IMPEDIMENTO. ES AGRAVANTE QUE JUSTIFICA LA IMPOSICION DE LA MULTA MAXIMA EL HECHO DE QUE SE HAYAN PLANTEADO POR LA MISMA PARTE OTROS IMPEDIMENTOS QUE TAMBIEN SE DECLARARON INFUNDADOS.
IMPEDIMENTO 216/93. J. PEDRO VILLAGRAN.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Ahora bien, el artículo 71 de la Ley de Amparo dispone que: "Cuando se deseche un impedimento siempre que no se haya propuesto por el Ministerio Público Federal, se impondrá, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, a la parte que lo haya hecho valer o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario. Si el Ministro, Magistrado o Juez hubiere negado la causal del impedimento y ésta se comprobase, quedará sujeto a la responsabilidad que corresponda conforme a la ley.".
Por su parte, el artículo 3o. bis, del mismo ordenamiento establece: "Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su importe se tendrá como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta ley a los infractores que, a su juicio hubieren actuado de mala fe. Cuando con el fin de fijar la competencia se aluda al salario mínimo, deberá entenderse el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de presentarse la demanda de amparo o de interponer el recurso.".
Al respecto, para fijar el importe de la multa que se impondrá al alegante y a su representada, esta Tercera Sala debe considerar las circunstancias del caso concreto, con base en el análisis de las constancias del expediente. En este orden de ideas, lo primero que debe destacarse es la circunstancia de que el promovente fundamentó el impedimento en el artículo 66, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que alegó que tenía interés personal en el asunto el Magistrado David Guerrero Espriú, sin razonar debidamente respecto a la causal ahí prevista, ni aportar prueba fehaciente tendiente a demostrar dicha causal de impedimento, lo que hace evidente que se obró de mala fe, al imputar al citado Magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, una conducta parcial, derivada de una supuesta amistad con el apoderado del tercero perjudicado, en la que no está incursa dicho funcionario. Lo anterior constituye una conducta indebida y grave, pues imputar a un Magistrado que se encuentra impedido para conocer de un asunto, equivale a acusarlo de irresponsabilidad, pues de existir la causal de impedimento argumentada habría estado obligado a excusarse forzosamente. En el presente caso, al haberse pretendido la existencia de una causal de impedimento, sin haberla demostrado, se ha incurrido en una actitud irrespetuosa hacia un funcionario judicial en cuestión, lo que objetivamente debe tomarse en cuenta al determinar el monto de la multa. De igual manera, cabe presumir que el impedimento se formuló a sabiendas de que los hechos materia del mismo carecen de sustentación legal, buscándose exclusivamente el entorpecimiento en la tramitación del asunto de que se trata.
En conclusión esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que el promovente obró de mala fe con el solo propósito de retrasar la solución del asunto, lo cual constituye una falta que amerita que sea sancionado él y su representada, Motivación Dinámica de Promoción y Ventas, con una multa equivalente a ciento ochenta días de salario, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Amparo, es decir, el equivalente al máximo de la multa permitida por este precepto legal, ya que en el caso se advierte agravantes. Por tanto, con base en el salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta mencionada, es decir el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres, en que dicho salario era de N$14.27 (catorce nuevos pesos con veintisiete centavos) se estima justo imponer al promovente J. Pedro Villagrán y a su representada una multa de N$2'568.60 (dos mil quinientos sesenta y ocho nuevos pesos con sesenta centavos), a cada uno, equivalente a ciento ochenta días de salario mínimo.
Ahora bien, en cuanto a las agravantes de la conducta de mala fe del alegante, debe destacarse que por escritos presentados, el trece de mayo y treinta de septiembre, ante el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, J. Pedro Villagrán, hizo valer impedimentos en contra de los licenciados José Enrique Moya Chávez y Héctor Santacruz Fernández, Magistrados del citado tribunal para conocer del recurso de queja 5/91, relativo al juicio de amparo 167/77.
Tales impedimentos se radicaron con los números 83/92 y 150/92, resueltos por esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tres de agosto y nueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos, en el sentido de declararlos infundados e imponerle al alegante multas equivalentes a ciento cinco y ciento ochenta días de salario mínimo respectivamente, en virtud de que no probó la causal que invocó.
En relación con lo anterior, cabe señalar que la circunstancia de que los impedimentos 83/92 y 150/92, se resolvieron por esta Tercera Sala en la fecha indicada constituye un hecho notorio.
Al respecto, el artículo 78 del Código Federal de Procedimientos Civiles expresamente señala:
"Los hechos notorios pueden ser invocados por el Tribunal aunque no hayan sido alegados, ni probados por las partes."
Así pues del contenido de este precepto se desprende que los hechos notorios no están sujetos a la comprobación que de manera expresa se aplican para los hechos en general.
Por su parte, la doctrina considera que son notorios para el tribunal, los hechos de que el Juez tenga conocimiento por razón de su propia actividad.
