarios caídos así como el correspondiente a vacaciones, prima vacacional y aguinaldo.

Seguido el juicio laboral, el Tribunal de Arbitraje mencionado dictó el laudo correspondiente, en el que absolvió al Ayuntamiento demandado respecto a la indemnización constitucional y salarios caídos y lo condenó al pago de las demás prestaciones reclamadas. Para la absolución, se basó en las siguientes consideraciones:

"...II. Que en el presente conflicto laboral no es posible fijar controversia alguna en virtud de que el actor Guzmán Troche González ejecutó un trabajo de los considerados como de confianza. En efecto, el reclamante manifiesta en el hecho uno de la demanda que fue contratado el primer día del año en curso, con la categoría de Oficial Mayor, cubriendo las funciones que se le encomendaron en una jornada de trabajo que iba de 7.30 a 13.00 horas de lunes a sábado y recibiendo por ello un último salario quincenal de $650,000.00. Por su parte, el demandado H. Ayuntamiento Constitucional de Lerma, Méx., aceptó la categoría expresada por el actor y controvirtió el horario que menciona, por lo que este Tribunal recoge la confesión hecha por el actor, en forma natural y espontánea y le otorga pleno valor de conformidad con lo dispuesto por el artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, con la cual se acredita que efectivamente el actor Guzmán Troche González realizó las funciones de un trabajador de confianza, en términos de lo dispuesto por el artículo 5o. fracción IV del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal. Este Tribunal, en múltiples y reiteradas resoluciones, las cuales han sido confirmadas por los Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, ha determinado que los trabajadores de confianza no se encuentran protegidos por el principio de la estabilidad en el empleo, ni tampoco les asiste el derecho para exigir indemnización constitucional cuando son despedidos o cuando los efectos de su nombramiento se dan por terminados. En la especie, el actor era empleado de confianza y por tanto carece de los derechos que la Legislación le concede pues no está protegido por las normas del Estatuto Jurídico ya mencionado, tal y como lo dispone el artículo 6o. En las condiciones apuntadas, resulta inútil, ocioso e innecesario entrar al estudio de las pruebas ofrecidas por las partes pues, se insiste, que el actor ejecutó un trabajo de los considerados como de confianza, sin que obste que el demandado H. Ayuntamiento Constitucional de Lerma haya presentado su escrito de contestación de la demanda fuera del término que este tribunal le concedió, ni que se le hayan desechado las pruebas que aportó al sumario, por no haber llenado los requisitos previstos en el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo."

Inconforme con la resolución anterior, Guzmán Troche González promovió el juicio de amparo directo 103/92 de que se trata, el cual fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y dos, en el sentido de negar al quejoso la protección constitucional.

Las consideraciones en que se sustenta la ejecutoria de amparo y que es materia de la posible contradicción de tesis que se examina, son las que a continuación se transcriben:

