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Modo: Corpus Pro

PILOTAJE. EL ARTÍCULO 20, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE PUERTOS, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 28 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PILOTAJE. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL TIENE LA CALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO. PILOTAJE. LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVO REQUIERE PERMISO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y, EN SU CASO, DE LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL RESPECTIVA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1898/2005. · Registro digital (IUS): 19415
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSÉ ALFREDO CASTAÑEDA VALENZUELA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 463.

AMPARO EN REVISIÓN 1898/2005. JOSÉ ALFREDO CASTAÑEDA VALENZUELA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal, cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y tercero, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 49 de la Ley de Navegación, 20 de la Ley de Puertos y 89 del Reglamento de la Ley de Navegación; y subsiste en esta instancia el problema de constitucionalidad planteado, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, toda vez que el presente asunto no reviste características de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional o reviste un interés excepcional.

SEGUNDO. Esta Segunda Sala ya no se ocupará de verificar si la interposición del presente recurso de revisión resultó oportuna, pues ese tópico ya fue materia de estudio por parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO. La parte quejosa recurrente hace valer los agravios siguientes:

"La a quo, al negar el amparo, hace nugatorias las prerrogativas individuales del quejoso, contenidas en los numerales 14, 16 y 17 de nuestra Carta Magna, porque desatendió su función pública de órgano de control constitucional, y resolvió en contra de lo dispuesto en los artículos 76, 77, 78, 79 y 155 de la Ley de Amparo, mismos que dice le sirvieron de base legal para dictar la sentencia que se recurre. Sin embargo, al resolver no tomó en consideración que el principio de supremacía constitucional estriba en que sea asegurado el respeto a las garantías individuales consagradas en la Carta Magna, por lo que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, en tal tesitura los actos de autoridad que se opongan al principio de supremacía constitucional deben ser declarados inconstitucionales por el órgano jurisdiccional, pues de lo contrario, la norma constitucional se convierte en una entelequia, según opinión de Hans Kelsen, en su ‘Teoría Pura del Derecho.’. La a quo agravia al quejoso en la sentencia que se revisa, toda vez que ésta fue emitida en contra del tenor de la norma constitucional y contrariando la verdad objetiva que se desprende de un simple cotejo de la lectura del artículo 20 de la Ley de Puertos, artículo 49 de la Ley de Navegación y artículo 89 del reglamento de ésta con el contenido del párrafo décimo del artículo 28 constitucional, y de la valuación de las constancias procesales que integran el expediente del juicio de amparo 204/2004, que acreditan fehacientemente que el artículo 20 de la Ley de Puertos es inconstitucional por ser totalmente incongruente con el párrafo décimo del artículo 28 de la Carta Magna. En efecto, la a quo al analizar el artículo 20, fracción II, de la Ley de Puertos que el quejoso impugna por ser inconstitucional, en virtud de que éste es incongruente con lo dispuesto por el párrafo décimo del artículo 28, 32 y 90 de la misma Carta Magna, expresando el inferior que mi concepto de violación resulta infundado en atención a las siguientes consideraciones: acto seguido transcribe el párrafo décimo del artículo 28 constitucional y artículo 90 de la Carta Magna y concluye que el párrafo décimo del artículo 28 única y exclusivamente faculta al Ejecutivo Federal a concesionar: a) La utilización, uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Federación dentro de los límites y condiciones que la ley señala. b) A concesionar el establecimiento y explotación de un servicio público, también dentro de los límites que la ley señale. Con lo anterior estamos totalmente de acuerdo por ajustarse a lo establecido en dicha norma constitucional y estas premisas son precisamente la base del estudio constitucional para resolver la litis planteada al inferior en la demanda de amparo impetrado por el quejoso. Ahora bien, la a quo en la sentencia reconoce expresamente que el servicio de practicaje o pilotaje es un servicio público de interés general, luego entonces, atento lo dispuesto por el párrafo décimo del artículo 28 constitucional, para su prestación se requiere de concesión del Ejecutivo Federal, pues además, es incuestionable que el servicio de pilotaje o practicaje por el hecho de estar contemplado en el artículo 32 constitucional, es un servicio