EJECUCION DE SENTENCIA. LA RESOLUCION QUE LA NIEGA DEBE SER IMPUGNADA MEDIANTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY ANTES DE RECLAMARLA A TRAVES DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACION DEL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCION DE TESIS 6/91. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, CON LA SOSTENIDA POR EL CUARTO TRIBUNAL Y QUINTO TRIBUNAL, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Corresponde a esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conocer de la denuncia de contradicción de tesis que en amparos en materia civil sustenten dos o más Tribunales de Circuito, como sucede en el caso.
SEGUNDO.- De la copia fotostática certificada relativa a la resolución de fecha veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y uno, del amparo en revisión 1675/90, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, remitida a esta Tercera Sala del más alto Tribunal de la República, por dicho Tribunal, aparece que Ramón Macías Guillén promovió juicio de amparo indirecto, en contra del Juez Vigésimo Tercero del Arrendamiento Inmobiliario de México, Distrito Federal, reclamando el siguiente acto:
"A). El acto que reclamo es el siguiente: Auto de fecha 25 de octubre de 1990, dictado por la responsable en el juicio ordinario civil que yo, LIC. RAMON MACIAS GUILLEN, promoví en contra de los señores ISMAEL MORENO TORRES Y ENRIQUE GUTIERREZ CAZARES, ante el Juzgado Vigésimo Tercero del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, expediente número 32/90, que se dictó al pedir la ejecución de la sentencia definitiva de fecha 4 de agosto de 1990, que causó ejecutoria, por auto de fecha primero de octubre de 1990, que a la letra dice: `A sus autos el escrito de la parte actora, con el que se da cuenta, NO HA LUGAR A ACORDAR DE CONFORMIDAD LO QUE SE SOLICITA, por no corresponder al estado del procedimiento. Notifíquese.'."
La Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal a quien correspondió conocer del asunto, por resolución de diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa, desechó la demanda de amparo de que se trata; por lo cual el quejoso interpuso el recurso de revisión, conociendo del mismo el referido Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien con fecha veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y uno, revocó el indicado auto con base en las consideraciones siguientes:
"CUARTO.- Los agravios propuestos, por su íntima relación se examinan en conjunto y substancialmente resultan fundados. En efecto, es correcta la apreciación del agraviado, en cuanto que la Juez de Distrito de que se trata, infundadamente estableció en la resolución ahora recurrida, que la materia que constituye el acto reclamado, era factible de combatirse a través del recurso de revocación, previsto en el artículo 684 de la ley adjetiva, medio de defensa éste que por no haberse agotado, no se cumplió con el principio de definitividad, indispensable para la tramitación del amparo biinstancial. Esta consideración toral se desestima en virtud de que no existiendo constancia alguna en autos que fije en forma determinante si la sentencia dictada en el procedimiento del que emana el acto reclamado admita o no el recurso de apelación conforme a lo establecido en el artículo 426, fracción I, de la Ley adjetiva, y por lo tanto no existe la certeza de que aquellos acuerdos dictados durante el procedimiento o con posterioridad a la sentencia definitiva, como en el caso lo es el acuerdo de veinticinco de octubre de mil novecientos noventa, que constituye el acto reclamado, acepte o no el recurso de apelación para que, en su caso, pueda establecerse que tal acuerdo al no ser apelable admita en su contra el recurso de revocación, por lo tanto, si no existe la certeza acerca de si se da o no la hipótesis que contempla el referido artículo 426, fracción I, de la Ley ya citada, no puede válidamente fundarse el desechamiento de la demanda por la existencia de un recurso que quizás no pueda ser interpuesto por las partes. En esa virtud no se estiman aplicables ni la jurisprudencia ni la tesis aislada que invoca la Juez de Distrito en su proveído para desechar la demanda y por ello, lo procedente es admitir ésta a trámite sin perjuicio de que una vez demostrado en autos en forma plena alguna causa de improcedencia, se proceda conforme a derecho. A mayor abundamiento debe mencionarse que la resolución emitida por la autoridad, a quien se señala como responsable se considera como de aquellas que se pronuncian para la ejecución de una sentencia, es decir, que si en el procedimiento natural ya se dictó la resolución que lo concluye y sólo se pide la ejecución de tal sentencia, aquel acuerdo que conceda o niegue lo solicitado, se estima pronunciado para la ejecución de la sentencia y por ello, conforme al artículo 527, de la Ley Procesal Civil, tal determinación no admite ningún recurso, por lo que en su caso, tal acuerdo que denegó la ejecución de la sentencia no puede ser materia del recurso de revocación como equivocadamente lo sostiene la Juez Federal. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 91, fracción I (aplicable por analogía), de la Ley de Amparo, deberá revocarse la resolución recurrida, y en su lugar ordenar a la autoridad federal de que se trata, deje sin efecto el acuerdo en cuestión, y en su lugar, pronuncie otro, en el que ordene la admisión de la correspondiente demanda de garantías, siempre y cuando no exista una verdadera causal de improcedencia."
