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Modo: Corpus Pro

ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/93. · Registro digital (IUS): 2017
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR UNA PARTE, POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y POR LA OTRA, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE
Localización: Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Agosto de 1994, , Pág. 5.

CONTRADICCION DE TESIS 20/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR UNA PARTE, POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y POR LA OTRA, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO, TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO Y TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación, reunida en Pleno, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197-A de la Ley de Amparo, y 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se trata de la denuncia de una contradicción de tesis sustentada por tres Tribunales Colegiados de Circuito, sobre un tema que si bien en sí mismo pudiera considerarse de materia exclusiva de la Tercera Sala, en su aplicación puede presentarse en todas las materias, por estar vinculado a la situación procesal de las partes en todo tipo de juicio, por lo que debe concluirse que no atañe en forma exclusiva a las materias penal, administrativa, civil o laboral, sino sobre un tema común a todas ellas. Tiene aplicación al respecto la tesis jurisprudencial número 9/92, sustentada por este Alto Tribunal, aprobada en sesión privada celebrada el once de febrero de mil novecientos noventa y dos, que dice:

"COMPETENCIA EN CONTRADICCION DE TESIS EN MATERIA COMUN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS.-Los artículos 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI, y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no deben interpretarse en el sentido de que las competencias de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de la contradicción de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, se determina atendiendo a la materia del amparo y no a los criterios que entran en contradicción al resolverse esos amparos. Por razones de la especialidad, compete a las Salas conocer de las contradicciones cuando ambos criterios encontrados se sustenten sobre temas de la especialidad de la Sala, pero no cuando se sustenten criterios contradictorios sobre otra clase de cuestiones, aunque estos criterios se den en amparos cuyas materias les compete. Si los criterios en contradicción no caen dentro de la misma competencia especializada de la Sala, sino de materia común, la especialidad de la Sala no justifica la competencia para conocer de este tipo de contradicciones; además de que se abre la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que, al respecto, llegaren a sustentar las diversas Salas de la Suprema Corte al resolver tales contradicciones, con lo que no se supera la inseguridad jurídica que trata de resolverse mediante la denuncia de la contradicción. Por ello, de conformidad con lo previsto por el artículo 11, fracción XV, de la ley orgánica citada, corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver la contradicción de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito sobre cuestiones que no son materia de la competencia especializada de las Salas."

SEGUNDO.-Como cuestión previa a cualquier otra, debe establecerse si efectivamente existe la contradicción denunciada.

En relación con lo anterior, es de señalar que el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito en el amparo en revisión civil 201/92, sostuvo la siguiente tesis:

"ALEGATOS. FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL AMPARO.- Conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, reformado por Decreto del treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se faculta a los Tribunales de Amparo, el corregir no sólo los errores de las partes en la cita de los preceptos tanto constitucionales como de carácter legal que se consideren violados; sino también el de examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los diversos razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda; de lo que resulta que, ante la inconformidad del tercero perjudicado, quien explica y esgrime argumentos para sostener la legalidad de la resolución reclamada, y el Juez Federal el de omitir hacer especial consideración o análisis de los mismos, en la sentencia de amparo, resulta correcto que ante la falta de estudio de esos alegatos, el Tribunal Colegiado declare fundado el agravio y se avoque a tomarlos en consideración en la revisión para examinarlos en su conjunto, ante todo porque tratándose del recurso de revisión, no existe reenvío, y porque el precepto legal citado así lo autoriza, formando los razonamientos de los contendientes, parte de la litis."

