COMPETENCIA CONCURRENTE. EL GOBERNADO TIENE LA OPCIÓN DE PRESENTAR SU DEMANDA DE AMPARO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO, O BIEN, ANTE EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO RECLAMADO, POR VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS DE LOS ARTÍCULOS 16, EN MATERIA PENAL, 19 Y 20, APARTADO A, FRACCIONES I, VIII Y X, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA CARTA MAGNA, CUANDO AMBAS AUTORIDADES RESIDAN EN EL MISMO LUGAR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO).
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza penal, es decir, de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con apoyo en la facultad que les confiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Como una cuestión previa cabe destacar que como en el caso el procurador general de la República se abstuvo de exponer, por sí o por conducto de uno de los agentes del Ministerio Público de la Federación, su parecer en relación con la presente contradicción de tesis, ha precluido su derecho para hacerlo.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de esta Primera Sala, la cual es del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, diciembre de 2001
"Tesis: 1a./J. 107/2001
"Página: 8
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA NO EMITE SU OPINIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 197-A DE LA LEY DE AMPARO, PRECLUYE SU DERECHO PARA HACERLO. El artículo 197-A de la Ley de Amparo establece expresamente una facultad potestativa a favor del procurador general de la República, para que por sí o por conducto del agente que al efecto designe, exponga su parecer en relación con las contradicciones de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de un plazo de treinta días. Ahora bien, si el referido funcionario no ejerce esa facultad en dicho término, debe concluirse que su derecho para hacerlo precluye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
"Contradicción de tesis 29/2000-PS. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito. 12 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.
"Contradicción de tesis 84/2000. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 19 de septiembre de 2001. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Ricardo Horacio Díaz Mora.
"Contradicción de tesis 20/2001-PS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, actualmente Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del referido circuito. 19 de septiembre de 2001. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.
"Contradicción de tesis 63/2001-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el antes Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Javier Solís López.
"Contradicción de tesis 100/2000-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo."
CUARTO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
El entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito), al resolver con fecha veintitrés de junio de mil novecientos noventa y cuatro el amparo en revisión 160/94, promovido por ... determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Son esencialmente fundados los cuatro primeros agravios hechos valer por la autoridad recurrente, los cuales se analizarán en forma conjunta dada la íntima relación entre ellos existente. En efecto, como acertadamente lo expone el representante social federal recurrente, la Sala Penal del honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo no puede conocer, en casos como el presente, del juicio de garantías promovido por ... ya que la misma realiza una incorrecta interpretación de los artículos en que se apoya para considerarse legalmente competente para resolver el juicio de garantías a que se refiere este toca, toda vez que el artículo 107, fracción XII, constitucional, establece la competencia concurrente para que la violación de las garantías consagradas en los diversos artículos 16, en materia penal, 19 y 20 constitucionales, sea reclamable mediante la demanda de amparo ante el superior del tribunal que la cometa o ante el Juez de Distrito respectivo, hipótesis la primera en la que se ubica la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo; sin embargo, tal competencia debe ejercerse conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la norma en comento, que dispone que si el Juez de Distrito no residiere en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el Juez ante el que se presente la demanda de amparo, quien podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que establezca la ley, previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, lo que conlleva a entender que la competencia concurrente requiere para su procedencia que no resida Juez de Distrito en el mismo