público de trascendencia nacional, cuya finalidad primordial consiste en la seguridad marítima para preservar la vida humana en el mar, la seguridad de las embarcaciones, de las instalaciones portuarias y la protección ecológica. Desgraciadamente, el inferior apartándose de la norma constitucional asevera que mi concepto de violación resultó infundado, pero en sus razonamientos no acreditó que el artículo 20 de la Ley de Puertos es congruente con el párrafo décimo del artículo 28 constitucional y con el artículo 32 de la misma Carta Magna, puesto que para que fuera congruente es requisito sine qua non que el artículo 20 de la Ley de Puertos, estableciera que sin limitación alguna y en cualquier caso, para el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público que constituyen los recintos portuarios se requiere concesión del Ejecutivo Federal; asimismo, que para la prestación de los servicios públicos portuarios como resulta ser el practicaje o pilotaje, se requiere forzosamente de concesión otorgada por el Ejecutivo Federal, porque así lo dispone el párrafo décimo de artículo 28 constitucional. La a quo me agravia en la sentencia que se revisa, porque no admitió que el artículo 20 de la Ley de Puertos es rotundamente inconstitucional, ya que éste crea un tipo de concesiones totalmente diversas a las previstas por el párrafo décimo del artículo 28 constitucional. En efecto el artículo 20 en comento da origen a las ‘concesiones para la administración portuaria integral’ mismas que de acuerdo a la exposición de motivos de la Ley de Puertos, es una concesión nueva totalmente diversa a las previstas por el párrafo décimo del artículo 28 constitucional, cuya finalidad es la siguiente: (se transcribe). Precisando en la misma exposición de motivos que: (se transcribe). Como se aprecia palmariamente de lo antes transcrito, el artículo 20 de la Ley de Puertos, contrario a lo expresado por el inferior resulta totalmente inconstitucional, ya que crea un tipo de concesión que la norma constitucional no contempla en el párrafo décimo del artículo 28 constitucional, puesto que ningún precepto de la Carta Magna permite al Ejecutivo Federal concesionar su función pública soberana en materia portuaria, pero el artículo 20 de la Ley de Puertos, sí le permite al Ejecutivo Federal concesionar su función pública soberana en materia portuaria como lo reconoce el inferior en la sentencia que se revisa. Por lo anterior, la a quo me agravia toda vez que en una forma totalmente frívola, manifiesta que mi concepto de violación es improcedente, cuando del simple cotejo del artículo 20 de la Ley de Puertos con el párrafo décimo del artículo 28 constitucional, se aprecia nítidamente la inconstitucionalidad del artículo 20, ya que éste contrario a lo dispuesto por la norma constitucional crea las concesiones para la administración portuaria integral y así lo expresa y reconoce el inferior al precisar en la sentencia que se revisa que: (se transcribe). Atendiendo al análisis del a quo, se aprecia palmariamente que el Ejecutivo Federal concesionó a la tercera perjudicada su función pública soberana, en materia portuaria en la totalidad del recinto portuario de Bahías de Huatulco, Oaxaca, para que esta empresa mercantil ejerza la función pública soberana en materia portuaria que tenía el Ejecutivo Federal, por tal motivo dentro del recinto portuario de Bahías de Huatulco, el Ejecutivo Federal de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Puertos, al concesionar su función pública soberana quedó sin competencia, ya que ahora en dicho puerto la soberanía de la nación la ejerce la tercera perjudicada, por virtud de la concesión, y por si existe duda de mi conclusión el inferior la despeja al precisar que: (se transcribe). Ahora bien, es claro que el artículo 20 de la Ley de Puertos, es inconstitucional por motivo de que permite que el Ejecutivo Federal concesione su función pública soberana en materia portuaria, razón por la cual precisa que una vez concesionada: (se transcribe). Por lo anterior, es innegable que el artículo 20 resulta totalmente inconstitucional, pues es inadmisible que este precepto convierta el ejercicio de la función pública soberana en materia portuaria, en un simple y vulgar acto de comercio que se puede concesionar a una sociedad mercantil, sin tomar en consideración, que éstos son artículos de comercio que se pueden vender al mejor postor como ya fue vendida la Sociedad Mercantil de Administración Portuaria Integral de Acapulco, S.A. de C.V., y ahora en dicho puerto la función pública soberana en materia portuaria se ejerce ciento por ciento por los inversionistas estadounidenses. Es evidente por obvio, que los derechos constitucionales del quejoso se ven gravemente lesionados por el artículo 20 de la Ley de Puertos, ya que este precepto desconociendo la norma constitucional, somete al quejoso a la jurisdicción de la tercera perjudicada en el presente juicio de garantías, pues ésta contrario a la norma constitucional es la titular