Es conveniente transcribir la parte considerativa conducente del fallo de referencia:

"CUARTO.-Son infundados el segundo y tercero de los agravios que formulan los recurrentes, por las razones que a continuación se expresan: Le asiste la razón a la recurrente cuando alega que las tesis que se invocan en apoyo a sus razonamientos la sentencia de amparo, lo hace mezclando conceptos de arrendamiento y fiscales con cuestiones posesorias de retener y recuperar la posesión, que son acciones y conceptos jurídicos diferentes y totalmente opuestos porque el arrendamiento y las cuestiones fiscales nada tienen que ver con la planilla de gastos y costas judiciales que derivan de acciones interdictales de retener y recuperar la posesión como que se inobserva el artículo 14 de la Constitución Política de la República que establece que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho. En el tercero de los agravios, los recurrentes puntualizan que al comparecer en el juicio de amparo por su propio derecho y por conducto de su apoderado jurídico licenciado Julián Bermúdez Monterde, en forma sucinta y detallada explicaron y esgrimieron los fundamentos legales de lo correcto de la resolución dictada por la autoridad responsable y que en relación a tales argumentos el Juez de Distrito no hizo especial consideración ni estudió, ni al menos un somero análisis de los mismos y que al no ser tomados en cuenta consideran se violan en su perjuicio las disposiciones que al efecto invocó. En tal virtud, estiman que este Tribunal Colegiado del Octavo Circuito podrá y estará en condiciones legales de estudiarlo como debe ser para un caso como el que nos ocupa; lo cual efectivamente es correcto, pues conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se establece que: 'La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda'. Pues bien, la recurrente Ana María Iza de Chibli, en su carácter de tercero perjudicado compareció ante el Juez Primero de Distrito en el Estado de Durango, presentando sus alegatos en relación a la demanda de amparo interpuesta por Blanca Leticia Romo de Chibli y Juan Miguel Chibli Iza, argumentando entre otras cosas (fojas 202 a la 215): ...que era falso que la cuestión de posesión que se ventila fuera susceptible de estimarse en dinero, tal y como lo aseguran los quejosos, pues los juicios (interdictos) que se promovieron son de cuantía indeterminada y tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunció una ejecutoria al respecto, la cual, afirman, transcribe la responsable en su sentencia interlocutoria a la cual se remite pidiendo se tome en cuenta a la hora de fallar, y que establece que: los interdictos de recuperar la posesión no tienen un valor determinado, aclarando que eso es debido a que la materia que de ellos se ocupa, y además por ser demasiado difícil determinar su quantum, máxime que éstos se intentan solamente cuando se han sufrido perturbaciones en la posesión de un inmueble y sólo trata cuestiones internas de posesión, las que no son susceptibles de estimarse en dinero; aclarando que la autoridad responsable cita esa ejecutoria para poner de manifiesto que en el asunto que se ventila se trata de un asunto de una cuantía indeterminada. En otra parte de sus alegatos refiere la tercero perjudicado que los quejosos, al presentar su escrito de demanda incidental, acompañaron documentos que se refieren al valor catastral de los inmuebles objeto de la controversia, pretendiendo establecer los demandados, con base en ellos, la cuantía del negocio; y en otra parte de sus alegatos expresa que no por el hecho de que la fracción III del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, especifique que la condena de costas debe hacerse al que fuere condenado en los interdictos de retener y recuperar la posesión, necesariamente deba ser la condena por negocio de cuantía determinada, pues la ley refiere genéricamente de ser condenado si no obtiene condena favorable, pero esa condena debe de ser según que el juicio sea de cuantía determinada o indeterminada; y que en el caso que nos ocupa fue de cuantía indeterminada, y que es errónea la pretensión de los quejosos de que los interdictos quedaron incluidos en los negocios cuya cuantía pudo estimarse en dinero, ya que el legislador determinó que los interdictos quedaron incluidos en los que se refiere a la condenación en costas, pero en términos generales como lo ha dicho. De todos estos argumentos que con oportunidad hizo valer la tercero perjudicado, la sentencia de amparo no se ocupa, pues si bien hace referencia a lo argumentado en el escrito de alegatos, ello lo hace en forma parcial, refiriéndose únicamente al argumento, de que no son admisibles las certificaciones catastrales para cuantificar el valor de los inmuebles, para contestarle que aun cuando el incidente se tramite con un escrito de cada parte y que debe resolverse al tercer día, ello no impidió que se ilustrara el criterio del juzgador con las certificaciones catastrales, pero no se ocupa del argumento toral de los terceros perjudicados, de que tratándose del incidente de retener y recuperar la posesión no debe atenderse a cuestiones de dinero para estimar el asunto de cuantía determinada, en virtud de que el negocio es en realidad de cuantía indeterminada por no estar en juego cuestiones de propiedad, lo que efectivamente es cierto, pues tratándose de ese tipo de incidentes no está en juego ni la posesión plenaria ni la propiedad de los mismos, pues sólo se discute a quién corresponde tener la posesión mientras se tramita el juicio de fondo correspondiente; y por consiguiente el valor de la propiedad de los mismos puede aceptarse como base del negocio para estimar que se trata de un asunto de cuantía determinada, pues por las razones expuestas, el negocio en realidad es de cuantía indeterminada y en este aspecto la sentencia del Juez de Distrito causa agravio a los terceros perjudicados. Lo anterior tiene apoyo, efectivamente, en el criterio que invoca la responsable y que aparece publicada en el Tomo LXI, página 2171, Quinta Epoca del Semanario Judicial de la Federación, con la voz de: 'INTERDICTOS. DETERMINACION DEL VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS.' (Legislación de Coahuila). Pero además esta resolución de la mayoría, invoca en apoyo de lo anterior la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en el amparo directo 898/82 promovido por Blas Macías Ramírez y fallado el 25 de abril de 1983, que aparece publicada en el Tomo IX de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca 1969- 87, que es del tenor literal siguiente: 'INTERDICTOS, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO TRATANDOSE DE.-Es pertinente precisar que no obstante que en la sentencia reclamada relativa a un interdicto se exprese que el valor del asunto se estima en una cierta cantidad superior a la que por cuantía daría competencia a un Tribunal Colegiado, sin embargo, este tribunal es competente para conocer del juicio de garantías, en virtud de que el negocio es en realidad de cuantía indeterminada, puesto que el hecho de que los terrenos en disputa hayan sido valuados en la cantidad citada, no significa que esa sea la cuantía del negocio, por no estar en juego ni la posesión plenaria, ni la propiedad de los mismos, pues de aceptarse la cantidad aludida como valor del asunto, se llegaría al absurdo de considerar que cuando el inquilino promueve interdicto de retener o recuperar la posesión del bien arrendado y menciona el valor de dicho inmueble, éste sería el valor del negocio, cuestión inadmisible habida cuenta de que en tal supuesto el valor del negocio sería mínimo tomando en consideración que sólo se discutiría a quién corresponde tener la posesión mientras se tramita el juicio de fondo correspondiente.'"

