HABITACIONES A TRABAJADORES OTORGADAS EN ARRENDAMIENTO O COMODATO MIENTRAS DURA LA RELACIÓN LABORAL. PROCEDE EL AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA CON QUE CULMINA EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DEVOLUCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-A fin de estar en aptitud de resolver lo conducente, es preciso tener presentes las consideraciones que sirvieron de sustento a los órganos colegiados involucrados en las respectivas ejecutorias de amparo.
El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la sentencia dictada en sesión del día trece de septiembre del año dos mil, en el juicio de amparo directo 446/2000, promovido por Eloy Herrera Ortiz y otros, en lo conducente sostuvo:
"OCTAVO.-Son infundados los conceptos de violación.-En efecto, de las constancias que informan el juicio laboral número 194/96, se desprende que la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su apoderado legal, mediante el procedimiento especial laboral demandó de los ahora quejosos la desocupación y entrega de las casas que tienen en posesión, ubicadas en Raudales Malpaso, Chiapas, que les entregó mediante contrato de comodato como trabajadores de dicha dependencia en tanto durara la relación laboral que los unía, y como en la actualidad ese vínculo contractual ha fenecido con dicho organismo, principalmente, porque la mayoría de los ahora quejosos fueron jubilados, y a pesar de que se les ha requerido la entrega de esas fincas se han negado a hacerlo; radicado el juicio ante la Junta responsable se emplazó a los ahora quejosos, a quienes en la audiencia de demanda y excepciones se les tuvo por ‘contestada la demanda en sentido afirmativo’, se desahogaron las pruebas propuestas por las partes, y en su oportunidad se dictó el laudo que ahora constituye el acto reclamado en el que se declaró procedente la acción que la tercera perjudicada planteó y se condenó a los impetrantes a la desocupación y entrega de las casas que tienen en posesión en el campamento de la Comisión Federal de Electricidad que se encuentra ubicado en Raudales Malpaso, Chiapas.-Por cuestión de método se examinará en este apartado la tercera parte del primer concepto de violación, relativa a que la Junta responsable al pronunciar el laudo reclamado conculcó el artículo 16 constitucional por carecer de fundamentación y motivación, pues de resultar fundado haría innecesario estudiar los restantes motivos de queja.-La anterior inconformidad es infundada, porque en discrepancia a lo sostenido por los promoventes del amparo, el laudo controvertido sí satisface los requisitos de fundamentación y motivación que como derechos fundamentales de los gobernados están previstos en el artículo 16 constitucional, supuesto que de su atenta lectura se pone de manifiesto que la autoridad responsable de manera correcta invocó las disposiciones legales aplicables al caso; además, expuso los razonamientos de hecho que la llevaron a concluir en la forma que lo hizo, consistentes en las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para la emisión del laudo controvertido, al sostener que los ahora quejosos no acreditaron los extremos del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que al no concurrir a la audiencia de demanda y excepciones se les tuvo por admitidas las peticiones de su contraria y por cierto, de cada uno de los quejosos, que la Comisión Federal de Electricidad les entregó una casa en comodato como una prestación de carácter laboral mientras existiera ésta, pero como a la fecha ha dejado de existir por haber terminado el nexo laboral, y a pesar de que han sido requeridos de la entrega de las viviendas se han negado a hacerlo porque consideran que dichos inmuebles les fueron entregados por el sindicato como un beneficio laboral, y por así encontrarse estipulado en el contrato colectivo de trabajo que regulaba las relaciones obrero-patronales; sin embargo, los medios convictivos que ofrecieron resultaron ineficaces porque la acción ejercida es de carácter personal y no real, y con tales documentos pretendieron acreditar que se han conducido como propietarios de las casas habitaciones (sic) reclamadas, circunstancia que es ajena al presente conflicto; consecuentemente, quedaron satisfechos los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe de contener, razón por la cual no puede decirse que se hubiere violado en perjuicio de los quejosos las garantías consagradas en el artículo 16 constitucional.