NULIDAD DE ACTUACIONES EN PROCEDIMIENTOS MERCANTILES. DEBE INTERPONERSE EN LA ACTUACION SUBSECUENTE EN QUE INTERVENGA EL INCONFORME (APLICACION SUPLETORIA DE LA LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO Y CODIFICACIONES SIMILARES).
CONTRADICCION DE TESIS 20/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Corresponde a esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197-A de la Ley de Amparo; 26, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conocer de la denuncia de contradicción de tesis que sobre amparos en materia civil sustentan dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, como sucede en el caso.
SEGUNDO.-Las consideraciones fundamentales en que se apoyó la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al fallar el amparo en revisión 290/94, son las siguientes:
"TERCERO.-Son infundados los agravios hechos valer. Ninguna de las partes ha puesto en duda que el juicio natural no sea otro que el ejecutivo mercantil 224/91, seguido ante el Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad por José González Monroy contra la ahora quejosa (en el amparo obran tanto una copia fotostática simple de la interlocutoria dictada con motivo del incidente de nulidad que dio origen al presente juicio constitucional, a foja 13, como una fotocopia certificada de la misma resolución a foja 43). Esa sentencia interlocutoria fue apelada por el actor. Ahora bien, aunque al parecer es verdad que ante el tribunal de alzada dicha apelación se registró con el número 827/93, lo que se deduce del hecho de que a fojas 45 a 51 del amparo obra copia fotostática certificada de la sentencia que resolvió tal recurso, en cuya penúltima hoja (a foja 50 frente), justo al margen izquierdo, aparece claramente el número 827/93, sería injusto acceder a lo solicitado por el recurrente (que se revoque la sentencia sujeta a revisión y en su lugar se sobresea por la equivocación en que incurrió la quejosa al señalar que la resolución impugnada fue dictada en el toca 826/93, o sea no en el 827/93 como debería de ser), por el motivo siguiente: A fojas 7 a 12 del amparo obra una copia fotostática simple de la sentencia reclamada (bastante legible por cierto), en la que en su parte inicial claramente se lee que la Sala responsable dijo: `Visto para resolver en apelación el toca número 826/93 ...' o sea, que fue el mismo tribunal de alzada quien incurrió en error al anotar, en la resolución impugnada en amparo, un número de toca que no era el correcto. Luego, es obvio que a la agraviada no tiene por qué perjudicar el desacierto que no es atribuible a ella. Por otro lado, no obstante que este colegiado no comparte el criterio adoptado por la Juez de Distrito en la sentencia recurrida (referente a que en materia mercantil es de tres días el término que se tiene para promover un incidente de nulidad de actuaciones), ésta habrá de confirmarse porque, según se pondrá de relieve a continuación, de todas suertes el incidente que originó la interlocutoria reclamada sí se promovió oportunamente. Los códigos de procedimientos civiles locales son supletorios del de comercio en aquellas disposiciones no reglamentadas expresamente sobre determinados puntos. Así lo establece la jurisprudencia 1100 de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'LEYES SUPLETORIAS EN MATERIA MERCANTIL.-Si bien los Códigos de Procedimientos en cada Estado, son supletorios del de Comercio, esto no debe entenderse de modo absoluto, sino sólo cuando falten disposiciones expresas sobre determinado punto, en el Código Mercantil, y a condición de que no pugnen con otras que indiquen la intención del legislador, para suprimir reglas de procedimientos o de pruebas.'