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Modo: Corpus Pro

CONTRATO ENTRE CONYUGES. PRODUCE SU NULIDAD ABSOLUTA LA OMISION DE LA AUTORIZACION JUDICIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/91. · Registro digital (IUS): 324
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, , Pág. 93.

CONTRADICCION DE TESIS 13/91 ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer y resolver las denuncias de contradicción de tesis que en amparos en materia civil sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, como sucede en el caso.

SEGUNDO.- El texto de la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en la ciudad de Toluca, México, es el siguiente:

"FISCO. CONTRATO PRIVADO DE CESION DE DERECHOS ENTRE CONYUGES, SURTE EFECTOS ANTE EL.- El artículo 174 del Código Civil para el Distrito Federal, no especifica que la autorización judicial para contratar entre cónyuges deba ser previa a la celebración de dicho contrato, y lo más importante es que dicho precepto únicamente tiene por objeto proteger la coacción del abuso que puede ejercerse entre cónyuges, lo cual no anula el contrato, ni constituye un vicio del consentimiento, atento a lo que establece el artículo 1820 del Código Civil en cita, por lo que su inobservancia no produce la nulidad del contrato ni mucho menos su inexistencia, sino tal como lo expone el quejoso, la cesión de derechos que se califica de inexistente por la responsable, únicamente carecía de un requisito formal que se subsanó al otorgarse por escrito aquella autorización, por lo que el contrato surte efectos jurídicos retrotrayendo efectos desde el día de su celebración, sin perjuicio de los derechos de terceros. Amparo directo 539/87.- Jorge Ballesteros Bracho.- 18 de junio de 1987.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Angel Mandujano Gordillo.- Secretaria: Julieta Anguas Carrasco."

TERCERO.- Por otra parte, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, señala literalmente lo siguiente:

"CONYUGES, AUTORIZACION JUDICIAL PARA CONTRATAR ENTRE LOS. CONSTITUYE UN REQUISITO ESENCIAL.- No surte efectos jurídicos el contrato privado celebrado entre los cónyuges, porque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 174 del Código Civil para el Distrito Federal, la autorización judicial para contratar entre consortes es un requisito esencial, necesario para la existencia del propio contrato, pues su omisión significa la falta de consentimiento, ya que éste se integra no sólo con la voluntad de los cónyuges, sino que también debe concurrir la autorización judicial, luego, interpretar que la falta de tal autorización puede subsanarse, atentaría contra el espíritu de los artículos 174 y 176 del ordenamiento citado, cuya finalidad es la protección del patrimonio de los cónyuges; consecuentemente; la carencia del permiso judicial en comento no genera una nulidad relativa, sino absoluta, que afecta la existencia misma del contrato. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.- Amparo Directo 4723/90.- Genaro Núñez Reyes Espíndola.- 13 de junio de 1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Luis Caballero Cárdenas.- Secretario: Jesús Jiménez Delgado."

CUARTO.- Previamente al estudio de la cuestión planteada, debe precisarse si en el caso existe contradicción de las tesis sustentadas por los dos Tribunales Colegiados de Circuito de que se trata.

De la lectura de los considerandos segundo y tercero que anteceden, se concluye que sí existe la contradicción de tesis denunciada, ya que en tanto, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en la ciudad de Toluca, México, señaló que el artículos 174 del Código Civil para el Distrito Federal, no especifica que la autorización judicial para contratar entre cónyuges debe ser previa a la celebración del contrato, y su omisión no constituye un vicio del consentimiento, ni produce la nulidad del contrato, ni mucho menos su inexistencia, pues tal autorización es un requisito formal que puede subsanarse y por lo tanto el contrato celebrado sin dicho requisito surte efectos jurídicos retrotrayendo sus efectos desde el día de su celebración; el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, considera que el contrato celebrado entre cónyuges, sin la debida autorización judicial, no surte efectos jurídicos, puesto que dicha autorización es un requisito esencial, necesario para la existencia del propio contrato, pues su emisión significa la falta de consentimiento, ya que ésta se integra no sólo con la voluntad de los cónyuges, sino también debe concurrir la autorización judicial, y la omisión de ésta no puede subsanarse y por ende genera una nulidad absoluta que afecta la existencia misma del contrato.

QUINTO.- Para el efecto de precisar la materia de la presente contradicción, el estudio correspondiente comprende la interpretación del artículo 174 del Código Civil para el Distrito Federal, toda vez que como se aprecia de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito a que se hizo referencia, pronunciaron tesis contradictorias en relación con la validez jurídica del contrato celebrado entre cónyuges, sin la autorización judicial a que se refiere el precepto aludido.

Esta Tercera Sala determina que el criterio que debe prevalecer es el del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mas no por las razones que precisa en su tesis sino de acuerdo con lo señalado en los artículos 22, 24, 174, 175, 1795, 1798, 2226 y 2228 del Código Civil para el Distrito Federal, que establecen:

"Artículo 22. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código."

"Artículo 24. El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley."

"Artículo 174. Los cónyuges requieren autorización judicial para contratar entre ellos, excepto cuando el contrato sea el de mandato para pleitos y cobranzas o para actos de administración."

"Artículo 175. También se requiere autorización judicial para que el cónyuge sea fiador de su consorte o se obligue solidariamente con él, en asuntos que sean de interés exclusivo de éste, salvo cuando se trate de otorgar caución para que el otro obtenga su libertad. La autorización, en los casos a que se refieren éste y los dos artículos anteriores, no se concederá cuando resulten perjudicados los intereses de la familia o de uno de los cónyuges."

"Artículo 1795. El contrato puede ser invalidado:

I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;

II. Por vicios del consentimiento;

III. Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito;

IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece."

"Artículo 1798. Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley."

"Artículo 2226. La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos respectivamente cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción."

