AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/99-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Los criterios que se estiman en contradicción son los siguientes:
La tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver los amparos directos 918/96 y 365/97, es del siguiente contenido literal:
"APELACIÓN. EL AUTO QUE DECLARA DESIERTO EL RECURSO, ES RECURRIBLE EN REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).-El artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, establece que los autos y proveídos que emita el Supremo Tribunal son recurribles a través de la reposición, que seguirá las mismas reglas que para la revocación establece el propio ordenamiento legal. Luego, contra el acuerdo que declara desierto el recurso de apelación, procede el recurso de reposición."
Las consideraciones que dieron lugar a la tesis referida, son del tenor siguiente:
1) Toca 918/96:
"QUINTO.-En el caso resulta innecesario analizar las consideraciones que sostienen el acuerdo combatido, ni los conceptos de violación que en su contra formula la parte quejosa, pues este tribunal advierte que se surte en la especie una causal de improcedencia del juicio de garantías, cuyo examen resulta preferente en términos de la tesis de jurisprudencia consultable en la página 262, Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, fallos 1917-1985, que dice: ‘IMPROCEDENCIA.’ (se transcribió).
"En efecto, Alberto Armenta Valenzuela reclama de la Primera Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, el acuerdo de trece de junio de mil novecientos noventa y seis, que declaró desierto el recurso de apelación que hizo valer contra la sentencia dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, en los autos del juicio ordinario civil número 803/80, de prescripción positiva, que planteara en contra de Infonavit y otros; el propio quejoso, igualmente reclama como violaciones de procedimiento todos los acuerdos emitidos con anterioridad al acto reclamado, advirtiéndose que en realidad el auto que declaró desierto el recurso de apelación fue emitido por la presidencia de la Primera Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y, por consecuencia, deberá considerarse subsanada la incorrección en el señalamiento, en tanto que al haberse tramitado la demanda de garantías por su conducto y haber rendido el informe con justificación, tuvo oportunidad de conocer plenamente los actos que de ella se reclaman.
"Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, los autos y proveídos que emita el Supremo Tribunal son recurribles en reposición, para lo cual se seguirán las reglas que para la revocación establece el propio ordenamiento legal.
"Luego, contra el acuerdo que declaró desierto el recurso de apelación que hoy se reclama, procedía el recurso de reposición aludido y como no se hizo valer, se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues no se agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo que exige, cuando éste se enderece contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, que no exista la posibilidad de ser modificados o revocados por virtud de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento, pues de existir, aun cuando la parte agraviada no lo hubiere hecho valer, el juicio de garantías deberá declararse improcedente, excepción hecha desde luego de los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y también salvo lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 constitucional respecto de los terceros extraños; y como en el caso, por disposición expresa del artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, procede la reposición de los proveídos y autos que emita el Supremo Tribunal, esto es, la autoridad de alzada, como el que aquí se reclama, debe decretarse el sobreseimiento del presente juicio de garantías en términos de la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo.
"No es óbice a lo anterior, que los artículos 158 y 46 de la ley reglamentaria del juicio de garantías establezcan, respectivamente, que la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito y la procedencia del juicio de amparo directo se surten cuando se reclaman sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ‘... respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados ...’, de lo que pareciera que condicionan los preceptos la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer de los amparos directos, sólo cuando contra el propio acto se agotaron los recursos ordinarios respectivos, cuando que la posibilidad de un recurso, técnicamente, sólo impacta la procedencia del juicio de amparo, esto es, la posibilidad de que aquel acto pueda o no ser examinado a través del control de la legalidad o el control sobre su constitucionalidad, vía amparo, por virtud de ya no existir la permisibilidad legal de que pueda ser modificado o revocado a través de un recurso o medio de defensa que regule la legislación ordinaria, pues sería inútil realizar ese examen si el propio acto puede dejar de ser lesivo a los intereses del particular en razón de su revocación o modificación a través del medio de defensa establecido en esa legislación ordinaria, pero no es factible, jurídicamente, que para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito ese principio de definitividad sea criterio de diferenciación en relación con los asuntos que competen a los Juzgados de Distrito en amparo indirecto o biinstancial, sencillamente porque en el momento mismo en que se determine por un tribunal de amparo que el acto reclamado no es definitivo, por existir un medio de defensa que no se hizo valer, en ese momento ese tribunal de amparo está ejerciendo jurisdicción al estar determinando un supuesto de improcedencia del juicio de garantías, por lo que este Tribunal Colegiado estima que la reiteración que formulan los preceptos sobre la definitividad de la sentencia o laudo o resolución que ponga fin al juicio, obedece a una inadvertencia de técnica legislativa, puesto que aun suprimiendo de su texto la regulación del principio de definitividad, la obligación del particular de agotar los recursos que la legislación ordinaria le conceda contra el acto que reclama permanece incólume y subsistirá, con las excepciones ya mencionadas, por la tajante disposición que en similares términos contempla la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.
