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Modo: Corpus Pro

REVISION DE OFICIO, PROCEDE RESPECTO DE SENTENCIAS DICTADAS EN JUICIOS RELATIVOS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO DE AQUELLAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/93. · Registro digital (IUS): 136
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Diciembre de 1993, , Pág. 563.

CONTRADICCION DE TESIS 14/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-En la parte relativa de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, dice:

"SEXTO.-Son fundados los conceptos de violación transcritos en la medida que más adelante se advertirá. En efecto, para la mejor comprensión de los términos en que será dictada la presente sentencia, cabe destacar que Margarita García de Martínez, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Rubicelia, José Angel y Marco Antonio Martínez García, demandó de Benito Martínez Pérez las siguientes prestaciones: 'a) El pago de una pensión alimenticia suficiente para la accionante en mi carácter de esposa y para mis tres menores hijos Rubicelia, José Angel y Marco Antonio Martínez García, fijando de inmediato una provisional en porcentaje sobre el salario integrado, prestaciones y alcances que percibe el accionado Benito Martínez Pérez, como trabajador de planta de la empresa Petróleos Mexicanos, con centro de trabajo en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Departamento 44714 y que labora bajo fija 140458 y posteriormente en forma definitiva por sentencia, suplicando que la misma grave el fondo de ahorro, reparto de utilidades, aguinaldo, tiempo extra, canasta básica, viáticos, etcétera, que formen parte de su salario integrado. b) El pago preferencial sobre cualquier otro acreedor alimentario distinto a su esposa y a sus hijos en términos del artículo 101 del Código Civil para el Estado. c) El pago de los gastos y costas que se causen con el presente juicio'. Prestaciones que apoyó en los hechos que creyó pertinente invocar. Se dio curso a la demanda y en su oportunidad se desahogó el traslado que se corrió con la copia simple de la misma, oponiendo el reo las excepciones que a sus intereses convino y contrademandó el divorcio necesario con base en las causales previstas por las fracciones I y VII del artículo 141 del Código Civil del Estado, que respectivamente dicen: 'El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges' y 'la separación de la casa conyugal por más de seis meses sin causa justificada', y otras prestaciones; se ordenó emplazar a la reconvenida, quien en su oportunidad contestó a las reclamaciones que se le hicieron. Seguido el procedimiento de ley, el Juez de primer grado dictó sentencia en la que condenó a Benito Martínez Pérez a las aludidas prestaciones y absolvió a Margarita García Martínez, respecto de las que a su vez se le reclamaron, absolución que se apoyó respecto a la causal relativa al adulterio, entre otras razones, en que al decir del Juez había caducado en términos de lo dispuesto por el artículo 152, del Código Civil del Estado, en la inteligencia de que de la lectura de ese propio fallo no se advierte que se hubiera hecho declaración alguna respecto a que se abriera la revisión de oficio que prevé el numeral 524 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad. Ahora bien, le asiste la razón a la quejosa por cuanto afirma que la Sala responsable violó el principio de congruencia al rebasar los límites de los agravios que le fueron sometidos a su potestad, pues de los motivos de inconformidad formulados por el ahora tercero perjudicado Benito Martínez Pérez se pone de manifiesto que ninguno de los razonamientos que hizo valer a título de agravios lo orientó a combatir la consideración toral del Juez de primera instancia que lo llevó a desestimar la referida causal de adulterio para la disolución del vínculo matrimonial que une a las partes en contienda, cual es que esta causal había caducado en términos del referido artículo 152 del código sustantivo civil, no obstante lo cual el tribunal responsable revocó la sentencia de primer grado con apoyo primordialmente en que 'no habían transcurrido los seis meses que exigen los artículos 143 y 152 del Código Civil, para que ocurra la caducidad de la acción de divorcio', motivo por el cual resulta claro y patente que el fallo impugnado en esta vía resulta incongruente al abordar el estudio de una cuestión que no formó parte de la litis planteada en segunda instancia, provocando con ello violación al artículo 514 del invocado código de proceder de la materia y a las garantías individuales citadas en la correspondiente demanda de amparo, pues dejó de observar la Sala que al no habérsele enviado el respectivo juicio ordinario civil en revisión de oficio, ni en consecuencia haber seguido el procedimiento previsto para ese efecto por el citado artículo 524 ibidem, tenía que cumplir con lo que al efecto dispone la última hipótesis de la jurisprudencia número 102 que bajo el rubro: 'AGRAVIOS EN LA APELACION. SISTEMAS.' aparece publicada en la página ciento setenta y tres del Volumen I de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuya sinopsis reza: 'En el sistema