de la concesión para la administración portuaria integral del recinto portuario de Bahías de Huatulco, Oaxaca, que no es otra cosa como ha quedado precisado y probado, que el ejercicio de la función pública soberana en materia portuaria, en consecuencia si el quejoso pretende prestar el servicio público de pilotaje en dicho puerto tiene que someterse al imperio de la tercera perjudicada y tributar para el beneficio de ésta, pues al quedar sin jurisdicción territorial, el Ejecutivo Federal dentro del recinto portuario concesionado, ya no puede cumplir con su obligación constitucional prevista en el párrafo décimo del artículo 28 constitucional y, en consecuencia, no puede otorgarle la concesión que la norma constitucional exige para que el quejoso pueda prestar el servicio público portuario de pilotaje y, en consecuencia, la Tesorería de la Federación no podrá percibir las contribuciones denominadas derechos que el quejoso debe pagar por los servicios que le presta el Estado en sus funciones de derecho público, ya que no tiene competencia para otorgarle concesión dentro del recinto portuario concesionado y, por tanto, no podrá cobrar los derechos que marca el artículo 167 de la Ley Federal de Derechos, pues la tercera perjudicada es ahora la que lucra en el ejercicio de la función pública soberana a ella concesionada. Es innegable la procedencia del agravio que me causa el inferior en la sentencia que se revisa, en virtud de que su razonamiento para demostrar que el artículo 20 de la Ley de Puertos es constitucional, resulta un verdadero dislate jurídico que atenta contra la lógica jurídica y contra la soberanía de la nación, pues es innegable que el servicio público de pilotaje sólo se puede prestar mediante concesión del Ejecutivo Federal, de acuerdo con el párrafo décimo del artículo 28 constitucional. Además, es obvio por evidente que el inferior me agravia en la sentencia que se revisa en virtud de que su análisis para concluir que el artículo 20 de la Ley de Puertos resulta constitucional y, por ende, mi concepto de violación es improcedente, lo realizó basándose en un ente jurídico paraestatal mismo que resulta totalmente diverso a la tercera perjudicada, pues la naturaleza jurídica y constitución de los organismos descentralizados de la administración pública federal no tiene comparación con las sociedades mercantiles, en virtud de que éstas se constituyen de acuerdo con las leyes mercantiles y se reputan invariablemente como comerciantes, en cambio aquéllos se constituyen por decreto presidencial o por ley emanada del Congreso de la Unión y tiene como objeto prestar servicios públicos que satisfagan las necesidades de la sociedad tales como comunicaciones, salud, vivienda, etcétera, por lo que es imperdonable que el inferior partiendo de este análisis erróneo concluye que mi concepto de violación resulta improcedente por infundado, cuando quedó plenamente probado que el artículo 20 de la Ley de Puertos resulta inconstitucional porque contrario a lo dispuesto por el párrafo décimo del artículo 28 constitucional, aquél dispone que para la prestación del servicio público de pilotaje en el recinto portuario concesionado a la tercero perjudicada se requiere contrato de prestación de servicios que se celebrará con la tercera perjudicada, convirtiendo al servicio público portuario de pilotaje en un acto de comercio sin importar que el servicio público de pilotaje no se regula por leyes mercantiles ya que éste desde principios del siglo pasado se reguló por la Ley para el Servicio de Practicaje, en los Puertos, Ríos, Canales, Lagos y Lagunas de la República, posteriormente por la Ley de Vías Generales de Comunicación y por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, mismos ordenamientos que constituyen las fuentes legislativas de la Ley de Puertos, pero ésta no tomó en consideración que el servicio de pilotaje es un servicio público que se regula por las leyes especiales y no así por las leyes mercantiles como si fuera un acto de comercio. Por lo anteriormente expuesto, ha quedado plenamente probado que el presente agravio es procedente por encontrarse debidamente fundado y, en consecuencia, se acredita que el inferior no cumplió con la función pública de órgano de control constitucional, ya que al resolver que el artículo 20 de la Ley de Puertos es congruente con el párrafo décimo del artículo 28 constitucional y, por tanto, la responsable no viola las garantías individuales del quejoso al pretender obligar a éste a celebrar contrato de prestación de servicios con la tercera perjudicada para la prestación del servicio público de pilotaje o practicaje, no tomó en consideración que el párrafo décimo del precepto constitucional citado, establece con toda nitidez que la prestación del servicio público como lo es el de pilotaje o practicaje requiere de concesión otorgada por el Ejecutivo Federal, y no admite figura distinta a la concesión para la prestación del servicio público, por lo que resulta un verdadero dislate