"...Lo que acontece realmente, es que aun y cuando el Tribunal responsable tiene competencia legal para conocer del asunto, sin embargo son improcedentes por sí mismas las prestaciones reclamadas, porque éstas se derivan del derecho a la estabilidad en el empleo, del cual carece la impetrante por el carácter de trabajadora de confianza que le daba el puesto ocupado. En efecto, el artículo 123 fracciones IX y XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: 'B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley; y XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.' Por su parte el artículo 115 constitucional establece el derecho de los Estados y Municipios de emitir sus propias leyes que regulen sus relaciones laborales con sus trabajadores. En el caso, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal es el ordenamiento que regula las relaciones laborales antes referidas; y, dicho ordenamiento legal recoge el contenido de la fracción IX, apartado B, del artículo 123 constitucional, en el artículo 37, fracción V del propio Estatuto, que prevé la obligación de indemnizar a los trabajadores cuando fueren despedidos injustificadamente; y lo relativo a la fracción XIV del mismo numeral constitucional invocados, es recogido en los artículos 1o., 2o. y 6o. del multicitado Estatuto de los que se evidencia que a los trabajadores de confianza sí les es aplicable el mismo en cuanto a los procedimientos establecidos, las normas protectoras y seguridad social, y sólo los excluye de la aplicación de las disposiciones legales que regulan el régimen jurídico establecido en el mismo, relativo a condiciones de trabajo, derecho a huelga, sindicato etcétera (que sólo es aplicable a trabajadores de base y supernumerarios) y en lo relativo a la estabilidad en el empleo. La actora del juicio laboral demandó del ahora tercero perjudicado, la indemnización constitucional por despido injustificado, el pago de salarios caídos y vencidos desde la fecha en que se dice éste aconteció y otras prestaciones. Atento lo anterior debemos concluir, que del análisis del contenido del artículo 123 constitucional, fracción IX, se evidencia que las prestaciones de indemnización de tres meses de salario, o la reinstalación y el pago de salarios caídos, son prestaciones que se derivan del derecho de los trabajadores a la estabilidad en el empleo, por no poder ser despedidos del mismo sino por causa justificada, luego, si como se deduce de la diversa fracción XIV del propio numeral constitucional invocado, la hoy quejosa carece de dicho derecho por ser trabajador de confianza y por tanto, carece de derecho a la estabilidad en el empleo, evidentemente ésta no puede demandar el pago de prestaciones que se deriven de tal derecho, del que carece por disposición constitucional y por así preverlo el Estatuto Jurídico que es aplicable al caso, que recoge los principios contenidos en la Carta Magna por cuanto a las relaciones laborales de los Estados y Municipios con sus servidores. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en forma analógica la tesis número 324, publicada a fojas 237, Cuarta Sala, del Informe de Labores correspondiente al año de 1981, que dice: 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. NO ESTAN PROTEGIDOS POR EL APARTADO <<B>> DEL ARTICULO 123 EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no incurre en violación de garantías si absuelve del pago de indemnización constitucional y salarios caídos reclamados por un trabajador de confianza que alega un despido injustificado, si en autos se acredita tal carácter, porque los trabajadores de confianza no están protegidos por el artículo 123 de la Constitución apartado 'B', sino en lo relativo a la percepción de sus salarios y las prestaciones del Régimen de Seguridad Social que les corresponde, pero no en la referente a la estabilidad en el empleo.'. Por cuanto hace a la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, si bien el artículo 9 del Estatuto multicitado, prevé la posibilidad de su aplicación supletoria, también es que ellos sólo lo permite en los casos no previstos en el propio Estatuto, el cual como ya se vio sí regula lo referente a la indemnización constitucional por despido injustificado; pero como tal prestación sólo favorece a los trabajadores de base y supernumerarios quienes sí están protegidos por el derecho a la estabilidad en el empleo, no así al hoy quejoso quien por tener el carácter de trabajador de confianza no está protegido por tal derecho, entonces, éste no puede reclamar las prestaciones que se derivan de tal derecho, como lo son las reclamadas en el juicio consistente en la indemnización constitucional, pago de salarios caídos y vencidos o la reinstalación, luego, deviene por sí misma la improcedencia del reclamo de tales prestaciones y por tanto, es correcto que el Tribunal responsable absolviera del pago de las mismas a la parte demandada."

B. En lo correspondiente al juicio de amparo directo 305/90, radicado en el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, tiene como antecedentes, los que en seguida se relatan:

Erasto Cruz Pedraza ocurrió ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de México, a demandar al Ayuntamiento Constitucional y a la Oficialía del Registro Civil, de la población de Temascaltepec, el pago de la indemnización constitucional y salarios caídos así como el relativo a vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, aduciendo despido injustificado como titular de la referida oficialía.

El citado Tribunal de Arbitraje formó y registró el juicio laboral con el número 119/90 y habiéndose seguido el mismo por todos sus trámites, dictó laudo, en el que absolvió a la Oficialía del Registro Civil de todas las prestaciones reclamadas; y al Ayuntamiento lo absolvió únicamente por lo que hace a la indemnización constitucional, salarios caídos, mas no por las demás prestaciones, para ello, se basó en las consideraciones que, en lo que interesa, se transcriben:

"...II. Que en el presente conflicto, no es posible fijar controversia alguna, toda vez que, como se desprende de autos, el actor ejecutó un trabajo de los considerados como de confianza. En efecto, el actor Erasto Cruz Pedraza confiesa en forma expresa y espontánea en el hecho uno del escrito de demanda que fue contratado el día 19 de julio de 1984 con la categoría de oficial 02 del Registro Civil en Temascaltepec, Méx., y esta categoría se encuentra prevista en la fracción IV del artículo 5o. del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter Estatal y los trabajadores de confianza no se encuentran protegidos por el principio de la estabilidad en el empleo ni del pago de la indemnización constitucional, en caso de cese o cuando los efectos de su nombramiento se dan por terminados. Este Tribunal, en múltiples y reiteradas resoluciones, ha determinado que a los trabajadores de confianza no les es aplicable las normas del Estatuto Jurídico, pues así lo consigna el artículo 6o. porque los trabajadores de confianza únicamente tienen derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y a gozar de los beneficios de la seguridad social, motivo más que suficiente para absolver a los demandados H. Ayuntamiento del Municipio de Temascaltepec, Méx., y a la Oficialía Número 02 del Registro Civil de Temascaltepec, de pagar al actor Erasto Cruz Pedraza la indemnización constitucional y los salarios caídos que le reclamó, resultando ocioso, inútil e innecesario hacer el estudio y análisis de las pruebas ofrecidas por las partes, en virtud de que, como quedó establecido en este considerando, el reclamante ejecutó un trabajo de los considerados como de confianza lo que trae consigo la omisión del estudio de las pruebas de fondo."

El trabajador demandante se inconformó con la absolución pronunciada a favor del Ayuntamiento Constitucional de que se trata, y promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, quien por ejecutoria pronunciada en el toca 305/90, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, con base en las consideraciones que, por tener relación con la posible contradicción denunciada, se transcriben:

"...Ahora bien, de la lectura de la resolución reclamada, se aprecia que la autoridad responsable se declaró competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o. y 95 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal y artículo 7o. del Reglamento para ese tribunal, argumentando entre otras cosas que no era dable fijar la litis en virtud de que quien ocurre al arbitraje es un trabajador de confianza, quien no está protegido por el principio de la estabilidad en el empleo y la indemnización constitucional. Tal aseveración, resulta incorrecta, en virtud de que ha quedado establecido que los trabajadores de confianza sí se encuentran incluidos en el estatuto referido y lo único que no les regula como a los trabajadores de base, es la jornada de trabajo, duración de la misma, derecho de huelga, sindicato, etc., pero en estos casos el artículo 9o. del ordenamiento en cita, establece que los casos no previstos en dicha ley ni en sus reglamentos se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente y en su defecto, atendiendo a la costumbre, al uso de leyes del ordenamiento común a los principios generales del derecho y en último extremo a la equidad. Esto es, a los trabajadores de confianza al servicio del Estado les rigen las mismas normas de protección que a los trabajadores de base del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, a excepción de la estabilidad en el empleo. Luego, en el capítulo V relativo a las obligaciones de los Poderes y Municipios del Estado y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado, con 'sus trabajadores considerados individualmente del Estatuto en el artículo 137 fracción V (sic) se expresa que son obligaciones de los Poderes y Municipios del Estado, entre otras cosas, cubrir indemnizaciones por separación injustificada; lo que implica que la autoridad responsable, una vez que se declaró competente para conocer del asunto, debió resolver sobre las prestaciones reclamadas, como lo fueron pago de la indemnización constitucional, pago de salarios caídos, vacaciones y prima vacacional, y si no lo estimó así, infringió en perjuicio del quejoso los preceptos legales que invoca, así como la garantía de legalidad contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la responsable declare insubsistente el laudo reclamado emita uno nuevo en el que parta de la consideración de que un trabajador de confianza sí puede dirimir sus controversias ante el Tribunal de Arbitraje, que sí tiene derecho a la indemnización en caso de despido injustificado, y hecho lo cual, pero ahora con plenitud de jurisdicción, proceda al estudio de la controversia y dicte el nuevo laudo que proceda."

Atento los antecedentes relatados y con el fin de dilucidar si en el caso existe la contradicción de tesis denunciada, es necesario examinar si las cuestiones jurídicas analizadas por los Tribunales Colegiados resolutores, eran esencialmente iguales y a pesar de ello adoptaron criterios jurídicos discrepantes; si la diferencia de opiniones se presentó en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas, y si esos provinieron de los mismos elementos. Lo anterior, de acuerdo con la Jurisprudencia 4a./J.22/92, consultable en las páginas 22 y 23 de la Gaceta número 58, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, misma que fue aprobada por esta Cuarta Sala, en sesión privada celebrada el cinco del mes y año citados con antelación, y cuyo tenor es el siguiente:

"CONTRADICCION DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a). Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b). Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c). Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Analizadas las constancias de autos, se advierte que concurren los requisitos de mérito.

