CRÉDITO AL SALARIO. TIENE LA NATURALEZA DE UN ESTÍMULO FISCAL Y, POR ELLO, NO RESULTAN APLICABLES LAS GARANTÍAS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN, NI SE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DESTINO AL GASTO PÚBLICO.
AMPARO EN REVISIÓN 1853/2004. LUIS ARTURO GONZÁLEZ ROMÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los puntos segundo, tercero, fracción II y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno. Toda vez que se interpone contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley del Impuesto sobre Renta y si bien subsiste en esta instancia el problema de inconstitucionalidad planteado, no es necesario que su estudio sea abordado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se refiere a temas sobre el cual ya existe pronunciamiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. Queda firme el sobreseimiento decretado en el punto resolutivo primero regido por el considerando tercero, ambos del fallo recurrido, en razón de que dicha determinación del Juez de Distrito no fue impugnada por el quejoso, a quien sólo perjudica tal consideración.
Es aplicable al caso concreto, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: VII, marzo de 1991
"Tesis: 3a./J. 7/91
"Página: 60
"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente."
TERCERO. El recurso de revisión fue interpuesto dentro del término de los diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia recurrida fue notificada al quejoso, Luis Arturo González Román, aquí recurrente, por medio de lista, el siete de septiembre de dos mil cuatro, surtiendo sus efectos al día siguiente, de forma que el plazo respectivo corrió del nueve al veintisiete de septiembre de dos mil cuatro, sin contar los días once, doce, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis del mes y año en cita, por corresponder a sábados y domingos, o bien, de festividad nacional, esto es, inhábiles para la tramitación del juicio de amparo.
De modo que, si el escrito mediante el cual se interpuso el recurso de revisión fue presentado el veinte de septiembre de dos mil cuatro, es inconcuso que es oportuno.
CUARTO. El quejoso, Luis Arturo González Román, aquí recurrente, manifestó como agravios, en síntesis, los siguientes:
a) El Juez de Distrito en su sentencia desestimó los anexos ofrecidos como pruebas y, de esta forma, violó lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tanto que, según el quejoso, dichos anexos fueron desahogados atendiendo a su propia y especial naturaleza, mismos que no fueron objetados por las autoridades responsables, por lo que los documentos de mérito constituían prueba idónea para demostrar la falta de proporcionalidad y equidad de los artículos 177, 178 y segundo transitorio, fracción LXXXVIII, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
b) El Juez de Distrito violó en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, por la incorrecta apreciación de los hechos y argumentos planteados en la demanda de amparo, en específico, el segundo concepto de violación, así como la nula apreciación y valoración de las pruebas ofrecidas.
Afirma lo anterior, en virtud de que para que un impuesto sea equitativo y proporcional, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica del sujeto pasivo, de tal forma que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos, además, el cumplimiento de esos principios se realiza a través de tarifas progresivas en las que se establezca una diferencia congruente entre los distintos niveles de ingresos. Así entonces el Juez de Distrito debió adentrarse en el análisis número matemático de la tarifa en cuestión para así determinar la denunciada violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal de la República.
c) El Juez de Distrito infringió en su contra lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, por la incorrecta apreciación de los hechos y argumentos planteados en la demanda de amparo, en especial, el tercer concepto de violación, así como la nula apreciación y valoración de las pruebas ofrecidas.
Esto es, en atención a que el Juez Federal establece diversas argumentaciones en torno a la proporcionalidad y equidad que todo impuesto debe tener; sin embargo, en sus razonamientos que dan respuesta al tercer concepto de violación demuestra lo contrario. En tanto que, el a quo omitió el estudio y valoración del anexo "B" que se exhibió como prueba, con lo cual se demuestra en forma numérica la ruinosidad y exorbitancia del impuesto.
Por otro lado, el recurrente insiste en que el Juez de Distrito resolvió en forma incompleta, sin que tomara en cuenta las pruebas ofrecidas en el juicio con el fin de demostrar que el impuesto es desproporcional e inequitativo.
d) El Juez de Distrito violó en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, por la incorrecta apreciación de los hechos y argumentos planteados en la demanda de amparo, en específico, el cuarto concepto de violación, así como la nula apreciación y valoración de las pruebas ofrecidas.
Afirma lo anterior, porque el Juez Federal no tomó en consideración que se combatió la tabla subsidio en torno a la inequidad y falta de proporcionalidad del porcentaje de subsidio asignado para cada nivel de ingreso y no la estructura de rangos de niveles de ingreso y cuotas fijas.
