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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. CASOS EN LOS QUE UNICAMENTE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. * * * EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVES DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE EL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA. * * * PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CARACTER, EN MATERIA CIVIL. - - -

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/92. · Registro digital (IUS): 325
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LA SUSTENTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, CON LA SOSTENIDA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO, CUARTO TRIBUNAL COLEG
Localización: Octava Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, , Pág. 99.

CONTRADICCION DE TESIS 6/92. ENTRE LA SUSTENTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, CON LA SOSTENIDA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO, CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DE DICHO CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO (ENTONCES UNICO) DEL SEXTO CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Corresponde a esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conocer de la denuncia de contradicción de tesis que en amparos en materia civil sustenten dos o más Tribunales de Circuito, como sucede en el caso.

SEGUNDO.- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en el toca número 134/92, relativo al recurso de revisión interpuesto por Juan Martín González Carrillo, en su carácter de autorizado de Porfirio Rangel, en contra de la sentencia de veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y uno, dictada por la Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo número 297/91, sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:

"CUARTO.- La representante social federal en el pedimento número 220/91 y el recurrente en el libelo del veintinueve de octubre próximo pasado solicitaron el sobreseimiento en el juicio de amparo, argumentando que al haber tenido la quejosa conocimiento del juicio natural el dieciocho de septiembre del año próximo pasado, esto es, antes de que se dictara sentencia en el juicio natural, ya que ésta se pronunció el veinticuatro del mes y año acabado de citar, debió de agotar los recursos ordinarios, como son la nulidad de actuaciones y la apelación y al no hacerlo, es obvio que no cumplió con el principio de definitividad, y que por ello debe sobreseerse en el juicio. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que la quejosa no estuvo obligada a observar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, en razón de que al promover el amparo respectivo se ostentó como tercera extraña al juicio natural por falta de emplazamiento al mismo, porque no tuvo intervención en éste; en estas circunstancias, se hace hincapié que la situación de la quejosa se equipara a la de un tercero extraño a juicio y por ello se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 114, fracción V, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, resultando procedente el amparo indirecto, con apoyo en el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal, en relación con la fracción VII del mismo precepto constitucional. En consecuencia, se colige que en la especie no se surte la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo, a virtud de que la peticionaria del juicio de garantías no estuvo obligada a agotar los recursos ordinarios correspondientes previamente al ejercicio de la acción constitucional, por lo anterior es evidente lo infundado de los motivos de inconformidad en comento, así como los externados en el punto dieciséis del libelo de expresión de agravios. Este criterio tiene apoyo en las jurisprudencias números 294 y 781, visibles en las páginas 1289 y 2097 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988 que a la letra dicen: 'EMPLAZAMIENTO, FALTA DE.- Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en juicio por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes.'. Y 'PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO. NO NECESITA AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS PARA OCURRIR AL AMPARO.- Los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimientos a que son ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo.'".

TERCERO.- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en los tocas 245/92, 195/92, 148/90 y 573/90, relativos a los recursos de revisión promovidos, respectivamente, por el tercero perjudicado Porfirio Rangel (los dos primeros), la quejosa Rosario Alcalá de Villegas y por la quejosa María Teresa Martínez Muñoz de Cote, en lo conducente, sustentó lo siguiente:

"SEGUNDO.- Dado el sentido en que se resolverá el presente asunto, resulta innecesaria la transcripción de las consideraciones de la sentencia recurrida y de los agravios vertidos en su contra. 'Como lo refiere el ocursante en el agravio de mérito, este Tribunal Colegiado advierte la existencia de la causa de improcedencia del juicio de garantías a que se contrae la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. En efecto, dicha fracción, en lo conducente, establece que el juicio de garantías es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños.'. Ahora bien, según se advierte de la demanda de amparo, los actos reclamados de las autoridades responsables (foja 9 del expediente de amparo) se hicieron consistir en la nulidad de las actuaciones habidas en el juicio ejecutivo mercantil enderezado por el señor Porfirio Rangel en contra de la quejosa que represento seguido ante el H. Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil y con el número de expediente 921/91 y específicamente a partir de la ilegal citación del día 16 de agosto próximo pasado; la diligencia judicial efectuada el 19 de agosto anterior (1991) en donde se precisa el requerimiento de pago, embargo de bienes y emplazamiento a juicio, así como todas y cada una de las actuaciones judiciales habidas en dicho procedimiento, para el efecto de que sea repuesto éste a partir del auto admisorio de la demanda, levantándose en consecuencia el embargo". Asimismo, en el apartado VI del capítulo de hechos del escrito de demanda de amparo (foja 9), la sociedad quejosa manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el día trece de septiembre de mil novecientos noventa y uno. Por otra parte, del examen de las constancias remitidas por el Juez responsable en vía de informe con justificación, a fojas 102 y 103 se advierte que dicho juzgador pronunció sentencia definitiva en el señalado juicio ejecutivo mercantil el día veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y uno. De lo anterior, se sigue la improcedencia del juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, por no reunir los actos reclamados, los requisitos previstos por la fracción IV del artículo 114 de dicho ordenamiento, por no causarle a la quejosa un perjuicio de imposible reparación, puesto que al tener conocimiento del juicio ejecutivo mercantil instaurado en su contra, siendo parte en él la sociedad quejosa, estuvo en posibilidad de impugnar la violación alegada a través del incidente de nulidad, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva ocurrido el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y uno, o bien, alegarla como agravio a través del recurso de apelación contra ésta, de lo que se infiere que no se le dejó en estado de indefensión; sin que obste a lo anterior que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya sostenido, en jurisprudencia definida, que cuando se reclame la falta de emplazamiento, el quejoso no está obligado a agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio constitucional, pues tal criterio sólo es aplicable cuando se está impugnando esa diligencia después de dictarse sentencia definitiva que haya causado ejecutoria en el juicio generador del amparo, por estarse reclamando la falta de audiencia en el procedimiento civil y el quejoso ocurre como tercero extraño al juicio y no como parte en el mismo, como ocurrió en la especie, por lo que si la sociedad amparista reclamó en el juicio de garantías la ilegalidad del emplazamiento mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y uno, evidentemente estuvo obligada en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley de Amparo, a cumplir con el principio de definitividad para preparar la demanda de amparo que en su caso se formulara contra la sentencia que decidiera el fondo de la cuestión planteada en el juicio natural, como lo dispone la fracción V del artículo 159, en relación con la fracción I del artículo 161 de dicho ordenamiento, posibilidad evidente porque, como ya quedó de manifiesto, la peticionaria de garantías es parte en el juicio natural del que emanan los actos reclamados, motivo por el cual el juicio de amparo que ahora se revisa resulta improcedente, debiendo, por ende, decretar su sobreseimiento con apoyo en la fracción III, del artículo 74 de la Ley de Amparo, previa revocación de la sentencia recurrida que concedió a la sociedad quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. En lo conducente, se estima aplicable la tesis relacionada en tercer lugar con la jurisprudencia número 191, publicada en la página 576, Cuarta Parte, Tercera Sala, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año de 1985, así como la tesis publicada en la página 44, Tercera Sala, del Informe de Labores correspondiente al año de 1981, que dicen: "NULIDAD DE ACTUACIONES, PUEDE ALEGARSE EN LA APELACION."... (transcribió). "EMPLAZAMIENTO, CASO EN EL QUE DEBEN TENERSE POR CONSENTIDAS LAS IRREGULARIDADES DEL."... (transcribió). "Es pertinente advertir que el criterio que se sustenta en el presente asunto es reiteración del que este propio Tribunal Colegiado sustentó al resolver la improcedencia en revisión R.C. 148/90, quejosa Rosario Alcalá de Villegas y el juicio de amparo en revisión R.C. 573/90, quejosa María Teresa Martínez Muñoz, fallados esos negocios por unanimidad de votos, respectivamente, el primero de marzo y el catorce de junio de mil novecientos noventa, siendo ponente el suscrito Magistrado José Rojas Aja. Además, algunos Tribunales Colegiados sustentan criterio similar al de este órgano jurisdiccional del amparo, como ocurre con el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en la tesis que aparece publicada en el Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente, correspondiente al año de 1989, página 914, Tribunales Colegiados, que dice: 'IMPROCEDENCIA. NECESIDAD DE PROMOVER INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.'... (transcribió). Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito tiene establecida la jurisprudencia que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 45, página 53, que dice: 'EMPLAZAMIENTO. SU ILEGALIDAD DEBE COMBATIRSE A TRAVES DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES SI EL JUICIO NO HA CONCLUIDO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).'... (transcribió). Finalmente, el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (cuando sólo había uno) y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sustentan las tesis que aparecen publicadas, respectivamente en los Informes rendidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente, en los años de 1981 y 1988, páginas 297 y 328, también respectivamente, cuyo contenido comparte este órgano jurisdiccional de amparo, que dicen: 'EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. HIPOTESIS EN QUE ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.'... (transcribió). 'EMPLAZAMIENTO ILEGAL O FALTA DE EMPLAZAMIENTO. NO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO INDIRECTO, SI EL QUEJOSO ESTA AUN EN CONDICIONES DE SER OIDO EN DEFENSA COMO DEMANDADO.'"... (transcribió).