TERCERO.- El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal, resolvió el amparo en revisión número 719/89, promovido por L.R. Mecánica, S.A. a través de su apoderado Luis Rodríguez Chávez. Dicho juicio de garantías fue interpuesto... "...contra actos del Juez Tercero de lo Civil de esta ciudad, reclamando el auto de veinte de marzo anterior (mil novecientos ochenta y nueve), emitido en el juicio 18/88, en que la propia quejosa ejercitó la vía de apremio para lograr la ejecución del laudo arbitral, mediante el cual se niega despacho de ejecución, por considerar que en el convenio base de la acción, no se contempla tal solicitud ..."
La Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien conoció de tal demanda, sobreseyó en el juicio constitucional, por lo cual la parte quejosa interpuso el recurso de revisión, correspondiendo su conocimiento al citado Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien por resolución de veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve, determinó lo siguiente:
"CUARTO.- Son inatendibles los motivos de inconformidad, por lo siguiente: Es inoperante lo que la recurrente alega tendiente a combatir una infracción a las leyes del procedimiento en el juicio de garantías, la que hizo consistir en que no se le permitió que allegara como prueba copias de lo actuado en el juicio de origen, y que en tal virtud se le privó de demostrar que no existía recurso pendiente de resolver. Respecto a la infracción a las normas del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, este Tribunal ha sostenido el siguiente criterio: `VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO INDIRECTO, SUSCEPTIBLES DE CONDUCIR A LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO.- No es de estimarse que cualquier omisión o infracción a las normas del procedimiento sea susceptible de conducir a la revocación de una sentencia dictada en la audiencia constitucional y a la reposición del juicio de amparo, pues conforme al principio que es posible desprender del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, las violaciones que admiten servir de sustento a tal revocación deben ser de tal gravedad, que dejen realmente sin defensa al recurrente e influyan en el sentido del fallo; de manera que aun cuando aparezca una conculcación a las leyes de procedimiento, si ésta no tiene las características indicadas, no se justifica la revocación de la sentencia recurrida ni la reposición relativa ...' En el presente caso, no se dan las características indicadas, porque aun en la hipótesis de que se estimaran acreditados los hechos que aduce, subsistiría el sobreseimiento decretado en el fallo recurrido, por las razones que se expresarán al analizar los siguientes agravios. En el segundo motivo de inconformidad se aducen dos cuestiones, que se resumen en lo siguiente: a). Que no se actualizó la causa de improcedencia invocada por la Juez de Distrito, porque el auto reclamado es irrecurrible, conforme al artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por ser un proveído dictado dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia. b). Que tampoco es cierto que al dictarse la sentencia recurrida estuviera pendiente de resolución el recurso de apelación a que se refiere la Juez Federal, porque la quejosa desistió de él ante la responsable, lo que se acordó favorablemente, pero en la instrucción del juicio de garantías no se le permitió probar esa circunstancia. El primer argumento resumido es infundado, porque si bien es cierto que el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece la irrecurribilidad de los autos dictados para la ejecución de una sentencia, de su texto o literalidad se advierte en forma inconcusa que sólo comprende precisamente a las resoluciones enderezadas a la cumplimentación o ejecución de la sentencia, y no como indebidamente lo entiende la recurrente a todas las resoluciones dictadas en la secuela procedimental de ejecución, sin distinguir su contenido ni sentido. Sobre el particular, este Tribunal tiene establecido el criterio que se transcribe a continuación: `EJECUCION DE SENTENCIA, RESOLUCIONES DICTADAS EN EL PERIODO DE.