FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LIMITES.
AMPARO EN REVISION 1841/94. FRANCISCO JOSE LUIS GUTIERREZ FLORES.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- Son esencialmente fundados los agravios que se expresan.
En efecto, de la lectura de la demanda de garantías correspondiente, se obtiene que el quejoso impugna la constitucionalidad del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal, de fecha cinco de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, emitido por el Presidente de la República, con fundamento en el artículo 89, fracción I, de la Constitución General del País, reglamento que se impugna a través de actos de su aplicación que se hacen consistir en la resolución de fecha tres de septiembre de mil novecientos noventa y dos, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría General de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal, por la cual se concluye un procedimiento administrativo instaurado en contra del quejoso decretando su baja de la corporación, procedimiento al cual se dice ajeno en virtud de no haber sido emplazado o citado al mismo.
Conforme a lo anterior y de acuerdo a las reglas que imperan en el amparo contra leyes, establecidas por el artículo 73, fracción XII de la Ley de Amparo, de aplicación analógica al caso en virtud de que los reglamentos son actos materialmente legislativos, el quejoso no se encontraba obligado a agotar recurso ordinario alguno antes de ejercitar la acción constitucional, resultando así incorrecto lo razonado por la juez de Distrito para sobreseer en el juicio.
Apoya lo anterior el contenido de la Jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 403, a fojas 708, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, que a la letra dice:
"REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. AMPARO. NO ES NECESARIO AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS QUE ESTABLECEN CONTRA LOS ACTOS DE APLICACION.- Cuando se combate por su inconstitucionalidad un reglamento administrativo expedido por el Presidente de la República con fundamento en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal, el que constituye, dados sus caracteres de generalidad y abstracción, una ley desde el punto de vista material, y al mismo tiempo se impugnan los actos de aplicación del mismo, no es necesario agotar previamente los recursos ordinarios procedentes, para acudir al juicio de amparo, porque las autoridades comunes carecen de competencia para resolver si una ley es o no contraria a la Constitución General de la República, lo que es cuestión de la incumbencia exclusiva de la Justicia Federal".
Por otra parte, en el caso opera diversa excepción al principio de definitividad imperante en el juicio de garantías, ya que según se advierte de la demanda de amparo el quejoso se ostenta como extraño al procedimiento del cual emana la resolución impugnada, alegando falta de emplazamiento al mismo, de ahí que no se encontraba obligado a agotar recurso ordinario alguno en forma previa al ejercicio de la acción constitucional.
Como corolario de lo anterior, resulta incorrecto lo razonado por la juez de Distrito en la parte final del considerando segundo de su fallo, pues en el caso se impugna la inconstitucionalidad del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal, con motivo de actos de su aplicación, que se hacen consistir en la precitada resolución emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría General de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal, en el procedimiento administrativo seguido en contra del quejoso, reclamando éste la falta de emplazamiento a dicho procedimiento, ostentándose como extraño al mismo, resolución que es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto en términos de lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, en relación con lo que establece el numeral 73, fracción XII de la propia ley.
Por otra parte, de la lectura del informe justificado rendido por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, en nombre propio y en representación del Presidente de la República, se advierte que se hacen valer diversas causales de improcedencia de cuyo estudio no se hizo cargo la juez de Distrito, cuestiones que por ser de orden público y estudio preferente se procede a analizar a continuación.
En el ocurso respectivo se hace valer en primer término la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, afirmando que el reglamento impugnado es de carácter heteroaplicativo, sin que el quejoso demuestre ningún acto de aplicación en su contra.
Tales alegatos son infundados, ya que dentro de las constancias acompañadas al informe justificado rendido por el titular de la Secretaría General de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal y otras autoridades, obra copia certificada de la resolución emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la citada Secretaría, en fecha tres de septiembre de mil novecientos noventa y dos, por la cual se culmina un procedimiento administrativo seguido en contra del quejoso, decretando su baja como policía preventivo, resolución aquella que se fundamenta precisamente en los artículos 28, fracción I y 33 del reglamento impugnado, de ahí que en contra de lo afirmado por la autoridad responsable, sí existe acto de aplicación en perjuicio del quejoso del mencionado reglamento, no operando así la causal de improcedencia en comento.