Por su parte el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al conocer del amparo en revisión 260/88, sustentó la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo I, enero-junio, 1988, Segunda Parte-1, páginas 399 y 400 que dice lo siguiente:

"LITIS CONSTITUCIONAL. NO FORMAN PARTE DE ELLA LAS ALEGACIONES DE LA TERCERO PERJUDICADO PARA DESVIRTUAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACION.-Las manifestaciones de la tercero perjudicado formuladas para refutar los conceptos de violación no forman parte de la litis constitucional, pues de acuerdo con el artículo 147 de la Ley de Amparo, en el auto admisorio de la demanda de garantías se ordena pedir a las autoridades responsables sus informes justificados, corriéndoles traslado con las copias de la demanda y, en su caso, notificar a la parte tercero perjudicado sobre el día y la hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, entregándole también una copia de la demanda, pero en ningún momento se le requiere para que dé contestación a los conceptos de violación, debido obviamente, a que corresponde a las autoridades responsables desvirtuarlos en sus respectivos informes justificados y, por tanto, demostrar que los actos reclamados no son inconstitucionales. Se llama a la tercero perjudicado porque puede afectarle el sentido de la resolución de amparo si en ella se concede a la quejosa la protección de la justicia federal solicitada, pero no porque deba dar contestación a los conceptos de violación, de tal manera que las manifestaciones que expone al comparecer al juicio de garantías únicamente tienen el carácter de alegatos, que no constituyen una parte integrante de la litis, y sólo cuando invoque alguna causa de improcedencia el Tribunal de Amparo está obligado a ocuparse de su examen, por tratarse de una cuestión de orden público."