- El artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal limita la procedencia de los recursos ordinarios contemplados por la ley contra las resoluciones dictadas para (sic) la ejecución de una sentencia. Sin embargo, esta norma comprende específicamente a los actos procesales encaminados en forma directa e inmediata al cumplimiento o a la ejecución de las sentencias en los juicios civiles, por lo que es de aplicación estricta y no puede abarcar casos distintos, de manera que todos los demás actos o resoluciones que no tengan esa característica, aunque se pronuncien en ese período se rige por las normas generales que regulan la procedencia de los recursos ...' El argumento resumido en el inciso b) es inoperante porque aun en el supuesto de que se diera por acreditado que la quejosa desistió del recurso de apelación que interpuso contra el acto reclamado, durante la secuela del procedimiento de amparo, tendría que subsistir el sobreseimiento decretado, con apoyo en una diversa causa de improcedencia, como se verá a continuación: Este Tribunal tiene establecida la tesis de jurisprudencia número 10 que dice: `RECURSOS, SISTEMA DE PROCEDENCIA ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.- Del sistema legal que rige los recursos en los procedimientos civiles en el Distrito Federal, encontramos como regla general que, contra todo acto de procedimiento que produzca un perjuicio a las partes, procede alguno de los recursos o medios de defensa que fija el código respectivo, salvo que la propia ley disponga expresamente lo contrario. Así vemos que, el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dispone que contra los autos que no sean apelables, y contra los decretos emitidos ambos en primera instancia, procede el recurso de revocación. El artículo 686 establece que, contra autos y decretos del Tribunal Superior, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, procede el recurso de reposición, que se sustancia en la misma forma que el de revocación; y otras disposiciones de este ordenamiento adjetivo, fijan los casos de procedencia del recurso de apelación, que tratándose de autos, se requiere que causen un gravamen irreparable, salvo disposición especial, y que sea apelable la sentencia definitiva que se llegue a emitir en el juicio, según se lee en el artículo 691 del ordenamiento procesal invocado. Ejemplos de actos no impugnables por ningún recurso, son los autos que admiten alguna prueba (artículo 285); las resoluciones que declaran que una sentencia ha causado o no ejecutoria (artículo 429); y los autos y decretos dictados para la ejecución de una sentencia (artículo 527). Esto trae como consecuencia, que en los negocios en los cuales, por razón de la cuantía, no procede el recurso de apelación, las resoluciones que las partes estimen contrarias a derecho admitirán el recurso de revocación, según la regla enunciada al principio, salvo los casos en que la ley prevea expresamente la irrecurribilidad ...' De los principios asentados en la tesis transcrita se desprende que, al no existir alguna disposición expresa en la ley que establezca la irrecurribilidad del acto reclamado, éste queda comprendido en la regla general, por lo que es impugnable necesariamente por alguno de los medios establecidos por la ley procesal indicada. En esa alternativa se excluyen los recursos de reposición y de queja, porque el primero sólo procede contra autos o decretos emitidos por el Tribunal Superior, en tanto que el que se reclama se emitió por un Juez de primera instancia; y el segundo, porque los casos de su procedencia están establecidos limitativamente en el artículo 723 del ordenamiento adjetivo de referencia. En estas condiciones, el proveído multicitado podría ser impugnable por el recurso de apelación o por el de revocación, según se dieran los supuestos a que se refieren los artículos 684 o 691. La recurrente sostiene que desistió del recurso de apelación que interpuso, porque se percató de que éste era improcedente. En el supuesto de que tal aserto fuera verdadero y de acuerdo con los razonamientos vertidos con antelación en este considerando, el auto de referencia tendría que ser revocable, y es el caso que el quejoso no había agotado el principio de definitividad por no haberse opuesto este medio de impugnación, incurriendo así en la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo; en el supuesto contrario, es decir, que sí fuera procedente el recurso de apelación, el quejoso incurriría en la causa de improcedencia indicada, al no haber agotado dicha apelación, dado que el desistimiento del recurso equivale a que no se hubiera interpuesto. Así pues, como en cualquiera de los supuestos en que nos coloquemos surge una causa de improcedencia del juicio de garantías, debe confirmarse la sentencia recurrida. En consecuencia, al no resultar fundados los agravios ni encontrar que el caso se ubique en alguno de los supuestos del artículo 73 bis de la Ley de Amparo, procede confirmar el fallo recurrido.".
