PRUEBAS CONTRADICTORIAS O DE DESCARGO, DEBEN SER VALORADAS PORMENORIZADAMENTE EN LA ETAPA DE PREINSTRUCCION.
CONTRADICCION DE TESIS 5/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEPTIMO CIRCUITO Y TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DE DICHO CIRCUITO (ANTES PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEPTIMO CIRCUITO), Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, constitucional, 197-A de la Ley de Amparo y 24, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que la posible contradicción de tesis versa sobre materia penal.
SEGUNDO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver el recurso de revisión número 124/92, sostuvo el criterio que dio materia a la presente denuncia de contradicción de tesis.
De la copia certificada de la sentencia pronunciada por el citado Tribunal Colegiado con fecha primero de julio de mil novecientos noventa y dos, en el recurso de revisión 124/92 se advierte que los antecedentes del asunto son los siguientes: Mateo Cruz Rangel promovió juicio de amparo al que le correspondió conocer al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, el cual lo registró con el número 2351/91; el quejoso señaló como autoridades responsables al Juez Primero Menor del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, al Comandante de la Policía Judicial del Estado y al Inspector General de Policía y como actos reclamados de la primera autoridad el auto de formal prisión y la orden de aprehensión.
El Juez Tercero de Distrito en el Estado dictó sentencia negando la protección de la Justicia Federal solicitada.
Inconforme con la citada resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, quien mediante sentencia de primero de julio de mil novecientos noventa y dos revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección al quejoso.
En lo conducente, las consideraciones que sustentan dicha ejecutoria son las siguientes:
"CUARTO.-{Es fundado y suficiente para revocar la resolución recurrida el agravio relacionado con la falta de valoración por el Juez responsable de las pruebas de descargo ofrecidas por el inculpado, aquí recurrente."
"En efecto, aparece del auto de formal prisión reclamado que, después de haberse considerado que se comprobó el cuerpo de los delitos relativos, y ya en el capítulo de responsabilidad la autoridad responsable sostuvo sin mayor razonamiento que si bien era cierto que el indiciado ofreció pruebas de descargo, no lo era menos que en su contra existían indicios suficientes para suponerlo responsable de aquel ilícito y decretar en su contra el auto de que se trata. Aparece también que el Juez de Distrito, al resolver el concepto de violación relativo a que no fueron valoradas aquellas pruebas, consideró simplemente que sí existían 'pruebas contradictorias' con respecto a la presunta responsabilidad al dictarse un auto como el reclamado, el Juez responsable no estaba en obligación de determinar cuáles de ellas debían prevalecer porque tal 'valoración definitiva' era propia de la sentencia con que culminara el proceso. Ahora bien, este Tribunal Colegiado estima que, así, la actitud del Juez responsable como la del Juez de Distrito es indebida porque implican, por una parte, circunscribir irrazonadamente las pruebas de descargo al solo capítulo de responsabilidad, lo cual no puede saberse si no se examinan esas pruebas; y, por la otra, proscribir la propia valoración de las pruebas de descargo en tratándose del capítulo de responsabilidad presunta, por la sola presencia de indicios de incriminación, lo cual es contrario a la fracción V del artículo 20 constitucional, en la que, elevada al rango de garantía individual, se consigna la obligación de recibir del indiciado las pruebas que ofrezca en su defensa, lo que entraña la propia obligación de valorarlas, ya que la recepción de las pruebas no puede concebirse sin la finalidad obvia de su apreciación, de modo que, en principio, el Juez responsable sí está obligado a examinar todas y cada una de las pruebas que ofrezca el inculpado en su descargo, comprendiéndose en éstas las que contradigan, de modo directo o indirecto, y en lato sentido, a las pruebas que existan en su contra. Empero, debe precisarse que en este examen probatorio debe tenerse presente el momento procesal en que se efectúa y con ello que lo que debe resolverse al término de la dilación constitucional relativa es primordialmente si del material probatorio habido en la averiguación previa no sólo existen sino que subsisten datos que demuestran, en lo que aquí interesa, presuntivamente la responsabilidad del indiciado, resultando entonces que, así enfocado el estudio del conjunto de las pruebas, en lo que atañe al capítulo de responsabilidad basta con que de ese estudio aparezca que las aportadas por la defensa no destruyen plenamente los indicios que pesan en su contra para que puedan ser desestimadas en el momento procesal de que se trata (lo que ocurre, por ejemplo, cuando las pruebas de descargo no se encaminan a destruir de modo directo y concreto el valor de las de cargo en cuanto a su existencia misma, recepción, verosimilitud o credibilidad de su contenido, sino sólo a controvertir simplemente los hechos a que éstas se refirieron, subsistiendo en consecuencia aquellos indicios por no desvirtuarse la fuente que los generó, como sucede en el caso del testigo de descargo que se limita a aseverar que los hechos no ocurrieron en la forma señalada por el