En su parte conducente la sentencia de referencia sostuvo:

"CUARTO.-El apoderado legal de la recurrente aduce, en esencia, como agravios los siguientes: que la sentencia impugnada es incongruente porque la Juez de Distrito no hace referencia en ella, a lo que argumentó su representada cuando compareció al juicio de garantías respectivo, en su carácter de parte tercero perjudicado, a lo cual estaba obligada, tomando en cuenta que tales argumentos formaban parte de la litis constitucional; que asimismo la resolución mencionada contraría el principio de congruencia, toda vez que el razonamiento que se sostiene para desestimar lo que postula el artículo 1078 del Código de Comercio, no constituye una respuesta legal, pues carece de una sustentación lógica, dado que no se exponen las razones para considerar que el mencionado artículo 1078 no es aplicable a la especie, y que dicho precepto debe interpretarse, en relación con el 1077 del ordenamiento jurídico antes invocado, sosteniéndose únicamente que el artículo 1078 de la Ley de Enjuiciamiento Mercantil sólo es aplicable en los términos prorrogables; señala, además, el apoderado legal de la recurrente, que el citado artículo 1078 dispone que transcurridos los términos judiciales y las prórrogas legalmente otorgadas, bastará una sola rebeldía para que se saquen con todo apremio las copias o los autos, perdiéndose el derecho que debió ejercitarse, pero que dicho precepto no hace ningún distingo entre términos prorrogables e improrrogables, por lo que debe entenderse que rige para ambos tipos de términos; que entre los segundos existen los perentorios que son aquellos que no requieren petición de parte, para que precluya el derecho que dentro de los mismos debió ejercitarse, es decir, que el derecho se pierde en forma automática, como es el caso del término para interponer el recurso de apelación; y los perentorios que son aquellos en los cuales no precluye el derecho que debe ejercitarse dentro de ellas, si no existe acuse de rebeldía de la contraria a la parte a quien se concede para ejercitar determinado derecho; que el término para contestar la demanda en materia mercantil, tiene la calidad de improrrogable y no perentorio, por lo que la contestación de la demanda puede presentarse en cualquier tiempo, mientras no transcurra el término concedido para ese efecto, o no se acuse la rebeldía por no hacerlo; que al respecto son aplicables las tesis publicadas en las páginas 35 y 36 del Informe de Labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año de mil novecientos ochenta y uno, correspondiente a la Tercera Sala, bajo el rubro 'DEMANDA, CONTESTACION DE LA.'; de tal suerte que, no obstante que su representada dio contestación a la demanda que instauró en su contra Wings, S. A. de C. V., al día siguiente en que venció el término que se le concedió para tal efecto, como su contraparte no le había acusado la rebeldía correspondiente, debió admitírsele la contestación de la demanda. Finalmente, manifiesta el apoderado legal de la recurrente, que el criterio jurisprudencial que se invoca en la sentencia impugnada, relativo al cómputo del término para expresar agravios en la apelación mercantil, es inaplicable al caso a estudio. Contrariamente a lo que sostiene el apoderado legal de la recurrente, lo aducido por la tercero perjudicado en un juicio de garantías al comparecer a él, no forma parte de la litis constitucional, pues de acuerdo con el artículo 147 de la Ley de Amparo, en el auto que admite una demanda de garantías, únicamente se debe ordenar pedir a las autoridades responsables su informe justificado, corriéndoles traslado con una copia de la demanda, hacer saber a la parte tercera perjudicada el día y la hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, entregándole también una copia de la demanda de amparo. Es decir, que en el auto admisorio de la demanda de garantías, no se requiere a la tercera perjudicada para que dé contestación a los conceptos de violación, debido, obviamente, a que corresponde a las autoridades responsables desvirtuarlos al rendir su informe con justificación, y, por tanto, demostrar que los actos reclamados no son inconstitucionales; y se llama a la tercero perjudicado porque a ésta le puede afectar el sentido de la resolución de amparo, dependiendo de que se conceda o no a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal, pero no porque deba dar contestación a los conceptos de violación, de tal manera que las manifestaciones que formule al comparecer al juicio de amparo, tienen el carácter de alegatos, que no forman parte de la litis, salvo que se invoque alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público. En estas condiciones, la litis constitucional se forma únicamente con los hechos expuestos en la demanda de garantías por la parte quejosa y con lo argumentado en el informe justificado por las autoridades responsables. El criterio anterior encuentra apoyo en la tesis publicada en la página 147 del Informe de Labores de mil novecientos ochenta y siete, rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Tercera Sala, que dice: 'ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS POR LO QUE NO EXISTE OBLIGACION DE DAR VISTA A LA CONTRAPARTE.-El escrito de alegatos del tercero perjudicado no forma parte de la litis por lo que el Juez de Distrito, no está obligado a dar vista con él a los peticionarios del amparo, puesto que la litis constitucional se forma con los conceptos de violación contenidos en la demanda, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con lo aducido en el informe justificado.'"

El Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al fallar el amparo en revisión 45/90, sostuvo la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VI, Segunda Parte-2, páginas 444 a 445, que a letra dice:

"ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS.-El Juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos de violación referidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero no tiene el deber de analizar las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, al no exigirlo los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo."

La sentencia de referencia, en su parte conducente, dice:

"Finalmente, es verdad que en la sentencia recurrida no se estimó ni valoró el escrito de alegatos presentado por el quejoso, pero tal omisión resulta intrascendente, dado que el Juez Federal no tenía obligación de analizarlos al no formar parte de la litis constitucional; de conformidad con la tesis de jurisprudencia número 42, visible en la página 67 de la Octava Parte del Apéndice mencionado, que dice: 'ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS.-El Juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo.'"

Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al fallar los amparos en revisión 265/88, 349/88, 129/89, 429/89 y 169/90, sustentó la tesis jurisprudencial número 37 que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo Sexto, julio-diciembre 1990, Segunda Parte-1, páginas 319 y 320, que reza:

"ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL AMPARO.-El Juez de Distrito está obligado a examinar los conceptos de violación expresados en la demanda constitucional en relación con el acto o actos reclamados y en concordancia con el o los informes justificados, mas no tiene el deber de analizar directamente lo que se expresa en vía de alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo, por ello, no forma parte de la litis constitucional."

Es conveniente transcribir la parte conducente de la sentencia emitida en el amparo en revisión 129/89, con la pertinente aclaración que en el mismo sentido se emitieron las otras cuatro ejecutorias que integran esta tesis jurisprudencial:

"De lo anterior se desprende que es inexacto que el ahora recurrente, en su demanda de amparo, expresara como concepto de violación que resultaba inaplicable el artículo 2992, fracción V, del Código Civil para el Estado de Puebla, por las razones que aduce; por lo que al no haberse propuesto tal cuestión ante el Juez de Distrito, resulta legal su abstención, porque no fue parte de la litis, es decir, de los conceptos de violación en términos de los artículos 77 y 155 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Cabe destacar que aun cuando tal argumento lo hizo valer el hoy recurrente en su escrito de alegatos presentado el ocho de marzo de mil novecientos ochenta y nueve (fojas 217 a 221); debe decirse que el Juez de Distrito está obligado únicamente a examinar los conceptos de violación expresados en la demanda de garantías, en relación con el acto o actos reclamados y en concordancia con el o los informes justificados rendidos por la autoridad o autoridades responsables, sin tener la obligación de analizar directamente lo que se exprese en vía de alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo, por lo que no forman parte de la litis constitucional. Siendo así, el hecho de que en la sentencia recurrida no se tomaran en consideración los alegatos formulados por el ahora recurrente, es legal tal abstención por no formar parte de la litis constitucional, teniendo aplicación al respecto la tesis sustentada por este tribunal al resolver el veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho y el ocho de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, los amparos en revisión números 265/988 y 349/988, promovidos, respectivamente, por Fernando Reyes Maceda y otras y Héctor Javier Garza González, cuyo sumario dice: 'ALEGATOS. LA LEY DE AMPARO NO OBLIGA SU EXAMEN.-El Juez de Distrito está obligado a examinar los conceptos de violación expresados en la demanda constitucional en relación con el acto o actos reclamados y en concordancia con el o los informes justificados, mas no tiene el deber de analizar directamente lo que se expresa en vía de alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo, por ello, no forman parte de la litis constitucional.'"