CUARTO.- El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en el toca 784/88, relativo al recurso de revisión interpuesto por el quejoso Adolfo González Casillas, en contra de la sentencia de quince de abril de mil novecientos ochenta y ocho, dictada por la Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 537/87, sostuvo en lo conducente, lo siguiente:

"SEGUNDO.- Es innecesario hacer alusión, tanto a la parte conducente de la sentencia que se revisa, como a los agravios expresados por el recurrente, en virtud de que no serán objeto de análisis, al advertirse la existencia de una causa de improcedencia del juicio de amparo, que debe examinarse de oficio, con fundamento en el artículo 73, último párrafo de la Ley de Amparo. En el presente recurso no fue impugnada la parte del fallo relacionada con el sobreseimiento, sino que sólo se combate la parte correspondiente a la negación del amparo; pero como antes se expresó, el juicio de amparo es improcedente respecto a los actos que fueron objeto de dicha negativa, por los siguientes motivos. Conforme al artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, el amparo procederá: en primer lugar, contra las sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto a las cuales no proceda recurso legal alguno por el que pueden ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. De acuerdo a la propia disposición, los actos de juicio admiten ser impugnados también a través del juicio de amparo, siempre y cuando sean de imposible reparación. No debe pasar inadvertido que el artículo en comento insiste en el agotamiento de los recursos ordinarios procedentes antes de la promoción del juicio de garantías. Esta circunstancia pone de manifiesto el carácter de medio extraordinario de defensa que tiene el juicio de garantías, pues el propósito de la ley es que de ser factible, las infracciones queden reparadas dentro del juicio natural, y sólo cuando esto no es posible, cabrá su alegación en juicio de garantías. Las fracciones V y VII del artículo 107 constitucional citado prevén, respectivamente, que el conocimiento de los juicios de amparo contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, en tanto que el amparo contra actos en juicio o que afecten a personas extrañas a él se pide ante un Juez de Distrito. El juicio de amparo seguido ante los Tribunales Colegiados se ha denominado directo o uniinstancial y al seguido ante los Jueces de Distrito: indirecto o biinstancial. Por otra parte, se ha estimado que no es de aceptarse que una misma violación sea susceptible de reclamarse indistintamente en forma directa o indirecta, sino que la procedencia del amparo directo excluye la del indirecto. Sirve de apoyo a este criterio la tesis de ejecutoria relacionada en séptimo lugar a la jurisprudencia número 47, localizable en la página 79 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, la cual dice: 'AMPAROS DIRECTO E INDIRECTO.- No puede estimarse que una misma violación sea susceptible de reclamarse indistintamente en la forma directa o en la indirecta, pues la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la procedencia del amparo directo excluye la del indirecto.'. Como consecuencia, de este principio, resulta claro que no queda a elección de los quejosos decidir si una infracción ha de ser combatida en el juicio de garantías directo o indirecto, pues independientemente de que, como se ha visto, la impugnación de violaciones admite exclusivamente una sola vía de amparo, bien sea la directa o la indirecta, no existe precepto alguno que prevea alguna facultad para que los quejosos estuvieran en condiciones de realizar tal elección. Sobre la base de estas premisas procede afirmar que, si se reclama la falta de emplazamiento o el emplazamiento ilegal; pero el quejoso, que pide amparo en la vía indirecta, es parte demandada y está aún en condiciones de acudir al juicio natural para ser oído en defensa e incluso para interponer recursos ordinarios, como, por ejemplo, la apelación en contra de la sentencia de primer grado, cabe estimar que la citada infracción debe ser impugnada exclusivamente a través del juicio de garantías directo que, en su caso, se llegue a promover, por estar considerada expresamente en los artículos 158 y 159, fracción I de la Ley de Amparo, como conculcación a las leyes del