"Artículo 2228. La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión, y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo."

Del contenido de los preceptos transcritos se desprende, que la capacidad es un atributo de las personas; que todo sujeto de derecho, por serlo, debe tener capacidad jurídica.

Dicha capacidad jurídica, conforme de manera conteste se sustenta por la doctrina de la materia, se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio; la primera que consiste en la aptitud que a todo ser o ente le corresponde por el solo hecho de serlo, para ser titular de derechos o de obligaciones; la segunda como la aptitud que le deriva del orden jurídico vigente para hacer valer aquéllos y cumplir éstas, por sí mismo.

En estos términos, si bien puede considerarse que son aptos para realizar toda clase de actos jurídicos, entre ellos la celebración de contratos todas las personas no exceptuadas por la ley, por el contrario, la incapacidad para hacerlo, únicamente la ley puede decretarla o ser declarada por los tribunales de acuerdo a la ley.

Ahora bien, en lo que corresponde a los mayores de edad, tal capacidad de goce, que es la que interesa en el caso a estudio, puede ser limitada por el ordenamiento legal correspondiente, en cuanto priva al sujeto de ciertos derechos, como el caso de los extranjeros que no pueden adquirir bienes inmuebles en determinada zona (artículo 27, fracción I constitucional); los consortes entre sí, no puede celebrar contratos sin autorización judicial que proteja los intereses familiares y de los cónyuges (artículo 174 del Código Civil para el Distrito Federal). También los cónyuges requieren autorización judicial para que uno de ellos sea fiador de su consorte o se obligue solidariamente con él en asuntos que sean de interés exclusivo de éste (artículo 175) y que se incapacita a los consortes bajo el régimen de sociedad conyugal para celebrar contratos de compraventa (artículo 176).

Así pues, la regla general es la capacidad de goce; sin embargo, pueden existir restricciones como las señaladas en el párrafo precedente, y en el supuesto de que se celebre un contrato, sin que los contratantes cuenten con plena capacidad de goce, dicho acto jurídico no tiene validez jurídica (artículo 1795, fracción I) y estará afectado de nulidad absoluta (artículo 2226).

Esto es, si un acto jurídico denominado contrato nace a la vida jurídica sin reunir entre sus requisitos de validez, el de capacidad de goce de los contratantes, está afectado de nulidad absoluta, lo que implica que carece de efectos jurídicos; tal nulidad puede ser invocada por cualquier interesado, y la acción en que se haga valer no se extingue por renuncia, confirmación, prescripción o caducidad (artículo 2226).

En este orden de ideas, debe señalarse que el referido artículo 174 del Código Civil para el Distrito Federal, restringe la capacidad de goce de los consortes, puesto que limita su aptitud de poder ser titular de derechos y obligaciones y celebrar contratos entre sí y sólo por sí mismos, previendo de manera categórica que para ello debe mediar autorización judicial, la que desde luego tiende a proteger los intereses de la familia o de los cónyuges.

Habida cuenta de lo anterior, la autorización judicial de referencia no resulta un elemento esencial ni no esencial del contrato como lo sostienen, por una parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y por otra, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, sino la liberación de una restricción que la ley establece expresamente a la capacidad de goce de los cónyuges para contratar entre ellos, con el evidente propósito de proteger mediante la intervención judicial los intereses de la familia.

Por ende, el contrato celebrado sin dicho requisito, carece de validez jurídica y resulta nulo de pleno derecho, por no haberse dado el requisito "sine qua non" que la ley establece, por estar restringida sin tal autorización la capacidad de goce de los consortes, como entes susceptibles de derechos y obligaciones mutuos y recíprocos al respecto, con la característica de que aun cuando el acto intentado pueda producir provisionalmente sus efectos, los mismos podrían ser destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la nulidad, misma que no desaparece por confirmación o prescripción y es susceptible de ser invocada por todo interesado (artículo 2226 del Código Civil).

Por lo tanto, debe prevalecer no la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que en términos aparentes podría coincidir con el orden de consideraciones anteriores, sino la que con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, sostiene esta Sala y que debe quedar redactada con el siguiente rubro y texto:

"CONTRATO ENTRE CONYUGES. PRODUCE SU NULIDAD ABSOLUTA LA OMISION DE LA AUTORIZACION JUDICIAL.- El artículo 174 del Código Civil para el Distrito Federal, restringe la capacidad del goce de los consortes, puesto que limita su aptitud de poder ser titular de derechos y obligaciones y de celebrar contratos entre sí, toda vez que para esto debe mediar autorización judicial tendiente a proteger los intereses de la familia, es decir, tal autorización es la liberación de dicha restricción a la capacidad de goce de los cónyuges para contratar entre ellos, y por ende, el contrato celebrado sin ese requisito, carece de validez jurídica y resulta nulo de pleno derecho, pudiendo producir provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la nulidad, la cual no desaparece por confirmación o prescripción".

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además, en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 20, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.- Sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en la ciudad de Toluca y Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO.- Se declara que debe prevalecer la tesis que se sustenta por esta Sala, en los términos precisados en esta resolución.

TERCERO.- Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial y la parte considerativa que se sustentan en la presente resolución, al Semanario Judicial de la Federación y a la Gaceta del mismo para su publicación, así como al Pleno y demás Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el artículo 195 de la Ley de Amparo.

Notifíquese y cúmplase, remítanse testimonios de esta resolución a los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito, y en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García. El señor Ministro Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez, no intervino en la resolución de este asunto por haberse calificado de legal por la Sala, el impedimento que formuló, por la razón que consta en el acta del día. Fue ponente el primero de los señores Ministros antes mencionados.

Firman el presidente y ponente de la Sala con el secretario de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/324-09df7585/contrato-entre-conyuges-produce-su-nulidad-absoluta-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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