Agrega, que el Juez de Distrito no tomó en cuenta la tesis de jurisprudencia número P./J. 90/99, cuyo rubro dice: "IMPUESTOS. LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE PARA SU PAGO ESTABLECEN TARIFAS EN LAS QUE EL AUMENTO DE LA BASE GRAVABLE, QUE PROVOCA UN CAMBIO DE RANGO, CONLLEVA UN INCREMENTO EN LA TASA APLICABLE QUE ELEVA EL MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN EN UNA PROPORCIÓN MAYOR A LA QUE ACONTECE DENTRO DEL RANGO INMEDIATO INFERIOR, SON VIOLATORIAS DE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS."
Finalmente, el recurrente insiste en que el Juez de Distrito no analizó los anexos rendidos como pruebas, lo cual ocasiona perjuicios, ya que considera que no se puede afirmar que si el contribuyente percibe más ingresos debe recibir menos subsidio, sin tomar en cuenta las pruebas exhibidas.
El Juez de Distrito violó lo dispuesto por los artículos 76 Bis, fracción VI, 77 y 79 de la Ley de Amparo, pues los argumentos planteados en el primer concepto de violación llevan implícito un problema de constitucionalidad y no de legalidad, como se sostiene en la sentencia recurrida.
QUINTO. Previo a la calificativa de los agravios, debe decirse que éstos, en su mayoría, se refieren a cuestiones de legalidad, consistentes en la falta de valoración de las pruebas por parte del Juez de Distrito, cuyo estudio se encuentra reservado a los Tribunales Colegiados de Circuito, conforme a lo que establece el Acuerdo General 5/2001 del Pleno de esta Suprema Corte de la Nación. Sin embargo, en aras del principio de impartición de justicia pronta y expedita, esta Segunda Sala se hace cargo de los mismos.
Los agravios antes sintetizados resultan inoperantes de acuerdo a las siguientes consideraciones:
El agravio marcado con el inciso a) resulta inoperante, ya que independientemente de que el Juez de Distrito no haya valorado las pruebas documentales exhibidas, dichas pruebas no resultaban idóneas para demostrar el hecho que pretendía el quejoso.
En efecto, el quejoso a través de su demanda de amparo pretendió demostrar la falta de proporcionalidad de las tarifas y tablas de subsidio contenidas en los artículos 177, 178, segundo transitorio, fracción LXXXVIII, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el anexo 8, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de febrero de dos mil cuatro, al exhibir en diversas documentales ejemplos numéricos que, según su dicho, acreditaban la desproporcionalidad del impuesto.
Sin embargo, debe decirse que la prueba documental privada no es el medio idóneo para acreditar el hecho de que matemáticamente un impuesto sea desproporcional, pues es necesario que un perito en la materia estudie el caso en específico, pues para ello se requieren sus conocimientos especiales.
Así entonces, la prueba pericial tiene el objeto de resolver, de acuerdo con los principios de alguna ciencia o arte, si determinados hechos debidamente comprobados corresponden a cierta categoría científica, o de comprobar la existencia de esos hechos (falta de proporcionalidad), cuando para ello se necesita de conocimientos especiales.
Por lo anterior, debe decirse que, para probar el hecho a que se refería el quejoso, consistente en que de un análisis matemático el impuesto resultaba desproporcional, debió haber sido acreditado mediante una prueba pericial y no mediante su simple dicho acreditado a través de una prueba documental. En esas condiciones, son inoperantes los agravios tendientes a combatir la falta de valoración de las pruebas, por parte del a quo en la sentencia, pues a nada práctico conduciría la valoración de dichos documentos.
Los agravios marcados con los incisos b) y e) en el considerando anterior, resultan de igual forma inoperantes, en razón de que no combaten directamente las consideraciones del Juez de Distrito.
En efecto, en el agravio sintetizado en el inciso b), el quejoso se limitó a controvertir la sentencia señalando únicamente que los razonamientos del a quo son inexactos, porque no atendió a que los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica del sujeto, conforme a tarifas progresivas que establezcan una diferencia congruente entre los distintos niveles de ingresos. De esta forma, repite los argumentos expuestos en su demanda de garantías.
Por otro lado, en el inciso e), sólo se limita a establecer que existe implícitamente una cuestión de constitucionalidad en el concepto de violación relativo, sin dar argumentos que sostengan esta premisa.