procedimiento, que afecta las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Por otra parte, como el amparo directo excluye al indirecto, el juicio de garantías biinstancial promovido para combatir la indicada violación debe estimarse improcedente, al actualizarse el supuesto previsto en los preceptos citados, en relación con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En contra de la conclusión anterior no cabe alegar, que como el quejoso aduce la falta de emplazamiento al juicio natural, aun siendo demandado, su situación debe equipararse a la de un tercero extraño y que, por consiguiente, el juicio de garantías indirecto es procedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 114, fracción V de la Ley de Amparo. Este argumento es inatendible, porque el concepto de extraño a juicio no se integra exclusivamente con la circunstancia de que el quejoso no haya sido emplazado, sino que se toma en cuenta además la falta de apersonamiento a un procedimiento que afecte sus intereses, de tal manera que su situación implique la absoluta imposibilidad de ser oído en defensa, pero si ese quejoso está en condiciones de acudir al juicio natural, por ejemplo, porque tal proceso se encuentre todavía en sus inicios, es claro que tal imposibilidad de ser oído en defensa no se surte; por tanto, ninguna razón habrá para que el peticionario de garantías que se encuentre en esa situación deba ser considerado como extraño a juicio. Si se aceptara que el demandado que está todavía en condiciones de ser oído en el juicio natural, aun alegando la falta de emplazamiento o un emplazamiento ilegal, tuviera la condición de un tercero extraño, se propiciaría que se quitara al juicio de amparo su característica de medio extraordinario de defensa, pues se estaría cerrando la posibilidad de que la infracción alegada quedara reparada en el propio juicio natural. Además, se estaría estimando implícitamente, que la misma violación admite ser impugnada tanto en amparo indirecto como en directo, a elección del actor, sin que exista disposición legal que sirva de apoyo a tal consideración. Aplicadas las anteriores consideraciones al presente caso, se encuentra que el quejoso reclama fundamentalmente el emplazamiento al juicio ordinario mercantil 409/87, seguido en su contra por Manuel Martín Carrera Mendieta y otros ante el Juzgado Décimo Civil de esta ciudad. Conforme a las constancias de autos, se encuentra que el juicio natural está aún en una fase inicial, pues hasta la fecha en que el Juez responsable rindió su informe justificado (siete de enero de mil novecientos ochenta y ocho) todavía no se pronunciaba resolución respecto a la contestación del libelo producida por uno de los codemandados y nada se había resuelto sobre un supuesto acuse de rebeldía en contra del ahora peticionario de garantías. En estas circunstancias y habida cuenta que el quejoso es parte demandada en el juicio de donde provienen los actos reclamados, la violación impugnada, consistente en una supuesta falta de emplazamiento, sólo admite ser reclamada a través del juicio de amparo directo que se llegue a promover en su oportunidad, en virtud de que se trata de una infracción a las leyes del procedimiento, que afecta las defensas del quejoso y trasciende al resultado del fallo, según se encuentra previsto expresamente en los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, como los actos reclamados sobre los que versa la parte del fallo materia de este recurso admiten solamente la impugnación a través del juicio de amparo directo, ello excluye la procedencia del amparo indirecto; de ahí que las disposiciones citadas, relacionadas con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo sirvan de fundamento para estimar que el presente juicio de amparo es improcedente. Así las cosas, y al actualizarse la causa de improcedencia antes citada, da lugar a sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, sobreseimiento que debe extenderse a los actos de ejecución, efectos y consecuencias, en virtud de que tales actos no fueron impugnados por vicios propios, y por consiguiente, cabe seguir el criterio sostenido en la jurisprudencia número 280, localizable en la página 480 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación bajo el rubro: 'SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.'".

