PERSONALIDAD. DEBE REALIZARSE SU ANALISIS EN LA ALZADA, SI ES MATERIA DE AGRAVIO, AUNQUE NO SEA IMPUGNADA EN PRIMERA INSTANCIA.
CONTRADICCION DE TESIS 20/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver con fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y tres el juicio de amparo directo número 1136/92, promovido por Aurelio García Madrid, María Esther Perdomo de García y Aurelio García Perdomo, contra el acto de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, consistente en la sentencia definitiva pronunciada el treinta de octubre de mil novecientos noventa y dos, en el toca número 2836/92, relativo al juicio ordinario mercantil 520/92, promovido por Rafael González Avillaced en su carácter de apoderado jurídico del Banco Internacional, S.N.C., en contra de dichos quejosos, sustenta lo siguiente:
"QUINTO.-Es sustancialmente fundado el concepto de violación que se formula respecto a la personalidad del actor en el juicio. En efecto, la personalidad de las partes es un presupuesto procesal sin el cual no puede iniciarse ni desenvolverse válidamente el juicio, misma que procede sea analizada por el juzgador en cualquier estado del juicio, esto es, tanto de oficio al pronunciarse la sentencia de primera instancia, como en la alzada cuando ello es materia de agravio, lo cual en el caso aconteció al indicar los ahora quejosos en el escrito relativo: 'En primer lugar con la escritura pública número 20,072 con la que dice el actor apoderado legal de Banco Internacional, S.N.C., no justifica su personalidad de apoderado de dicho banco para promover con tal carácter y en su nombre este juicio, dado que de dicho documento público se desprenden dos situaciones legales que el inferior no estudió y por lo mismo es infundado el primer considerando de la sentencia recurrida en cuanto al reconocimiento de la personalidad del actor ha reconocido; la una, que el actor con dicho documento demuestra la existencia de Banco Internacional, S. A. y no S.N.C., razón por la que en todo caso demuestra que es una Sociedad Anónima quien le otorgó poder para ejercitar acciones en su nombre pero no como Sociedad de Crédito y mucho menos justificó la conversión de S.N.C. a S.A. de su supuesta representada, y por otro lado, quien le otorgó el poder al accionista en nombre del supuesto Banco Internacional, no justifica con las inserciones necesarias a la escritura de referencia que a su vez tenga facultades para otorgar en nombre de dicha institución poderes a un tercero, es por ello que siendo la personalidad un requisito sine quan non para el ejercicio de una acción como presupuesto procesal, de oficio aun cuando no haya sido materia de excepción el inferior debió de haber concluido en los términos anteriores que el actor carece de personalidad en este juicio y no pronunciar sentencia, atento a lo dispuesto por el artículo 1061, fracciones I y II, del Código de Comercio;' a lo anterior la Sala responsable respondió: '... el actor justificó debidamente su personalidad como apoderado del Banco Internacional, Sociedad Nacional de Crédito, siendo falso que en el testimonio de la escritura pública número 20072 exhibida, otorgada ante el notario público número cuatro de Coatepec, Veracruz, se haga alusión alguna a Banco Internacional, S. A. sino que en la misma se señala que quien otorga el poder al licenciado Rafael González Avillaced tiene el carácter de apoderado de Banco Internacional, Sociedad Nacional de Crédito y además en dicha escritura se justifica la personalidad del poderdante y sus facultades para sustituir en todo o en parte el mandato que tiene como apoderado de la institución bancaria mencionada, por lo que no existe duda acerca de la personalidad del actor.' De la escritura pública número 20,072 exhibida por el actor Rafael González Avillaced para acreditar su personalidad como apoderado legal de Banco Internacional, otorgado por Alfredo Dumit Espinal, ostentando a su vez el carácter de apoderado de esa institución, en el apartado relativo a la 'Personalidad', textualmente se indica: 'Manifiesta el licenciado Alfredo Dumit Espinal, que acredita su personalidad el (sic) apoderado del banco con la escritura pública Número Trece, Volumen Uno de fecha doce de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, pasada ante la fe del licenciado Antonio Zafra Millán, titular de la Notaría Pública Número Treinta y Cuatro de la demarcación de Puebla, Puebla; y en su parte relativa dice: 'Poder General para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las particulares que requieran cláusulas especiales conforme a la ley, en términos de los artículos 2440, fracciones I y II y 2480 del Código Civil para el Estado y sus correlativos para el Distrito Federal y las demás entidades Federativas; para que de manera enunciativa mas no limitativa el mandatario designado pueda ejecutar entre otras, las facultades siguientes: ... K). Para sustituir en todo o en parte este mandato y revocar dichas sustituciones...' Ahora bien, acorde