En efecto, el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, esto es, el pago de indemnización constitucional y salarios caídos, reclamados por empleados de confianza de Municipios del Estado de México, quienes, para ello, arguyeron despido injustificado; sin embargo dichos Tribunales establecieron criterios divergentes, pues mientras el Tercer Tribunal Colegiado sostiene que el empleado de confianza, por carecer del derecho a la estabilidad en el empleo, no puede demandar el pago de las referidas prestaciones; el Segundo Tribunal Colegiado, en cambio, en lo relativo, específicamente afirma que si bien los referidos empleados carecen de la estabilidad en el empleo, sí tienen derecho a la indemnización constitucional en caso de despido injustificado, en virtud de que conforme al artículo 37, fracción V, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, vigente en el Estado de México, al considerar individualmente a los trabajadores, señala que son obligaciones de los Poderes y Municipios del Estado, entre otras cosas, cubrir indemnizaciones por separación injustificada.

Consecuentemente, procede determinar cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia.

CUARTO. Esta Sala estima que con el carácter de jurisprudencia, debe prevalecer el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en el caso concreto en el sentido de que los trabajadores de confianza al servicio del Estado no están protegidos en cuanto a la estabilidad en el empleo y por tal razón, no pueden válidamente ocurrir ante los Tribunales del Trabajo competentes para demandar la indemnización constitucional o la reinstalación en el empleo, por derivar dichas prestaciones directamente de un derecho que la Constitución y la ley no les confiere.

En efecto, el artículo 123 apartado B, en sus fracciones IX y XIV, de la Constitución General de la República, establece:

"ARTICULO 123.- ...B,...IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley. En caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por la reinstalación de su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley; ...XIV. La ley determinará los cargos que serán consideradas de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social."

El artículo 115, fracción VIII in fine de la misma Ley Fundamental dice:

"ARTICULO 115.- ...VIII.- ...Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias."

El artículo 116, fracción V, constitucional, dispone:

"ARTICULO 116.- ... V.- Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias;..."

Por su parte, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes y del Estado, Municipios y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, en lo relativo, dispone:

"ARTICULO 1o.- La presente Ley es de observancia general para todas las autoridades y funcionarios integrantes de los Poderes Legislativos, Ejecutivos y Judicial, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de México."

"ARTICULO 2o.- Trabajador del Estado es toda persona que presta a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y a los Municipios del Estado de México, un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido, por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores temporales. Se considerará con igual carácter a los empleados y trabajadores que presten sus servicios en los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal."

"ARTICULO 4o.- Para los efectos de esta Ley los trabajadores al servicio del Estado se dividen en los siguientes grupos: I. Trabajadores de base, al Servicio de los Poderes del Estado y de sus Municipios; II. Trabajadores supernumerarios al servicio de los mismos Poderes; III. Empleados y Trabajadores al Servicio de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal; y IV. Trabajadores de Confianza."

"ARTICULO 6o.- Esta Ley solamente es aplicable a los trabajadores de base y supernumerarios de los Poderes del Estado y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, así como a los de igual carácter al Servicio de los Municipios de la Entidad. Los empleados de confianza no quedan comprendidos en el presente ordenamiento."

"ARTICULO 8o.- Todas las prerrogativas de la Ley Federal del Trabajo, en favor de los trabajadores y que no estén modificados o sustituidos por disposiciones de esta ley, se entenderán concedidas a los trabajadores al servicio del Estado."

"ARTICULO 9o.- Los casos no previstos en esta ley ni en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente y en su defecto atendiendo a la costumbre, al uso de las leyes del orden común, a los principios generales del derecho y en último extremo a la equidad."

"ARTICULO 37.- Son obligaciones de los Poderes y Municipios del Estado: ...V. Cubrir las indemnizaciones por separación injustificada, por los accidentes que sufran los trabajadores con motivo del trabajo o a consecuencia de él, y por las enfermedades profesionales que contraigan en el trabajo que ejecutan o en el ejercicio de la profesión que desempeñen."

