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Modo: Corpus Pro

LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1849/97. · Registro digital (IUS): 4609
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GUADALUPE RAMÍREZ VALDEZ.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, , Pág. 375.

AMPARO EN REVISIÓN 1849/97. GUADALUPE RAMÍREZ VALDEZ.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el juicio de amparo es improcedente en contra de los actos reclamados al Congreso Local, gobernador y secretario general de Gobierno, del Estado de Tamaulipas, consistentes en la expedición y publicación, respectivamente, del Decreto 107, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Tampico, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal de 1997, en virtud de que la demanda de amparo no fue presentada dentro del plazo que para tal efecto señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el diverso 73, fracción XII, del mismo ordenamiento, cuyo examen se abordará de oficio.

Sirve de apoyo la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Primera Parte-1, página trescientos nueve, con el rubro y texto siguientes:

"IMPROCEDENCIA, ESTUDIO OFICIOSO EN LA REVISIÓN DE MOTIVOS DE, DIVERSOS A LOS ANALIZADOS POR EL INFERIOR.- Si bien es cierto que cuando un Juez de Distrito desestima una causal de improcedencia al analizar motivos específicos, si en la revisión no se formula ningún agravio, el pronunciamiento debe tenerse firme, ello no impide que al resolver el recurso se sobresea en el juicio por improcedente por motivos diferentes a los analizados por el inferior, pues las cuestiones de improcedencia son de orden público y deben estudiarse de oficio."

El hecho de que en este asunto se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Tampico, Tamaulipas, para el ejercicio de 1997, cuyo conocimiento corresponde a esta Sala, hace innecesaria la transcripción de las consideraciones en que se basó el Juez de Distrito para dictar la sentencia recurrida, así como de los agravios que hizo valer en su contra el recurrente; sin embargo, resulta conveniente señalar los siguientes antecedentes:

a) La parte quejosa señaló como actos reclamados del Congreso Local, gobernador y secretario general de Gobierno, del Estado de Tamaulipas, la expedición y publicación del Decreto 107, de trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en el que se contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Tampico, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal de 1997, en cuanto establece el pago de derechos por uso de piso, ordenamiento que fue publicado en el Periódico Oficial el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

b) El artículo transitorio del acto legislativo antes señalado establece que dicho dispositivo entrará en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y siete.

c) La parte quejosa también señaló como acto reclamado la resolución tomada por el Ayuntamiento del Municipio de Tampico, Tamaulipas, el cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, en la que se precisa el monto de los derechos que cobrará tal Municipio, por concepto de uso de piso.

d) Según se desprende de la demanda de garantías y del informe con justificación rendido por el presidente y secretario del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, en representación del órgano colegiado y que obra a fojas cuarenta y cinco a cincuenta y dos de autos, en la sesión ordinaria número sesenta del Ayuntamiento, celebrada el cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete, se acordó establecer una cuota de derechos de piso de $6.00 diarios (seis pesos, 00/100 M.N.) por cada tramo de mercado.

e) La demanda de garantías fue presentada el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete.

f) Se reclamó la aplicación de la Ley de Ingresos municipal, mediante el señalamiento como autoridades responsables del tesorero municipal, del regidor de la Comisión de Mercados y del subgerente o administrador de mercados, todos del R. Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas.

g) Dichas autoridades responsables, en sus informes con justificación que obran a fojas sesenta y seis, sesenta y ocho y setenta de autos, respectivamente, negaron los actos reclamados.

h) El quejoso no exhibió ninguna prueba que desvirtuara lo manifestado por las autoridades ejecutoras.

Por su parte, los preceptos relativos de la Ley de Ingresos en cuestión, que establecen el pago de derechos por uso de piso, establecen:

"Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 1997, el Municipio de Tampico, Tamaulipas, percibirá los ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran:

"...

"II. Derechos. ..."

"Artículo 12. Los derechos que cobrará el Municipio en los casos en que presten determinados servicios públicos o en que deban resarcirse del gasto ocasionado por actividad particular, son los siguientes:

"...

"VI. Uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos y semifijos y mercados municipales; ..."

"Artículo 19. Los derechos de piso por ocupación de los mercados municipales y del centro gastronómico, se cobrarán de acuerdo a lo siguiente:

"I. Mercados Hidalgo, Juárez y Madero, así como el centro gastronómico, hasta 10 días de salario mínimo; ..."