legal que rige la apelación, llamado mixto, que consiste en seguir un término medio entre los sistemas abstracto o libre, en el que se reconoce una renovación de la instancia, y el cerrado o estricto, que limita la apelación a la revisión de la sentencia a través de los agravios, se admite la posibilidad en la alzada, de examinar acciones o excepciones sobre las cuales no se hizo ninguna declaración, deducidas u opuestas por la parte apelada; pero fuera de estas situaciones el tribunal de alzada únicamente puede resolver las precisas cuestiones sometidas a su decisión, en el escrito de expresión de agravios, que proporcionan al superior la materia y la medida en que ejerce con plenitud de jurisdicción.', y la primera ejecutoria relacionada con la jurisprudencia número 111 visible en la página ciento ochenta y tres de los propios volumen, parte y Apéndice, que a la letra dice: 'AGRAVIOS EN LA APELACION.-La materia de la segunda instancia queda circunscrita a las cuestiones que se plantean en los agravios, por lo que el tribunal ad quem, queda impedido para entrar al estudio de cuestiones que no fueron planteadas, pues si lo hiciera supliría la deficiencia de los agravios, lo que sería ilegal.'. Siendo pertinente añadir que si bien es cierto que el artículo 524 mencionado establece un caso de excepción al principio dispositivo habida cuenta de que faculta a los tribunales de segunda instancia a controlar la legalidad de las sentencias que recaigan, entre otros casos, en materia de divorcio, a través de la revisión de oficio que como obligatoria establece en relación con tales sentencias, no resulta ser menos cierto que al establecer ese propio precepto que en tanto el tribunal examina la legalidad de la sentencia de primera instancia, queda 'sin ejecutarse ésta', de ello se advierte claramente que tal posibilidad revisora está condicionada a que la sentencia de primer grado sea condenatoria, puesto que resulta evidente que sólo una sentencia de condena puede ser objeto de ejecución, si se tiene en cuenta que las absolutorias, por su mismo contenido, no presentan puntos dables de ser ejecutados, pues en el mundo físico las cosas permanecen al respecto tal y como estaban antes de presentarse la demanda civil respectiva. Corroborando este criterio, tenemos que una correcta interpretación de dicho precepto legal conduce a establecer que el espíritu del legislador, en la redacción de tal precepto, fue el de tratar de conservar las instituciones como el matrimonio, en cuya integración está interesada la colectividad, pues no puede entenderse de otra manera la fuente real de dicho artículo, y siendo así, es claro que las sentencias de condena y no las que absuelven son las únicas que pueden afectar los actos del estado civil a que alude el propio precepto, por cuya razón, si la sentencia de primer grado, a que este asunto se refiere no contiene ningún punto de condena respecto a la acción de divorcio ejercitada, el tribunal de alzada estaba legalmente impedido para estudiar el caso como revisión oficiosa y consecuentemente, para abordar cuestiones ajenas a las que se le propusieron en los correspondientes agravios. Al caso también resulta aplicable, en lo conducente, la ejecutoria visible en la página ochocientos diecinueve del Tomo CXXVII de la Quinta Epoca del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: 'ESTADO CIVIL. REVISION DE OFICIO DE LOS JUICIOS SOBRE RECTIFICACION DE ACTAS DEL (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ).-El artículo 524, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, al establecer la revisión forzosa de las sentencias recaídas en los juicios sobre rectificaciones de actas del estado civil, nulidad de matrimonio, de divorcio y las pronunciadas en los juicios contencioso-administrativos adversos a la hacienda pública, no infringe precepto constitucional alguno, porque lo único que hace es señalar un sistema especial de tramitación para esta clase de juicios, en los que por los intereses que se versan y por las cuestiones de estado civil que deben decidirse, el legislador creyó necesario que la sentencia de primera instancia fuera objeto de revisión por parte del superior, a fin de que tuviera la calidad de ejecutoria, en relación con los puntos de condena que en tales sentencias se hubieren establecido; amplitud de formalidades que no pugna con precepto constitucional alguno, toda vez que en el texto de nuestra Carta Magna no existe prevención alguna que establezca que la segunda instancia sólo puede abrirse en virtud de la interposición del recurso de apelación.'. Sentado lo anterior, y sin necesidad de abordar el estudio de lo demás que se aduce como concepto de violación, debe otorgarse la protección solicitada, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dicte otra en la que circunscribiéndose a los agravios formulados, decida lo que en derecho proceda; protección que se hace extensiva a los actos reclamados de las autoridades ejecutoras de conformidad con la diversa jurisprudencia número 295 que bajo el epígrafe 'AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.' es visible en la página quinientos dieciséis de los invocados volumen, parte y Apéndice."

