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Modo: Corpus Pro

MEDIOS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICION Y LA OBLIGACION A CUMPLIMENTAR DEBEN NOTIFICARSE PERSONALMENTE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1854/95. · Registro digital (IUS): 3419
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: HECTOR MANUEL LOZANO CARDIEL.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, , Pág. 158.

AMPARO EN REVISION 1854/95. HECTOR MANUEL LOZANO CARDIEL.

CONSIDERANDO:

CUARTO.- Por razón de método se estudia en primer término el segundo agravio, el cual resulta fundado.

Para una mejor comprensión del asunto, es conveniente destacar algunos antecedentes del acto reclamado, que se pueden resumir de la manera siguiente:

Raúl Gálvez Alcántar promovió juicio ejecutivo mercantil, contra el quejoso, correspondiendo su conocimiento al juez Décimo Noveno de lo Civil de esta ciudad (foja 10).

El dos de junio de mil novecientos noventa y tres, se admitió la demanda y se ordenó practicar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento (foja 13).

El diecinueve de agosto se llevó a cabo una diligencia, a fin de ejecutar el auto de exequendum, la cual se entendió directamente con el demandado, quien se opuso a la práctica de la misma (fojas 16 y 17).

El veinticinco siguiente el juez requirió al demandado para que permitiera la práctica de la diligencia ordenada, apercibiéndolo que en caso de oposición se le impondría una multa (foja 18).

El tres de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, se intentó realizar de nueva cuenta la diligencia decretada, entendiéndose con Pedro Loeza Julianillo, quien no permitió el acceso al interior del domicilio, porque manifestó tener instrucciones del demandado en ese sentido. La actuaria respectiva asentó al final del acta que "no le fue posible cumplimentar el auto de fecha dos de junio del año próximo pasado, por lo que la suscrita le di lectura a dicho auto en presencia de la persona que me atiende, en donde queda enterada de la medida de apremio a que se hace acreedora por su oposición" (foja 24).

El primero de marzo, el a quo acordó hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se le impuso al demandado la multa en cuestión; en el mismo auto, nuevamente se ordenó la ejecución de la diligencia de exequendum, y se apercibió al demandado con la imposición de una multa mayor, en caso de que existiera oposición (foja 28).

El primero de junio se practicó una diligencia que tendía a ejecutar el proveído mencionado en el párrafo precedente. La actuación se entendió con Lourdes Enríquez, quien dijo ser empleada del demandado; en ese acto, se le notificó mediante cédula el apercibimiento decretado por el juez, y aquélla se opuso a la práctica de la diligencia, manifestando que tenía instrucciones del demandado en ese sentido (fojas 36 y 37).

El catorce de febrero de mil novecientos noventa y cinco, se hizo efectivo el apercibimiento mencionado, y se le impuso al demandado la multa en cuestión; en el mismo acuerdo nuevamente se ordenó la ejecución de la diligencia de exequendum, y se hizo el apercibimiento de que en caso de oposición a la diligencia, se impondría un arresto de tres días (foja 55).

El nueve de junio se practicó una diligencia, que se entendió con Pedro Loeza Julianillo, quien dijo ser empleado del demandado. El entrevistado manifestó que tenía instrucciones de su patrón de no dejar entrar a nadie, por lo que se opuso a permitir la práctica de la diligencia. El actuario respectivo asentó que hubo oposición "aun cuando le hice saber y leído el auto de fecha catorce de febrero en que se le apercibe con un arresto de tres días" (foja 60).

El siete de agosto, el a quo acordó hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos, y al efecto, ordenó girar oficio al procurador general de Justicia para que arrestara al demandado (foja 63).

Este proveído es el acto que se reclama al juez Décimo Noveno de lo Civil de esta capital.