. La nulidad de actuaciones es una institución que ni siquiera está prevista en el Código de Comercio y sin embargo a diario se promueven incidentes de tal naturaleza en materia mercantil. Luego, no puede ser correcto aplicar esa institución sólo a medias. Porque si una de las condiciones o características de ella es la de que debe promover en la actuación subsecuente en que intervenga el que la interpone (artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco), se desnaturalizaría la figura si se adopta en los juicios mercantiles pero se le fija otro término (el de tres días). Y aunque no precisamente para asuntos como el presente, este tribunal ha sustentado el criterio expuesto en la ejecutoria cuyo sumario puede consultarse en la página 383 del Tomo X, octubre de 1992, de la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que establece: 'NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE INTERPONERSE EN LA ACTUACION SUBSECUENTE EN QUE INTERVENGA EL INCONFORME (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).-A fin de que una actuación nula no se convalide es necesario que se reclame <en la actuación subsecuente en que intervenga el que la promueve> (artículo 71 del Código de Procedimientos Civiles del Estado). Es tan claro lo anterior que la simple interpretación gramatical del precepto conduce a concluir que el límite que tiene el afectado para atacar una actuación nula no son tres días, ni cuatro, ni diez, sino que debe hacerlo a más tardar en la siguiente intervención en que en el propio juicio participe el interesado. Luego, si en autos no está probado que en el juicio natural el inconforme hubiera tenido una intervención anterior a aquella en que propuso el incidente de nulidad, resulta claro que éste se promovió oportunamente.'. Consiguientemente, si en autos no está probado que la promovente del incidente hubiera intervenido con anterioridad a cuando intentó éste, es claro que el mismo se planteó oportunamente y por ello es por lo que procede confirmar la sentencia sujeta a revisión. Pero como el criterio referido es adverso al sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito (el cual fue invocado por la Juez de Distrito en la resolución recurrida), deberá hacerse ante la Suprema Corte la correspondiente denuncia de contradicción de tesis; en la inteligencia de que la tesis de dicho Segundo Tribunal Colegiado se localiza en el Tomo V, enero-junio de 1990, página 310, de la misma Octava Epoca del Semanario citado, que es del tenor siguiente: 'NULIDAD, INCIDENTE DE. TERMINO PARA INTERPONERLO EN MATERIA MERCANTIL (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).-El artículo 1079 del Código de Comercio dispone que, cuando la ley no señala término para el ejercicio de un derecho, se tendrán por señalados los siguientes: ... <VIII. Tres días para todos los demás casos>. Ahora, como en este precepto no se indica un término específico para promover el incidente de nulidad, debe entenderse el que fija la fracción apuntada, esto es, el de tres días, a partir del en que el afectado se enteró del estado del procedimiento, sin que sea obstáculo lo que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, respecto a que el incidente de nulidad se debe interponer en la actuación subsecuente en que intervenga el que lo promueve, porque si bien el Código de Comercio no prevé el incidente de nulidad, y por ello se da la supletoriedad de la ley común, en materia de términos ya no cabe tal suplencia, porque este ordenamiento contiene un capítulo completo sobre el particular.'. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo previsto por el artículo 90 de la ley que rige el juicio de garantías, se resuelve: PRIMERO.-Se confirma la sentencia que se revisa. SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Rosario Rojano de Carriquiry en contra de los actos y las autoridades que se mencionan en el primero de los resultandos de esta ejecutoria. TERCERO.-Hágase la denuncia de contradicción de tesis a que se alude en el párrafo final del último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese."