-La misma suerte debe seguir la primera parte del inicial concepto de violación, en la que los impetrantes de garantías adujeron que la Junta responsable violó el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la demanda que promovió la tercera perjudicada debió tramitarse en un procedimiento especial, en términos del artículo 892, en relación con el 150 y 151, inciso d), de la Ley Federal del Trabajo, y al no acatar los preceptos citados se violaron sus garantías individuales.-Esto es así, puesto que no es verdad que la Junta responsable hubiera transgredido los preceptos constitucionales y legales invocados, tomando en consideración que la tercera perjudicada promovió la acción de desocupación y entrega de las casas que tienen en posesión, con base en un contrato de comodato, a través del procedimiento especial laboral que al respecto establece el artículo 892, en relación con el 151, fracción II, inciso d) y 153 de la Ley Federal del Trabajo, como se advierte de su escrito de demanda a fojas 1 y 47 del cuaderno laboral; luego entonces, el hecho de que la responsable, al admitir la demanda, hubiera invocado los preceptos relativos al procedimiento ordinario, esa circunstancia no constituye violación de garantías como lo hacen valer, dado que por disposición expresa del numeral 899 del ordenamiento legal invocado, en los procedimientos especiales laborales de que se trata se observará lo dispuesto en los capítulos XII y XVII del título décimo cuarto, relativos al procedimiento ordinario; por tanto, el proceder de la responsable se estima correcto por estar ajustado a las disposiciones aplicables al caso concreto.-De igual manera debe resolverse la segunda parte del primer concepto de violación, consistente en que de acuerdo con el criterio sustentado en la tesis que aparece con el rubro: ‘HABITACIÓN. RESOLUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA QUE EL TRABAJADOR DESOCUPE LA CASA QUE HAYA RECIBIDO CON MOTIVO DEL CONTRATO LABORAL. SON IMPUGNABLES MEDIANTE AMPARO INDIRECTO O BIINSTANCIAL.’, el laudo que la Junta responsable pronunció y que ahora constituye el acto reclamado debe ser impugnado a través del amparo indirecto o biinstancial y no mediante el amparo directo, por tratarse de un procedimiento que no resuelve el fondo de una controversia laboral, sino que se trata de un procedimiento especial dictado fuera de juicio.-Se debe puntualizar a la parte quejosa que en la especie no tiene aplicación el criterio que invoca, en virtud de que el laudo reclamado deriva de un procedimiento especial laboral autónomo, y no de lo resuelto en un juicio ordinario laboral respecto a reclamaciones de fondo; por ende, no se trata de un procedimiento dictado fuera de juicio impugnable a través del juicio de amparo indirecto como lo hacen valer los impetrantes del amparo, pues a esa conclusión puede arribarse de la propia lectura del criterio invocado, toda vez que el juicio especial laboral de que se trata se originó con la demanda de desocupación y entrega de las casas que tienen en posesión, ubicadas en Raudales Malpaso, Chiapas, que la tercera perjudicada les entregó en comodato como trabajadores de dicho organismo público descentralizado mientras duraba la relación laboral que los unía, y como en la actualidad ese vínculo contractual dejó de subsistir en virtud de que la mayoría de los quejosos fueron jubilados, y a pesar de que se les ha requerido la entrega de esas propiedades se han negado a hacerlo; por tanto, en el caso no se resolvió el fondo de una controversia laboral, ni tampoco el procedimiento especial deriva de un juicio ordinario laboral, sino que se trata de una resolución autónoma pronunciada en un procedimiento especial laboral que puso fin al juicio, dictada por un tribunal del trabajo, respecto de la cual no procede ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o revocada, impugnable en amparo directo de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 constitucional y 158 de la Ley de Amparo; por tanto, este órgano de control de legalidad es competente para conocer del presente asunto ... En las condiciones relatadas, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos, lo procedente es negar a Eloy Herrera Ortiz, Francisco Álvarez Pérez, Salvador González Soto, Rodolfo López González, Lucrecia Rodríguez Urbina, Luis Castellanos Pérez, Leonardo Castellanos López, Ramón Yerves Ojeda, Pablo Pacheco Jarquín, Jesús Zamorano Crespo, Félix Suárez Aréchiga, Juan Zarco Osorio, Salvador Reséndiz Escutia, Rómulo Mendoza Pérez y Andrés Martínez Antonio, por conducto de Antonio Vicente Gutiérrez, como apoderado legal, la protección de la Justicia Federal solicitada."