En ese orden, lo lógico hubiera sido que el recurrente en la revisión atacara frontalmente los motivos asentados en el fallo recurrido; pero no fue así.
En vez de atacar vía agravios las consideraciones del a quo, el recurrente no hace más que plantear, en su escrito de revisión, una serie de cuestiones que no guardan relación con tal decisión, repitiendo prácticamente los argumentos de inconstitucionalidad contenidos en los conceptos de violación.
Lo anterior, vuelve inoperantes los agravios por estar encaminados a controvertir aspectos de fondo que no forman parte de las consideraciones de la sentencia recurrida y por reiterar los argumentos vertidos en la demanda de garantías.
Al respecto, resultan aplicables las jurisprudencias cuyos datos de identificación rubro y texto son:
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: VII, abril de 1991
"Tesis: 3a./J. 16/91
"Página: 24
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protección constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja."
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVII, febrero de 2003
"Tesis: 1a./J. 6/2003
"Página: 43
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus partes la resolución que se hubiese recurrido."
Por lo que hace a los agravios marcados con los incisos c) y d) también resultan inoperantes, ya que todos los argumentos en él vertidos se refieren a atacar los razonamientos del Juez de Distrito en cuanto a la constitucionalidad de la tabla de subsidio prevista en el artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Al respecto, cabe precisar que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en relación con el planteamiento de constitucionalidad (tarifa para el pago del impuesto sobre la renta con base en una estructura de rangos, una cuota fija y una tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior), en el sentido de determinar que no resultan violatorios de garantías los artículos que prevén dichas tarifas, tal como se advierte de las tesis cuyos rubro, texto y datos de publicación, enseguida se transcriben:
"RENTA. EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD. Al establecer el precepto citado una tarifa para el pago del impuesto sobre la renta, con base en una estructura de rangos, una cuota fija y una tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, no viola los principios de proporcionalidad y equidad tributarias establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en dicha estructura el aumento en una unidad del parámetro de medición de la base gravable que provoca un cambio de rango al rebasar su límite superior, no eleva de manera desproporcional o inequitativa el monto a enterar de la contribución en una proporción mayor a la que tiene lugar en el renglón inferior, es decir, el hecho de que los contribuyentes al rebasar en una unidad el límite superior de un rango, queden comprendidos en el siguiente, no resulta desproporcional, porque la tabla no determina una tarifa progresiva con base únicamente en la diferencia de un número, sino que señala una cuota fija a aplicar, en relación con la cantidad inmersa entre un límite inferior y uno superior, y la tasa del impuesto se aplica sobre el excedente del límite inferior en un porcentaje que, al considerar todos estos elementos, refleja la auténtica capacidad contributiva del sujeto obligado, la cual no sólo se determina por la cuantía de la renta obtenida, sino también por la fuente de la que proviene, capital o trabajo, o inclusive por las circunstancias especiales que rodean su obtención, que permiten al legislador establecer diversas categorías de causantes, a las que otorgará un trato fiscal diferente en atención a las situaciones objetivas y justificadas que reflejan una diferente capacidad contributiva." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, junio de 2003, tesis 2a. LXXXI/2003, página 301).
"RENTA. LOS ARTÍCULOS 177 Y 178 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (VIGENTE EN 2002) Y SEGUNDO, FRACCIONES LXXXVII, INCISO A) Y LXXXVIII, INCISO A), DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDIÓ AQUÉLLA, QUE ESTABLECEN UNA TARIFA PARA EL PAGO DEL TRIBUTO CON BASE EN UNA ESTRUCTURA DE RANGOS, UNA CUOTA FIJA Y UNA TASA PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Los artículos en mención que establecen una tarifa para el pago del impuesto sobre la renta con base en una estructura de rangos, una cuota fija y una tasa que deberá aplicarse sobre el excedente del límite inferior, no transgreden los referidos principios constitucionales en virtud de que si bien en dicha estructura el aumento en una unidad del parámetro de medición de la base gravable provoca un cambio de rango al rebasar su límite superior, no eleva de manera desproporcional o inequitativa el monto a enterar de la contribución respecto de la indicada en el renglón anterior, pues si los contribuyentes rebasan el límite superior de un rango y quedan comprendidos en el siguiente, los preceptos legales señalan una cuota fija a aplicar, entre un límite y otro, en atención al excedente del límite inferior en un porcentaje, lo que refleja la auténtica capacidad contributiva del sujeto obligado. En otras palabras, el salto de rango conduce a determinar una cuota fija diversa, dado que existe una tasa para el excedente del límite inferior que opera sobre la diferencia existente entre este límite y la cantidad de ingresos a considerar." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, octubre de 2003, tesis 2a. CXXXI/2003, página 63).