lugar que la autoridad responsable, extremo que se corrobora en el artículo 38 de la ley orgánica (sic) de los artículos 103 y 107 del Pacto Federal, que señala la forma de interponer el amparo y su trámite ante esa autoridad, siempre y cuando no resida Juez de Distrito en el lugar de la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado; pues no debe perderse de vista que la intención del legislador es que la Justicia Federal sea fácilmente accesible a los gobernados de los diferentes lugares del país, por distantes o por incomunicados que se encuentren, para lo cual, la autoridad investida de esa competencia debe agotar los requisitos citados con antelación y si en el caso dentro de la jurisdicción territorial del director general de la Policía Judicial en el Estado de Hidalgo, autoridad señalada como responsable ejecutora, radica en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en la cual tienen su residencia los Jueces Primero y Segundo de Distrito para esa entidad federativa, y en la misma reside la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, obvio es que no se encuentra satisfecho el requisito procedimental a que antes se hizo alusión, máxime que la intención del quejoso no es la mayor facilidad para impetrar la protección federal, puesto que imperan igualdad de circunstancias para presentar su demanda, dado que en el mismo lugar en que la presentó radican dos Jueces de Distrito, por cuya virtud no se surte la competencia concurrente a favor de la Sala Penal tantas veces citada, para conocer de la demanda de garantías de que se trata, motivo por el cual su resolución no puede subsistir; por lo cual, es de revocarse la misma para reponer el procedimiento debiendo, por tanto, remitirse el expediente respectivo al Juez de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, a efecto de que se aboque a su conocimiento y resuelva lo que en derecho proceda. Es aplicable en lo conducente el criterio sustentado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 549 del Tomo XXXI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: ‘FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL, INTERPRETACIÓN DE LA.’ (se transcribe). Tomando en cuenta que el agravio que fue analizado ha resultado fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida, puesto que se ha determinado que la Sala emitente de la sentencia de mérito adolece de competencia concurrente para conocer de juicios de garantías como el de donde deriva el presente toca; ante tal circunstancia resulta innecesario abordar el estudio de los diversos motivos de inconformidad que en su escrito de expresión de agravios aduce la autoridad recurrente, mismos que ven al fondo del asunto, puesto que tal sentencia, al haber sido pronunciada por una autoridad legalmente incompetente, ha quedado insubsistente, razón por la cual, lo procedente es devolver los autos a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, para que éste, a su vez, se declare incompetente para conocer de asuntos como el presente y, consecuentemente, remita los autos del juicio al Juez de Distrito en turno en Pachuca, Hidalgo, a efecto de que éste se aboque a su conocimiento y resuelva lo conducente."
Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis que a continuación se transcribe:
"Octava Época
"Instancia: Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XIV, octubre de 1994
"Tesis: XXII.12 K
"Página: 289
"COMPETENCIA CONCURRENTE. IMPROCEDENTE. El artículo 107, fracción XII constitucional, establece la competencia concurrente para que la violación de las garantías consagradas en los diversos artículos 16, 19 y 20 en materia penal, sea reclamable mediante la demanda de amparo ante el superior del tribunal que la cometa o ante el Juez de Distrito respectivo, competencia que debe ejercerse conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la norma en comento, en relación con los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, por lo que la competencia concurrente requiere para su procedencia, que no resida Juez de Distrito en el mismo lugar que la autoridad responsable, de conformidad al artículo 38 del ordenamiento legal en comento, y si en el caso a estudio la autoridad responsable radica en un lugar en el cual tenga su residencia un Juez de Distrito, obvio es que no procede intentar la demanda de amparo ante el superior de la autoridad responsable, al no reunirse los requisitos procedimentales a que antes se hizo alusión dado que en el mismo lugar reside un Juez de Distrito, por cuya virtud no se surte la competencia concurrente a favor del superior de la autoridad señalada como responsable.
"Amparo en revisión 160/94. 23 de junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Domingo Pérez Arias."
QUINTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver con fecha veintiuno de junio de dos mil uno el toca de la improcedencia en revisión número 38/2001, interpuesto por el autorizado del quejoso ... en lo que interesa, determinó lo siguiente:
"QUINTO. Son esencialmente fundados los anteriores motivos de inconformidad. Así es, el quejoso, ahora recurrente ... promovió en jurisdicción concurrente juicio de amparo, reclamando del Juez Séptimo Penal del Distrito Judicial Morelos el auto de formal prisión que dictó en su contra por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de César Othón Rubio. Por resolución de catorce de mayo del año en curso, el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se negó a admitir la demanda de amparo apuntando los siguientes argumentos: ‘1) En primer término, porque no se surte jurisdicción concurrente para esta Sala, dado que esa especial competencia tiene como motivación la de salvaguardar la seguridad jurídica y personal del agraviado, cuando no esté a su inmediato alcance acudir ante los tribunales de la Federación, a los que corresponde de manera nata la facultad de conocer del juicio de garantías. Hipótesis que no se actualiza cuando, como en el caso, es un hecho notorio que por la residencia de las autoridades señaladas como responsables se cuenta también con tres Jueces de Distrito con jurisdicción y competencia para abocarse al conocimiento de la referida demanda (foja 8 frente y vuelta). 2) Porque en el caso, para esta Sala no se surte jurisdicción concurrente con los tribunales del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el quejoso reclama violación a las garantías que establece el artículo 14 constitucional, siendo que los superiores del tribunal que haya cometido la violación, de conformidad con los citados artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, sólo pueden conocer de juicios de garantías cuando se trate de violación de las establecidas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, pero no cuando se señala como transgredido el artículo 14 de esta última, como sucede en la especie (foja 9)’. Lo anteriormente considerado por el Magistrado de la Primera Sala Penal, como bien lo alega la parte recurrente, no es correcto, por las razones siguientes: El artículo 107, fracción XII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: (se transcribe). A su vez, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: (se transcribe). Ahora bien, como se desprende de los dispositivos transcritos, no es correcto lo apuntado por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el sentido de que la jurisdicción concurrente únicamente pueda ejercitarla el particular gobernado cuando no esté a su alcance acudir ante los tribunales de la Federación competentes para conocer de la demanda de amparo respectiva, pues ni la fracción XII del artículo 107 constitucional, ni su correlativo de la Ley de Amparo (artículo 37) hacen distinción en tal sentido, pues la única limitante que se tiene para acudir en demanda de la protección constitucional en jurisdicción concurrente, ante el superior del tribunal que cometió la violación, es que se reclamen infracciones a los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la citada Ley Fundamental; fuera de estos casos, no es posible acudir ante el citado superior en demanda de la protección constitucional; sin que en la especie tenga aplicación el artículo 38 de la Ley de Amparo, a que se hace mención en la tesis del Tribunal Colegiado que se citó en la (sic) recurrida, toda vez que dicho precepto se refiere a la figura de la competencia auxiliar que tienen los Jueces de primera instancia (no el superior de la responsable), para recibir demandas de amparo y decretar la suspensión de los efectos del acto reclamado, imponiendo como obligación a dichos resolutores de remitir la demanda de garantías al Juez de Distrito para que sea éste el que se aboque a su tramitación y resolución; empero, en tratándose de la jurisdicción concurrente, el superior del tribunal responsable está facultado no sólo para recibir la demanda de garantías, sino también para tramitar el juicio en los términos establecidos por la ley de la materia y dictar la resolución que corresponda; de ahí que no tenga aplicación al caso a estudio el precitado artículo 38 de la Ley de Amparo. Por tanto, la posibilidad que tiene el particular de acudir ante el superior del tribunal responsable, en los casos específicos a que aluden los artículos 107, fracción XII, constitucional y 37 de la Ley de Amparo, en ninguna forma se ve limitada por la circunstancia de que el agraviado tenga a su inmediato alcance acudir ante los tribunales de la Federación a presentar su demanda de garantías, como lo estimó el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la resolución impugnada. Por las mismas razones no se comparte el criterio contenido en la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que citó el referido Magistrado en apoyo de su argumento, bajo el rubro: ‘COMPETENCIA CONCURRENTE. IMPROCEDENTE.’, localizable en la página 289, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, surge la denuncia de contradicción de tesis respecto al extremo de antecedentes entre este órgano colegiado y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 27/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada el veintinueve de marzo de dos mil uno, que dice: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.’ (se transcribe). Por otra parte, también resulta desacertado el diverso argumento apuntado por el Magistrado responsable para desechar la demanda de garantías y que fue el consistente en que el quejoso aquí recurrente reclamó violaciones al artículo 14 constitucional; se dice que no es correcto tal argumento, habida cuenta de que basta apreciar el capítulo de actos reclamados de la demanda de garantías, para advertir que el inconforme ... reclamó del Juez Séptimo Penal del Distrito Judicial Morelos, el auto de formal prisión que en su contra dictó por considerarlo probable responsable del delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de César Othón Alvídrez Rubio, esto es, el presente asunto encuadra en uno de los casos específicos a que se refiere la fracción XII del artículo 107 constitucional y 37 de la Ley de Amparo, por cuanto que se reclaman violaciones al artículo 19 de la citada Ley Fundamental; y si bien es cierto que el quejoso en cuestión, en su demanda de garantías adujo como violado también el artículo 14 constitucional, junto con el 16, ello no debe tenerse como determinante para estimar que la demanda de amparo no debió ejercitarse a través de la jurisdicción concurrente, porque el artículo 14 no está contemplado en los supuestos a que alude el artículo 37 de la Ley de Amparo, pues debe entenderse que la infracción a dicho dispositivo constitucional se hace valer en función de que la autoridad responsable, para dictar el acto reclamado, debe respetar las formalidades esenciales del procedimiento. Similar criterio sostiene, en lo conducente, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en la tesis que aparece publicada en la página 496, Tomo IX, correspondiente al mes de abril de milnovecientos noventa y nueve, que dice: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBEN OBSERVARSE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe). En tales condiciones, es de concluirse que la resolución recurrida se apartó del contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo y, por tanto, procede revocar la resolución impugnada y ordenar a dicha autoridad que, de no existir motivo notorio y manifiesto de improcedencia o causa de aclaración, admita a trámite la demanda de garantías."
SEXTO. Es pertinente precisar que no impide efectuar el análisis de la presente denuncia de contradicción de tesis la circunstancia de que los criterios en conflicto no hayan integrado jurisprudencia, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo e, incluso, que en uno de ellos no se haya sustentado tesis al respecto, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para dirimir una contradicción de tesis, no exigen dichos requisitos; tal criterio se refleja en la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.
"Contradicción de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de junio de 1995. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.
"Contradicción de tesis 32/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 6 de julio de 1998. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.
"Contradicción de tesis 37/98. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 8 de junio de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández.
"Contradicción de tesis 55/97. Entre las sustentadas por el Sexto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Benito Alva Zenteno.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."
SÉPTIMO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados contendientes, para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo en tal hipótesis será posible efectuar pronunciamiento en relación con el fondo del asunto.
Sobre el particular, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para que exista contradicción de criterios es necesario que concurran los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, cabe citar la tesis jurisprudencial siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."
Ahora bien, de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en la improcedencia en revisión 38/2001, se obtiene que consideró que la posibilidad que tiene el particular de acudir ante el superior del tribunal responsable en los casos específicos a que se refieren los artículos 107, fracción XII, constitucional y 37 de la Ley de Amparo, en ninguna forma se ve limitada al hecho de que el gobernado tenga a su alcance acudir ante los tribunales federales, para presentar su demanda de garantías.
Señala que la única limitante que se tiene para acudir en jurisdicción concurrente ante el superior del tribunal que cometió la violación, es que se reclamen infracciones a los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, apartado A, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Carta Magna, ya que fuera de estos casos no es posible acudir ante autoridad diversa del Juez de Distrito, sin que tenga aplicación el artículo 38 de la ley de la materia, el cual se refiere a la figura de la competencia auxiliar, diversa de la figura de competencia concurrente a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo.
Por su parte, el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito), al resolver el amparo en revisión 160/94 estableció que la competencia concurrente de que habla el artículo 107 constitucional, en su fracción XII y 37 de la Ley de Amparo, debe ejercerse conforme al segundo párrafo de la norma constitucional en comento, que dispone que si el Juez de Distrito no residiere en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el Juez ante el que se presentará la demanda de amparo, quien podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que establezca la ley.
Por tal razón, sostiene que la competencia co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17291-db7e298a/competencia-concurrente-el-gobernado-tiene-la-opcion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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