Al resolver el diverso juicio de amparo directo 458/2000, promovido por Maximiliano Cruz Soto y otro, el propio Tribunal Colegiado en su sentencia de trece de septiembre del año dos mil, en la parte que interesa, determinó:
"SÉPTIMO.-Son infundados los conceptos de violación.-En efecto, de las constancias que informan el juicio laboral número 194/96, se desprende que la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su apoderado legal, mediante el procedimiento especial laboral demandó de los ahora quejosos la desocupación y entrega de las casas que tienen en posesión, ubicadas en Raudales Malpaso, Chiapas, que les entregó mediante contrato de comodato como trabajadores de dicha dependencia en tanto durara la relación laboral que los unía, y como en la actualidad ese vínculo contractual ha fenecido con dicho organismo, principalmente, porque la mayoría de los ahora quejosos fueron jubilados, y a pesar de que se les ha requerido la entrega de esas fincas se han negado a hacerlo; radicado el juicio ante la Junta responsable se emplazó a los ahora quejosos, a quienes en la audiencia de demanda y excepciones se les tuvo por ‘contestada la demanda en sentido afirmativo’, se desahogaron las pruebas propuestas por las partes, y en su oportunidad se dictó el laudo que ahora constituye el acto reclamado en el que se declaró procedente la acción que la tercera perjudicada planteó y se condenó a los impetrantes a la desocupación y entrega de las casas que tienen en posesión en el campamento de la Comisión Federal de Electricidad que se encuentra ubicado en Raudales Malpaso, Chiapas.-Por cuestión de método se examinará en este apartado la tercera parte del primer concepto de violación, relativa a que la Junta responsable al pronunciar el laudo reclamado conculcó el artículo 16 constitucional por carecer de fundamentación y motivación, pues de resultar fundado haría innecesario estudiar los restantes motivos de queja.-La anterior inconformidad es infundada, porque en discrepancia a lo sostenido por los promoventes del amparo, el laudo controvertido sí satisface los requisitos de fundamentación y motivación que como derechos fundamentales de los gobernados están previstos en el artículo 16 constitucional, supuesto que de su atenta lectura se pone de manifiesto que la autoridad responsable de manera correcta expresó con precisión las disposiciones legales aplicables al caso; además, expuso los razonamientos de hecho que la llevaron a concluir en la forma que lo hizo, consistentes en las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para la emisión del laudo controvertido, al sostener que los ahora quejosos no acreditaron los extremos del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que al no concurrir a la audiencia de demanda y excepciones se les tuvo por admitidas las peticiones de su contraria y por cierto, de cada uno de los quejosos, que la Comisión Federal de Electricidad les entregó una casa en comodato como una prestación de carácter laboral mientras existiera ésta, pero como a la fecha ha dejado de existir por haber terminado el nexo laboral, y a pesar de que han sido requeridos de la entrega de las viviendas se han negado a hacerlo, porque consideran que dichos inmuebles les fueron entregados por el sindicato como un beneficio laboral, y por así encontrarse estipulado en el contrato colectivo de trabajo que regulaba las relaciones obrero-patronales; sin embargo, los medios convictivos que ofrecieron resultaron ineficaces porque la acción ejercida es de carácter personal y no real, y con tales documentos pretendieron acreditar que se han conducido como propietarios de las casas habitaciones (sic) reclamadas, circunstancia que es ajena al presente conflicto; consecuentemente, quedaron satisfechos los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe de contener, razón por la cual no puede decirse que se hubiesen violado en perjuicio de los quejosos las garantías consagradas en el artículo 16 constitucional.-La misma suerte debe seguir la primera parte del inicial concepto de violación, en la que los impetrantes de garantías adujeron que la Junta responsable violó el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la demanda que promovió la tercera perjudicada debió tramitarse en un procedimiento especial, en términos del artículo 892, en relación con el 150 y 151, inciso d), de la Ley Federal del Trabajo, y al no acatar los preceptos citados se violaron sus garantías individuales.