De los preceptos transcritos se advierte que ellos tienen el carácter de autoaplicativos, es decir, son normas generales que desde su sola entrada en vigor obligan a quienes se encuentran colocados dentro de los supuestos normativos al realizar la conducta que prescriben, o al no realizar aquella que prohíben; son normas jurídicas cuya aplicación no se encuentra sujeta a condición alguna, razón por la cual también se denominan normas de aplicación incondicionada.

Ahora bien, el plazo para impugnar una ley autoaplicativa se encuentra establecido en los artículos 21, 22, fracción I y 73, fracción XII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establecen:

"Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."

"Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:

"I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días."

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XII ...

"No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso."

Dichos preceptos establecen tres oportunidades para la impugnación de las normas autoaplicativas: desde el inicio de su vigencia, en cuyo caso el plazo será de treinta días; con motivo de su primer acto de aplicación, supuesto en el cual el plazo será de quince días, y dentro de los quince días siguientes a la resolución definitiva que recaiga al medio ordinario de defensa que se hubiera querido agotar, aunque de esta última forma la inconstitucionalidad de la ley, en su caso, se tendrá que hacer valer en los conceptos de violación de un amparo directo y, de prosperar, sólo se referirá a la resolución reclamada y no a la ley misma. Una vez transcurrido el plazo referido sin que las personas que se consideran afectadas hubieren presentado la demanda de amparo respectiva, el juicio intentado con posterioridad deviene improcedente.

En tales condiciones, si el quejoso reclamó diversos artículos de la Ley de Ingresos del Municipio de Tampico, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal de 1997, y dicho ordenamiento es de carácter autoaplicativo, debe estimarse que, en términos de lo expuesto en los párrafos precedentes, el quejoso tuvo tres oportunidades para impugnarlos, a saber: desde el inicio de su vigencia, con motivo de su primer acto de aplicación o una vez notificada la resolución recaída al medio de defensa ordinario que, en su caso, hubiera interpuesto. De manera que si en autos no consta la existencia de un acto de aplicación de los preceptos reclamados de la Ley de Ingresos municipal, en perjuicio del quejoso, ni tampoco que haya interpuesto algún medio ordinario de defensa, y como la demanda de amparo fue presentada hasta el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete, fecha en la que ya había transcurrido con exceso el plazo de treinta días para impugnar la Ley de Ingresos en cuestión, a partir del inicio de su vigencia (primero de enero de ese año), debe considerarse que el juicio fue promovido en forma extemporánea, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo.

No es óbice a la conclusión anterior, el que se hayan reclamado los actos de aplicación como inminentes, ya que la impugnación de una ley con motivo de su aplicación, implica necesariamente que ésta debe ser real y actual, como lo sostienen las siguientes tesis, seguidas de sus datos de publicación:

"LEYES, AMPARO CONTRA, IMPROCEDENTE, SI SE RECLAMAN CON MOTIVO DE ACTOS DE APLICACIÓN INMINENTES.- Dentro del sistema legal establecido para la procedencia del amparo contra leyes con motivo de actos de aplicación, debe entenderse que estos últimos no pueden ser inminentes sino efectivos, pues el criterio de esta Suprema Corte de Justicia sobre actos inminentes en relación con actos en sentido estricto es inaplicable al amparo contra leyes, porque antes de que exista el acto de aplicación del ordenamiento reclamado, éste no produce ninguna afectación a los intereses jurídicos del quejoso, razón por la cual cabe concluir que la acción constitucional contra una norma legal nace hasta que ésta se aplica, pero no antes." (Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Pleno, Tomo I, Primera Parte-1, página 36).

"ACTOS INMINENTES. LEYES HETEROAPLICATIVAS. AMPARO IMPROCEDENTE.- Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la posible inminencia de la aplicación de la ley, para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." (Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Segunda Sala, Tomo XIV-Diciembre, tesis 2a. XVI/94, página 45).

"LEYES, AMPARO CONTRA, CUANDO SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA.- Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley de ingresos, porque se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, con base en dicha ley, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino, simplemente, se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse en el juicio." (Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Segunda Sala, Tomo III, Primera Parte, página 283).

"LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO HETEROAPLICATIVAS ES NECESARIO QUE EL ACTO DE SU APLICACIÓN SEA ACTUAL, NO INMINENTE.- Es cierto que el juicio de amparo procede contra actos inminentes, entendiéndose por tales aquellos que necesariamente habrán de presentarse por ser consecuencia de otros ya existentes, pero tratándose de la impugnación de las leyes como heteroaplicativas es indispensable que el acto de su aplicación sea actual, pues de aceptarse un criterio contrario se permitiría el estudio de la inconstitucionalidad de un ordenamiento que no causa perjuicios con su sola iniciación de vigencia, sin que se hubiera registrado en forma clara y concreta un acto aplicativo a través del cual se actualizaran los perjuicios de la ley, situación técnicamente inadecuada." (Informe 1987, Séptima Época, Pleno, Parte I, página 919).

"LEYES, AMPARO CONTRA, IMPROCEDENTE, SI SE RECLAMAN CON MOTIVO DE ACTOS DE APLICACIÓN INMINENTES.- Dentro del sistema legal establecido para la procedencia del amparo contra leyes con motivo de actos de aplicación, debe entenderse que estos últimos no pueden ser inminentes sino efectivos, pues el criterio de esta Suprema Corte de Justicia sobre actos inminentes en relación con actos en sentido estricto es inaplicable al amparo contra leyes, porque antes de que exista el acto de aplicación del ordenamiento reclamado, éste no produce ninguna afectación a los intereses jurídicos del quejoso, razón por la cual cabe concluir que la acción constitucional contra una norma legal nace hasta que ésta se aplica, pero no antes." (Informe 1988, Octava Época, Pleno, Parte I, página 850).

Debe precisarse que la negativa que ha recibido el quejoso por parte de la Tesorería Municipal de Tampico, Tamaulipas, a recibir el pago de los derechos correspondientes de la negociación que dice tener, no puede ser considerada como un acto de aplicación de los preceptos que reclama de la Ley de Ingresos municipal, en primer lugar, porque dicha negativa no consta por escrito ni entraña, en sí misma, la aplicación del mandato contenido en aquellos preceptos; aún más, la quejosa únicamente relata en sus antecedentes que ha recibido dicha negativa, situación que fue reconocida por el tesorero municipal de Tampico, al rendir su informe con justificación, pero ninguno de ellos precisa la fecha en que eso ocurrió.

Tampoco puede ser considerada como un acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Tampico, Tamaulipas, en perjuicio del quejoso, la resolución que tomó el Ayuntamiento de dicho Municipio para precisar el monto de los derechos por uso de piso, de conformidad con las bases dictadas en aquella ley el cinco de marzo de mil novecientos noventa y seis, pues dicha resolución también tiene el carácter de norma general, abstracta e impersonal, que no se dirige específicamente al quejoso, sino a todos aquellos que se coloquen en su hipótesis normativa al ocupar un tramo de la vía pública o de algún mercado, según se advierte de la copia certificada del acta de sesión ordinaria número 60 del Ayuntamiento de Tampico (fojas cincuenta y tres a sesenta y tres de autos), en la que consta la resolución de mérito.

Debe destacarse, finalmente, que el acuerdo del Ayuntamiento de que se trata en este asunto no tiene carácter autoaplicativo, al no señalar la fecha en que se tenía que cumplir con la obligación de pagar los derechos a que se hace referencia, lo que implica que ello estaba condicionado a que se hiciera el requerimiento relativo, o sea, que no se trataba de una ley o un acto de carácter general de aplicación incondicionada, susceptibles de ser impugnados sólo con motivo de la iniciación de su vigencia.

Además de lo anterior, debe añadirse que al no existir los actos de aplicación, el sobreseimiento no sólo debe abarcar a la disposición legal que se reclama, sino también el acuerdo referido que, por el mismo motivo, tampoco afecta el interés jurídico del quejoso, al no existir prueba de que se le hubiera aplicado.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Guadalupe Ramírez Valdez, en los términos del segundo considerando de esta sentencia.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de su origen.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel. El Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano estuvo ausente por licencia concedida. Fue ponente el Ministro Mariano Azuela Güitrón.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4609-ac1272c9/leyes-heteroaplicativas-si-se-impugnan-por-su-pretendida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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