TERCERO.-En la parte conducente de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, se sostiene lo siguiente:

"QUINTO.-Son infundados los conceptos de violación, en atención a las siguientes consideraciones. En efecto, de la apreciación de las constancias que integran el juicio civil, antecedente del acto reclamado, se observa que con las pruebas allegadas quedó demostrada la existencia de la causal de divorcio prevista en la fracción XI del artículo 141 del Código Civil para el Estado, como bien lo determinó el ad quem, pues contrario a lo argumentado en los conceptos de violación la Sala responsable al emitir la resolución que constituye el acto reclamado se ajusta a los lineamientos marcados por la expresión de agravios, por ende no es contrario a lo establecido por el artículo 57 del código procesal civil, habida cuenta de que tal resolución se ocupa de las pretensiones que oportunamente se dedujeron a través de los agravios que en la alzada se expresaron, de donde la responsable concluyó procedente revocar la sentencia de primera instancia, a más de que, en tratándose de cuestiones de divorcio, entre otros, la revisión de las sentencias recaídas en los juicios respectivos, abra de oficio la segunda instancia, aunque las partes no expresaren agravios ni promovieren pruebas, obligando al tribunal de alzada a examinar la legalidad de la sentencia de primera instancia, acorde al numeral 524 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, sin que ello ocurra, como dice el quejoso únicamente cuando se conceda el divorcio, pues este precepto legal no hace distingos entre las sentencias que disuelven o no el vínculo matrimonial, por ello, debe entenderse que todas las sentencias que versen sobre esta cuestión son revisables atento al principio jurídico de que donde el legislador no distingue, el juzgador no debe hacerlo. Por otra parte, el hecho de que la Sala responsable señalara como periodo en que el aquí quejoso dejó de cubrir con la obligación de cumplir con la pensión alimenticia desde el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa, no constituye variación a la litis, pues, a más de la facultad que tiene el ad quem para revisar de oficio tales cuestiones, no se advierte esa variación alegada, si se toma en cuenta que la ahora tercero perjudicado señaló en su demanda inicial el incumplimiento del quejoso tanto con la sentencia definitiva que le condenó a pagar cinco mil pesos diarios por semana anticipada, como con la pensión provisional ahí decretada, siendo correcta la determinación de la ad quem, apreciando que efectivamente existe ese incumplimiento a pesar de haberse decretado el depósito en la forma señalada, pues el hecho de haber efectuado el promovente del amparo diversos depósitos, no prueba que haya cumplido con la obligación impuesta, pues tales depósitos como se observa a fojas treinta y ocho, treinta y nueve, y, cincuenta y cuatro del juicio primario, fueron hechos con fechas muy posteriores a los periodos cubiertos, siendo que la obligación impuesta fue por semanas adelantadas, no por periodos vencidos que es lo que se advierte de esas documentales; sin que para la procedencia de la acción sea requisito legal acreditar que se trató de embargar sueldos o bienes y que fuera imposible por carecer de las mismas el deudor alimentario, si como ya se señaló estaba decretado por sentencia el depósito de la pensión alimenticia, por ende en este aspecto no tiene aplicación la tesis que bajo el rubro: 'DIVORCIO, NEGATIVA A DAR ALIMENTOS COMO CAUSAL DE.' se señalan en los conceptos de violación; así las cosas, no es ilegal la determinación de la Sala al estimar que se surten en la especie los elementos de la causal de divorcio especificada en la fracción de mérito, pues existió la negativa injustificada a cumplir con las obligaciones que impone el artículo 100 del Código Civil, y, ese incumplimiento en el caso sí trae consigo la gravedad suficiente para poner de manifiesto el desprecio, desapego, abandono o desestimación del cónyuge o actor a los hijos, si como se precisó a pesar de estar decretada por sentencia firme el pago de la pensión alimenticia consistente en cinco mil pesos diarios depositables por semana adelantada, esto se efectuaba en forma contraria, esto es, por lapso vencido y mucho mayor; que tampoco acreditara el deudor alimentario que cumplía con esa obligación desde antes de esa sentencia, por ende, tampoco es aplicable la tesis de jurisprudencia señalada al respecto ..."