TERCERO.-Las consideraciones fundamentales en que se apoyó la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al fallar el amparo en revisión 452/89, son las siguientes:
"QUINTO.-Los conceptos de violación resultan infundados, pues como acertadamente lo consideró la autoridad responsable, a foja 48 del juicio natural consta la notificación del quejoso Candelario Hernández Gómez, de fecha catorce de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, en la que se hace de su conocimiento el estado en que se encuentra el procedimiento, por lo que dentro de los tres días posteriores hábiles debió promover el incidente correspondiente, como lo establece el artículo 1079 del Código de Comercio, que determina los términos para la práctica de los actos jurídicos, que dice textualmente: 'Cuando la ley no señala término para la práctica de un acto judicial o para el ejercicio de un derecho, se tendrán por señalados los siguientes: (...) <VIII. Tres días para todos los demás casos>; no obsta a lo anterior lo aducido por el quejoso, en el sentido de que, como el Código de Comercio no prevé el incidente de nulidad, se debe aplicar el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, incluso para considerar que el término para interponer el incidente respectivo, sea el que determina la ley adjetiva, o sea, en la siguiente actuación; pues si bien ésta suple al Código de Comercio en lo que aquél es omiso, no debe entenderse que lo hace en lo que sí regula, como es lo referente a los términos, de tal manera que atinadamente la autoridad responsable aplicó el artículo 1079 para desechar por extemporáneo el incidente, ya que para el ejercicio de ese derecho, a falta de determinación expresa, se tiene el término de tres días. Así las cosas, al haberse promovido el incidente el cinco de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, estuvo en lo correcto la responsable al haberlo desechado por extemporáneo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 107 fracción VIII de la Constitución Federal, 83 fracción IV, 85, 91 fracción III y demás relativos de la Ley de Amparo y 44 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO.-Se revoca la sentencia que se revisa. SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Candelario Hernández Gómez, por medio de su apoderado general José Rodríguez Delgado, contra el acto que reclamó del Juez Décimo de lo Civil del Primer Partido Judicial de esta entidad federativa, que se precisó en el resultando primero de esta ejecutoria. Notifíquese."
CUARTO.-Con el propósito de establecer el punto de contradicción entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados mencionados, conviene hacer las siguientes precisiones.
En primer lugar, ambos asuntos se originan en controversias del orden mercantil. De igual forma, ambos criterios recurren en forma supletoria a la legislación del Estado de Jalisco, por estimar que el incidente de nulidad de actuaciones no está previsto por el Código de Comercio.
Sin embargo, los citados tribunales federales disienten en lo que se refiere a la oportunidad para promover la nulidad de actuaciones, pues mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito estima que se debe promover en la subsecuente actuación, atento a lo dispuesto por el artículo 71 del código adjetivo local; en cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio Circuito considera que el afectado sólo cuenta con tres días para ello, dado que en materia de términos sí existe disposición expresa en el código mercantil, y por tanto no opera la supletoriedad de la legislación común.
En este orden de ideas, es claro que sí existe contradicción de tesis.
QUINTO.-Por cuestión de orden y método, antes de analizar qué tesis debe prevalecer en la contradicción, se estudiará la validez de la premisa común en que se apoyan sendos criterios, esto es, si en materia de nulidad cobra aplicación supletoria la legislación procesal local.
En principio, es verdad que el Código de Comercio no regula específicamente el incidente de nulidad de actuaciones.
El concepto de nulidad aparece por vez primera dentro de las codificaciones del México independiente, en los artículos 140 y 141 de la Ley de 23 de marzo de 1837 (Arreglo Provisional de la Administración de Justicia en los Tribunales y Juzgados del Fuero Común), cuyo contenido decía lo siguiente:
"140. Se deroga la ley sobre suplicaciones de 16 de mayo de 1831, y la de 4 de septiembre de 1824, y en los casos que se refieren, sólo queda a las partes el recurso de nulidad ó de responsabilidad contra los Magistrados o Jueces que hubieren negado la súplica ó apelación."
"141. Los recursos de nulidad sólo se interpondrán dentro del término preciso de ocho días, contados desde el que se origine aquélla. Admitido el recurso sin otro requisito por el tribunal ó Juez que causó la ejecutoria, dispondrá que ésta se lleve a efecto; dándose por la parte que hubiere obtenido la correspondiente fianza de estar a las resultas, si se mandare reponer el proceso; y remitirá los autos al tribunal que deba conocer de la nulidad, con citación de los interesados. Estos recursos se sustanciarán con un escrito de cada parte, audiencia del fiscal, e informes a la vista."