agraviado o los diversos testigos de cargo, sin demostrarse que por alguna circunstancia los dichos de aquéllos son inválidos, esto es, por no haberlos realmente vertido, (porque sean inverosímiles, porque no pudieron haber presenciado los hechos, etcétera), siendo que, ciertamente el artículo 19 constitucional sólo exige, en tratándose de la responsabilidad del inculpado, simples indicios de ello para fincar un auto de formal prisión, acreditada que haya sido la existencia misma del delito. Pero ello no debe confundirse con la circunstancia de que las mismas pruebas de descargo deberán ser valoradas al dictarse en su caso la sentencia definitiva, momento procesal distinto en que el examen del material probatorio conjunto tiene la diversa perspectiva de determinar si las pruebas de cargo son aptas para acreditar, además de la corporeidad del delito, no ya la presunta sino la plena responsabilidad del acusado, confrontadas que hayan sido con las aportadas por la defensa, situación distinta de la que priva al resolverse la ya referida dilación constitucional, y que no debe llevarse al extremo de proscribir en ésta el examen de pruebas contradictorias de las de cargo, resulten o no eficaces para destruir, según el momento procesal, los referidos indicios de responsabilidad, lo cual atañe propiamente a ese examen probatorio."
Luego, siendo el agravio examinado fundado y suficiente para revocar el fallo recurrido, como bastante también el concepto de violación relacionado, por ser la omisión de valorar pruebas que se imputa a la responsable violatoria de garantías, lo que procede es, revocar dicho fallo y conceder la protección constitucional para el efecto de que el referido Juez responsable, dejando insubsistente el auto de formal prisión reclamado, examine en su integridad el material probatorio respectivo, fundando y motivando su resolución, determinando con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda sobre la situación jurídica del inculpado, haciéndose extensivo el amparo a los actos de ejecución reclamados, al provenir de un acto inconstitucional.
La tesis que derivó de la citada ejecutoria es la número TCO72013 que señala: "AUTO DE FORMAL PRISION. PRUEBAS CONTRADICTORIAS. DEBEN SER VALORADAS EN SU INTEGRIDAD.-Proscribir la valoración de las pruebas de descargo, en tratándose del capítulo de responsabilidad presunta, por la sola presencia de indicios de incriminación, es contrario a la fracción V del artículo 20 constitucional, en la que, elevada al rango de garantía individual, se consigna la obligación de recibir el indiciado las pruebas que ofrezca en su defensa, lo que entraña la propia obligación de valorarlas, ya que la recepción de pruebas no puede concebirse sin la finalidad obvia de su apreciación, de modo que, en principio, el Juez responsable sí está obligado a examinar todas y cada una de las pruebas que ofrezca el inculpado en su descargo, comprendiéndose en éstas las que contradigan, de modo directo o indirecto, y en lato sentido, a las pruebas que existan en su contra. Empero, debe precisarse que en este examen probatorio debe tenerse presente el monto procesal en que se efectúa y, con ello, que lo que debe resolverse al término de la dilación constitucional relativa es primordialmente si del material probatorio habido en la averiguación previa no sólo existen sino que subsisten datos que demuestran presuntivamente la responsabilidad del indiciado, resultando entonces que, así enfocado el estudio del conjunto de las pruebas, en lo que atañe al capítulo de responsabilidad, basta con que de ese estudio aparezca que las aportadas por la defensa no destruyen plenamente los indicios que pesan en su contra para que puedan ser desestimadas en el momento procesal de que se trata (lo que ocurre, por ejemplo, cuando las pruebas de descargo no se encaminan a destruir de modo directo y concreto el valor de las de cargo en cuanto a su existencia misma, recepción, verosimilitud o credibilidad de su contenido, sino sólo a controvertir simplemente los hechos a que éstas se refirieron, subsistiendo en consecuencia aquellos indicios por no desvirtuarse la fuente que los generó), siendo que, ciertamente, el artículo 19 constitucional sólo exige, en tratándose de la responsabilidad del inculpado, simples indicios de ello para fincar un auto de formal prisión, acreditada que haya sido la existencia misma del delito. Pero ello no debe confundirse con la circunstancia de que las mismas pruebas de descargo deberán ser valoradas al dictarse en su caso la sentencia definitiva, momento procesal distinto en que el examen del material probatorio conjunto tiene la diversa perspectiva de determinar si las pruebas de cargo son aptas para acreditar, además de la corporeidad del delito, no ya la presunta sino la plena responsabilidad del acusado, confrontadas que hayan sido con las aportadas por la defensa, situación distinta de la que priva al resolverse la ya referida dilación constitucional, y que no debe llevarse al extremo de proscribir en ésta el examen de pruebas contradictorias de las de cargo, resulten o no eficaces para destruir, según el momento procesal, los referidos indicios de responsabilidad, lo cual atañe propiamente a ese examen probatorio.- Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito). Revisión penal 124/92. Mateo Cruz Rangel. 1 de julio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Soto Gallardo. Secretario: Felipe A. Fuentes Barrera.".