CUARTO.-Previamente al estudio de la cuestión planteada, debe precisarse si en el caso existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los dos Tribunales Colegiados de Circuito de que se trata.

De la lectura de los considerandos sexto y quinto que preceden, se concluye que sí existe la contradicción de tesis denunciada, ya que en tanto el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, sostiene que una debida interpretación del artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, conduce a determinar que la revisión oficiosa en los juicios relativos, entre otros, a los de divorcio necesario, sólo procede tratándose de sentencias condenatorias, por ser éstas las únicas que pueden afectar los actos del estado civil de las personas y no las sentencias absolutorias, porque al disponer el citado precepto que en tanto que el tribunal examina la legalidad de la sentencia de primera instancia, queda "sin ejecutarse ésta", implica que la posibilidad revisora está condicionada a que el fallo sea condenatorio; el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, considera que atendiendo a lo dispuesto en el referido artículo 524 del código procesal civil para el Estado de Veracruz, la revisión de oficio procede tanto respecto de sentencias condenatorias como absolutorias recaídas en juicios de divorcio, ya que dicho artículo no hace distinción a ese respecto, y que atento al principio de que donde el legislador no distingue, no es dable al juzgador hacerlo.

En esas condiciones, como en el caso existe contradicción entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados anteriormente precisados, procede que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida cuál debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, en los términos de los artículos 197-A y 192 de la Ley de Amparo.

Esta Tercera Sala estima que debe prevalecer la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo No. 556/92, promovido por Samuel Ríos Herrera, por las razones que en seguida se expresan:

De conformidad con el método de interpretación sistemática, las normas que conforman un cuerpo legal deben examinarse dentro de su contexto; esto es, para encontrar y precisar su contenido y alcance, deben analizarse cada uno de los preceptos legales en relación con las que forman parte de determinado ordenamiento o que guarden vinculación estrecha. En la especie, el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz que establece la procedencia de la revisión de oficio en asuntos que afecten el estado civil de las personas, tales como los relativos a rectificación de acta del estado civil, nulidad de matrimonio y divorcio, debe ser interpretado armónicamente con los preceptos legales que los vincula dicha disposición, es decir, con los artículos del Código Civil para aquella entidad federativa, que regulan tales instituciones.

Así el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz establece:

"524. La revisión de las sentencias recaídas en los juicios sobre rectificación de actas del estado civil, sobre nulidad de matrimonio por las causas expresadas en los artículos 115, 116 y 122 a 125 del Código Civil, y sobre divorcio, para el solo efecto que determina dicho código, abre de oficio la segunda instancia, con intervención del Ministerio Público, y aunque las partes no expresaren agravios ni promovieren pruebas, el tribunal examinará la legalidad de la sentencia de primera instancia, quedando entretanto sin ejecutarse ésta. Las sentencias adversas a la hacienda pública no apeladas, serán revisables en los términos de este artículo."

Ahora bien, de los títulos y capítulos relativos al estado civil de las personas del Código Civil para el Estado de Veracruz (rectificación de actas del estado civil, nulidad de matrimonio y divorcio) a que alude el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para dicha entidad federativa, se desprende que en el ejercicio de las acciones relativas al estado civil de las personas el legislador estableció en general la intervención del Estado, a fin de proteger y preservar la institución de la familia, por constituir la célula integral de la sociedad. De esa manera los artículos 86, 89, 91, 95, 96, 109, 115, 166, 117, 118, 122, 123, 126, 133, 246, 306, 318, 327, 328 y 351, entre otros, establecen:

"86. No pueden contraer matrimonio el hombre antes de cumplir dieciséis años y la mujer antes de cumplir catorce. El gobierno del Estado puede conceder dispensa de edad en casos excepcionales y por causas graves y justificadas."

"89. Faltando los tutores, el Juez de primera instancia de la residencia del menor, suplirá el consentimiento. Contra la resolución denegatoria de dicho Juez, procederá el recurso de apelación para ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Los procedimientos que hayan de seguirse en los casos a que este artículo se refiere, serán los que determine el código de la materia."

"91. Si el ascendiente o tutor negaren el consentimiento, sin causa justificada, el menor interesado podrá ocurrir al gobernador del Estado, quien citará a una junta al promovente y al ascendiente o tutor de que se trate, y oyendo a ambas partes, suplirá o no el consentimiento."