-Esto es así, puesto que no es verdad que la Junta responsable hubiera transgredido los preceptos constitucionales y legales invocados, tomando en consideración que la tercera perjudicada promovió la acción de desocupación y entrega de las casas que tienen en posesión, con base en un contrato de comodato, a través del procedimiento especial laboral que al respecto establece el artículo 892, en relación con el 151, fracción II, inciso d) y 153 de la Ley Federal del Trabajo, como se advierte de su escrito de demanda a fojas 1 y 47 del cuaderno laboral; luego entonces, el hecho de que la responsable al admitir la demanda hubiera invocado los preceptos relativos al procedimiento ordinario, esa circunstancia no constituye violación de garantías como lo hacen valer, dado que por disposición expresa del numeral 899 del ordenamiento legal invocado, en los procedimientos especiales laborales de que se trata se observará lo dispuesto en los capítulos XII y XVII del título décimo cuarto, relativos al procedimiento ordinario; por tanto, el proceder de la responsable se estima correcto por estar ajustado a las disposiciones aplicables al caso concreto.-De igual manera debe resolverse la segunda parte del primer concepto de violación, consistente en que de acuerdo con el criterio sustentado en la tesis que aparece con el rubro: ‘HABITACIÓN. RESOLUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA QUE EL TRABAJADOR DESOCUPE LA CASA QUE HAYA RECIBIDO CON MOTIVO DEL CONTRATO LABORAL. SON IMPUGNABLES MEDIANTE AMPARO INDIRECTO O BIINSTANCIAL.’, el laudo que la Junta responsable pronunció y que ahora constituye el acto reclamado debe ser impugnado a través del amparo indirecto o biinstancial y no mediante el amparo directo, por tratarse de un procedimiento que no resuelve el fondo de una controversia laboral, sino que se trata de un procedimiento especial dictado fuera de juicio.-Se debe puntualizar a la parte quejosa que en la especie no tiene aplicación el criterio que invoca, en virtud de que el laudo reclamado deriva de un procedimiento especial laboral autónomo, y no de lo resuelto en un juicio ordinario laboral respecto a reclamaciones de fondo; por ende, no se trata de un procedimiento dictado fuera de juicio impugnable a través del juicio de amparo indirecto como lo hacen valer los impetrantes del amparo, pues a esa conclusión puede arribarse de la propia lectura del criterio invocado, toda vez que el juicio especial laboral de que se trata se originó con la demanda de desocupación y entrega de las casas que tienen en posesión, ubicadas en Raudales Malpaso, Chiapas, que la tercera perjudicada les entregó en comodato como trabajadores de dicho organismo público descentralizado mientras duraba la relación laboral que los unía, y como en la actualidad ese vínculo contractual dejó de subsistir en virtud de que la mayoría de los quejosos fueron jubilados, y a pesar de que se les ha requerido la entrega de esas propiedades se han negado a hacerlo; por tanto, en el caso no se resolvió el fondo de una controversia laboral, ni tampoco el procedimiento especial deriva de un juicio ordinario laboral, sino que se trata de una resolución autónoma pronunciada en un procedimiento especial laboral que puso fin al juicio, dictada por un tribunal del trabajo, respecto de la cual no procede ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o revocada, impugnable en amparo directo de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 constitucional y 158 de la Ley de Amparo; por tanto, este órgano de control de legalidad es competente para conocer del presente asunto ... En las condiciones relatadas, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos lo procedente es negar a Maximiliano Cruz Soto y Alfredo Martínez Cabrera, la protección de la Justicia Federal solicitada."
Lo considerado en las anteriores ejecutorias dio lugar a la tesis aislada cuyo rubro, texto y datos de identificación, son los siguientes:
"PROCEDIMIENTO ESPECIAL ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA LA DESOCUPACIÓN Y ENTREGA DE UNA CASA HABITACIÓN OTORGADA EN COMODATO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.-Si se ejerció una acción personal con el fin de lograr la desocupación y entrega por parte de los trabajadores, de las casas habitación que recibieron con motivo de un contrato de comodato celebrado con el patrón, lo anterior como consecuencia de que dejó de subsistir el vínculo contractual obrero-patronal, la resolución que al efecto se emita no puede considerarse vinculada a un juicio laboral, para que en su contra proceda el juicio de amparo indirecto, por tratarse de un procedimiento especial autónomo que pone fin al juicio dictado por un tribunal del trabajo, respecto de la cual no procede recurso ordinario para ser modificada o revocada; por esa razón, debe ser impugnada en amparo directo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 constitucional y 158 de la Ley de Amparo, por tratarse de una resolución emitida por una Junta de Conciliación y Arbitraje en el procedimiento especial que establece el artículo 892, en relación con el 151, fracción II, inciso d) y 153 de la Ley Federal del Trabajo."
Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, febrero de 2001. Tesis: XX.2o.3 L. Página: 1783.
CUARTO.-Por otro lado, se transcriben a continuación las consideraciones que en relación con la materia de esta contradicción fueron sustentadas por el actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.