QUINTO.- El Primer Tribunal Colegiado (entonces único) del Sexto Circuito, al resolver en los tocas 687/64 y 304/81, relativos a los recursos de revisión interpuestos por Alfredo Acevedo Bueno en representación de la tercera perjudicada Hacienda de Chiconcuac, sociedad de responsabilidad limitada, y por el quejoso Jaime Peregrina Bautista, respectivamente, sostuvo lo siguiente:

"TERCERO.- Son infundados los agravios expresados. Alega en síntesis el recurrente que el razonamiento hecho valer por el señor Juez de Distrito, respecto a que en la especie no se agotó el principio de definitividad, así como la tesis jurisprudencial en que apoya dicho razonamiento, probablemente corresponde a cualquier proveído dictado dentro de la secuencia del procedimiento y no al emplazamiento, puesto que la falta de éste debe entenderse como una violación directa a la Constitución en cuyo caso no está obligada a cumplir con el principio de referencia. Sobre lo anterior cabe decir que no le asiste la razón al inconforme a virtud de que aun cuando es verdad que está impugnando la falta de emplazamiento dentro del procedimiento del cual genera el acto reclamado, y que puede traducirse en violación de la garantía de audiencia en los términos a que se contraen las tesis de jurisprudencia que invoca para sustentar sus argumentos; también no es menos verdad que, como correctamente lo estableció el Juez Federal, en el caso concreto, el quejoso estuvo en legales condiciones para haber alegado precisamente tales circunstancias en la alzada, mediante el recurso de apelación previsto en el artículo 310 de la ley adjetiva civil del Estado de Puebla, en razón de que, según aparece de las constancias anexas al informe justificado rendido por el Juez responsable, al igual que de las copias certificadas exhibidas por el propio quejoso (fojas 14 a 33 y 38 a 73), el promovente del amparo fue notificado por lista con fecha veintiuno de enero del presente año, de la sentencia definitiva dictada en el expediente 1786/79, relativa al juicio ordinario civil promovido en su contra por Graciela Romero de Díaz Cid, fecha en la que también indica el propio amparista haber tenido conocimiento de la sentencia que reclama como se desprende de su demanda de garantías. En cuanto ve a la aplicación de las tesis que invoca el recurrente, debe decirse que este Tribunal Colegiado en la ejecutoria dictada el tres de marzo de mil novecientos sesenta y cinco, al resolver el toca de revisión número 687/64, relativo al juicio de amparo número 778/63, promovido por Rafael Ojeda Norma ante el Juez de Distrito en el Estado de Morelos, sostuvo el siguiente criterio: "...La aseveración que se hace en el sentido de que el quejoso estuvo en condiciones de impugnar a través del recurso de apelación la falta de emplazamiento que aduce en sus conceptos de violación, se ajusta al criterio que la H. Suprema Corte ha sustentado en casos como el presente y que pueden consultarse en el Tomo CIII, página 2134, del Semanario Judicial de la Federación, en que aparece publicada la ejecutoria pronunciada en el amparo directo promovido por Llamas de Pozos Hortensia (por cierto aplicando la legislación del Estado de Morelos) y en el Informe correspondiente al año de mil novecientos cincuenta y tres, página 34, rendido por el C. Presidente de la Sala Auxiliar del propio Alto Tribunal, en que se contiene el fallo emitido en el juicio promovido por la sucesión de Julián Jiménez, ejecutorias que, respectivamente, expresan: 'Si en la apelación interpuesta por el quejoso contra la sentencia de primera instancia, que se le notificó personalmente, hizo valer como primer agravio el consistente en que no fue emplazado en forma legal para contestar la demanda, y la sentencia de alzada desechó el agravio expresando que tal reclamación sólo pudo hacerse en incidente de nulidad, debe estimarse que tal criterio es erróneo, en virtud de que, si al notificarse la demanda ya se había dictado sentencia en el juicio y había cesado la jurisdicción del Juez, el quejoso estaba imposibilitado legalmente para promover incidente de nulidad y para reclamar ante dicho funcionario, la reparación constitucional, y no le quedaba otra cosa que interponer el recurso procedente en contra de la sentencia y solicitar ante el tribunal su revocación, haciendo valer como agravio el de no haber sido emplazado legalmente.' y 'EMPLAZAMIENTO, VICIOS DEL.