CUARTO.- Del amparo en revisión 980/88, remitido a esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, se desprende que Munir Tanous Age, por su propio derecho y como apoderado de Saydan Fares Tanous Ayub y otros, promovió amparo indirecto contra actos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Juez Octavo de lo Civil de México, Distrito Federal, que hizo consistir en lo siguiente:
"I. Reclamo a nombre propio, y a nombre de mis representados, de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, la resolución definitiva dictada en el toca número 25/84, formado con motivo de un recurso de queja que el suscrito y mis representados hicimos valer en contra de la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Octavo de lo Civil de esta ciudad, el día 12 de marzo de este año, en el juicio especial hipotecario que se tramita ante dicha autoridad por Banco Hipotecario del Norte, S.A., en contra de los señores Miguel Puig Navarrete y Raquel García Fernández de Puig, expediente número 790/75, misma que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la señora Leticia Fitzmaurice de Franco en su escrito de fecha 4 de junio de 1982, y cuyos puntos resolutivos son los siguientes: 'Primero.- Por improcedente se desecha el recurso de queja interpuesto, para todos los efectos legales a que haya lugar. Segundo.- Se condena a la parte quejosa y a su abogado al pago de una multa por la cantidad de cien pesos. Tercero.- No ha lugar a condenar en costas. Cuarto.- Notifíquese y remítase testimonio de esta resolución al juzgado de origen, y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido'. II. También reclamo a nombre propio y a nombre de mis representados, todas y cada una de las consecuencias de la resolución detallada en el acto reclamado que antecede, esta reclamación la hacemos también de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. III. Reclamo a nombre propio, y a nombre de mis representados, del Juez Octavo de lo Civil de esta ciudad, la ejecución de la sentencia interlocutoria de fecha 12 de marzo de 1984, dictada en el juicio especial hipotecario que se tramita ante dicha autoridad por Banco Hipotecario del Norte, S.A., en contra de los señores Miguel Puig Navarrete y Raquel García Fernández de Puig, expediente número 790/75, que resolvió un incidente de nulidad de actuaciones promovido por Leticia Fitzmaurice de Franco, en su escrito de fecha 4 de junio de 1982, y también reclamamos de dicha autoridad, todas y cada una de las consecuencias de dicha sentencia interlocutoria y todas y cada una de las consecuencias de la ejecución de dicha sentencia interlocutoria."
El Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, a quien correspondió conocer de dicha demanda, dictó sentencia negando el amparo a los quejosos; por tal motivo, éstos interpusieron el recurso de revisión, conociendo del mismo el referido Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien por resolución de seis de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, confirmó tal sentencia conforme a las consideraciones siguientes:
"CUARTO.- La sentencia objeto de impugnación en los agravios que anteceden y que negó el amparo deberá ser confirmada por motivos diversos, los que se expondrán a continuación. La afirmación que antecede obedece, en primer lugar, a que de la lectura de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto número 320/84, se acredita que el doce de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro el Juez Octavo de lo Civil de esta capital dictó sentencia interlocutoria en la que declaró la nulidad de las notificaciones de los autos de catorce de abril de mil novecientos ochenta y dos dictados en el juicio especial hipotecario número 790/75, promovido por Banco Hipotecario del Norte, S.A., por conducto de su apoderado, contra Miguel Puig Navarrete y otra, así como lo actuado con posterioridad a dichas notificaciones, que sea consecuencia inmediata y directa de las mismas (fojas 176 a 179); que en contra de esa resolución el ahora recurrente interpuso el recurso de queja (fojas 180); que por sentencia de catorce de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al resolver el toca número 25/84, declaró improcedente y desechó el referido recurso (fojas 206 a 210). La resolución mencionada en último término constituyó el acto reclamado a la indicada Sala en el juicio de amparo indirecto de que se trata, autoridad a la que los quejosos señalaron como ordenadora; al Juez Octavo de lo Civil de esta capital le atribuyeron el carácter de ejecutora y le reclamaron la ejecución de la sentencia interlocutoria de doce de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro dictada en el juicio especial hipotecario número 