En la sentencia dictada el treinta de marzo de mil novecientos setenta y cinco, en el juicio de amparo directo 310/74, promovido por Luis Vila Aguilar contra la resolución pronunciada en el expediente relativo al procedimiento especial C/E/1/74, en lo conducente, se determinó:
"CUARTO.-Este Tribunal Colegiado del Décimo Circuito no es competente para conocer y decidir en el presente juicio de amparo, por las siguientes consideraciones: El artículo 107, fracción VII, de la Constitución General de la República establece que: ‘VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.’.-Por su parte, el artículo 114 de la Ley de Amparo estatuye que: ‘... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.-Si se trata de autos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.-Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. ...’.-En el caso, el quejoso Luis Vila Aguilar señala como acto reclamado el laudo pronunciado en el expediente número C/E/1/74, relativo al conflicto especial laboral promovido por el licenciado Jorge Burguete Aburto, apoderado de Mueblería Esponda, S.A. de C.V. y La Puerta del Sol, S. de R.L. y C.V., en contra del hoy quejoso.-Es pertinente señalar que la empresa demandada, a través de su apoderado, promovió la tramitación del procedimiento especial que señala el artículo 782 de la nueva Ley Federal del Trabajo, para el objeto de que se desocupara y entregara la accesoria de la finca urbana número quince, ubicada en la Décima Calle Poniente Norte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las negociaciones Mueblería Esponda, S.A. de C.V. y La Puerta del Sol, S. de R.L. y C.V.-El apoderado de las empresas mencionadas, en el capítulo de hechos señaló que el trabajador Luis Vila Aguilar, con fecha once de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, demandó el pago de la indemnización constitucional y otras prestaciones argumentando el despido injustificado de parte de sus patrones Mueblería Esponda, S.A. de C.V. y La Puerta del Sol, S. de R.L. y C.V., representados por Humberto Esponda Echeverría. Tramitado el juicio laboral concluyó con laudo absolutorio que fue recurrido por el actor y el Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, en ejecutoria pronunciada en el toca 19/71, negó al quejoso la protección constitucional. La Junta responsable decretó la ejecución (sic) del laudo, mismo que quedaba firme para todos sus efectos y consecuencias legales. En la vía incidental y en los términos del artículo 150 (sic), fracción II, inciso d), de la ley en consulta, las empresas reclamaron por conducto de su apoderado la entrega material de la accesoria de la finca urbana número quince de la Décima Calle Poniente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.-Lo antes expuesto pone de manifiesto que la tramitación del procedimiento especial que señala el artículo 782, se suscitó en razón a que las empresas mencionadas pidieron la aplicación de lo dispuesto por el artículo 150 (sic), fracción II, inciso d), de la ley en consulta, o sea, que habiéndose terminado las relaciones de trabajo el obrero tenía la obligación de desocupar la habitación que se le había dado en arrendamiento por la empresa (con motivo del contrato de trabajo), dentro de un término de cuarenta y cinco días.-Ahora bien, este procedimiento especial que se aplicó en el caso fue seguido por las empresas una vez que quedó firme la resolución pronunciada por la Junta con motivo de la acción que ejercitó el trabajador en el juicio ordinario laboral.-De lo anterior se colige que para la tramitación de este procedimiento especial tuvo que esperar la empresa demandada a que quedara firme la resolución pronunciada por la Junta en el sentido de que las relaciones laborales ya habían terminado y, por ende, los actos que ahora se reclaman de la Junta responsable son la consecuencia directa e inmediata de la determinación contenida en el laudo que pronunció la propia Junta en el juicio ordinario laboral ya mencionado, en el sentido de haber concluido la relación laboral que existía entre el trabajador demandante y el patrón demandado. Es precisamente la terminación de esa relación laboral la que vino a crear la acción del patrón para exigir en el juicio especial promovido posteriormente la entrega de la casa habitación que, según indica, le dio al trabajador para que viviera al crearse la relación obrero-patronal.