Dichos preceptos recogieron, a su manera, la práctica que se ejercía al amparo de las Leyes de las Cortes Españolas de 9 de octubre de 1812 y 24 de marzo de 1813. Conforme a esta práctica, la nulidad de una sentencia por falta de citación podía reclamarse como acción directa o en vía de agravio al presentar la apelación. En el primer caso, la acción se entablaba ante el propio Juez natural y esto es lo que actualmente se ha transformado en el incidente de nulidad. En el segundo caso el motivo de nulidad se hacía valer en la alzada, y fue lo que dio origen al recurso de nulidad hoy desaparecido, pero cuya influencia trascendió incluso a la Ley de Amparo.
El carácter transitorio de la Ley de 1837, cedió paso a la Ley que Arregla los Procedimientos Judiciales en los Negocios que se Siguen en los Tribunales y Juzgados del Distrito y Territorios de 4 de mayo de 1857. En este ordenamiento, el recurso de nulidad quedó reglamentado de la siguiente manera:
"Artículo 83. No se puede interponer sino ejecutoriado el negocio, dentro de ocho días después de notificada la sentencia que causa ejecutoria; y sólo tendrá lugar cuando en la misma instancia en que se ejecutorió el negocio, se hayan violado las leyes que arreglan el procedimiento en los casos siguientes: I. Por falta de emplazamiento en tiempo y forma, y falta de audiencia de los que deban ser citados al juicio, comprendiéndose en ellos el fiscal en su caso. II. Por falta de personalidad ó poder suficiente en los litigantes que hayan comparecido en el juicio, dándose en este caso el recurso al que haya sido falsa ó malamente representado. III. Por falta de citación para las pruebas ó para cualquiera diligencia probatoria. IV. Por no haberse recibido el pleito a prueba, debiendo recibirse, ó no haberse permitido a las partes hacer la prueba que pretendían en el término legal, no siendo enteramente opuesta a derecho. V. Por no haberse mostrado a las partes algunos documentos ó piezas de los autos, de manera que no hayan podido alegar sobre ellas, y que sobre las mismas se haya fundado la sentencia contra dichas partes. VI. Por no haberse notificado en forma el auto de prueba, ó no haberse citado para sentencia definitiva. VII. Por incompetencia de jurisdicción, si se alegó oportunamente y fue desechada, no admitiendo apelación la cuantía del negocio. VIII. Por haber mandado hacer pago el acreedor en el juicio ejecutivo sin que preceda a él la fianza de que habla el artículo 113, cuando el interés del pleito no admita apelación."
"Artículo 84. En todos los casos en que por falta de citación se produce la nulidad, según los artículos anteriores, no la habrá cuando la parte no citada haya comparecido voluntariamente y héchose oír."
"Artículo 85. En todos los casos, aunque no se haya interpuesto el recurso de nulidad, los que no han litigado, ó no han sido legítimamente representados, podrán por vía de excepción, pretender que la sentencia no les perjudique."
No obstante, la difícil coexistencia que se dio en aquel período de legislación, entre las leyes (parcialmente derogadas unas por otras) de Partida, Nueva y Novísima Recopilación, y las nacionales; generó confusión acerca de si el recurso de nulidad había o no derogado la posibilidad de pedir la nulidad de la sentencia por vía de acción o de excepción ante el Juez de primera instancia. Las decisiones judiciales fueron en uno y otro sentido, pero la mayoría se inclinaron en favor de la primera hipótesis, aduciendo que la previa citación era la primera y más importante garantía judicial y que previendo el caso de que el recurso de nulidad no fuera eficaz para preservarla, se había incluso dispuesto en el artículo 85 de la Ley de 4 de mayo de 1857 (transcrito anteriormente), la posibilidad de pedir la nulidad ante el Juez en vía de excepción, por lo que no existía obstáculo para admitirla en vía de acción.
De ahí que la existencia e interpretación de este precepto (artículo 85), fuera la base de sustentación del incidente de nulidad.