a lo ya transcrito, es dable la conclusión de lo fundado en lo sustancial del concepto de violación consistente en que el tribunal de apelación señalado como responsable omitió estudiar en su integridad el testimonio de la escritura pública aludida y que tal documento es insuficiente para justificar el extremo apuntado, porque no basta que el notario público haya asentado en dicha escritura que con las relaciones e inserciones del caso se acreditaran la existencia y capacidad legal de la sociedad mandante y el carácter y facultades de su otorgante; y ello es así, en atención a que, acorde a la apreciación integral del documento público aludido, y específicamente el apartado relativo a personalidad, se encuentra que, en principio, no se indica quien otorga el poder a Alfredo Dumit Espinal; en segundo, porque menos se precisan las facultades de quien otorga tal poder, cuestiones estas necesarias para demostrar que Alfredo Dumit podría a su vez otorgar el poder a Rafael González Avillaced, y así éste contar con la personalidad necesaria para comparecer a juicio en nombre de la sociedad. Tienen aplicación al caso las tesis sustentadas por el Pleno y la Tercera Sala del más Alto Tribunal, en las tesis que se consultan en la página ochocientos setenta y uno del tomo de precedentes que no han integrado jurisprudencia, Tercera Sala, 1969-1986; así como las consultables en las páginas mil cien y mil doscientos sesenta y nueve, del último Apéndice publicado al Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, que respectivamente dice: 'PERSONALIDAD, EXAMEN DE LA.-La personalidad de los litigantes es un presupuesto procesal, es decir, es un requisito sin el cual no puede iniciarse ni desenvolverse válidamente el juicio, pues sería antijurídico y violatorio de garantías resolver una controversia en la que las partes o alguna de ellas, no estuviere legalmente representada; por tanto, la falta de impugnación oportuna de la personalidad de un litigante no puede generar una representación que no existe; de lo anterior se colige que la personalidad de las partes debe ser analizada aun de oficio por el juzgador en cualquier estado de juicio, y con mayor razón, si en la primera instancia no salió el demandado, y la alega en la alzada como agravio.'; 'PODERES OTORGADOS POR UNA SOCIEDAD. REQUISITOS.-La sola afirmación del notario público en el sentido de que una persona está facultada para otorgar poderes de una sociedad, es insuficiente para acreditar dicho supuesto, ya que para ello es necesaria la transcripción relativa, a fin de que el Juez de la causa pueda resolver sobre tales aspectos y determinar si los poderes fueron otorgados por quien está legalmente facultado para ello, pues si bien es cierto que el notario público tiene fe pública, su función no puede abarcar la de reconocer, para todos los efectos legales, la personalidad de quien se ostenta como representante de otra persona, máxime si al hacerlo no transcribe, en lo conducente, los documentos que así lo demuestren.'; y, 'SOCIEDADES, REPRESENTACION DE LAS. QUEDA COMPROBADA SI EN LA ESCRITURA DE MANDATO EXHIBIDA CONSTA SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE QUIEN OTORGO EL PODER.-La representación legal se acredita con el documento notarial que se exhiba en el cual conste la existencia legal de la sociedad por quien se gestiona, así como la circunstancia de quien otorgó el poder se encuentra facultado por el órgano de la sociedad que tiene competencia para ello; sin que sea obstáculo que en la escritura de mandato no se consignen los nombres de las personas físicas o morales que constituyeron la sociedad, dado que dichos requisitos sólo son exigibles tratándose del acta constitutiva de la susodicha sociedad, tal como se desprende del texto del artículo 6º de la Ley General de Sociedades Mercantiles.' Sentado lo anterior, procede conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que la responsable, deje insubsistente la sentencia reclamada y pronuncie otra a la que, con base en los lineamientos precisados en esta ejecutoria, obre en consecuencia."
Con motivo de la anterior sentencia dicho Segundo Tribunal Colegiado sustentó la tesis aprobada en sesión del treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y tres, cuyo texto es el siguiente:
"PERSONALIDAD, EXAMEN DE LA. DEBE REALIZARSE SU ANALISIS EN LA ALZADA, SI ES MATERIA DE AGRAVIO, AUNQUE NO SEA IMPUGNADA EN PRIMERA INSTANCIA.-Como lo ha sostenido el más Alto Tribunal del país, la personalidad de las partes es un presupuesto procesal sin el cual no puede iniciarse ni desenvolverse válidamente el juicio, misma que debe ser analizada por el juzgador en cualquier estado del juicio, esto es, tanto de oficio al pronunciarse la sentencia de primera instancia, como en la alzada cuando ello es materia de agravio, aun cuando no se impugne oportunamente esa falta de personalidad en el curso mismo del procedimiento, pues tal circunstancia jurídicamente no puede generar una representación que no existe."
Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en la misma materia y del mismo Circuito, en la sentencia dictada con fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y dos en el juicio de amparo directo número 308/93, promovido por Bancomer, S. N. C. en contra del acto de la mencionada Cuarta Sala, que se hizo consistir en la resolución emitida en el toca 297/92 el doce de febrero de mil novecientos noventa y dos, relativo al juicio ejecutivo mercantil 1517/91 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, expresó lo siguiente:
"SEXTO.-A juicio de este tribunal, son esencialmente fundados los conceptos de violación anteriormente transcritos. En efecto, se duele el promovente de la pretensión constitucional, de que no obstante que la parte demandada aquí tercero perjudicada no hizo valer oportunamente la excepción de falta de personalidad, la Sala responsable considera fundado el agravio aducido por aquélla al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, en el que impugna la personalidad del actor, infringiendo con su proceder los artículos 1061 del Código de Comercio en relación con la fracción I del 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y consecuentemente los preceptos 14 y 16 constitucionales. Asiste la razón al peticionario de garantías, por cuanto de autos aparece que al formular su demanda ejecutiva mercantil exhibió la copia certificada de la escritura pública número siete mil doscientos cincuenta y nueve pasada ante la fe del notario público número cuatro de la demarcación notarial de Tuxpan, Veracruz, habiendo admitido el Juez natural dicha personalidad según auto de exequendo de fecha diez de agosto de mil novecientos noventa y uno constante a foja veintidós del expediente principal, sin que los demandados a pesar de haber sido legal y debidamente emplazados hubieran recurrido tal determinación u opuesto la excepción correspondiente prevista en la fracción I del Numeral 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, puesto que no dieron contestación a la demanda, lo que originó que les fuera acusada la correspondiente rebeldía, no siendo hasta al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia de remate cuando se esgrime el agravio tendiente a objetar la personalidad de la parte actora. En estas condiciones, si es de explorado derecho que si bien la personalidad debe ser examinada de oficio, por ser de orden público, en el caso de que se admita, el litigante que estimare que se le irroga algún perjuicio con tal admisión, como acaece en la especie, está en posibilidad de recurrir la determinación judicial respectiva o bien hacer valer la excepción procedente, lo que en el caso a estudio no aparece que hubiere hecho la parte demandada en el juicio natural del que emana el acto reclamado, de lo que se sigue que ante tal situación la Sala ad quem se encontraba impedida de examinar un agravio en el que se impugna precisamente la personalidad del actor, habida cuenta de que si bien en materia común es indudable que una de las obligaciones primordiales del Juez es examinar de oficio la personalidad de los litigantes y tratándose de que uno de éstos comparezca por medio de apoderado, los Jueces no deberán admitir poder alguno que no satisfaga los requisitos legales y la parte contraria tendrá siempre el derecho para objetar el poder presentado, ello no significa que en todo tiempo, en cualquier estado del juicio, el Juez pueda ejercitar la facultad de desechar un poder, ni el colitigante de objetarlo, sino que una y otra cosa deben hacerse en la oportunidad debida y por los medios legales; el Juez debe hacerlo en el momento de proveer sobre la admisión del mandatario y el litigante por medio de las excepciones y recurso a que autoriza la ley, ya que de otro modo carecería de firmeza y seguridad el procedimiento. A este propósito, es oportuno invocar la tesis que con el número 51 puede ser consultada en la página cuarenta y siguiente del Informe rendido por el presidente de la Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de mil novecientos ochenta y tres; que literalmente expresa: 'EXCEPCIONES EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. DEBE OPONERSE OPORTUNAMENTE PARA QUE EL JUZGADOR ESTE EN APTITUD DE EXAMINARLAS AL DICTAR SENTENCIA.