-Como corolario de todo lo anterior, tiene que concluirse que la impugnación contra la resolución dictada por una Junta de Conciliación y Arbitraje en el procedimiento especial que señala el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 150 (sic), fracción II, inciso d), de la ley laboral, es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto o biinstancial que debe promoverse ante el Juez de Distrito competente y no mediante el amparo directo, porque como ya se indicó anteriormente, las resoluciones de las Juntas en estos procedimientos no resuelven el fondo de una controversia laboral, como sucede en un laudo que se pronuncia en un juicio que se tramitó en forma ordinaria, sino que decide fuera de este juicio laboral y, en el caso concreto, precisamente con base en lo resuelto en el juicio ordinario respectivo, o sea, que la acción especial deriva de la resolución dada por la Junta a las reclamaciones de fondo ventiladas dentro del juicio ordinario laboral y esas resoluciones de las Juntas en esos procedimientos especiales, por estar dictadas fuera del juicio laboral ordinario, caen dentro de lo previsto por los transcritos artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República y 114, fracción III, de la Ley de Amparo y su reclamación mediante el juicio de amparo es ante los Juzgados de Distrito en juicio indirecto y no ante un Tribunal Colegiado de Circuito que sólo tiene competencia para conocer de los amparos directos que se promueven contra los laudos dictados en los juicios ordinarios laborales, cuando esta competencia corresponde a los Tribunales Colegiados o, en su caso, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-En consecuencia, debe revocarse el auto de once de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro que admitió la demanda de amparo directo por no ser competente este Tribunal Colegiado para conocer del presente juicio de amparo directo, dado que dicho auto no causa estado, según lo sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia contenida en la tesis número 173, visible a fojas 314 de la última compilación de ejecutorias del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, que se aplica por analogía y, por consiguiente, deben enviarse las constancias certificadas conducentes del juicio de amparo, así como el expediente original que anexó a su informe justificado la autoridad responsable, el propio informe, la demanda de amparo y copias de la misma y la constancia del emplazamiento hecho al tercero perjudicado, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas para que resuelva lo que en derecho corresponda."
Las consideraciones vertidas en la anterior ejecutoria dieron lugar a la tesis aislada cuyo rubro, texto y datos de identificación a continuación se indican:
"HABITACIÓN. RESOLUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA QUE EL TRABAJADOR DESOCUPE LA CASA QUE HAYA RECIBIDO CON MOTIVO DEL CONTRATO LABORAL. SON IMPUGNABLES MEDIANTE AMPARO INDIRECTO O BIINSTANCIAL.-Las resoluciones dictadas por las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el procedimiento especial que señala el artículo 782 en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 150, fracción II, inciso d), de la ley laboral, relativas a la desocupación por parte del trabajador de la casa habitación que haya recibido con motivo del contrato de trabajo, son impugnables mediante el juicio de amparo indirecto o biinstancial, que debe promoverse ante el Juez de Distrito competente y no mediante el amparo directo, porque en esos procedimientos no se resuelve el fondo de una controversia laboral, como sucede en un laudo que se pronuncie en un juicio que se tramitó en forma ordinaria, sino que se decide, fuera de ese juicio laboral. Así, si precisamente con base en lo resuelto por la Junta en el juicio ordinario laboral respectivo, en cuanto a las reclamaciones de fondo, se promueve el procedimiento especial de desocupación de la casa habitación, que se ventila fuera del juicio laboral ordinario, lo resuelto en este procedimiento especial fuera del juicio ordinario cae dentro de lo previsto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República y 114, fracción III de la Ley de Amparo, y su reclamación mediante el juicio de amparo es ante los Juzgados de Distrito en un juicio indirecto y no ante un Tribunal Colegiado de Circuito, que sólo tiene competencia para conocer de los amparos directos que se promueven contra los laudos dictados en los juicios laborales ordinarios."
Séptima Época. Instancia: Tribunal Colegiado del Décimo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito). Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 75, Sexta Parte. Página: 31.
QUINTO.-El análisis de las ejecutorias transcritas revela la existencia de la contradicción de tesis denunciada.
Con el fin de corroborar lo anterior, es pertinente precisar el supuesto esencial que conforma el marco fáctico dentro del cual se emitieron las referidas resoluciones opositoras.
Al respecto, destaca que los Tribunales Colegiados de Circuito emitieron sus criterios en juicios de amparo directo en los cuales la parte trabajadora quejosa señaló como acto reclamado el fallo dictado por la Junta de Conciliación y Arbitraje responsable en un procedimiento especial laboral que, de conformida
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16972-41598119/habitaciones-a-trabajadores-otorgadas-en-arrendamiento-o-comodato · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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