TERCERO.-Por otra parte, de la copia certificada de la sentencia que remitió a esta Primera Sala el secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito recaída al recurso de revisión número 105/87 se observan los siguientes antecedentes:
Francisco Sánchez de Tagle solicitó ante el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz el amparo y protección de la justicia federal; dicho juicio quedó registrado con el número 1766/86 del índice de ese juzgado; en él se señaló como autoridades responsables al Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, así como a otras autoridades del citado Municipio y del Estado, a las que les reclamó, entre otros actos, el auto de formal prisión y el "quedar fichado en los anales policiacos".
El Juez de Distrito que conoció del citado juicio dictó sentencia negando al quejoso al amparo y protección de la Justicia Federal solicitada.
Inconforme con la sentencia el quejoso interpuso en su contra recurso de revisión el cual le correspondió conocer al ahora Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, el que lo registró con el número 105/87. Dicho tribunal en ejecutoria dictada el veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y ocho confirmó la sentencia del Juez de Distrito.
Las consideraciones en que se apoyó la ejecutoria de referencia, en la parte conducente indican:
"III. Son inatendibles los agravios acabados de transcribir, cuenta habida de que: a). Dando por cierto que existan las contradicciones que se indican entre lo declarado por Ricardo Martínez Valdez, Javier Rivera Gallegos y Gelacio Orduño Castillo, las mismas deben ser tomadas en cuenta hasta la sentencia definitiva que se dicte en el proceso correspondiente según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis que bajo los rubros 'PRUEBAS CONTRADICTORIAS EN EL PROCESO, VALORIZACION DE LAS' y 'AUTO DE FORMAL PRISION' pueden consultarse en las páginas mil sesenta y siete y siguiente y tres mil cuatrocientos siete de los Tomos LXXII y LXXXIX de la Quinta Epoca, respectivamente, cuya sinopsis rezan: 'Cuando existen pruebas contradictorias en un proceso, no es en el auto de formal prisión donde deben valorizarse, para decidir cuáles han de prevalecer, pues tal estudio debe ser materia de la sentencia que ponga fin a la instancia', y 'Tratándose del auto de formal prisión y en presencia de pruebas contradictorias, basta con que las de cargo sirvan para demostrar la existencia del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del procesado, para que los presupuestos de la legalidad de tal mandamiento, a la luz del artículo 19 constitucional, se surtan; quedando para la sentencia definitiva, el ponderar y aquilatar las pruebas contradictorias, para resolver la prevalencia de una sobre las otras y declarar si el cuerpo del delito y la responsabilidad penal se han acreditado plenamente', b). Si bien es cierto que el a quo no hizo mención siquiera a las pruebas documentales con las que según señala el revisionista, acredita que cuando ocurrieron los hechos delictuosos se encontraba en la ciudad de México, también lo es que no precisa ni este tribunal advierte a cuáles se refiere, y si quiso aludir a las que obran a fojas ochenta y ocho y ochenta y nueve del juicio de amparo, al margen de cualesquiera otras consideraciones debe decirse que con ellas sólo demuestran que utilizó los servicios de transporte de mudanzas de Poza Rica, Veracruz al Distrito Federal; c). Es inexacto que la confesión de Gelacio Orduño Castillo 'no produce ningún efecto jurídico en contra mía sino que únicamente afecta al propio acusado; por lo demás, el señalamiento que hace en mi contra es insuficiente para tener por acreditada mi presunta responsabilidad, ya que la parte agraviada no me acusa directamente y el señalamiento del coacusado es inconsistente y no satisface los requisitos del artículo 16 constitucional que requiere que las acusaciones estén apoyadas por declaración bajo protesta de persona digna de fe o por datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, requisitos que no se cumplen en este caso' dado que se trata de una imputación de su coacusado en el proceso y no de un testigo que no tenga vinculación con los hechos, quien lo hizo sin eludir su propia responsabilidad, por lo que cobra aplicación al caso la jurisprudencia número 44 que bajo el rubro 'COACUSADO. VALOR DE SU DICHO' puede consultarse en la página ciento dieciséis de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos ochenta