"Consecuentemente, lo que procede es decretar el sobreseimiento del juicio de garantías por haberse actualizado la causal de improcedencia invocada."
2) Toca 365/97:
"QUINTO.-Teniendo en cuenta que en el acuerdo de nueve de mayo del año en curso, emitido por la presidencia de este tribunal, se admitió la demanda de que se trata en contra de los actos de la Segunda Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia, y en virtud que en el capítulo relativo a la autoridad responsable de la demanda de amparo de que se trata, se señaló por los quejosos al presidente de la Segunda Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, quien emitió la resolución que ahora se reclama, y al ser éste quien rindió el informe, deberá considerarse subsanada la incorrección en el señalamiento de mérito.
"SEXTO.-No se hace necesario analizar las consideraciones que sustentan la resolución combatida ni los conceptos de violación que en su contra se formulan por los quejosos, pues este tribunal advierte que en el caso se surte la causal de improcedencia del juicio de garantías, cuyo análisis resulta preferente, por así disponerlo el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.
"En efecto, el artículo 156, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado establece que: ‘Para los efectos de este código, las resoluciones judiciales se clasifican en la forma siguiente: ... II. Autos. Cuando se trate de resoluciones que ordenen o impulsen el procedimiento, o de los que se pueden derivar cargas o afectar derechos procesales.’.
"El diverso numeral 158 del citado código dice, en lo conducente: ‘Los autos podrán ser revocados por el Juez que los dicta, salvo cuando la ley disponga que procede otro recurso o que no son recurribles. ...’.
"Por su parte, el artículo 367 del mismo código establece: ‘... Los autos y proveídos pueden ser revocados por el Juez que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles.’.
"Y finalmente, el numeral 369 del citado ordenamiento legal dispone: ‘Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior.’.
"En el presente caso, el acto reclamado consiste en el auto de cuatro de marzo del presente año, emitido por la presidencia de la Segunda Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, que declaró desierto el recurso de apelación y firme la sentencia definitiva de fecha dos de octubre de mil novecientos noventa y seis, dictada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil de Navojoa, Sonora, dentro de los autos del juicio hipotecario número 14/96, del índice de dicho juzgado.
"Ahora bien, en contra de la resolución que declaró desierto el recurso de apelación, que tiene la calidad de un auto de acuerdo con la fracción II del artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, procede el recurso de reposición que prevé el artículo 369 del mismo ordenamiento, puesto que el propio código no establece expresamente la procedencia de otro recurso, ni dispone que tal resolución no sea recurrible. Luego, como no se hizo valer este medio de impugnación por los ahora quejosos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, conforme al cual cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, no debe existir la posibilidad de que sean modificados o revocados por virtud de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento, aun cuando la parte interesada no lo hubiere hecho valer oportunamente; excepto en aquellos casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, y también salvo lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 constitucional, respecto de los terceros extraños; entonces, como en el caso concreto, en contra de la resolución que aquí se reclama, por disponerlo expresamente el referido artículo 369 del Código local de Procedimientos Civiles, procede el recurso de reposición al tratarse de un auto emitido por el tribunal de alzada, se actualiza la causal de improcedencia invocada y debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, en términos de la fracción III del artículo 74 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
"Resulta aplicable al caso, por ser similares las normas procesales que se citan, la jurisprudencia emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, cuyo criterio comparte este órgano, que aparece publicada en la página 143 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de 1991, correspondiente a la Octava Época, que dice: ‘APELACIÓN, ACUERDO QUE LA DECLARA DESIERTA.’ (se transcribió)."
QUINTO.-La tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, al resolver los amparos en revisión 466/86 y 74/87, es del tenor siguiente:
"Séptima Época
"Instancia: Tribunal Colegiado del Noveno Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: 217-228, Sexta Parte
"Página: 83
"APELACIÓN, RECURSO DE REPOSICIÓN IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECLARA DESIERTO (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).-Conforme el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos del Supremo Tribunal de Justicia; sin embargo, la resolución que declara desierto el recurso de apelación, no es una simple determinación de trámite, para estimarla proveído, ni reúne las características precisas para clasificarla como auto, puesto que pone fin a la instancia; de donde se concluye que en su contra no procede el aludido medio de impugnación, lo que la hace reclamable en amparo indirecto.
"Amparo en revisión 74/87. Humberto Martínez de Haro. 19 de marzo de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Navarro. Secretario: Gerardo Abud Mendoza.
"Amparo en revisión 466/86. Rafael Carlos Campos. 11 de diciembre de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Esteban Oviedo Rangel."
Las consideraciones que dieron lugar a la tesis transcrita, a la letra dicen:
1) Toca 466/86:
"TERCERO.-Son fundados los agravios.