-Es verdad que en los juicios ejecutivos mercantiles el juez, al dictar el fallo de primera instancia, debe examinar de oficio si el actor ha justificado o no los elementos de la acción ejercitada, de acuerdo con el criterio sustentado por esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 3 publicada en la página l0 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917 a 1975, Cuarta Parte, con el título «ACCION, ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA». Empero, las excepciones o defensas que la parte demandada tenga frente al actor en contra de la acción intentada, debe oponerlas expresamente al contestar el libelo y por ende, el Juzgador no puede tomarlas en consideración al dictar sentencia, por disposición expresa del artículo 1327 del Código de Comercio que establece que la sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas en la demanda y en la contestación, respectivamente.', y si ello es así tratándose de las excepciones que el demandado tenga en contra de la acción intentada, tanto más cuando se trata de la de falta de personalidad que constituyendo un presupuesto procesal es una excepción de previo y especial pronunciamiento. Por otra parte, analógicamente resulta aplicable también la diversa tesis del Informe rendido por el presidente de la Tercera Sala del más Alto Tribunal de la República al concluir el año de mil novecientos ochenta y cuatro, cuyo texto reza: 'EXCEPCIONES. DEBEN OPONERSE OPORTUNAMENTE PARA QUE LA AUTORIDAD PUEDA HACERSE CARGO DE ESTUDIARLAS.-No basta, como en el presente caso, que el demandado, al producir su contestación, niegue eficacia probatoria a uno de los documentos exhibidos por el actor, para que pueda tenerse por opuesta una excepción, sino que para ello es indispensable que el enjuiciado precise el o los hechos en que funda su excepción, señalando concretamente cuál es la obligación, derivada del contrato base de la acción o de la ley, que su contraparte dejó de cumplir, para que de esta manera el juzgador esté en aptitud de examinar la excepción y, por otra parte, para que el adversario, durante el procedimiento, tenga la oportunidad de aportar las pruebas que estime necesarias, ya sea para demostrar que cumplió con sus obligaciones, o para desvirtuar los elementos de prueba que con tal motivo ofrezca el demandado, pues de otra manera el actor quedaría en estado de indefensión'. A mayor abundamiento de razones, vale destacar que como bien lo afirma el aquí promovente, si los demandados le reconocieron personalidad para intervenir con el carácter de apoderado de la institución bancaria acreditante en la celebración del contrato de crédito simple con garantía hipotecaria contenido en la escritura pública número diecinueve mil trescientos sesenta y ocho pasada ante el fedatario público número 4 de la demarcación notarial de Poza Rica, Veracruz, es claro que no pueden desconocérsela para demandar el cumplimiento de dicho contrato, pues el reconocimiento aludido constituye evidentemente aceptación de la personería de dicho apoderado, máxime si como ya quedó de relieve, al admitir la personería el juzgador, no fue objetada por los demandados, sino que lo hicieron hasta la segunda instancia, en que lo alegaron como agravio. Sentado lo anterior, palmario es que el proceder de la Sala responsable no se encuentra arreglado a derecho y la sentencia por ella pronunciada en la que al tener por no comprobada la personalidad del actor, se abstiene de entrar al estudio del fondo de la controversia planteada, deviene conculcatoria en perjuicio de la institución de crédito quejosa de los derechos subjetivos públicos tutelados por los artículos l4 y l6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede el otorgamiento de la protección federal que se impetra, para el efecto de que dicha Sala, dejando insubsistente la resolución reclamada, pronuncie otra en su lugar en la que teniendo por acreditada la personalidad de la parte actora, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda en cuanto al fondo, debiendo hacerse extensiva tal determinación por lo que ve a los actos atribuidos a la autoridad ejecutora, al no impugnarse por vicios propios."
TERCERO.-Sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver el juicio de amparo directo número 1136/92, promovido por Aurelio García Madrid y otros, sostuvo el criterio en el sentido de que la personalidad puede ser objeto de examen en la apelación aunque no se hubiere impugnado en la primera instancia, el Primer Tribunal Colegiado en la misma Materia y del propio Circuito, al fallar el juicio de amparo directo número 308/92, promovido por Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito, consideró que si no se objeta la personalidad en la primera instancia no debe examinarse en la segunda.