y cinco, que a la letra dice: 'El dicho del coacusado, cuando no pretende eludir su responsabilidad sino que admitiéndola hace cargos a otro acusado hace fe como indicio'; d). El amparista no precisa ni este órgano colegiado advierte con base en qué considera incorrectos los razonamientos del juzgador al desestimar mis alegatos en los conceptos de violación como lo es el hecho de que no señala la responsable por cuál de las cuatro hipótesis a que se contrae el artículo 223 del Código Penal se refiere puesto que sobre este tópico el Juez Federal dijo, acertadamente, que 'no obsta para arribar a la anterior conclusión lo alegado por el quejoso en los conceptos de violación, en el sentido de que el Juez responsable al dictar el auto de formal prisión por el delito de falsificación de documentos no señala por cuál de las cuatro hipótesis a que se contrae el artículo 223 del Código Penal para el Estado de Veracruz, le dicta dicho auto ya que como se ha dejado precisado contrariamente a lo afirmado por el quejoso la mencionada autoridad responsable en la parte considerativa del auto combatido y al hablar del cuerpo del delito precisa claramente la fracción I del mencionado precepto legal'; y e). Lo propio debe decirse por lo que toca a que 'resulta falso que exista responsabilidad en mi contra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción II y IV, del Código Penal y también resulta falso que para la procedencia de un auto de formal prisión, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras', ya que sobre el particular el a quo expresó, con acierto, que 'el hecho de que alegue que no le resulta coautoría y participación en los ilícitos que se le imputan habida cuenta que no existió concierto previo o posterior ni existe ningún nexo de causalidad o de causa a efecto entre el autor del hecho y él, por lo que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 28 del Código Penal para el Estado, ya que contrariamente a lo que éste afirma quedó acreditado con el dicho de su coacusado que probablemente fue él, el que le indicó a éste que sustrajera los cheques motivo de la presente causa y fue él quien estampó una de las firmas que deberían de llevar los referidos cheques para su cobro, por lo que de conformidad con el artículo 28 de referencia en sus fracciones II y IV, le resulta responsabilidad, amén de que el motivo por el cual lo separaron de su trabajo, fue porque dada su acendrada honradez a toda prueba, se negó a cooperar con algunos movimientos contables que por parecerle turbios y por conocer sus consecuencias legales, se negó a efectuar y al declarar en preparatoria ante el Juez responsable a pregunta formulada por el representante social al respecto expresa que ignora y no sabe porqué se le haya liquidado, por lo que resulta verosímil lo expresado por el coacusado Gelasio Ontuño Castillo'".
"Sentado lo anterior, y toda vez que no existe en el caso queja que suplir, debe confirmarse, en su parte impugnada, la sentencia en análisis."
La tesis que se originó de dicha ejecutoria es la número TCO71024 PEN., "AUTO DE FORMAL PRISION, NO PUEDEN VALORARSE PRUEBAS CONTRADICTORIAS EN EL.-Cuando los agravios en la revisión tienden a impugnar un auto de formal prisión por falta de valoración de pruebas contradictorias, éstos resultan inatendibles, ya que cuando existen tales pruebas en un proceso no es en el auto de formal prisión donde deben valorizarse para decidir cuál debe prevalecer, pues tal estudio debe ser materia de la sentencia que ponga fin a la instancia.- Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (TCO71024 PEN). Amparo en revisión 105/987, Francisco Sánchez Tagle. 27 de enero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Lucio Marín Rodríguez.".
Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito sostiene igual criterio que el anterior.
De la sentencia que remitió a esta Sala su presidente se precisan los siguientes antecedentes:
Abraham Rangel Carbajal, José Juan Benjochea Argueta, Andrés Cervantes Ceferino, Macario Cuervo Maya y Fausto Leal Hernández solicitaron ante el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz el amparo y protección de la Justicia Federal; el juicio de amparo quedó registrado con el número 1967/87. Los quejosos señalaron como autoridad responsable al Juez Mixto de Primera Instancia de Tuxpan, Veracruz, al que le reclamaron el auto de formal prisión dictado en su contra; el Juez de Distrito dictó sentencia negando a los quejosos el amparo solicitado.