Posteriormente, el recurso de nulidad habría de desaparecer al expedirse el Código de Procedimientos Civiles de 13 de agosto de 1872. Sin embargo, la esencia de este medio de impugnación, sobrevivió, de alguna manera, como una modalidad del recurso de casación, a través de lo que se conoció como violación a las leyes que establecen el procedimiento, según se desprende de sus artículos 1593, 1600, 1616, 1617 y 1618:
"Artículo 1593. El recurso de casacion puede interponerse: 1o. En cuanto al fondo del negocio, alegando que la ejecutoria es contra a ley expresa: 2o. Por violación de las leyes que establecen el procedimiento."
"Artículo 1600. Aunque no se haya interpuesto el recurso de casación, los que no han litigado, pueden pretender por vía de excepción que la sentencia no les perjudique."
"Artículo 1616. Por violación de las leyes del procedimiento tiene lugar el recurso de casación: 1o. Por falta de emplazamiento en tiempo y forma y por la de audiencia de los que deban ser citados al juicio, comprendiéndose entre ellos al Ministerio Público: 2o. Por falta de personalidad ó poder suficiente en los litigantes que hayan comparecido en el juicio; dándose en este caso el recurso al que haya sido mala ó falsamente representado: 3o. Por no haberse recibido el pleito á prueba, debiendo serlo, ó no haberse permitido a las partes rendir la prueba que pretendían en el tiempo legal, no siendo opuesta a derecho: 4o. Por no haberse concedido las prórrogas y nuevos términos que procedian conforme a derecho: 5o. Por falta de citación para las pruebas ó para cualquiera diligencia probatoria; salvo lo dispuesto para la presentación de documentos: 6o. Por no haberse mostrado a las partes algunos documentos ó piezas de los autos, de manera que no hayan podido alegar sobre ellos: 7o. Por no haberse notificado en forma el auto de prueba ó no haberse citado para sentencia definitiva: 8o. Por incompetencia de jurisdicción, ya sea que el Juez infrinja el artículo 235, ya sea que no se separe del conocimiento del negocio en los casos de los artículos 843 y 369 a 372: 9o. Por no haberse seguido el procedimiento propio del juicio, salvo lo dispuesto en los artículos 910 a 912: 10o. Por haberse mandado hacer pago al acreedor en los juicios hipotecario y ejecutivo, sin que preceda a él la fianza de que habla el artículo 1077, cuando el interés del pleito no admita apelación."
"Artículo 1617. Por falta de emplazamiento a que se refiere la fracción 1a. del artículo anterior, motivará casación, sea cual fuere la instancia en que se cometa."
"Artículo 1618. Cuando la parte no citada haya comparecido voluntariamente y haya sido oída, no habrá lugar a la casación."
En la medida en que el artículo 1600 del código adjetivo mencionado, reprodujo el contenido del 85 de la Ley de 4 de mayo de 1857, se mantuvo el criterio que admitía la práctica de reclamar la nulidad de la sentencia por vía de acción y ante el Juez natural.
No obstante, el código de 1872, sufrió una modificación el 15 de septiembre de 1880, y aun cuando se conservó el recurso de casación, se suprimió el artículo 1600, lo que quitó sustento a la interpretación basada en ese precepto, para justificar la procedencia del incidente de nulidad. Esto colocó en una precaria situación, a los afectados por falta de citación en los negocios en que no procedía la casación, como era el caso de los juicios verbales de menor cuantía y de los interdictos.
La intención que había motivado esta reforma, no era privar a las partes de este importante medio de defensa, sino únicamente eliminar, a juicio de sus autores, un precepto que parecía innecesario, porque de cualquier manera quedaba consignado en la ley, como lo revela la exposición de motivos a dicha reforma:
"Igualmente se suprimieron los artículos 1599, 1600 y 1601, el primero por contener un precepto inútil, el segundo, porque sin necesidad de consignarlo la ley, ya se sabe que la sentencia daña o aprovecha a los que han litigado; de manera que para los que no han intervenido en el juicio es res inter alios acta y el tercero, porque de la misma manera es obvio que los que no han sido legalmente representados en el juicio son tan extraños como si de ningún modo hubieran intervenido."