"En efecto, el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas establece: ‘Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior.’.
"Por su parte, el artículo 156 del mismo ordenamiento legal dice: ‘Para los efectos de este código, las resoluciones judiciales se clasifican en la forma siguiente: I. Proveídos. Cuando son simples determinaciones de trámite, sin que implique impulso u ordenación del procedimiento; II. Autos. Cuando se trate de resoluciones que ordenen o impulsen el procedimiento, o de los que se pueden derivar cargas o afectar derechos procesales; III. Sentencias interlocutorias. Cuando resuelvan algún incidente, alguna cuestión previa o bien decidan algún punto procesal que implique contradicción entre partes, y IV. Sentencias definitivas. Cuando decidan el fondo del negocio o debate.’.
"Ahora bien, la resolución que pronunció el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas, el cinco de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, dentro del toca de apelación número 364/1986, no es una simple determinación de trámite ni reúne las características de los autos, pues con ella se concluyó la segunda instancia, al declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por Rafael Carlos Campos y confirmar, en todas sus partes, la resolución recurrida, bajo los siguientes puntos resolutivos: ‘PRIMERO.-Se declara desierto el recurso de apelación interpuesto por el señor Rafael Carlos Campos, en contra de la sentencia definitiva dictada por la ciudadana Juez Segundo del Ramo Civil de la capital.-SEGUNDO.-Habiendo procedido la vía sumaria civil y en ella el actor señor Roberto Mercado Soto, acreditó su acción que hizo valer, y el demandado Rafael Carlos Campos, no acreditó los extremos de sus excepciones hechas valer.-TERCERO.-Se declara terminado el contrato de arrendamiento en prórroga celebrado por Roberto Mercado Soto y Rafael Carlos Campos, respecto del departamento habitación número cuatro de la calle Castro Villagrana número ciento cuatro de esta ciudad, por haber fenecido el plazo fijado en el contrato.-CUARTO.-Se condena al demandado Rafael Carlos Campos, a la desocupación y entrega del departamento habitación número cuatro de la calle Castro Villagrana número ciento cuatro de esta ciudad, para el efecto se le concede un plazo de cinco días contados a partir de que le sea notificada legalmente la presente resolución.-QUINTO.-No se hace especial condenación en el pago de gastos y costas.’.
"Es así que, en opinión de este tribunal, la resolución combatida en la vía constitucional no es impugnable a través del recurso de reposición, toda vez que no se trata de un simple proveído de trámite, de lo que resulta inoperante la causal de improcedencia invocada por el a quo y fundados los agravios del recurrente, por lo que debe revocarse la sentencia recurrida, ya que, por otra parte, de oficio no se advierte diversa causal de improcedencia que hacer valer."
2) Amparo en revisión 74/87:
"III.-Es fundado el agravio aducido por el recurrente en cuanto se refiere a que en el caso no tenía por qué agotar recurso alguno en contra de la resolución reclamada, previamente a la interposición del juicio de amparo. En efecto, el a quo sobreseyó el juicio de garantías, por considerar que en el caso operó la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, argumentando para ello que los actos reclamados carecen de definitividad para los efectos del juicio constitucional, pues el acto reclamado consistente en la resolución que declaró desierto el recurso de apelación es impugnable a través del recurso de reposición, apoyándose para ello en una ejecutoria de este tribunal, visible en la página 278, Tercera Parte, Tribunales Colegiados, del Informe rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente al terminar el año de 1982. Ahora bien, es verdad que en la citada ejecutoria este tribunal consideró que procedía el recurso de reposición contra la resolución de deserción del recurso. Sin embargo, estudios posteriores realizados por este propio tribunal lo llevaron a modificar su criterio, lo que ocurrió al pronunciar ejecutoria, el once de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, en el toca número 466/86, relativo al recurso de revisión interpuesto por Rafael Carlos Campos en contra de la sentencia dictada por el Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, en el juicio de amparo número 981/86. En tal ejecutoria consideró este tribunal que si bien el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas establece que: ‘Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior.’.
"Por su parte, el artículo 156 del mismo ordenamiento legal dice: ‘Para los efectos de este código, las resoluciones judiciales se clasifican en la forma siguiente: I. Proveídos. Cuando son simples determinaciones de trámite, sin que impliquen impulso u ordenación del procedimiento; II. Autos. Cuando se trate de resoluciones que ordenen o impulsen el procedimiento, o de los que se pueden derivar cargas o afectar derechos procesales; III. Sentencias interlocutorias. Cuando resuelvan algún incidente, alguna cuestión previa o bien decidan algún punto procesal que implique contradicción entre partes, y IV. Sentencias definitivas. Cuando decidan el fondo del negocio o debate.’. Ahora bien, la resolución que pronunció el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas, el catorce de marzo de mil novecientos ochenta y seis, dentro del toca de apelación número 55/86, no es una simple determinación de trámite ni reúne las características de los autos, ni de los decretos, pues con ella se puso fin a la segunda instancia, al declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el ingeniero Humberto Martínez de Haro, y confirmar en todas sus partes la sentencia reclamada. Por tanto, era procedente en su contra el juicio de amparo indirecto.