CUARTO.-Ahora bien, esta Tercera Sala considera que la tesis sustancialmente correcta es la sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, fundamentalmente, porque si bien es cierto, que como lo estimó el otro Tribunal Colegiado, conforme al principio de congruencia, consignado en los artículos 1327, y 81, de los Códigos de Comercio y Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, respectivamente, las sentencias deben ocuparse exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas, y que por otra parte, según se establece en la jurisprudencia de esta Tercera Sala, publicada con el número 189, en la página 335, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, en principio el tribunal de alzada debe concretarse a examinar a través de los agravios, solamente las acciones o defensas que se hicieron valer oportunamente en primera instancia, porque de lo contrario el fallo resultaría incongruente; también es verdad, que la interpretación sistemática de los preceptos legales de referencia, en relación con todo el sistema al que pertenecen y la doctrina respectiva, conduce a estimar, que cuando en tales dispositivos y la jurisprudencia se alude a las excepciones hechas valer oportunamente, debe entenderse que se refieren a las defensas o excepciones propiamente dichas, que sin tener el carácter de presupuestos procesales, tienen como finalidad la ineficacia definitiva de la acción o la suspensión temporal de sus efectos, tales como las relativas al pago, la prescripción, transacción, nulidad o rescisión del contrato, simulación o inexistencia, falsedad del título, falta del cumplimiento del plazo o condición a que esté sujeta la acción, etcétera, pues tratándose de excepciones como la de falta de personalidad, por constituir ésta un presupuesto procesal, sí puede ser examinada en la apelación aun cuando no se hubiere hecho valer oportunamente en la primera instancia.
En efecto, conforme a la doctrina de los presupuestos procesales, creada por los tratadistas alemanes, entre otros Oskar Von Bülow, quien en su obra "La Teoría de las Excepciones y los Presupuestos Procesales", traducida al español por Miguel Angel Rosas Lichtschein, estableció las bases para que el proceso se contemple como una construcción científica, doctrina que fue institucionalizada y difundida por los italianos Chiovenda, Calamandrei, Betti, entre otros y adoptada por nuestras legislaciones y la jurisprudencia de esta Suprema Corte; tales presupuestos pueden resumirse diciendo que son requisitos basados en la potestad de obrar de los sujetos, que permiten al Juez hacer justicia, mediante la constitución y desarrollo del proceso, de lo cual se desprende, que ordinariamente, para que éste exista, son requisitos sustanciales o presupuesto del mismo, los siguientes:
La presentación de una demanda formal y sustancialmente válida, por un sujeto de derecho (actor), ante un órgano jurisdiccional (Juez), frente a otro sujeto de derecho (demandado). Todos estos sujetos deben tener capacidad. El Juez, capacidad general, constituida por la jurisdicción y capacidad especial, consistente en la competencia. Las partes, capacidad de ser tales (actor o demandada) y capacidad de obrar en juicio. Naturalmente, para que el proceso pueda llegar a su fin se requiere el impulso procesal, esto es, la actividad necesaria de las partes para que el proceso avance.
Ahora bien, como es sabido, en el desarrollo del proceso pueden intervenir las partes en sentido material, que son aquellas en cuyo interés o contra el cual se provoca la intervención del poder jurisdiccional, y las partes en sentido formal, es decir, quienes actúan en juicio sin que recaigan en ellas, en lo personal, los efectos de la sentencia.
Para que a una persona pueda considerársele como parte en sentido formal (mandatario o apoderado general o especial, representante legal, endosatario en procuración, etcétera.), y pueda en consecuencia actuar válidamente en juicio a nombre de quien es parte en sentido material, es requisito sine qua non que acredite su personalidad a través de los medios que la ley establece, esto es, debe justificar que está investida de la capacidad o potestad correspondiente, pues en caso contrario, para efectos legales, la parte en sentido material que pretendió representar no habrá intervenido en la relación jurídica que, según se dijo, para su existencia requiere, necesariamente, de la intervención de los tres sujetos: actor, Juez y demandado.
Luego, si uno de los tres sujetos, actor o demandado, que en las condiciones señaladas, al igual que el Juez, vienen a constituir requisitos o elementos sustanciales de la relación jurídica, legalmente no ha tenido intervención en ella, el proceso que materialmente se hubiera desarrollado, debe considerarse nulo o inútil.
De todo lo anterior se desprende, que si bien, en las legislaciones de nuestro país los presupuestos procesales están catalogados como excepciones, en la medida que pueden oponerse como defensas al contestar la demanda, su naturaleza es diversa a la del resto de las excepciones.
Efectivamente, mientras que los presupuestos procesales son los requisitos sustanciales que le dan vida a la relación jurídica, de tal manera que al faltar uno de ellos ésta no existe, las demás excepciones, tales como el pago, la prescripción, la compensación, la dación en pago, la transacción, entre otras, incluso algunas excepciones dilatorias, como la falta de cumplimiento o la condición a que está sujeta la acción intentada, no son requisitos necesarios para la existencia de dicha relación jurídica. Así por ejemplo, si se opone la excepción de pago, independientemente que se demuestre o no haberlo efectuado, la relación jurídica habrá existido, precisamente porque aquélla no esta vinculada a la existencia de ésta. En cambio, tratándose de una excepción relativa a uno de los presupuestos procesales, como la personalidad, en la hipótesis de que no se demuestre ésta, dicha relación, como se dijo, legalmente no existe, puesto que uno de los elementos sustanciales de la misma no ha tenido intervención en ella.