- El Juez debe probar, aun de oficio, la integración de la resolución jurídica procesal como base para la firmeza del procedimiento y, por su parte, habiéndose alegado ante la Sala de apelación, como agravio expreso, la falta de emplazamiento, dicha autoridad debió declararlo procedente para los efectos de que se reponga íntegramente el procedimiento.'. Verdad es que la Suprema Corte de Justicia, en tesis jurisprudencial que con el número 428 puede consultarse en el mencionado Apéndice, ha establecido que 'Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en juicio, por falta de emplazamiento legal, no es procedente sobreseer por la razón de que existan recursos ordinarios, que no se hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento, el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes.'. Sin embargo, del propio texto de la mencionada tesis jurisprudencial se desprende que la misma fue establecida en atención a los casos en que, aun existiendo los recursos en cuestión, el quejoso 'no estaba en posibilidad' de intentarlos, bien sea porque el término para interponerlos haya transcurrido, o bien porque se haya declarado la ejecutoriedad del acto que le agravia. Es decir, la sola circunstancia de que el afectado con dicho acto no haya sido emplazado no basta para que quede liberado del deber de agotar el recurso correspondiente, sino que es necesario, además, que la falta del emplazamiento le haya impedido precisamente agotarlo, ya que la invocada jurisprudencia dice categóricamente que: el que el quejoso no haya sido emplazado 'hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios'. Y es obvio que la ausencia del emplazamiento en cuestión no hace imposible al quejoso la interposición del recurso de apelación a que antes se alude, si tiene conocimiento, de la sentencia dictada en su perjuicio antes de que la misma cause ejecutoria. Una demostración de que la Suprema Corte ha atendido, para establecer la tesis mencionada, a la circunstancia de que la falta de emplazamiento ha dado lugar a que la sentencia reclamada sea ya irrecurrible y que por ello no deba sobreseerse el juicio de garantías so pretexto de que no se agotó el recurso, es el hecho de que las ejecutorias que dieron origen a dicha tesis jurisprudencial recayeron a negocios en que la sentencia reclamada había causado ejecutoria y no era, por lo mismo, impugnable a través de ningún recurso ordinario. Efectivamente, en las pronunciadas en los juicios de garantías promovidos por Bertha Bracho Sierra y por Adela Fuentes de Fajardo, que pueden consultarse, respectivamente, en los Tomos L, página 822, y LI, página 1327 del Semanario Judicial de la Federación, categóricamente se hace referencia a que el acto reclamado está constituido por sentencias ejecutoriadas, respecto de las cuales, obviamente, no cabe suponer que hubiesen podido ser recurridas. En esos casos, como es lógico deducir, a los quejosos no les quedaba más camino a seguir que el juicio de garantías, y haberlas sobreseído éste por la razón de que no se había interpuesto tal recurso había significado dejarlos sin defensa alguna. En cuanto a las ejecutorias emitidas en los juicios promovidos por González de L. Emilia y por Polo Ezequiel (páginas 1571 y 2973, respectivamente, del Tomo XXXIV del indicado Semanario) cabe deducir que, al igual que las dos anteriormente consultadas, fueron pronunciadas en relación con sentencias definitivas para los efectos del juicio de garantías, ya que basta leer la consideración relativa para advertir que se refieren a un caso en que el quejoso promovió el juicio de amparo por ilegalidad del emplazamiento contra todo juicio ejecutivo, 'desde el emplazamiento hasta el remate'; y es evidente que sólo po

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/325-fbabcbbb/emplazamiento-falta-o-ilegalidad-del-en-materia-civil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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