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al fallar el amparo en revisión 19/76, sostuvo la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen LXXXVI, página 20 que a continuación se transcribe:

"ALEGATOS. SU FALTA DE ESTUDIO DE PARTE DEL JUEZ DE DISTRITO, NO CAUSA AGRAVIOS.-Como los alegatos no son sino argumentos esgrimidos con el único objeto de fortalecer los puntos de vista sostenidos por el quejoso en sus conceptos de violación, es claro que ningún agravio puede causarse al que recurre una resolución pronunciada por un Juez de Distrito por el hecho de que éste no se haya ocupado del estudio de esos alegatos, toda vez que los argumentos contenidos en los mismos no forman parte de la litis. Asimismo, ningún precepto legal obliga a los Jueces de Distrito a referirse en forma expresa y pormenorizada a los argumentos que desarrollen las partes en sus escritos de alegatos."

La parte conducente del fallo de referencia dice:

"III. Resultan infundados los agravios hechos valer por el quejoso y recurrente Manuel Chan Morales. En efecto: en el primero de sus motivos de disconformidad, el agraviado señala que el señor Juez de Distrito en el Estado de Yucatán, dejó de estudiar, en su perjuicio, los alegatos formulados por su parte, en escrito de once de diciembre del año próximo pasado, a pesar de haber sido presentado en tiempo, pues aunque los tiene por formulados en la audiencia respectiva, no los considera ni estudia en su fallo, dejando al recurrente en estado de indefensión. El anterior agravio es infundado, porque como los alegatos no son sino argumentos esgrimidos con el único objeto de fortalecer doctrinariamente los puntos de vista sostenidos por las partes, es claro que ningún agravio puede causarse al recurrente con el hecho de que el Juez del amparo no se ocupe del estudio de los mismos, toda vez que tales argumentos no forman parte de la litis. Asimismo, ningún precepto legal obliga a los Jueces de Distrito a referirse en forma expresa y pormenorizada a los argumentos que desarrollen las partes en su escrito de alegatos. El criterio anterior ha sido sostenido en diversos precedentes de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los que pueden consultarse los visibles en las páginas 1971, Tomo LXXIV, 3103, Tomo LXXVI, 5721, Tomo LXXVII, 547, Tomo LXXXVIII y 185, Tomo XCII, de la Quinta Epoca del Semanario Judicial de la Federación."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 135/88 sostuvo la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo I, enero-junio de 1988. Segunda Parte-1, página 84 y que se transcribe a continuación:

"ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL.- Ningún precepto legal obliga a los Jueces de Distrito a referirse en sus sentencias en forma expresa y pormenorizada a los argumentos que aducen las partes en su escrito de alegatos, por no formar parte de la litis constitucional."

En la citada resolución, en su parte conducente, se sostuvo:

"Finalmente, debe decirse al recurrente que ningún agravio le causó la omisión del Juez de Distrito en examinar el escrito de alegatos que aportó al juicio, pues como éstos no son sino argumentos tendientes a fortalecer los conceptos de violación que se refieren al fondo del asunto, que no fueron examinados precisamente por no haberse demostrado la existencia de los actos en los términos planteados en la demanda de garantías, por ello, tales argumentos no formaron parte de la litis constitucional; y como quiera que sea, ningún precepto legal obliga a los jueces de Distrito a referirse en forma expresa y pormenorizada a los argumentos que desarrollen las partes en sus escritos de alegatos. En apoyo a lo anterior, se cita el criterio que sustentó este Tribunal Colegiado en la ejecutoria publicada en la página 320 en la Tercera Parte del Informe que rindió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al terminar el año de 1982, que dice: 'ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS.-El Juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo, en rela

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2017-c16834fa/alegatos-no-forman-parte-de-la-litis-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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