"95. El tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado o está bajo su guarda, a no ser que obtenga dispensa, la que no se le concederá por el Gobierno del Estado, sino cuando hayan sido aprobadas las cuentas de la tutela. Esta prohibición comprende también al curador y a los descendientes de éste y del tutor."

"96. Si el matrimonio se celebrare en contravención de lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez nombrará inmediatamente un tutor interino que reciba los bienes y los administre mientras se obtiene la dispensa."

"109. Son causas de nulidad de un matrimonio: I. El error acerca de la persona con quien se contrae, cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con persona determinada, lo contrae con otra; II. Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo alguno de los impedimentos enumerados en el artículo 92; III. Que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos 725 y 726."

"115. El parentesco de consanguinidad no dispensado anula el matrimonio, pero si después se obtuviere dispensa y ambos cónyuges, reconocida la nulidad, quisieren espontáneamente reiterar su consentimiento por medio de una acta ante el oficial del Registro Civil, quedará revalidado el matrimonio y surtirá todos sus efectos legales desde el día en que primeramente se contrajo."

"116. La acción que nace de esta clase de nulidad y la que dimana del parentesco de afinidad en línea recta, pueden ejercitarse por cualquiera de los cónyuges, por sus ascendientes y por el Ministerio Público."

"117. La acción de nulidad que nace de la causa prevista en la fracción V del artículo 92, podrá deducirse por el cónyuge ofendido o por el Ministerio Público, en el caso de disolución del matrimonio anterior por causa de divorcio; y sólo por el Ministerio Público, si este matrimonio se ha disuelto por muerte del cónyuge ofendido. En uno y en otro caso, la acción debe intentarse dentro de los seis meses siguientes a la celebración del matrimonio de los adúlteros."

"118. La acción de nulidad proveniente del atentado contra la vida de alguno de los cónyuges para casarse con el que quede libre, puede ser deducida por los hijos del cónyuge víctima del atentado, o por el Ministerio Público, dentro del término de seis meses, contados desde que se celebró el nuevo matrimonio."

"122. El vínculo de un matrimonio anterior, existente al tiempo de contraerse el segundo, anula éste aunque se contraiga de buena fe, creyéndose fundadamente que el consorte anterior había muerto. La acción que nace de esta causa de nulidad puede deducirse por el cónyuge del primer matrimonio, por sus hijos o herederos, y por los cónyuges que contrajeron el segundo. No deduciéndola ninguna de las personas mencionadas, la deducirá el Ministerio Público."

"123. La nulidad que se funde en la falta de formalidades esenciales para la validez del matrimonio, puede alegarse por los cónyuges y por cualquiera que tenga interés en probar que no hay matrimonio. También podrá declararse esa nulidad a instancia del Ministerio Público."

"126. Ejecutoriada la sentencia que declare la nulidad, el tribunal de oficio, enviará copia certificada de ella al encargado del Registro Civil ante quien se celebró el matrimonio, para que haga la anotación en la forma respectiva y forme el apéndice correspondiente."

"133. Luego que la sentencia de nulidad cause ejecutoria, los hijos serán confiados al cuidado del padre y de la madre en justa proporción, y siguiendo hasta donde el Juez lo estime oportuno, la elección de los propios hijos expresada por éstos libremente. En caso de incapacidad de los mismos para optar o expresar su elección, el Juez decidirá en los términos convenientes al interés social y familiar de los hijos y los padres."

"246. Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos: I. El acreedor alimentario; II. El ascendiente que le tenga bajo su patria potestad; III. El tutor; IV. Los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado; V. El Ministerio Público."

"306. En caso de que el reconocimiento se efectúe sucesivamente por los padres que no viven juntos ejercerá la patria potestad el que primero hubiere reconocido, salvo que se conviniere otra cosa entre los padres, y siempre que el Juez de primera instancia del lugar no creyere necesario modificar el convenio por causa grave, con audiencia de los interesados y del Ministerio Público."

"318. Las acciones de investigación de paternidad o maternidad, sólo pueden intentarse durante la vida de los padres; y sólo competen al hijo, y a falta de éstos a sus descendientes. Si los padres hubieran fallecido durante la menor edad del hijo, la acción puede intentarse antes de que se cumplan cuatro años de la mayor edad de éste, y se ejercitará contra el representante de la sucesión del presunto padre o de la presunta madre. El Ministerio Público podrá ejercitar la acción de investigación de paternidad o maternidad, en los casos de la fracción I del artículo 314; pero sólo dentro de los términos y contra las personas que se indican en los párrafos anteriores."