En contra de dicha resolución, los quejosos interpusieron en su contra recurso de revisión, que el antes Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito admitió y registró con el número 50/88, habiendo dictado sentencia el doce de abril de mil novecientos ochenta y ocho confirmando la resolución del Juez de Distrito.
Las consideraciones que sirvieron de apoyo a la ejecutoria de referencia, son las siguientes:
"IV. Son inatendibles los agravios anteriormente transcritos, cuenta habida de que: a). Si bien es cierto que la descripción hecha por el agente del Ministerio Público Municipal de Tepetzintla, Veracruz, de la posición en la que quedó el cuerpo de quien se llamó Felipe González Matías no basta por sí sola para demostrar que los directamente quejosos lo hubieran privado de la vida, también lo es que la decisión contraria no se basó en ese único elemento probatorio sino en todos los que relacionó el Juez de Distrito; b). Si bien es verdad que el Jefe del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado adscrito a la Agencia del Ministerio Público del fuero común en Tuxpan, Veracruz, asentó en su dictamen agregado a fojas sesenta y cuatro y siguientes de los autos relativos al juicio de garantías al que este toca se contrae que en la celda en la que se encontró el cadáver de la persona que en vida se llamó Felipe González Matías había '... gran cantidad de líquido a la altura de las manchas de líquido hemático que se encuentra sobre el suelo, siendo ese líquido al parecer orines', no menos cierto es que tal afirmación no demuestra, como lo pretende el disconforme, que al estar confinado el pasivo en esa celda se hubiera resbalado y golpeado en la cabeza causándose la lesión traumática cerebral que fue la causa de su defunción de acuerdo con el contenido de los certificados médicos visibles a fojas sesenta y dos y siguiente, de los referidos autos, sin que obste a esta conclusión lo asentado en el primero de tales certificados por el doctor Onofre Herrera en el sentido de que 'Al parecer la muerte fue ocasionada por ruptura del cráneo al hacer protrusión a la masa encefálica al golpearse con la pared', ya que ello constituye una simple apreciación personal del referido profesional de la medicina, no corroborada con ninguna otra prueba, ni mucho menos con el resultado de la diligencia de inspección ocular y fe de cuerpo muerto practicada por el agente del Ministerio Público Municipal de la aludida población de Tepetzintla, cuya acta se consulta a foja cuarenta y tres vuelta y siguiente de los autos antes mencionados, porque a través de esta prueba únicamente se justifica la posición en que tal funcionario encontró el cadáver de González Matías, que éste sangraba por la boca y la cabeza y que además se le apreciaron huellas de 'varazos' en el vientre, espalda, frente y cuero cabelludo, circunstancias éstas que gravitan en contra de los inculpados al relacionarse con los testimonios que ante el órgano investigador rindieron, entre otros, Severiana González Matías, Pedro González Santiago, Francisco Hernández Cruz, Abad Reyes Hernández, Juan González Reyes, Ramiro González Martínez, Rubén Hernández Morales y Juan Librado Cruz, quienes a excepción del segundo, del tercero y del sexto ratificaron sus declaraciones ante el Juez de la causa antes del dictado de la formal prisión reclamada y las sostuvieron al ser careados con los hoy procesados; c). La prevalencia de los elementos de descargo, como podrían serlo las contradicciones que el disconforme afirma que existen entre las declaraciones de Estaban González Matías, hermano del pasivo que se encontraba detenido en una celda contigua a la que fue internado aquél, y las rendidas por Lorenzo Fuentes Lemús y Javier Mendoza de la Cruz, recluidos en la misma celda en la que fue internado el hoy occiso, debe hacerse hasta el momento de dictarse la sentencia definitiva, de acuerdo con la tesis que bajo el rubro 'AUTO DE FORMAL PRISION' se consulta en la página tres mil cuatrocientos siete, Tomo LXXXIX, Quinta Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: 'Tratándose de auto de formal prisión y en presencia de pruebas contradictorias, basta con que las de cargo sirvan para demostrar la existencia del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del procesado, para que los presupuestos de legalidad de tal mandamiento, a la luz del artículo 19 constitucional, se surtan; quedando para sentencia definitiva el ponderar y aquilatar las pruebas contradictorias, para resolver la prevalencia de unas sobre las otras y declarar si el cuerpo del delito y la responsabilidad penal se han acreditado plenamente', (y d). Aun cuando se estime cierto, como lo afirman los directamente recurrentes, que el día de hechos el hoy fallecido agredió a Abraham Rangel Carbajal, Comandante de la Policía