jurídico la sentencia que se revisa, ya que es inaceptable que la tercera perjudicada pueda tener la concesión para el ejercicio de la función pública soberana en materia portuaria porque así lo dispone el artículo 20 de la Ley de Puertos. Pero la a quo no advierte que la norma constitucional no hace excepción o distinción alguna, en cuanto a que si el servicio público de pilotaje se presta dentro de un recinto portuario concesionado en administración o fuera de los recintos portuarios no concesionados en administración, pues el servicio portuario no tiene el carácter de acto de comercio que la Ley de Puertos le otorga al reducirlo a un contrato mercantil, por tanto, resulta de la simple lectura del precepto impugnado de inconstitucionalidad la incongruencia de éste con el párrafo décimo del artículo 28 constitucional, ya que este precepto dispone categóricamente que la prestación del servicio público como lo es el de pilotaje o practicaje, requiere concesión del Ejecutivo Federal en cualquier recinto portuario que se preste; sin embargo, el artículo 20 de la Ley de Puertos resulta a todas luces inconstitucional en virtud de que contraviniendo el párrafo décimo del artículo 28 constitucional, crea un tipo de concesión totalmente diferente a los establecidos por dicho párrafo décimo como lo es la inconstitucional concesión para la administración portuaria integral, que ya comentamos. Segundo. La a quo al considerar infundado el segundo concepto de violación me agravia porque para resolver que el artículo 49 de la Ley de Navegación y 89 de su reglamento son constitucionales lo hizo apartándose del tenor del párrafo décimo del artículo 28 constitucional y fundándose en los artículos 2o., fracción VII, 20, 38 y 44 de la Ley de Puertos, artículos 48 y 49 de la Ley de Navegación y 89 del Reglamento de la Ley de Navegación, y resolvió que el artículo 49 de la Ley de Navegación y el artículo 89 de su reglamento no son inconstitucionales por la simple razón de que a través de éstos, únicamente se fijan las modalidades y condiciones en que se deberá prestar dicho servicio público, y por eso no son inconstitucionales. El agravio se funda en que el inferior a sabiendas de que el servicio de pilotaje o practicaje reviste el carácter de servicio público, lo que se afirma con el hecho de que se encuentra normado por el artículo 32 constitucional, por lo que indudablemente es un servicio público de trascendencia nacional, cuya finalidad consiste en preservar la seguridad marítima para proteger la vida humana en el mar, las embarcaciones e instalaciones portuarias, asimismo, el inferior reconoce que el párrafo décimo del artículo 28 constitucional establece con toda claridad que el Estado, sujetándose a la leyes podrá en caso de interés general concesionar la prestación de servicios públicos, y si el pilotaje es un servicio de interés general para la prestación del mismo, se requiere forzosamente concesión del Ejecutivo Federal porque así lo dispone la norma constitucional, éste es un servicio público que originalmente prestaba el Estado como se prueba con la Ley para el Servicio de Practicaje, en los Puertos, Ríos, Canales, Lagos y Lagunas de la República, y posteriormente este servicio público lo concesionó a través del otorgamiento de certificados de competencia que la S.C.T. otorgaba y otorga a los pilotos de puerto, para que éstos prestaran el servicio público de pilotaje en el puerto que señalaba el certificado de competencia y la relación existente entre el práctico de puerto y el armador o naviero ocupante del servicio de pilotaje la Ley para el Servicio de Practicaje, en los Puertos, Ríos, Canales, Lagos y Lagunas de la República, la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Navegación y Comercio Marítimos siempre la han considerado de naturaleza laboral, pero de ninguna manera se puede considerar la prestación del servicio público de pilotaje como un acto mercantil como erróneamente lo pretende considerar el inferior fundándose en el artículo 51 de la Ley de Puertos y el artículo 49 de la Ley de Navegación, ya que este servicio no es un acto de comercio regulado por las leyes mercantiles; por tanto, el hecho de que el artículo 49 de la Ley de Navegación establezca que para la prestación del servicio de pilotaje se requiere permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (acto administrativo de autoridad) o contrato celebrado con la administración portuaria integral (acto de comercio), es una incongruencia con lo dispuesto por el párrafo décimo del artículo 28 constitucional, ya que éste dispone que para la prestación del servicio público como el pilotaje o practicaje se requiere concesión del Ejecutivo Federal y la norma constitucional que nos ocupa en la prestación del servicio público no admite el contrato de prestación de servicios entre gobernados como resulta ser la tercera perjudicada y el quejoso, por tanto, el hecho de que el artículo 49 de la Ley de Navegación disponga que para la prestación del servicio público