"327. Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentir en ella, en sus respectivos casos: I. El que ejerce la patria potestad sobre el menor que se trata de adoptar; II. El tutor del que se va a adoptar; III. Las personas que hayan acogido al que se pretende adoptar y lo tratan como a hijo cuando no hubiere quien ejerza la patria potestad sobre él ni tenga tutor; IV. El Ministerio Público del lugar del domicilio del adoptado, cuando éste no tenga padres conocidos, ni tutor, ni persona que ostensiblemente le imparta su protección y lo haya acogido como hijo. Si el menor que se va a adoptar tiene más de catorce años, también se necesita su consentimiento para la adopción."

"328. Si el tutor o el Ministerio Público, sin causa justificada, no consiente en la adopción, podrá suplir el consentimiento el presidente municipal del lugar en que resida el incapacitado, cuando encontrare que la adopción es notoriamente conveniente para los intereses morales y materiales de éste."

"351. A las personas que tienen al hijo bajo su patria potestad incumbe la obligación de educarlo convenientemente. Cuando llegue al conocimiento de los Consejos Locales de Tutela que las personas de que se trata no cumplen esa obligación, lo avisarán al Ministerio Público para que promueva lo que corresponda."

Del contenido de los preceptos transcritos del referido Código Civil para el Estado de Veracruz, se desprende que el espíritu del legislador al establecer y regular las instituciones relativas al estado civil de las personas fue proteger al máximo los intereses de la familia, a fin de procurar y mantener la integración de la sociedad, otorgando para ello intervención y amplias facultades al Estado como órgano rector y guardián de los intereses de la colectividad, con el objeto de lograr un mejor desarrollo social. De modo que armonizando el contenido de estos preceptos con lo dispuesto en el artículo 524 en estudio, es fácil comprender que la finalidad que persiguió el legislador al establecer la revisión oficiosa de las sentencias de primera instancia relativas a juicios sobre rectificación de actas del estado civil, nulidad de matrimonio y divorcio, fue la de proteger los derechos de la familia, otorgando mayor seguridad a ese tipo de juicios, respetando las garantías de exacta aplicación e interpretación de las leyes correspondientes, pues la estableció como excepción al principio dispositivo que rige en todo procedimiento judicial en cuanto a la interposición de recursos, lo que revela aún más el interés y preocupación del legislador en proteger la integración e intereses de la familia, pues el examen que realice el órgano revisor de segunda instancia otorga, como ya se dijo, mayor seguridad jurídica a las decisiones que emitan los Jueces de primera instancia en esa clase de controversias.

En esas condiciones tomando en consideración el interés que el Estado tiene en los asuntos relacionados con la familia, es dable concluir que la apertura de la revisión oficiosa de las sentencias de primera instancia que establece el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, circunscrita a los juicios relativos a la rectificación de las actas del estado civil de las personas, nulidad de matrimonio y divorcio, opera en todos los procedimientos en que se ventile ese tipo de acciones, sin importar el sentido del fallo, es decir, que absuelva o condene de la acción ejercitada, toda vez que el interés del Estado y de la sociedad, como ya se precisó, es el mismo para cualquier solución que se dé al juicio, pues la finalidad que se persigue con el establecimiento de dicha revisión, es otorgar mayor seguridad jurídica a ese tipo de resoluciones en aras de preservar el bienestar y desarrollo social de la familia.

Por otra parte, debe decirse que no escapa a la atención de esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el matrimonio es fuente primordial de la familia y garantía de su subsistencia, y que por su propia naturaleza debe ser permanente, finalidad perseguida por el legislador, según se desprende de la lectura de los preceptos que regulen la citada institución del matrimonio, y que el divorcio constituye una forma de concluir con dicho vínculo. Sin embargo, el legislador no puede desatender a la realidad humana y social en que esta institución se desarrolla, por lo que tratando de evitar complicaciones y graves deformaciones que produce un matrimonio en crisis para los hijos y, en general, para la sociedad, estableció la institución del divorcio, la cual lógicamente también pretende el bienestar de la familia, y por ende, debe considerarse de interés general y de orden público.

Ciertamente, como ya quedó

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/136-f55d626a/revision-de-oficio-procede-respecto-de-sentencias-dictadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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