"ARTICULO 96.- Las Juntas Arbitrales, serán competentes para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre los ayuntamientos y los trabajadores a su servicio."

Del análisis de los preceptos constitucionales y legales antes transcritos, se advierte que efectivamente, en general, los trabajadores al servicio del Estado pueden ocurrir ante los Tribunales de Arbitraje para dirimir los conflictos de carácter laboral que pudieran surgir, incluyendo aquellos en que como consecuencia de su separación injustificada se pretenda la reinstalación en el empleo o el pago de la indemnización correspondiente. Sin embargo, tanto en la Ley Suprema como en el Estatuto en cuestión, expresamente se establece un tratamiento de excepción para los denominados trabajadores de confianza, los cuales, conforme al mencionado artículo 123, apartado B, fracción XIV constitucional, solamente "disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social", esto es, se les excluye del derecho a la estabilidad en el empleo; y, en términos del artículo 6o. del Estatuto de referencia, se les excluye también de la aplicación del propio ordenamiento, lo que debe entenderse para los efectos de las acciones derivadas de la estabilidad en el empleo, sindicales y de huelga.

Entonces, es claro que el derecho de los trabajadores al servicio del Estado para demandar, en su caso, la indemnización constitucional o la reinstalación en el empleo, le asiste únicamente a aquellos que ocupen puestos de base o supernumerarios en términos de la fracción IX del apartado B del citado artículo 123 constitucional, pero en modo alguno corresponde tal posibilidad legal a los trabajadores de confianza, los que si bien es cierto, pueden ocurrir ante los Tribunales de Arbitraje para dirimir conflictos que pudieran afectar sus derechos laborales, también lo es que en su condición solamente tienen expedito su derecho para aquellas cuestiones que se refieran a la protección de sus salarios y las prestaciones del régimen de seguridad social, y no así para demandar prestaciones que derivan directamente del derecho a la estabilidad en el empleo, como lo son la indemnización constitucional o la reinstalación, por estar expresamente excluidos de tal derecho.

De acuerdo con los razonamientos anteriores, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito es incorrecto, pues para fundarlo, no solamente hace una errónea interpretación del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, particularmente de sus preceptos transcritos, en cuanto se ubica a los trabajadores de confianza en los supuestos a que se refiere tal ordenamiento, sino que, además, tal criterio se emite en franca contradicción con el citado artículo 6 de este Estatuto que expresamente excluye a los trabajadores con ese carácter, de manera hasta reiterativa, de la aplicación del propio ordenamiento, e igualmente se contrapone con el artículo 123, apartado B, fracción XIV, que los excluye también del derecho a la estabilidad en el empleo.

Consecuentemente, debe prevalecer el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y la tesis que como jurisprudencia debe sustentarse por esta Sala, se redacta en la forma siguiente:

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO. NO ESTAN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR TANTO CARECEN DE ACCION PARA LA REINSTALACION O LA INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE.- De conformidad con el artículo 115, último párrafo de la Constitución Federal, "... Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias"; por su parte, del mencionado artículo 123, apartado B, fracciones IX (a contrario sensu) y XIV, se infiere que los trabajadores de confianza están excluidos del derecho a la estabilidad en el empleo y, por tal razón, no pueden válidamente demandar prestaciones derivadas de ese derecho con motivo del cese, como son la indemnización o la reinstalación en el empleo, conclusión que se confirma por lo dispuesto en el artículo 6o. del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de México, que excluye a los trabajadores de confianza.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

UNICO.- Debe prevalecer el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en el amparo directo número 103/92.

Notifíquese; remítase la tesis jurisprudencial al Pleno, a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito que no intervinieron en la contradicción, así como al Semanario Judicial de la Federación y a su Gaceta, para su publicación; remítanse copia de esta ejecutoria al Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito que intervino en la contradicción y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Felipe López Contreras, Ignacio Magaña Cárdenas, José Antonio Llanos Duarte y Juan Díaz Romero, lo resolvió la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ponente el último de los nombrados. Firman el presidente y demás Ministros que integran la Sala con la secretaria de Acuerdos de la misma que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/356-3f66e0f7/trabajadores-de-confianza-al-servicio-de-las-entidades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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