de pilotaje se requiere de contrato celebrado con la administración portuaria integral que resulta ser la tercera perjudicada, no son simples modalidades de la prestación del servicio, sino que son incongruencias con el párrafo décimo del artículo 28 constitucional y, por tanto, el artículo 49 de la Ley de Navegación y el artículo 89 de su reglamento son inconstitucionales por ser inconsistentes con la norma constitucional. Asimismo, el inferior para acreditar que los artículos 49 de la Ley de Navegación y 89 de su reglamento son congruentes con la norma constitucional llega al absurdo de basarse en los artículos 20 y 38 de la Ley de Puertos, afirmando que el Ejecutivo Federal con base en dichos artículos puede concesionar su función pública soberana en materia portuaria para que una sociedad mercantil con base en la concesión ejerza la función pública soberana en materia portuaria, terrible disparate jurídico resulta lo afirmado por el inferior, pues no se percató que dentro de la Carta Magna no existe disposición legal alguna que le permita al Ejecutivo Federal concesionar su función pública soberana en materia portuaria a una sociedad mercantil, ya que ésta son artículos de comercio que se pueden vender al mejor postor, como ya se vendió la Administración Portuaria Integral de Acapulco, S.A. de C.V., donde los estadounidenses compraron el cien por ciento del ejercicio de la soberanía nacional en materia portuaria y ahora ellos la ejercen en el puerto de Acapulco gracias al patriótico criterio del Poder Judicial Federal y a la Ley de Puertos que en su artículo tercero transitorio derogó a la Carta Magna porque contraviene a dicha ley. El presente agravio es procedente por estar fundado en la norma constitucional y se acredita plenamente que el inferior resolvió en contra del tenor del párrafo décimo del artículo 28 constitucional, y basándose en los artículos 20 y 38 de la Ley de Puertos, pues afirma que resulta constitucional que el Ejecutivo Federal concesione su función pública soberana en materia portuaria y que como el Puerto de Bahías de Huatulco se encuentra concesionado a la tercero perjudicado ésta es la que ejerce la función pública soberana en materia portuaria y, por tanto, el Ejecutivo Federal se quedó sin competencia y si el servicio de pilotaje se pretende prestar dentro de un recinto portuario concesionado a una administración portuaria integral, es necesario celebrar con ésta contrato de prestación de servicios, lo que en el presente caso acontece, ya que el puerto se encuentra concesionado desde el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y nueve a la tercera perjudicada y ‘por lo que ha quedado reseñado, en párrafos precedentes, que la administración portuaria integral es el resultado de la concesión directa a un ente paraestatal del ejercicio de actividades cuya titularidad corresponde originalmente al Estado Federal; por lo que, de conformidad con el numeral 38 de la Ley de Puertos, la administración portuaria integral existirá cuando la planeación, programación, desarrollo y demás relativos a los bienes y servicios de un puerto, se encomienden en su totalidad a una sociedad mercantil, mediante la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y la prestación de los servicios respectivos, como en el caso acontece, pues el Ejecutivo Federal, otorgó en concesión el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el puerto de Bahías de Huatulco, Oaxaca, para su administración portuaria integral a Baja Mantenimiento y Operación, Sociedad Anónima de Capital Variable, ahora Fonatur, BMO, Sociedad Anónima de Capital Variable, tercera perjudicada en el presente juicio de garantías’. Resulta totalmente aberrante la afirmación del inferior el hecho de que se concesione la función pública soberana en materia portuaria y que dicha función pública soberana se ejercite por conducto de una sociedad mercantil no desnaturaliza la facultad que el artículo 28 constitucional otorga al Ejecutivo Federal para concesionar la prestación de servicios públicos de interés general, como lo es el servicio de pilotaje, es un verdadero dislate jurídico, pues es un absurdo asegurar que el Estado pueda concesionar el ejercicio de su función pública soberana a las empresas mercantiles, toda vez que los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Carta Magna no se lo permiten, y si esto se permitiera el Estado tarde o temprano dejaría de ser Estado por falta de uno de sus elementos constitutivos, el Gobierno. En tal virtud resulta absurdo por infundado, que el Estado pueda concesionar a los particulares y a las empresas mercantiles sus funciones de derecho público (máxime que las ‘apis’ no necesariamente tienen que ser paraestatales), en cuanto al ejercicio de la soberanía de la nación en las áreas prioristas del patrimonio nacional, porque forzosamente ello implica pérdida de soberanía, toda vez que su administración es una facultad que le corresponde al Ejecutivo Federal como poder público y soberano, y es bien