Ahora bien, para que la imposición de la medida de apremio sea aplicable, es indispensable que la notificación personal del apercibimiento correspondiente se realice con toda oportunidad, porque para estar en aptitud de cumplir un requerimiento éste debe conocerse con anterioridad a la fecha en que deba cumplirse. Así lo ha estimado este tribunal en la tesis publicada en la página 479 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo I, junio de 1995, que establece: "- Por lo que ve a los medios de apremio, doctrinariamente se considera que su aplicabilidad está sujeta a las siguientes condiciones: 1a. La existencia de una determinación, justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes, o por alguna de las personas involucradas en el litigio. 2a. La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. 3a. Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión ilícitos. 4a. Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio. De las anteriores condiciones, debe destacarse la segunda, consistente en que se comunique mediante notificación personal, a quien se exija el cumplimiento de la determinación judicial, el requerimiento o disposición judicial a cumplimentar, así como el apercibimiento de la aplicación de la medida de apremio para el caso de incumplimiento. La finalidad de tal exigencia consiste en dejar constancia fehaciente de que la persona vinculada pudo conocer, con toda oportunidad, tanto la obligación que le impuso el juzgador como el apercibimiento de la imposición de una concreta medida de apremio, en caso de no dar cumplimiento, a fin de que pueda impugnarla si la considera lesiva de su derecho y quiere evitarla, o bien, para que pueda preparar lo necesario para proceder al cumplimiento, o que quede clara su resistencia al cumplimiento. Además, existe un fundamento directo para la procedencia de la notificación personal, que es el artículo 114, fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes, el requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo, toda vez que en los casos en comento se contiene un requerimiento. Tal situación se justifica, además, porque para estar en aptitud de cumplir un requerimiento, éste debe conocerse con anterioridad a la fecha en que deba cumplirse, pues de lo contrario pueden presentarse múltiples situaciones que impidan al requerido el cumplimiento, como por ejemplo, que el obligado tuviera en lugar distinto el objeto o documento cuya exhibición se exigiera; que se encontraran en posesión de persona distinta, a la que en el momento de la diligencia no fuera posible localizar; que el directamente obligado no se encuentre al momento de la diligencia, etcétera; casos todos en que no se puede atribuir incumplimiento culpable, si no se proporcionó la posibilidad de preparar el cumplimiento."

En la especie, no se notificó personal y oportunamente al quejoso, el proveído por el que se hace el requerimiento y el apercibimiento, a efecto de darle oportunidad de cumplirlo, pues según se desprende de los hechos narrados al principio de este considerando, y de las copias certificadas de los autos del juicio natural, no existe tal notificación personal.

Además, en el caso particular, el arresto impuesto al quejoso es por tres días, con fundamento en el artículo 73, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, disposición que ha sido declarada inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por estimarla violatoria del artículo 21 constitucional, según se advierte de la tesis de jurisprudencia número 23/1995 (9a), aprobada el treinta y uno de agosto anterior, que establece: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. LAS LEYES O CODIGOS QUE LO ESTABLECEN POR UN TERMINO MAYOR AL DE TREINTA Y SEIS HORAS, SON VIOLATORIOS DEL ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL.- De la interpretación armónica de los artículos 17, 73 (a contrario sensu) y 124 de la Constitución Federal, se llega a la conclusión de que las legislaturas locales tienen facultades para establecer, en las leyes que expidan, las medidas de apremio de que dispondrán los jueces y magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, medidas entre las cuales puede incluirse el arresto; sin embargo la duración de éste, no puede quedar al arbitrio del legislador, sino que debe sujetarse, como máximo, al término de treinta y seis horas que prevé el artículo 21 constitucional para infracciones a reglamentos gubernativos o de policía, pues si bien es cierto que la medida de apremio encuentra su fundamento en el artículo 17 constitucional y no se impone con objeto de castigar a un infractor, como sucede tratándose del arresto administrativo, sino como un medio para hacer cumplir las determinaciones judiciales, igualmente cierto resulta, que a través de ambas figuras, se priva de la libertad al afectado fuera de un procedimiento penal, por lo que si el artículo 17 constitucional no establece el límite temporal de dicha medida de apremio, debe recurrirse, por interpretación extensiva, al límite establecido por el artículo 21 constitucional para el arresto administrativo. En consecuencia, si alguna disposición de una ley o código establece el arresto como medida de apremio por un término mayor al de treinta y seis horas, es inconstitucional."

En consecuencia, al imponer el arresto por tres días al quejoso, sin tomar en cuenta lo expuesto, la responsable conculcó en perjuicio de éste, la garantía de legalidad consignada en el artículo 14 constitucional, motivo por el cual debe concederse el amparo, para el efecto de que el juez responsable dicte nueva resolución, en la cual deje sin efecto la medida de apremio consistente en el arresto a que se refirió el quejoso en la demanda de amparo.

Lo anterior hace innecesario el estudio del primer agravio, dado que el analizado y la suplencia de la queja condujo a la revocación de la sentencia recurrida y a la concesión de la Protección Federal.

La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al procurador general de Justicia y al director general de la Policía Judicial del Distrito Federal, porque su subsistencia requiere como presupuesto la del acto de la ordenadora.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 295, visible en la página 516, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-1988, del siguiente tenor: "AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.- Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta."

Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Héctor Manuel Lozano Cardiel, contra el acto del juez Décimo Noveno de lo Civil de esta ciudad, del procurador general de Justicia, y del director general de la Policía Judicial de esta ciudad, del primero, la orden de arresto de siete de agosto de mil novecientos noventa y cinco dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1092/93 promovido por Raúl Gálvez Alcántar, contra el quejoso; de las restantes, la ejecución de la resolución anterior. El amparo se concede para el efecto precisado en el considerando cuarto de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a la autoridad que los remitió y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, integrado por los magistrados: Gilda Rincón Orta, Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata, siendo ponente el segundo.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3419-53bee5db/medios-de-apremio-el-apercibimiento-de-su-imposicion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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