Debiendo quedar precisado, en relación con la última de las tesis citadas, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión 737/2002, consideró, en lo conducente, lo siguiente:
"CUARTO. De conformidad con lo previsto en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, debe ahora abordarse el estudio de los conceptos de violación planteados contra la Ley del Impuesto sobre la Renta y contra la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de dos mil dos, que no fueron analizados por el Juez de Distrito por haberse decretado el sobreseimiento en el juicio, pues como ya se mencionó, dicho sobreseimiento fue revocado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. En el tercer concepto de violación el quejoso alega que los artículos 113, 114, 115, 119, 120, 121, 127, 128, 130, 175, 177, 178 y segundo transitorio, fracciones LXXXVII y LXXXVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta son inconstitucionales, porque contienen tablas y tarifas progresivas y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que las tarifas progresivas no reflejan la capacidad contributiva de los gobernados, toda vez que el cambio de rango eleva considerablemente la contribución a pagar, sin que exista una relación proporcional ni equitativa del impuesto progresivo. Añade, que el uso de tarifas progresivas provoca que el contribuyente pague, con la misma base, una tasa superior, por el hecho de que existe un incremento al rango de la tasa anterior, y ese aumento desproporcionado entre un supuesto y otro genera la inconstitucionalidad, pues hay un aumento indiscriminado entre un rango de tasa y otra, que no refleja la capacidad contributiva, lo cual vulnera los principios contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Son infundados los argumentos que se hacen valer en el concepto de violación que se analiza. Con la finalidad de evidenciar la constitucionalidad de los preceptos reclamados, es menester conocer el contenido del artículo 31, fracción IV, de la Ley Fundamental, que establece: (se transcribe). El precepto constitucional reproducido establece los principios de proporcionalidad y equidad de los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. Por su parte, el principio de equidad radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, entre otros aspectos, debiendo únicamente, variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. Sobre esas premisas, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 113, 119, 120, 121, 127, 128, 130, 175, 177, 178 y segundo transitorio, fracciones LXXXVII, inciso a) y LXXXVIII, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se reclaman, los cuales establecen: (se transcriben). Como puede apreciarse de los preceptos legales reproducidos, específicamente en los artículos 113, 177, 178 y segundo transitorio, fracciones LXXXVII, inciso a) y LXXXVIII, inciso a), se establece una tarifa para el pago del impuesto reclamado, con base en una estructura de rangos, una cuota fija, y una tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. En dicha estructura, el aumento en una unidad del parámetro de medición de la base gravable que provoca un cambio de rango al rebasar su límite superior, no eleva de manera desproporcional o inequitativa el monto a enterar de la contribución en una proporción mayor a la que tiene lugar en el renglón inferior; es decir, contrariamente a lo que afirma el promovente, si los contribuyentes rebasan en una unidad el límite superior de un rango y quedan comprendidos en el siguiente, no resulta desproporcional, porque no es verdad que la tabla sólo fije una tarifa progresiva con base únicamente en la diferencia de un número, sino que señala una cuota fija a aplicar, no sólo en relación con la cantidad inmersa entre un límite inferior y uno superior, sino que además debe considerarse que la tasa del impuesto se aplica sobre el excedente del límite inferior en un porcentaje que, al considerar todos estos elementos, reflejan la auténtica capacidad contributiva del sujeto obligado. Por el sentido que informa, sirve de apoyo a la anterior consideración, por analogía, el criterio sostenido por la anterior Sala Auxiliar de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de publicación, son del siguiente tenor: Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Informes. Informe 1969. Página 51. ‘IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD DE LOS. TARIFAS PROGRESIVAS.’ (se transcribe). Asimismo, no puede argumentarse que sean violatorios de garantías los artículos de que se trata, porque el salto de rango conduce a determinar una cuota fija diversa, pues como ya se mencionó, existe una tasa para el excedente del límite inferior que opera sobre la diferencia existente entre este límite y la cantidad de ingresos a considerar. Cabe agregar, que el contenido de la tabla prevista en los preceptos mencionados no puede ser considerada aisladamente, ya que no es una norma o disposición de carácter general técnico, sino que sirve de auxilio para las estimaciones correctas que deben hacerse en la determinación del tributo de que se trata. Entonces, para determinar si el diverso trato fiscal conlleva un trato proporcional, es decir, que imponga un mayor gravamen para los que tienen una mayor capacidad contributiva y, viceversa, debe señalarse que el análisis relativo no puede limitarse a ponderar en forma aislada con las tasas, cuotas o tarifas que resultan aplicables para cada categoría, salvo que ésta en sí misma no atienda a esa capacidad, como sucede con las tarifas que tiene un error de salto, sino que es necesario, inclusive, realizar un estudio general de los correspondientes sistemas de tributación, tomando en cuenta los diversos procedimientos que pueden ser utilizados para determinar la base gravable. Ahora bien, en el caso, tratándose del impuesto sobre la renta, que recae sobre una manifestación general de riqueza de los contribuyentes, debe tenerse presente que la capacidad contributiva de éstos no se determina únicamente por la cuantía de la renta obtenida, sino también por la fuente de la que proviene ésta, capital o trabajo, o inclusive, por las especiales circunstancias que rodean su obtención. En esa virtud, el legislador puede válidamente establecer diversas categorías de causantes, a los que dará un tratamiento diverso atendiendo, precisamente, a circunstancias objetivas y justificadas que reflejan una diferente capacidad contributiva. Apoya lo que se ha venido sosteniendo, en lo conducente, la tesis número LXXXI/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 301 del Tomo XVII, junio de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es: ‘RENTA. EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD.’ (se transcribe). En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación analizados, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita respecto de los artículos 113, 177, 178 y segundo transitorio, fracciones LXXXVII, inciso a) y LXXXVIII, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, negativa que se hace extensiva a los numerales 120 (excepto el segundo párrafo pues se había decretado el sobreseimiento en lo particular), 121 (salvo el último párrafo por haberse sobreseído), 127, 128, 130 y 175 del mismo ordenamiento legal, pues no obstante éstos no contengan tabla alguna, sí guardan estrecha relación con los numerales destacados en primer término, ya que remiten a las tarifas que ahí se contienen respecto de las cuales se sostuvo su constitucionalidad."
A mayor abundamiento, cabe precisar que igualmente esta Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión 779/2002, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. Toda vez que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, revocó el sobreseimiento respecto de los artículos 177 y 178, así como el artículo segundo transitorio, fracciones LXXXVII y LXXXVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia para que resolviera lo conducente, procede iniciar el examen de los conceptos de violación vertidos al respecto. Resulta pertinente volver a transcribir los conceptos de violación que, sobre el particular, expresó el quejoso: (se transcribe). Del contenido de los conceptos de violación transcritos, se desprende que la parte quejosa, en síntesis, argumenta: 1. Que las tarifas progresivas no reflejan la capacidad contributiva de los gobernados, toda vez que el cambio de rango eleva considerablemente la contribución a pagar, sin que exista una relación proporcional y equitativa del impuesto progresivo, ya que es posible que por $1.00 peso o $1,000.00 pesos el gobernado se encuentre dentro de un rango de tasa a otro, lo cual eleva enormemente la contribución a pagar que no guarda relación directa con la capacidad contributiva del gobernado; de ahí que, si un contribuyente se encuentra sujeto al mismo tributo que otro en la misma situación y régimen fiscal, por la diferencia entre uno y otro de ingresos y por un excedente de un peso, para efectos del pago de impuestos, el artículo impugnado le otorga una tasa diferente a cada uno de los contribuyentes, que afecta no sólo el incremento de rango, sino todo el ingreso desde el primer centavo hasta el último, por lo que la proporción a pagar entre un rango y otro es excesivo y desproporcional entre sujetos iguales y no guarda relación directa con la capacidad contributiva. 2. Que el impuesto se incrementa en forma desproporcional e inequitativa, por el solo hecho de pasar de una tasa a otra, sin reflejar verdaderamente la capacidad contributiva del gobernado, pues el aumento indiscriminado entre un rango de tasa y otra no refleja la capacidad contributiva y aplicar dichas tasas vulnera severamente los principios constitucionales contenidos en el artículo 31, fracción IV. 3. Que la Suprema Corte de Justicia ha determinado claramente que las tarifas que contienen aumento progresivo es inconstitucional, al rebasar los contribuyentes un renglón en una cantidad mínima y al quedar comprendidos en el renglón siguiente, pues ello les
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20009-f9bfaccb/credito-al-salario-tiene-la-naturaleza-de-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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