sabido que los atributos de la soberanía no constituyen bienes que estén en el comercio y que puedan en forma alguna ser objeto de transacciones entre particulares, por tanto, la función soberana del Ejecutivo Federal en materia portuaria no se puede concesionar. El Supremo Poder de la Federación por ningún título puede contraer compromisos que lo inhiban del ejercicio de sus facultades constitucionales, porque en esa forma se llegaría al absurdo de reducir a la nada las atribuciones que la Constitución le otorga. Es erróneo el criterio del a quo en cuanto a que el Ejecutivo Federal, en el ejercicio de su función pública soberana, pueda auxiliarse de particulares o entes paraestatales, porque éstos gobernados forzosamente serían autoridades federales, mismas que resultan inexistentes porque el Poder Constituyente no las contempló en el artículo 90 de la Carta Magna y además en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo no le permite al Ejecutivo Federal auxiliarse en el ejercicio de su función pública centralizada de sociedades mercantiles. También es equivocado el criterio de la a quo relativo a que las ‘apis’ son empresas de participación estatal mayoritaria que auxilian al Ejecutivo Federal en sus funciones de derecho público y, que, por tanto, pueden ser titulares de la concesión del servicio de pilotaje, así como que pueden otorgarlo en concesión mediante contratos, por los siguientes motivos: 1. La ‘api’ es una persona moral que admite inversión extranjera (incluso puede ser una empresa mexicana 100% privada como la ‘api’ de Acapulco, o puede tener participación extranjera o formar parte de una trasnacional como las terminales marítimas que ahora tiene en nuestro país la empresa China ‘Hutchinson Ports’), por tanto, no puede concesionar servicios públicos como el pilotaje mediante un contrato de cesión parcial de derechos. 2. En las ‘apis’ pueden participar inversionistas extranjeros hasta en un 49% y el restante 51% del capital social bien puede provenir de aportaciones públicas o de capital privado nacional, tal como se advierte de la parte conducente del artículo 7o. de la Ley de Inversión Extranjera: ‘Artículo 7o. En las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación la inversión extranjera podrá participar en los porcentajes siguientes: ... III. Hasta el 49% en: ... t) Administración portuaria integral; u) Servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones de navegación interior en los términos de la ley de la materia ...’. 3. Las ‘apis’ son empresas estatales en transición, pues el objetivo es que se privaticen, tal y como se puede apreciar de la página 8 del Diario Oficial de la Federación del 10 de julio de 1997, en la cual se contiene la ‘Convocatoria pública internacional para la enajenación de las acciones representativas del 100% de capital social de la sociedad mercantil Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. de C.V.’, es decir, la intención del Gobierno Federal es privatizar en un 100% las ‘apis’ a empresas trasnacionales. Por lo anterior es que los argumentos de la a quo son equivocados, pues parte de la base de que las ‘apis’ son empresas públicas, cuando en realidad tienden a ser privadas, como lo es el caso de la ‘api’ de Acapulco, por ello los preceptos impugnados son inconstitucionales pues facultan a una persona moral de derecho privado a otorgar concesiones de servicios públicos o a comercializarlos, como el pilotaje. Tercero. En el segundo concepto de violación de la demanda de amparo se expresaron argumentos tendientes a demostrar que los artículos 49 de la Ley de Navegación y 89 de su reglamento, resultaban contrarios al artículo 32 constitucional, a saber: (se transcribe). No obstante lo anterior, debe admitirse que en el capítulo denominado ‘Los preceptos constitucionales que contienen las garantías violadas’, no se citó el artículo 32 constitucional; sin embargo, como se advierte de la transcripción anterior, sí se formularon argumentos lógico-jurídicos tendientes a demostrar que los preceptos impugnados eran contrarios a dicho precepto constitucional, sin que la Juez de Distrito se hubiera pronunciado al respecto a pesar de que estaba obligada a ello. Así pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito han asentado en sus diversas jurisprudencias y tesis que uno de los principios básicos que deben ser observados por los Jueces de Distrito es de resolver coherentemente todas las cuestiones planteadas por los particulares, por lo que conforme a los artículos 103 y 107 constitucionales, 79 de la Ley de Amparo y 351 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la Juez de Distrito tenía la obligación de pronunciarse sobre todas las cuestiones que fueron planteadas en la demanda, de manera que al existir argumentos lógico-jurídicos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19415-8ea0c6ac/pilotaje-el-articulo-20-ultimo-parrafo-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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