Ahora bien, en relación al juicio de amparo, aunque en la ley de la materia no existe disposición expresa reguladora sobre los hechos notorios, lo cierto es que en términos de lo dispuesto por el artículo 2o. de la misma, resultan aplicables al respecto, en forma supletoria, las prevenciones establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Es aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia número 2/93 cuyo rubro y texto fue aprobado por esta Tercera Sala el día ocho de marzo del presente año, que dicen:
"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.-La emisión de una ejecutoria por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un hecho notorio para los Ministros que lo integraron e intervinieron en la discusión y votación de la misma en la sesión relativa. Por tanto el contenido y existencia de tal ejecutoria, cuando así sea advertido por los integrantes de una Sala del propio tribunal, puede introducirse como elemento de prueba en un juicio diverso, de oficio, sin necesidad de que se ofrezca como tal, o lo aleguen las partes, de acuerdo con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo."
En ese orden de ideas debe ponerse de relieve el hecho de que se haya planteado un tercer impedimento en relación a la queja 5/91 mencionada anteriormente, aunque invocando diversas causas, sin haber rendido prueba alguna para acreditarlo, constituye un agravante y por ende debe imponerse la multa máxima.
Criterio similar ha sostenido esta Tercera Sala en la tesis XCVIII, cuyo rubro y texto fue aprobado en sesión privada el veinte de mayo de mil novecientos noventa y uno, aplicable por analogía, que dice:
"IMPEDIMENTO. ES AGRAVANTE QUE JUSTIFICA LA IMPOSICION DE LA MULTA MAXIMA EL HECHO DE QUE SE HAYAN PLANTEADO OTROS IMPEDIMENTOS QUE TAMBIEN SE DECLARARON INFUNDADOS, EN LOS QUE SE INVOCARON LA MISMA CAUSAL Y SE ADUJERON LAS MISMAS RAZONES, NO OBSTANTE QUE SEAN DIFERENTES LOS MAGISTRADOS CONTRA LOS QUE SE HICIERON VALER Y EL ALEGANTE MANIFIESTE EN TODOS ELLOS QUE ATRAVIESA POR UNA DIFICIL SITUACION ECONOMICA.-Si el alegante de un impedimento que debe declararse infundado, ya ha planteado otros que han sido resueltos en el mismo sentido, en los que se invoca la misma causal y se aducen las mismas razones, debe considerarse que amerita que se le sancione con la multa máxima prevista en el artículo 71 de la Ley de Amparo, por presentarse el agravante mencionado, esto es, la práctica reiterada de proponer impedimentos con la sola finalidad de entorpecer y dilatar la solución definitiva del asunto, no siendo obstáculo para la imposición de la multa máxima al hecho de que sean distintos los Magistrados contra los que se hicieron valer y la manifestación del alegante en el sentido de que atraviesa por una difícil situación económica."
Ahora bien, la multa debe hacerse efectiva por conducto de la Oficina Federal de Hacienda de Hermosillo, Sonora, apuntándose que para efectos de cobro debe tomarse en cuenta lo expuesto por este Alto Tribunal en la jurisprudencia 114, visible a foja 65 del Informe de Labores del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a 1988, Segunda Parte, que señala:
"MULTAS IMPUESTAS POR LA SUPREMA CORTE. LA AUTORIDAD HACENDARIA DEBE HACERLAS EFECTIVAS DE INMEDIATO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.-Tomando en cuenta que en contra de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia no procede medio de defensa alguno, así como que las mismas se notifican en el juicio respectivo, debe concluirse que cuando en uno de sus puntos resolutivos se impone una multa a alguna o varias de las partes ordenándose comunicarlo a la Tesorería de la Federación para que se haga efectiva, esta autoridad hacendaria debe cobrarle de inmediato, a través del procedimiento de ejecución."
Por lo expuesto y fundado en los artículos 70 y 71 de la Ley de Amparo y 26 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se declara infundado el impedimento formulado por J. Pedro Villagrán en contra del licenciado David Guerrero Espriú, Magistrado del Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con residencia en la ciudad de Hermosillo, Son., para conocer del recurso de queja 5/91.
SEGUNDO.-Se impone a J. Pedro Villagrán y a Motivación Dinámica de Promoción y Ventas, S.A., a cada uno, una multa de ciento ochenta días de salario equivalente a N$2,568.60 (dos mil quinientos sesenta y ocho nuevos pesos con sesenta centavos), que se hará efectiva por conducto de la Oficina Federal de Hacienda en Hermosillo, Son., que corresponda al domicilio de los alegantes señalados en autos, a la que se enviará el oficio correspondiente con transcripción de la última tesis invocada en el considerando quinto de la presente resolución, solicitándole que informe a esta Tercera Sala del debido cumplimiento, de esta determinación, indicándose que de las constancias del presente impedimento aparece como domicilio del alegante para oír notificaciones y recibir documentos, el ubicado en la calle Doctor Pesqueira No. 8, interior 7, en la ciudad de Hermosillo, Son.
Notifíquese y cúmplase.
Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Miguel Montes García, José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Carlos Sempé Minvielle. Fue ponente el segundo de los señores Ministros antes mencionados.
Firman el presidente de la Sala y Ministro ponente con el secretario de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/152-c888414a/impedimento-es-agravante-que-justifica-la-imposicion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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