CONCEPTOS DE VIOLACION. REQUISITOS LOGICOS Y JURIDICOS QUE DEBEN REUNIR.
AMPARO EN REVISION 1841/93. MARIANO LUIS GILBERTO PARRA FLORES.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Resultan inoperantes los conceptos de violación que aduce la parte quejosa en lo que es materia de competencia de esta Tercera Sala, es decir, en relación al párrafo primero y último del denominado "Unico concepto de violación", porque sus argumentos constituyen meras afirmaciones generales que distan de los requisitos exigidos para constituir concepto de violación.
En efecto, del estudio del párrafo primero del denominado "Unico concepto de violación" se desprende que el quejoso se concreta a manifestar que los actos reclamados son violatorios de las garantías de audiencia, legalidad, debido proceso legal, prohibición de libramientos de órdenes de aprehensión o detención por autoridades distintas de la judicial, así como de la confiscación de bienes, conforme a los cuales nadie puede ser aprehendido o detenido sino por orden judicial, ni privado de su libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; ni molestado en su persona, domicilio, papeles y posesiones, sino por mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y que está prohibida la confiscación de bienes, toda vez que no existe ninguna razón jurídica para la emisión y ejecución de dichos actos, porque independientemente de que no ha cometido delito ni ha sido acusado de alguno, no les corresponde a las autoridades responsables realizar aprehensiones, secuestros y confiscaciones fuera de todo procedimiento judicial, y que asimismo los mencionados actos reclamados son violatorios de la garantía individual consagrada en el artículo 22 constitucional, que prohíbe la confiscación de bienes.
Lo anterior conduce a determinar, como ya se dijo, que en la especie las manifestaciones que expresa el quejoso en vía de conceptos de violación constituyen sólo afirmaciones generales que difieren del razonamiento lógico que pueda considerarse como concepto de violación, entendido como la exposición del razonamiento jurídico concreto contra los fundamentos del acto reclamado o contra la ausencia de ellos para poner de manifiesto que dicho acto es contrario a la ley o a su interpretación jurídica.
Sobre el particular resulta aplicable la tesis XVII/91, visible en las páginas 47 y 48, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1991, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACION. REQUISITOS LOGICOS Y JURIDICOS QUE DEBEN REUNIR.-El concepto de violación debe ser la relación razonada que el quejoso ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que estime violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos, expresando en el caso, que la ley impugnada, en los preceptos citados, conculca sus derechos públicos individuales. Por tanto, el concepto de violación debe ser un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor los preceptos constitucionales que se estiman infringidos; la premisa menor, los actos reclamados; y la conclusión la contrariedad entre ambas premisas."
En esas condiciones, ante la inoperancia de los conceptos de violación procede negar el amparo solicitado respecto a la expedición y promulgación de los mencionados decretos.
QUINTO.-En los demás argumentos que se consignan en los diversos párrafos del capítulo único denominado de conceptos de violación, se cuestionan aspectos de simple legalidad, toda vez que sus afirmaciones están referidas al acto de aplicación y no a impugnar la constitucionalidad de los decretos que se reclaman, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de Amparo, debe reservarse jurisdicción al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para que proceda a su estudio.
Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-En la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados de las siguientes autoridades: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Comercio y Fomento Industrial, secretario de Gobernación, director General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, director de la Policía Fiscal Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subdirector de Consultas "B" de la Dirección General Técnica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, administradores de Aduanas: de Aguaprieta, Sonora; de La Paz, Baja California Sur; de Mazatlán, Sinaloa; de Tecate, Baja California; de Ciudad Acuña, Coahuila; de Chihuahua, Chihuahua; de Ciudad Juárez, Chihuahua; de Ojinaga, Chihuahua, de Piedras Negras, Coahuila; de Torreón, Coahuila; de Colombia, Nuevo León; de Monterrey, Nuevo León; de San Luis Potosí, San Luis Potosí; de Matamoros, Tamaulipas; de Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas; de Nuevo Laredo, Tamaulipas; de Tampico, Tamaulipas; de Tuxpan, Veracruz; de Aguascalientes, Aguascalientes; de Guadalajara, Jalisco; de Manzanillo, Colima; de León, Guanajuato; de Lázaro Cárdenas, Michoacán; de Querétaro, Querétaro; de Toluca, México; de Acapulco, Guerrero; de Coatzacoalcos, Veracruz; de Puebla, Puebla; de Cancún, Quintana Roo; de Ciudad Hidalgo, Chiapas; de Progreso, Yucatán; de Subteniente López, Quintana Roo; del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de México, Distrito Federal, consistentes en la aplicación y ejecución de los decretos reclamados.
TERCERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mariano Luis Gilberto Parra Flores contra los actos reclamados de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Comercio y Fomento Industrial y secretario de Gobernación, consistentes en la expedición, y promulgación de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y uno y trece de enero de mil novecientos noventa y dos, mediante los cuales se permite la regularización de automóviles de procedencia extranjera que circulen en el país.
CUARTO.-Remítanse los autos relativos al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para que se ocupe del estudio de las demás cuestiones de legalidad que se aducen en los conceptos de violación.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Miguel Montes García, Mariano Azuela Güitrón, Carlos Sempé Minvielle, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y José Trinidad Lanz Cárdenas. Fue ponente el cuarto de los señores Ministros antes mencionados.
Firman el presidente de la Sala y Ministro ponente con el secretario de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/164-df25167a/conceptos-de-violacion-requisitos-logicos-y-juridicos-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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