"Es así que, en opinión de este tribunal, la resolución combatida en la vía constitucional no es impugnable a través del recurso de reposición, toda vez que no se trata de un simple proveído de trámite, de lo que resulta inoperante la causal de improcedencia invocada por el a quo y fundados los agravios del recurrente, por lo que debe revocarse la resolución recurrida, ya que, por otra parte, de oficio no se advierte ninguna causal de improcedencia que hacer valer, y entrar al estudio de los conceptos de violación, conforme al artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, lo cual se hará más adelante."
SEXTO.-Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."
De lo anterior se tiene que para que exista la contradicción de tesis denunciada, deben cumplirse los requisitos siguientes:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Establecido lo anterior, por razón de método debe estudiarse, en primer lugar, si en el presente asunto concurren o no las hipótesis de contradicción.
De las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados contendientes, se obtiene que el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver los juicios de amparo directo sometidos a su consideración, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, los autos y proveídos que emita el Supremo Tribunal son recurribles a través de la reposición y, por tanto, contra el acuerdo que declara desierto el recurso de apelación procede el mencionado medio de impugnación, en razón de que tal determinación reviste las características de auto.
Por su parte, el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, en las sentencias que pronunció en los amparos en revisión, concluyó que es verdad que de conformidad con el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, procede el recurso de reposición en contra de proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia; sin embargo, la resolución que declara desierto el recurso de apelación no es una simple determinación de trámite para estimarla como proveído, ni tampoco reúne las características de un auto, puesto que pone fin a la instancia, de ahí que no procede en su contra el medio ordinario de impugnación de referencia, sino que debe reclamarse en amparo indirecto.
De lo anteriormente expuesto, se advierte:
1) Que al resolver los asuntos puestos a su consideración, los órganos colegiados contendientes examinaron la misma cuestión jurídica, esto es, si en contra de la determinación dictada por el Supremo Tribunal de Justicia, que declara desierto el recurso de apelación interpuesto, procede o no el recurso de reposición, siendo que ambos órganos colegiados adoptaron criterios discrepantes, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito considera que en su contra sí procede el mencionado medio de impugnación, para el hoy Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, por el contrario, no es procedente el mencionado recurso, porque al tratarse de una resolución que pone fin a la instancia, debe reclamarse a través del juicio de amparo indirecto.
2) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones de las sentencias y tesis respectivas, como se observa de las transcripciones realizadas con antelación.
3) Los criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues ambos Tribunales Colegiados, atendiendo a la misma regla establecida en los Códigos de Procedimientos Civiles de los Estados de Sonora y Zacatecas, específicamente de lo que dispone su artículo 369, arribaron a diferentes conclusiones respecto a si en contra de la determinación del Supremo Tribunal de Justicia, que declara desierto el recurso de apelación interpuesto, procede o no el recurso de reposición que en ambas legislaciones se establece en contra de proveídos o autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia.
Lo anterior permite concluir que, en este caso, sí existe contradicción de tesis en el punto medular, como quedó apuntado con anterioridad.
No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.
Es aplicable al respecto, la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal, cuyo contenido es el siguiente:
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Apéndice de 1995
"Tomo: VI, Parte SCJN
"Tesis: 187
"Página: 127
"CONTRADICCIÓN. PROCEDE LA DENUNCIA CUANDO EXISTEN TESIS OPUESTAS, SIN QUE SE REQUIERA QUE SEAN JURISPRUDENCIAS.-Es inexacto que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente cuando las tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, sobre una misma cuestión, en la materia de su exclusiva competencia, no constituyan jurisprudencia, ya que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XII, párrafos primero y tercero, de la Constitución General de la República y 195 bis de la Ley de Amparo, para que dicha denuncia proceda, sólo se requiere, tratándose de Tribunales Colegiados de Circuito, que éstos sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pero no que las tesis denunciadas constituyan jurisprudencia.
"Octava Época:
"Contradicción de tesis 27/83. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 18 de febrero de 1985. Unanimidad de cuatro votos.
"Contradicción de tesis 24/83. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de julio de 1985. Cinco votos.
"Contradicción de tesis 19/83. Entre las sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 16 de enero de 1986. Cinco votos.
"Contradicción de tesis 1/86. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito. 28 de enero de 1987. Cinco votos.
"Contradicción de tesis 3/85. Entre las sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de cuatro votos."
SÉPTIMO.-Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio sustentado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16930-536d6820/auto-que-tiene-por-desierta-la-apelacion-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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