790/75. En la sentencia motivo de inconformidad, el Juez de Distrito razonó en el sentido de que fue correcta la consideración de la Sala responsable porque los artículos 527 y 723, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal deben ser interpretados relacionándolos entre sí; que a virtud de esa interpretación y dado que la interlocutoria impugnada a través del recurso de queja sí se concretó a resolver sobre la nulidad de diversas notificaciones de distintos autos dictados por el Juez de primer grado, el desechamiento por improcedente del recurso de queja fue correcto; negó a los quejosos el amparo solicitado e hizo extensiva la negativa a los actos reclamados a la ejecutora. En los agravios hechos valer en el presente asunto se aduce concretamente que los preceptos legales invocados por el Juez Federal no guardan relación entre sí, por lo que es incorrecto que deban ser interpretados conjuntamente; que al interpretarlos aisladamente se advierte la procedencia del recurso de queja de que se trata; que por lo tanto, debe revocarse el fallo combatido y concederse el amparo solicitado. Ahora bien, como según se precisó, la parte quejosa reclamó de la responsable ordenadora la sentencia que desechó por improcedente el recurso de queja promovido contra un fallo incidental que resolvió un problema de nulidad de actuaciones, por lo que es inconcuso que no se está en los casos previstos por los numerales invocados en la resolución combatida y en los agravios, pues tal interlocutoria no fue dictada `en' o `para' la ejecución de la sentencia conclusiva del juicio. Luego, como los preceptos legales de que se trata son de aplicación estricta y no pueden abarcar actos distintos, se colige que todos los demás actos o resoluciones que no tengan esas características, se rigen por las normas generales que regulan la procedencia de los recursos, lo que desde luego es con independencia de la fase en que se hayan dictado. En ese orden de ideas, y precisamente porque la interlocutoria de nulidad de notificaciones, aunque pronunciada con posterioridad a la sentencia de primera instancia, no actualizó ninguna de las hipótesis normativas de que se trata, es apelable de conformidad a lo textualmente preceptuado por el artículo 691, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal porque lo fue la definitiva. En conclusión, como la interlocutoria en comento debió combatirse a través de la apelación y no por el recurso de queja, es obvio que la sentencia por la que la Sala responsable desechó este último por improcedente, no violó en perjuicio de la quejosa las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que deberá confirmarse la resolución combatida sólo en cuanto le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, negativa de amparo que se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad ejecutora."
QUINTO.- Por razón metodológica, debe estudiarse en principio si en el caso existe materia para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en el amparo en revisión número 1675/90, y por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, en Materia Civil del referido Primer Circuito, al resolver, respectivamente, en los amparos en revisión números 719/89 y 980/88.
Con ese propósito debe decirse que del análisis realizado al resultando primero y considerando segundo de esta ejecutoria, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en el amparo en revisión 1675/90, promovido por Ramón Macías Guillén, sustentó el criterio de que la resolución que niega la ejecución de una sentencia, por estimarse que fue pronunciada para la ejecución de la propia sentencia, es irrecurrible, pues de conformidad con lo establecido por el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las resoluciones dictadas para la ejecución de sentencia no admiten ningún recurso.
Por otra parte, los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto en Materia Civil del mismo Primer Circuito, de acuerdo a sus números 719/89 y 980/88, respectivamente, que han quedado transcritas en el resultando primero y considerandos tercero y cuarto de esta ejecutoria, sostienen el criterio de que el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuya norma es de aplicación estricta, comprende específicamente la irrecurribilidad de los actos procesales encaminados en forma directa e inmediata al cumplimiento o ejecución de las sentencias en los juicios civiles, y no abarca casos distintos; por lo cual, los proveídos o resoluciones que no están encaminados en forma directa e inmediata al cumplimiento o ejecución de las sentencias dictadas en los juicios civiles, aunque se pronuncien en ese período, deben regirse por las normas generales que regulan la procedencia del recurso.