En torno a esta cuestión, resulta conveniente conocer la opinión del creador de la doctrina de los presupuestos procesales, plasmada en su ya mencionada obra "La Teoría de las Excepciones y los Presupuestos Procesales", que es en los siguientes términos:
"Ni según el derecho romano, ni de acuerdo con el del Reich, ni conforme con el de cualquiera de los Estados alemanes, se precisa la iniciativa, la interpelación, del demandado para poder considerar la falta de los presupuestos procesales. La validez de la relación procesal es una cuestión que no puede dejarse librada en su totalidad a la disposición de las partes, pues no se trata de un ajuste privado entre los litigantes, sólo influido por intereses individuales, sino de un acto realizado con la activa participación del tribunal y bajo la autoridad del Estado, cuyos requisitos son coactivos y en grandísima parte, absolutos. No está permitido entablar una demanda que no indique la relación jurídica que se alega; el proceso tramitado ante una autoridad no judicial o ante un tribunal incompetente o no prorrogado, o por una parte incapaz de actuar, o por medio de un representante no legitimado, o respecto de un derecho que no es privado, es, desde todo punto de vista, improcedente, nulo e inútil; el demandado puede admitirlo o no, según quiera; mas el tribunal no tiene que esperar a que el reo acuse el defecto; debe considerarlo siempre, cualquiera sea quien lo haya denunciado. Mas no como si estuviera obligado a un sistema policial de rastreo; no; se ha de estar a lo que las partes expongan, pero a ese material que se tiene a la vista se ha de aplicar, de oficio, la norma de derecho procesal respectiva y examinar si el actor ha llenado los requisitos del nacimiento de la relación jurídica procesal. Sólo en caso afirmativo, debe el Juez aprobar el proceso y dejarlo seguir su curso. De consiguiente, el tribunal toma frente a la relación procesal una actitud cuya clase y modo no se diferencia mucho de la que asume frente a la materia en litigio. Tanto en éste como en aquélla, el Juez niega su aprobación en caso de que el actor no suministre los puntos de apoyo suficientes para que sea posible considerar fundados los elementos propios de ellas; aquí como allá, se deja librado al demandado sacar a la luz los defectos excepcionales que se hallan ocultos bajo la superficie, por medio del oportuno recurso. Sólo se exterioriza la esencialísima diferencia entre ambas en que la constitución de la relación procesal no se lleva a cabo fuera del tribunal, como la sustancial, sino ante él y con su importante colaboración; de consiguiente, la relación procesal cuida, por sí misma, en su constitución, un factor que debe conducir a no abandonar todo a la iniciativa del demandado."
La adopción por parte de nuestras legislaciones, de la doctrina de referencia y el reconocimiento de la calidad de presupuestos procesales de las cuestiones vinculadas con la personalidad y por tanto de su naturaleza diferente al resto de las excepciones, se aprecia claramente, en el caso del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, del tratamiento que les da a tales cuestiones en su artículo 47, al imponer al juez la obligación de examinar de oficio la legitimación procesal de las partes, sin perjuicio de que el litigante pueda impugnarla cuando tenga razones para ello.
Congruente con lo anterior esta Tercera Sala en su jurisprudencia número 1306, publicada en la página 2124, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, ha sostenido lo siguiente:
"PERSONALIDAD, EXAMEN DE LA.-La personalidad de las partes es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio por el juzgador, como expresamente lo dispone el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en relación con los artículos 35, fracción IV, y 36 del mismo ordenamiento, por lo que, también debe resolver la objeción que al respecto presenten las partes, cualquiera que sea el momento en que lo hagan, porque la falta de impugnación oportuna no puede generar la existencia de una representación que no existe y solamente debe omitir la reiteración del examen de la personalidad, en caso de haber sido resuelto antes de manera expresa y esté consentido el fallo, porque entonces opera el principio de la preclusión."
De todo lo hasta aquí expuesto se desprende, como se dijo, que es sustanc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/153-4f490a93/personalidad-debe-realizarse-su-analisis-en-la-alzada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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