Municipal de Tetepzintla, Veracruz, lo que obligó a sus subordinados a emplear la violencia para someterlo, también lo es que tal circunstancia no es justificativa de la excluyente de incriminación prevista por el artículo 20, fracción VI, del Código Penal para la entidad, esto es, que aquéllos hubieren actuado en cumplimiento de un deber legal porque, por un lado, para que esa excluyente produzca efectos es menester que los deberes estén consignados en la ley y, por otro, porque resulta evidente que en el Estado de Veracruz ningún ordenamiento legal autoriza a los integrantes de las corporaciones policiacas existentes a utilizar, como en la especie ocurrió, un medio violento superior al supuesto daño que con su proceder el hoy occiso pudo haber causado a Rangel Carbajal, razón por la que resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia número 82 que bajo el epígrafe 'CUMPLIMIENTO DE UN DEBER O EJERCICIO DE UN DERECHO, NATURALEZA DE LAS EXCLUYENTES DE' es visible en la página ciento ochenta y cinco de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año de mil novecientos ochenta y cinco, cuya sinopsis reza: 'Para que la causa de justificación relativa al cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho produzca sus efectos excluyentes de responsabilidad penal, es necesario que los deberes y derechos estén consignados en la ley', y la que bajo el rubro 'CUMPLIMIENTO DEL DEBER, COMO EXCLUYENTE (POLICIAS)' puede verse en la página cincuenta de la Segunda Parte del Volumen V, Sexta Epoca, del referido Semanario, que a letra dice: 'No existe reglamento ni disposición alguna que autorice a los miembros de la policía a utilizar medios que resulten más graves que el daño que proponen conjurar', sin que deba perderse de vista, como acertadamente lo estimó el Juez de Distrito, que sin necesidad de actuar los hoy procesados en la forma que lo hicieron dada la superioridad numérica que tenían respecto al occiso, fácilmente pudieron someter a éste al orden, más aun si como lo afirman se encontraba en estado de ebriedad."
La tesis que derivó de la anterior ejecutoria es la número TCO72032 PEN., "AUTO DE FORMAL PRISION, LA VALORACION DE PRUEBAS CONTRADICTORIAS DEBE HACERSE HASTA DICTAR SENTENCIA.- La prevalencia de los elementos de descargo, como podrían serlo las contradicciones entre los testigos, debe hacerse hasta el momento de dictarse la sentencia definitiva, pues tratándose de auto de formal prisión y en presencia de pruebas contradictorias, basta que las de cargo sirvan para demostrar la existencia del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del procesado, para que los presupuestos de legalidad de tal mandamiento se surtan, a la luz del artículo 19 constitucional.- Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (TCO72032 PEN).".
También el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito sostiene la misma tesis que los dos anteriores.
En la sentencia que en copia certificada exhibió el secretario de Acuerdos de dicho tribunal se aprecian los siguientes antecedentes:
Roberto Covarrubias Zárate solicitó ante el juez de Distrito, en turno, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Octavo de lo Penal de Puebla, que hizo consistir en la resolución por medio de la cual le decretó la formal prisión.
La demanda de amparo se radicó ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, con el número 49/88, juicio en el cual el titular de dicho juzgado dictó sentencia negando al quejoso el amparo solicitado.
Inconforme con la sentencia, el quejoso interpuso recurso de revisión, habiéndole correspondido conocer del mismo al Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, quien lo registró con el número 53/88. Con fecha quince de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, dicho tribunal dictó ejecutoria con la cual confirmó la sentencia recurrida.
La parte considerativa de la sentencia, en lo conducente, señala:
"TERCERO.-Los agravios hechos valer, son infundados."
"En la especie, el quejoso Roberto Covarrubias Zárate en su demanda de garantías reclamó del Juez Octavo de lo Penal de esta capital, el auto de formal prisión de fecha once de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, dictado en su contra en el proceso número 356/987, como presunto responsable del delito de homicidio imprudencial, cometido en agravio de quienes se llamaron Beatriz Liliana Espinoza Cervantes y Thelma Rubí Medina Merino, ilícito previsto y sancionado por los artículos 312, 83 y 86 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, alegando básicamente en sus conceptos de violación
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/162-c2c95926/pruebas-contradictorias-o-de-descargo-deben-ser-valoradas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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