El Código de Procedimientos Civiles de 1884, al tiempo que preservó el recurso de casación por vicios en el procedimiento en sus artículos 698, 699 y 714, optó por regular el incidente de nulidad de una manera más clara y amplia, que no obligara a recurrir a interpretaciones legales para justificar su procedencia. De esta manera los artículos 97 y 98 de la ley de enjuiciamiento mencionada, establecieron lo siguiente:
"Artículo 97. Las notificaciones que se hicieren en otra forma distinta de la prevenida en este capítulo, serán nulas; y el escribano, secretario ó comisario en su caso, que las autorice, incurrirá en una multa de diez a veinte pesos, debiendo además responder de cuantos perjuicios y gastos se haya originado por su culpa. La parte agraviada podrá promover ante el mismo Juez que conozca del negocio, el respectivo incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente."
"Artículo 98. No obstante lo prevenido en el artículo precedente, si la persona notificada se hubiere manifestado, en juicio, sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha; mas no por esto quedará relevado el escribano, secretario ó comisario en su caso, de la responsabilidad establecida en el artículo anterior."
Así, ambos medios de impugnación (el incidente de nulidad y la casación), eran permitidos para reclamar la falta de citación o notificación.
Dentro de este contexto, llegó la aprobación del Código de Comercio de 1889, que a diferencia de su homólogo de 1884, estableció un libro sobre procedimientos mercantiles escritos. En el capítulo IV de su libro quinto, relativo a las notificaciones, se omitió hacer referencia al incidente de nulidad. Sin embargo, sí se aceptó la procedencia de la casación por vicios en el procedimiento, tal como se desprende de los artículos 1334 y 1345, que a la letra establecían:
"Artículo 1344. El recurso de casación sólo procede contra las sentencias definitivas dictadas en la última instancia de cualquier juicio, y que no han pasado en autoridad de cosa juzgada."
"Artículo 1345. Puede interponerse: I. En cuanto al fondo del negocio; II. Por violación a las Leyes que establecen el procedimiento. Bajo cualquiera de estos dos aspectos, la casación exige para prosperar, el estricto cumplimiento de lo que prescriban las leyes locales respectivas. Como la apelación, se admitirá o denegará de plano y se sustanciará con solo el escrito en que se interponga, el en que se mejore y el informe en estrados."
En la sustanciación de este recurso, se aplicaban supletoriamente las disposiciones de la legislación común, tanto por la remisión que establecía el artículo 1345, como por la que hacía el diverso 1051 (actualmente 1054):
"Artículo 1051. En caso de no existir compromiso arbitral ni convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se sujetarán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará la ley de procedimientos local respectiva."
De esta manera, los distintos aspectos de nulidad se ventilaban a través de la casación y como violación a las leyes del procedimiento. Desde luego, esto no significaba que el Código Mercantil prohibiera la sustanciación de las nulidades, pues se insiste, éstas se examinaban a través de la casación, prueba de ello es que al expedirse el propio Código de Comercio, establecía diversas causas de nulidad contenidas en sus artículos 1054, 1063 y 1201, preceptos que posteriormente fueron modificados para suprimirles la sanción de nulidad, por considerarse muy rigurosa, y en virtud del rezago que padecían los juzgados de instancia; pero que de cualquier manera, dejan testimonio de la existencia de la nulidad en materia mercantil. Su contenido era el siguiente:
"1054 (actualmente 1051). La ilegitimidad del pacto o la inobservancia de él cuando esté ajustado a la ley, pueden ser reclamadas en tiempo y forma por un artículo de previo y especial pronunciamiento, y este procedimiento cabe en cualquier estado del juicio anterior a la citación que para la definitiva haga el Juez de primera instancia."
"1063. Las actuaciones judiciales han de practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad."