En segundo término y, con fundamento en lo previsto por los artículos 73, fracción XVIII, y 1o. de la Ley de Amparo, se sostiene la improcedencia del juicio argumentando que la resolución de baja no es un acto de autoridad, sino una determinación emitida por las autoridades de la Secretaría General de Protección y Vialidad en su carácter de patrón del quejoso dentro de la relación laboral habida entre ambas partes.
Son infundados tales alegatos y para considerarlo así basta citar el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Primera Parte, página 43 que a la letra dice:
"POLICIAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA BAJA DEL SERVICIO DE LOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.- La relación Estado-empleado fue, en principio, de naturaleza administrativa, pero el derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón `sui generis'. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos, a saber los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía preventiva del Distrito Federal, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 constitucional y por el artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con la administración pública sigue siendo de naturaleza administrativa y se rige por las normas, también administrativas, de la ley y reglamentos que les corresponden y que, por lo tanto, el acto de baja del servicio no es acto de particular sino de una autoridad, razones por las cuales el juez de Distrito que debe conocer del juicio del amparo que se promueva contra dichos actos es el juez de Distrito en Materia Administrativa, y no el de Materia Laboral".
Se hace valer asimismo, la causal de improcedencia consignada por el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, aduciendo que el reglamento impugnado ha dejado de tener vigencia.
Es infundado el alegato que se trata, ya que el reglamento en cuestión se impugnó con motivo de un acto concreto de aplicación, acto que sigue surtiendo sus efectos en perjuicio del quejoso, de ahí que no sea operante la causal de improcedencia antes señalada.
Cobra aplicación en el caso, interpretada a contrario sensu, la Jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 66 a foja 138 del Apéndice 1917-1985, Primera Parte que a la letra dice:
"LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACION.- Si la ley combatida ha sido derogada, sus efectos han cesado. Y aunque se señalen en la demanda actos de aplicación, si éstos no se refieren a un caso concreto y específico en que el quejoso resulte perjudicado, sino que la aplicación se relacione a una prohibición `in generis', esta situación prevalece durante la vigencia de la ley, pero resulta ya de imposible modificación de estudiarse el fondo del negocio y de concederse en su caso el amparo y protección de la Justicia Federal, que ningún efecto puede, en estas condiciones, surtir sobre el pasado. Por lo tanto, con fundamento en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente y debe sobreseerse con apoyo además en la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento antes citado".
En tal orden de ideas, y de conformidad con lo previsto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y, entrar al estudio de los conceptos de violación que se plantean en relación a la constitucionalidad del reglamento antes mencionado, mismos que obran transcritos de fojas cinco a once de esta ejecutoria a los cuales nos remitimos en obvio de repeticiones.
QUINTO.- Son infundados los precitados conceptos de violación.
En el primero de ellos se aduce de manera esencial que el Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal, de fecha cinco de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, expedido por el Presidente de la República con fundamento en el artículo 89, fracción I constitucional, infringe la garantía de seguridad jurídica consagrada por el artículo 14 constitucional, argumentando en síntesis lo siguiente:
a).- Que en la expedición de dicho reglamento se rebasan las facultades conferidas al Presidente de la República por el artículo 89, fracción I constitucional, facultad reglamentaria que no lo autoriza a crear autoridades no contempladas en la ley que reglamenta, como lo es el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría General de Protección y Vialidad del Distrito Federal y, dotarlas de facultades para llevar a cabo un procedimiento administrativo en forma de juicio en contra de los policías que pueda culminar con una resolución de baja.
b).- Que no compete al Presidente de la República, en uso de su facultad reglamentaria, expedir disposiciones generales y abstractas que, además de crear nuevas autoridades, adicionan la ley materia de la reglamentación.