En tales condiciones, cabe concluir que sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por los referidos Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto y Quinto, todos en Materia Civil del Primer Circuito, respecto de un mismo problema jurídico; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197-A, en relación con el diverso precepto 192, de la Ley de Amparo, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe determinar cuál de ellas ha de prevalecer con el carácter de jurisprudencia.
Debe prevalecer el criterio sostenido por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 719/89 y 980/88, respectivamente, por las razones que en seguida se expresan:
El artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece:
"Artículo 527. De las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad, y si fuera sentencia intelocutoria, el de queja por ante el superior."
Ahora bien, ejecución de sentencia significa la serie de trámites que tienen lugar en un juicio, después de pronunciada aquélla, con el objeto de cumplimentarla; de manera que lo mismo se trata de ejecución cuando se señala al que ha sido condenado en un término para que cumpla con lo resuelto en el propio fallo, como cuando se le previene para que nombre peritos valuadores, o cuando se mandan sacar a remate los bienes que fueron secuestrados para garantizar el pago de las prestaciones reclamadas.
Por lo anterior se advierte que en el artículo 527 antes transcrito, se estableció la no procedencia de los recursos ordinarios previstos en la ley, en contra de las resoluciones encaminadas a ejecutarse una sentencia que ha alcanzado la autoridad de cosa juzgada, por lo cual, únicamente son irrecurribles las resoluciones que directamente tienden a ejecutar la sentencia, no todas las que se pronuncien en la vía de apremio y que no tengan esa finalidad, pues aun cuando en el curso del procedimiento tendiente a la ejecución de una sentencia, se pueden promover incidentes, éstos invariablemente deben tener relación con la ejecución misma, y de ninguna manera pueden afectar las cuestiones debatidas dentro del juicio y resueltos ya por el fallo ejecutoriado, en virtud de que la autoridad judicial al dictar la sentencia definitiva, agota la jurisdicción que la ley le confiere, para el nuevo efecto de resolver todas las cuestiones sobre las cuales versa la contienda, esto es, una vez que se dicta el fallo definitivo, no se puede dar cabida a incidentes en que se objete la legalidad de los procedimientos seguidos durante el juicio, como sería un incidente de nulidad de actuaciones, que comprendan la sentencia misma y que afecten a los trámites anteriores a ella.
Cabe destacar, que si bien es cierto que el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece que: "De las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad" ... tal situación de manera alguna conduce a estimar que la irrecurribilidad de las resoluciones que diretamente tienden a ejecutar una sentencia, tiene una excepción, pues el llamado "recurso de responsabilidad" no se trata de un recurso, sino de un juicio que se tramita en la vía ordinaria civil y que debe ser promovido por la parte que se estime perjudicada, ante la autoridad superior del funcionario judicial cuya actuación o conducta supuestamente causa agravios al promovente del referido juicio; por tanto, la demanda respectiva sólo puede entablarse hasta que se declara firme la resolución o acto que supuestamente causa el agravio y el fin del juicio de que se trate, es hacer efectiva la responsabilidad en que incurre la autoridad judicial por actos realizados en el desempeño de sus funciones.
Conforme a lo antes expuesto, se concluye que no deben ser impugnados mediante los recursos ordinarios establecidos por la ley, las resoluciones que directamente tienden a ejecutar una sentencia, de acuerdo a lo establecido por el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y que en cambio, las resoluciones que no tengan esa finalidad, aun cuando se dicten durante el procedimiento de ejecución de sentencia, deben sujetarse a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en materia de recursos, antes de promover el juicio de garantías, ya que estas últimas resoluciones, en rigor, tienen autonomía propia, pues no serán materia de estudio en el acuerdo que ponga fin al procedimiento de ejecución de sentencia.
Siendo así, en la especie debe prevalecer el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto en Materia Civil del Primer Circuito, ya que a la resolución en que se niega la ejecución de una sentencia no puede considerársele como de aquellas que directamente tiendan a ejecutarla, pues es claro que la autoridad judicial no la pronuncia con el fin de que se dé cumplimiento a la sentencia al negar su ejecución, motivo por el cual, teniendo autonomía propia la resolución en que se niega la ejecución de una sent
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/335-54a94fad/ejecucion-de-sentencia-la-resolucion-que-la-niega · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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