"1201. Las diligencias de prueba sólo podrán practicarse dentro del término probatorio, bajo pena de nulidad y responsabilidad del Juez. En los negocios mercantiles es improcedente el término supletorio de prueba."
En este orden de ideas, queda claro que la sustanciación de las nulidades en materia mercantil sí existía, aun cuando fuera bajo una modalidad del recurso de casación.
No obstante, la accidentada evolución legislativa de este ordenamiento mercantil, trajo como consecuencia que se abriera un vacío en el campo de los vicios procesales.
Ciertamente, la casación había coexistido por años con el amparo legalidad, pero las desventajas que representaba la técnica más rigurosa que debía observarse al interponerse el recurso, hicieron que fuera perdiendo terreno frente a la flexibilidad del juicio de amparo, que en sus orígenes se caracterizó por un contenido menos formalista, esto, antes de que se trasladaran a la Ley de Amparo las formas que las legislaciones adjetivas establecían para la casación.
Todo ello, hizo caer en desuso aquel medio de impugnación, lo que provocó su derogación del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en 1919, y a partir de ahí, su paulatina desaparición de los demás códigos adjetivos de la República. Aunque es verdad que el recurso de casación fue derogado en el Código de Comercio hasta el 29 de diciembre de 1988, lo cierto es que al desaparecer de las legislaciones procesales locales, dejó de tener vigencia, tanto por no existir disposiciones conforme a las cuales sustanciarlo y resolverlo, como por no existir autoridad que conociera del recurso.
La derogación de este recurso, evidentemente, persiguió dar celeridad y economía al procedimiento suprimiendo lo que constituía una verdadera tercera instancia; pero merced a esta reforma, se provocó un efecto colateral no previsto, esto es, la supresión de la forma en que debían combatirse las nulidades. De ahí que, por razón de equidad y para no privar a las partes que se vieran afectadas por el vicio de nulidad, esta Tercera Sala aceptó en numerosas ocasiones la procedencia del incidente de nulidad, tal y como se aprecia de las ejecutorias publicadas en los Tomos XLII y C, de la Quinta Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, páginas 446 y 882, respectivamente, que dicen lo siguiente:
"NULIDAD DE ACTUACIONES, EN JUICIOS MERCANTILES, INCIDENTE DE.-Si en un juicio ejecutivo mercantil se declara que es improcedente un incidente de nulidad de actuaciones, por notificaciones mal hechas, aunque el Código de Comercio no reglamenta tales incidentes de nulidad, debe tenerse en cuenta que no es preciso que se encuentren previstos por dicho código, esos incidentes, ya que notoriamente, una cuestión de esa naturaleza entra y debe considerarse comprendida entre las incidentales que, en términos generales, reglamenta dicha ley. Tampoco es exacto que los incidentes de nulidad no puedan surgir o ser promovidos después de pronunciada una sentencia, cuando se refiere a actuaciones posteriores a ella, del mismo modo que caben antes de la sentencia, cuando comprenden actuaciones anteriores a la misma, con tanta más razón, si está perfectamente esclarecido que antes de pronunciarse sentencia definitiva en la alzada, se promovió el incidente de nulidad."
"NULIDAD DE ACTUACIONES POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).- Si el quejoso reclama que se siguió el juicio ejecutivo mercantil en el cual se embargó una finca de su propiedad sin que se le requiriera de pago y se le emplazara a dicho juicio por medio de notificación personal, el amparo debe estimarse improcedente, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la ley reglamentaria respectiva, porque el quejoso pudo hacer uso de una defensa legal dentro del juicio que motivó el de garantías, consistente en la promoción del incidente de nulidad de actuaciones a que se refieren los artículos 71 y 72 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco."
Luego entonces, por un principio de equidad y toda vez que la gestación histórica de la nulidad revela que no fue la intención del legislador privar a las partes de tan importante medio de defensa, cabe conc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2369-c3fc9db1/nulidad-de-actuaciones-en-procedimientos-mercantiles-debe-interponerse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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