En contestación a dichos argumentos, debe señalarse que la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió criterio al respecto sosteniendo la constitucionalidad de los artículos 28, fracción II, 33, 34, 35 y 36 del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal, preceptos en los que precisamente se contempla la creación, funcionamiento y competencia del referido Consejo de Honor y Justicia, tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo IX-febrero, página 41, con el tenor literal siguiente:
"REGLAMENTO DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL. NO SON INCONSTITUCIONALES LOS ARTICULOS DE DICHO ORDENAMIENTO, QUE CONTEMPLAN LA CREACION DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA.- La facultad reglamentaria otorgada al Presidente de la República en el artículo 89, fracción I, de la Constitución General de la República, tiene por objeto desarrollar el contenido de la ley para facilitar su aplicación. Es de esa forma como el reglamento, al regular en detalle los preceptos de la ley, la adapta a las condiciones en que debe ser aplicada. Ahora bien, como los miembros de la policía preventiva, dependientes de la Secretaría General de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal, son los encargados de la seguridad pública, así como de mantener el orden, se requiere que su actuación sea impecable, por lo delicado de su función. Lo anterior, originó la necesidad de que la Secretaría en cuestión contase con un órgano interno, como lo es el Consejo de Honor y Justicia, con facultades para conocer y resolver lo relativo a la reputación de los miembros de la policía preventiva, así como a las faltas graves cometidas por estos últimos, siempre y cuando no constituyan delitos. Por tanto, debe concluirse que no resultan inconstitucionales los artículos 28, fracción II, 33, 34, 35 y 36 del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal, en los cuales se contempla la creación, funcionamiento y competencia del Consejo de Honor y Justicia, toda vez que lo anterior constituye la forma idónea en que el Ejecutivo Federal proveyó a la exacta observancia de lo dispuesto por los artículos 3o., fracción VI y 4o. de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, por lo que no contraría lo dispuesto por esta última."
Conviniendo con los razonamientos que se contienen en la citada tesis, ha de concluirse que son del todo infundados los argumentos vertidos por el quejoso en el concepto de violación que se analiza.
En el segundo de los conceptos de violación se aduce de manera esencial que el reglamento impugnado infringe lo establecido por los artículos 14, 16, 49 y 73, fracción VI de la Constitución Federal, argumentándose lo siguiente:
a).- Que mediante la expedición del reglamento impugnado, el Presidente de la República está legislando, invadiendo esferas que corresponden al Congreso de la Unión, al cual, de conformidad con el artículo 73, fracción VI constitucional, le compete legislar en todo lo relativo al Distrito Federal.
b).- Que la facultad legislativa conferida por la Constitución Federal al Congreso de la Unión, no es delegable al Ejecutivo Federal, pues con ello se rompería con el principio de división de poderes establecido por el artículo 49 de la Carta Magna, precepto este último que se quebranta con la expedición del reglamento impugnado, a través del cual el Presidente de la República emite normas de carácter general, abstracto e impersonal, rebasando su facultad reglamentaria.
Son infundados tales argumentos, ya que el artículo 89, fracción I de la Constitución Federal del país, otorga facultades al Ejecutivo de la Unión para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, expidiendo disposiciones generales, abstractas e impersonales que tengan por objeto facilitar la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle sus normas, sin más límite que el de no rebasar ni contravenir las disposiciones que se reglamenten, facultad reglamentaria que, en el caso, fue ejercida por el Presidente de la República con apego a sus facultades constitucionales y cuya materia lo es la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, cuerpo normativo éste expedido por el Congreso de la Unión, circunstancia que hace manifiesto lo infundado del argumento vertido en primer término por el quejoso, pues con la emisión del reglamento combatido el Ejecutivo Federal no está legislando sobre materias propias de la competencia del Congreso de la Unión, sino tan sólo reglamentando una ley emitida por éste.
Como corolario a lo anterior, resulta inexacto que con la expedición del reglamento de referencia se invada por parte del Ejecutivo Federal facultades legislativas propias del Congreso de la Unión, quebrantándose el principio de división de poderes establecido por el artículo 49 constitucional, así como inexacto que el Presidente de la República haya rebasado los límites de su facultad reglamentaria, pues su proceder se limitó a proveer en la esfera administrativa sobre la exacta observancia de la precitada Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal.
Son aplicables al caso los criterios sustentados por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidos en las tesis que a continuación se transcriben e identifican:
"FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL. INTERPRETACION DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCION.- La facultad reglamentaria que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal otorga al Ejecutivo de la Unión para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, puede ser ejercida mediante distintos actos y en diversos momentos, según lo ameriten las circunstancias, sin más límite que el de no rebasar ni contravenir las disposiciones que se reglamenten. Por tanto, no es forzoso que se ejerza tal facultad en un solo acto, porque ello implicaría una restricción no consignada en el precepto constitucional."
Séptima Epoca, Tercera Parte: Vols. 115-120, pág. 67, A. R. 7026/71.- Socorro Avila Hernández.- Unanimidad de 4 votos.
"- Es criterio unánime, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, que la facultad reglamentaria, confiera en nuestro sistema constitucional únicamente al Presidente de la República y a los Gobernadores de los Estados, en sus respectivos ámbitos competenciales, consiste, exclusivamente, dado el principio de la división de poderes que impera en nuestro país, en la expedición de disposiciones generales abstractas e impersonales que tienen como objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle sus normas, pero sin que, a título de su ejercicio, pueda excederse al alcance de sus mandatos o contrariar o alterar sus disposiciones, por ser precisamente la ley su medida y justificación."
Séptima Epoca, Tercera Parte: Vols. 163-168, pág. 77, R. F. 59/81.- Playa Sol Vallarta, S.A.- 5 votos.
Igualmente la tesis de la Segunda Sala, a fojas 704 y 705, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, con el título:
"FACULTAD REGLAMENTARIA. INCLUYE LA CREACION DE AUTORIDADES Y LA DETERMINACION DE LAS QUE ESPECIFICAMENTE EJERCERAN LAS FACULTADES CONCEDIDAS.- Está dentro de la facultad reglamentaria otorgada al Presidente de la República por el artículo 89, fracción I, de la Constitución, el crear autoridades que ejerzan las atribuciones asignadas por la ley de la materia a determinado organismo de la administración pública; igualmente, se encuentra dentro de dicha facultad el determinar las dependencias u órganos internos especializados a través de los cuales se deben ejercitar las facultades concedidas por la ley a un organismo público, pues ello significa proveer a la exacta observancia de la ley reglamentaria. Además, al tratarse de un organismo que forma parte de la administración pública, aun cuando sea un órgano descentralizado, es precisamente el Presidente de la República, titular de esa administración, quien constitucionalmente está facultado (artículo 89, fracción I) para determinar los órganos internos que ejercerán las facultades otorgadas por la ley a efecto de hacer posible el cumplimiento de ésta."
En el tercero y último de los conceptos de violación que se expresan, el quejoso plantea diversas cuestiones de legalidad en relación a los actos de aplicación del reglamento impugnado, atribuidos al Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría General de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal, cuestiones de legalidad cuyo conocimiento no corresponde a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a un Tribunal Colegiado de Circuito en términos de lo previsto por el artículo 85 de la ley de la materia, de ahí que, acorde a lo señalado por el numeral 92 de esa ley, proceda reservar jurisdicción al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que previno en el conocimiento del presente recurso, a fin de que se haga cargo del análisis de esas cuestiones de legalidad y emita la resolución que corresponda, debiendo remitírsele al efecto los autos respectivos.
En tal orden de ideas, lo procedente es dejar firme el sobreseimiento decretado por la a quo, por las razones indicadas en el tercer considerando, revocar la sentencia recurrida en lo que es competencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negar al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal por lo que ve a los actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Jefe del Departamento del Distrito Federal y Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes respectivamente en la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal, de fecha cinco de julio de mil novecientos ochenta y cuatro y, reservar jurisdicción al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en los términos y para los efectos precisados en el párrafo que antecede.
Por lo expuesto y fundado y, además, con apoyo en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.- Queda firme por falta de impugnación el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida, respecto a los actos y autoridades que se precisan en el considerando tercero de esta ejecutoria.
SEGUNDO.- En lo que es competencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se revoca la sentencia recurrida.
TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco José Luis Gutiérrez Flores, en contra de los actos que reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Jefe del Departamento del Distrito Federal y Director del Diario Oficial de la Federación, actos que precisados quedaron en el resultando primero de esta ejecutoria.
CUARTO.- Envíense los autos al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto de esta ejecutoria.
Notifíquese; cúmplase y en su oportunidad archívese el expediente.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Fue ponente el último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3200-f3d418e0/facultad-reglamentaria-sus-limites · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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